Este martes Carlos Torres rechazó por medio de un comunicado de cinco puntos los señalamientos difundidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó en una acción de sanciones relacionada con el cártel de Sinaloa en Baja California.

En su posicionamiento, Torres negó de manera categórica cualquier relación con grupos o actividades criminales, tanto en México como en el extranjero, luego de ser señalado junto con su hermano, Luis Alfonso Torres, y Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, en la investigación que lleva a cabo el gobierno norteamericano.

Uno de los puntos centrales de su comunicado fue su relación con Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., empresa incluida por OFAC y de la cual dijo Torres que posee el 30 por ciento de dicha compañía, a la que identificó como propietaria del establecimiento de productos orgánicos “Vive Orgánico”, ubicado en Tijuana, y aseguró que el negocio registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.

Añadió que buscará iniciar gestiones ante OFAC y las autoridades correspondientes para que se revise y aclare la información difundida en su contra.

El excoordinador de proyectos estratégicos del Gobierno del Estado aseguró que los señalamientos iniciaron luego de las denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República durante 2025, a las cuales afirmó que hasta el momento no ha sido citado a comparecer ante ninguna autoridad.

Para concluir, Carlos Torres señaló ser el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes a fin de demostrar que no tiene relación con los hechos atribuidos por las autoridades estadounidenses.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deje temporalmente su cargo y rinda explicaciones transparentes tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La petición ocurre luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a su exesposo, Carlos Torres Torres, con una presunta red de corrupción y operaciones del crimen organizado.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en la entidad, calificó la situación como un asunto de máxima gravedad para la seguridad del estado. Durante su pronunciamiento oficial, Mata Lozano enfatizó que es inverosímil pensar que la mandataria estatal desconocía las actividades de su expareja, considerando la alta presencia e influencia política que Torres Torres mantuvo durante la actual administración.

Además de los vínculos personales, la líder panista urgió a la gobernadora a aclarar su relación comercial con la empresa “Vida Orgánica”, una sociedad de la que Ávila Olmeda formó parte activa hasta el presente mes de septiembre y que fue formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, el PAN solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación exhaustiva y sin protecciones políticas. La indagatoria solicitada busca esclarecer el alcance de la red de corrupción, identificar a otros servidores públicos involucrados y revisar el posible financiamiento ilícito en empresas y pasadas campañas políticas de la región.

El Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a particulares vinculados con una organización criminal de los Rusos, entre ellos su expareja Carlos Torres Torres.

En el comunicado, la administración estatal aclaró que la gobernadora Marina del Pilar Avila está legalmente divorciada de Carlos Torres y señaló que el único vínculo que mantienen es el relacionado con el bienestar de su hijo.

Se señaló que la mandataria no figura entre las personas sancionadas por OFAC y afirmó que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero, de igual manera que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

Informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas señaladas por las autoridades estadounidenses han celebrado contratos con el Gobierno del Estado y, en su caso, remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones correspondientes conforme a la ley.

Finalmente, la administración estatal señaló que las personas mencionadas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y que el Gobierno de Baja California no hablará en su nombre.