El diputado federal César Damián Retes presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por asociación delictuosa, colusión de servidores públicos y lavado de dinero. El legislador exigió que la mandataria se separe de su cargo para enfrentar las investigaciones.

Durante la presentación del recurso legal, en la que estuvo acompañado por los diputados federales Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana, Retes afirmó que “Marina del Pilar les debe una explicación a las familias bajacalifornianas” ante las constantes pruebas que, según sus declaraciones, vinculan a la administración estatal con redes de desvío de recursos.

El diputado detalló que una de las principales evidencias involucra a la empresa Vida Orgánica, compañía de la cual la gobernadora donó sus acciones hace apenas unos días, pero en la que presuntamente recibió importantes sumas de dinero mientras fungía como accionista.

Retes sostuvo que este caso destapa una red de empresas mediante la cual diversos funcionarios estatales bajo el mando de Ávila Olmeda habrían desviado fondos públicos, blanqueado capitales e incluso establecido vínculos con el narcotráfico.

El legislador lanzó una fuerte crítica a la inacción de las autoridades ministeriales, señalando que las investigaciones clave del país han sido impulsadas por ciudadanos y organismos externos y no por la propia FGR.

“Hoy estamos aquí ayudándole a la fiscalía, haciéndole el trabajo, porque desgraciadamente quien encontró las fosas clandestinas fueron las familias de los desaparecidos; quien encontró a Amílcar Olán en Suiza fue un periodista; quien encontró las empresas que lavan dinero del cártel fue la OFAC y no la fiscalía. Por ello hoy le entregamos la evidencia pública para que se ponga a hacer su trabajo e investigar”, sentenció.

Retes reiteró que la gobernadora debe dejar su puesto, argumentando que su atención actual está centrada en su defensa legal y en gestionar que le devuelvan su visa estadounidense, descuidando el bienestar de la población.

El diputado concluyó advirtiendo sobre el deterioro de la seguridad en la región: “Después de un año y medio que le quitaron la visa, somos el Estado donde más visas han quitado, donde las familias están más abandonadas y somos un referente por notas de inseguridad y extorsión”.

Los diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vázquez y César Israel Damián Retes, exigieron a las autoridades mexicanas esclarecer de manera exhaustiva los señalamientos de corrupción del gobierno estatal, tras las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el excoordinador de proyectos estratégicos, Carlos Torres.

Durante un mensaje conjunto, la diputada Eva María Vázquez advirtió que Baja California enfrenta una situación sumamente compleja y demandó que se ponga fin a las respuestas evasivas por parte de la administración local.

Por su parte, el diputado Damián Retes detalló el perfil de Carlos Torres, recordando su vínculo directo con la actual gobernadora, Marina del Pilar, y su rol dentro de la administración pública del estado.

Subrayó que la oficina estadounidense lo acusa de mantener nexos con la delincuencia organizada y de aprovechar su posición para favorecer actividades delictivas.

“El Departamento del Tesoro lo señala por vínculos con una organización criminal y por utilizar su influencia política para facilitar sus operaciones. Este señalamiento va mucho más allá de una sola persona; habla de protección ante las autoridades y sostiene que esta red habría alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal”, apuntó Retes.

Ante esta situación, Vázquez destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México ya tomó las primeras medidas formales al congelar cuentas bancarias y abrir una carpeta de investigación por movimientos financieros irregulares. En nombre de su partido, la diputada cuestionó los alcances reales de las indagatorias e interpeló a los organismos de procuración de justicia.

“Preguntamos: ¿Qué está investigando la Fiscalía? ¿Hasta dónde llegan estos vínculos y qué ocurrió dentro del gobierno de Baja California? También las autoridades tienen que esclarecer qué sabía Marina del Pilar y quiénes más están siendo investigados”, puntualizó la legisladora.

Finalmente, ambos representantes federales coincidieron en que el proceso no debe admitir concesiones ni privilegios políticos, urgiendo tanto a la Fiscalía como a la UIF a actuar con total transparencia y rigor.

La gobernadora Marina del Pilar Avila informó este viernes que ordenó una revisión de las empresas que aparecieron en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos publicada a inicio de semana.

Agregó que las empresas señaladas serán sujetas a una revisión y adelantó que aquellas en las que se confirme algún contrato, este se cancelará y serán vetadas para cualquier tipo de participación con el Gobierno del Estado.

Explicó que la información relacionada con el listado fue recibida apenas el martes por la tarde, por lo que la Secretaría de Honestidad aún está trabajando en el análisis de las empresas mencionadas y de su posible participación en operaciones con el gobierno estatal.

Por otra parte, Marina del Pilar confirmó la renuncia de Luis Miguel Buenrostro Martín, director general del CECyTE BC y hermano de Rafael Buenrostro, señalado por los Estados por presunto vínculo con el crimen organizado.

Expuso que, si bien él no está señalado directamente por autoridades estadounidenses, fue por voluntad propia el separarse del cargo para que se realicen las debidas investigaciones y agradeció la oportunidad que se le brindó.

Para finalizar, la mandataria indicó que, una vez que concluya la revisión y se determine la participación de las empresas señaladas, el Gobierno del Estado dará a conocer la información correspondiente.