El Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas celebrará este jueves su primera sesión formal, donde autoridades estatales y representantes de colectivos analizarán nuevas estrategias para fortalecer las labores de localización e investigación en Baja California.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon, informó que uno de los principales planteamientos será la creación de unidades especializadas en investigación que puedan integrarse a las actividades de la Comisión Local de Búsqueda.

A la reunión asistirán la gobernadora Marina del Pilar, la fiscal general del estado, María Elena Andrade, representantes del Poder Judicial y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Otro de los puntos a discutir es el destino de los recursos utilizados para la Brigada Estatal de Búsqueda, actividad que se realiza anualmente; las autoridades evaluarán si se mantiene este operativo o si parte de esos recursos se canaliza al fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda.

Pon destacó que las decisiones deberán considerar las propuestas y necesidades expresadas por los colectivos de búsqueda, particularmente a través del Consejo Local.

La sesión representará el primer encuentro formal del mecanismo estatal, con la expectativa de definir acciones para mejorar tanto las labores de búsqueda en campo como las capacidades de investigación relacionadas con los casos de desaparición.

El comisariado del Ejido Xochimilco, Fernando Olivas, no reconoce que la posesión de un predio que ocupa la familia Zavala desde 1975; incluso lo ha vendido ya dos veces a pesar de que existen documentos de prueba sobre la propiedad.

Ramiro Zavala, posesionario del terreno falleció en 1999, y su hijo Likain Zavala Granillo, está tratando de regularizar la situación del predio desde hace años y no ha podido pese a las promesas de solución de varias autoridades a través del tiempo.

El predio quedó dividido por el trazo y construcción de la calzada de los Presidentes, en el fraccionamiento Villas del Rey primera etapa. La constructora URBI pagó el terreno ocupado por la vialidad con la construcción de una casa en el terreno más pequeño tras la división, explicó Zavala Granillo.

La familia cuenta con varios documentos que dan fe de la posesión del predio. Uno de ellos es un deslinde de 2004 basado en planos de Gobierno del Estado, donde mencionan a la esposa de Ramiro Zavala, Socorro Granillo Andreo, como posesionaria del terreno ya dividido, de 2 mil 220 metros cuadrados.

Otros documentos son varios certificados y un documento notarial donde dos personas dan su testimonio sobre la posesión del terreno por parte de Socorro Granillo Andreo, en sus esfuerzos por legalizar los terrenos tras la muerte de su marido.

La familia Zavala logra inscribir el predio más chico, donde viven, tras un acuerdo económico por 50 mil pesos, en el Registro Agrario Nacional.

Los esfuerzos por legalizar la propiedad grande se intensifican cuando en 2019 el comisariado ejidal vende dos fracciones del terreno grande a dos personas. Debido a la condición legal de esos terrenos, no puede ofrecerles un contrato de compraventa. A quien le vende la fracción de terreno más grande, termina acotado en una fracción más pequeña del mismo, y la semana Zavala Granillo acudió al lugar debido a que le informaron que había maquinaria trabajando en el terreno.

El comisariado ejidal, Fernando Olivas, ya estaba enterado de la posesión del terreno grande por parte de la familia Zavala, a quien trató de convencer de que la única manera posible para regularizar su propiedad, era a cambio de una suma importante de dinero basada en un avalúo comercial actual, lo cual fue rechazado por la familia.

A pesar de saber lo anterior, Olivas vendió el resto disponible del terreno, por lo que Granillo Zavala le reclamó y pide a las autoridades que intervengan ante este atropello que pretende despojar a su familia de una propiedad que ha estado en su poder por más de 50 años.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda designó este martes a Juan Manuel Martínez Verdeja como encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, en sustitución de Alejandro Arregui Ibarra.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal presentó a Martínez Verdeja como parte de los cambios realizados en su equipo de gobierno y señaló que confía en que su experiencia permita mantener los resultados de la dependencia durante la última etapa de la administración.

El nombramiento ocurre después de la salida de Arregui Ibarra, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 12 de agosto con la intención de buscar nuevas aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Experiencia en materia laboral

Martínez Verdeja cuenta con experiencia dentro de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Durante la actual administración estatal se desempeñó como presidente de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, con participación en los municipios de Mexicali y Tijuana y en la atención del rezago de juicios laborales bajo el anterior sistema de justicia laboral.

Documentos oficiales del Gobierno de Baja California también lo identifican como responsable de unidades vinculadas con el programa de Impartición de Justicia Laboral transparente y de calidad.

Su trayectoria profesional incluye además cargos en el ámbito jurídico y administrativo. De acuerdo con información publicada este martes, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, y cuenta con especialidades en Derecho Constitucional y Administrativo e Impuestos Federales, cursadas en la misma institución.

Antes de incorporarse al ámbito laboral estatal, trabajó como auxiliar de secretario de acuerdos en la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posteriormente laboró en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y entre 2016 y 2019 ocupó la Secretaría Técnica del Congreso del Estado.