El jueves por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se llevó a cabo la incautación de 59 millones de litros de hidrocarburo en un predio ubicado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de la presidenta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el caso inició el pasado 3 de julio, cuando se aseguró una pipa y a partir de la información obtenida de esa unidad se logró ubicar el predio donde posteriormente se realizó el aseguramiento.

Expuso que, hasta el momento, no hay personas detenidas; no obstante, señaló que, como ha ocurrido en otros casos, las detenciones suelen realizarse después de los aseguramientos e investigaciones.

Aseguró que en todos los casos de grandes relacionados con el robo o tráfico de hidrocarburos ha habido detenciones importantes y afirmó que este caso no será la excepción.

Al ser cuestionado sobre si no había ninguna persona en el predio, García Harfuch respondió que no; sin embargo, en las fotografías difundidas por la propia FGR se observan empleados en las instalaciones.

Respecto a las dimensiones de la infraestructura comparables con las de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que se trata de una instalación de almacenamiento.

Sobre si el predio pertenece a Pemex, el secretario de Seguridad dijo desconocerlo y añadió que será la Fiscalía, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y su logística, la que dé a conocer qué era exactamente ese lugar.

Esta tarde, el comité ejecutivo nacional de Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, quien durante su discurso convocó a sus compañeros de contienda interna a mantener la unidad y trabajar en territorio para fortalecer el proyecto en el estado.

Julieta Ramírez hizo un llamado a respetar los principios de Morena y sostuvo que la participación dentro del movimiento debe estar orientada al servicio de la población, y no a la búsqueda del poder.

Expuso que la defensa de la transformación y la soberanía nacional debe realizarse mediante trabajo territorial y organización en los distintos puntos de Baja California; es por ello que invitó a mantener una relación permanente con la población para identificar sus necesidades y atenderlas mediante respuestas y resultados.

Señaló que durante el proceso interno se presentaron campañas de desinformación, ataques y contenidos falsos, por lo que pidió a militantes y simpatizantes participar activamente, convirtiéndose en medios de comunicación para defender el movimiento.

Para concluir, Julieta Ramírez también llamó a utilizar las herramientas digitales como mecanismos de organización, comunicación e información, para evitar caer en presuntos algoritmos o “bots” que lo único que generan es desinformación, aseguro que, con eso, la guerra sucia le hará a la verdad “lo que el viento a Juárez”.

El Paquete Económico 2027, presentado el pasado 8 de septiembre de 2026 por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, indica que la consolidación fiscal de México volverá a posponerse.

De acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el déficit presupuestario en su medida más amplia, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), alcanzará el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, incumpliendo la meta previa estipulada en 3.5 por ciento.

El diagnóstico del IMCO evidencia que el déficit público ha dejado de ser una situación coyuntural para convertirse en una falla estructural de la economía mexicana. El Saldo Histórico de los RFSP, la métrica más representativa de la deuda acumulada del país, escalará hasta los 21.7 billones de pesos en 2027, lo que equivale al 55 por ciento del PIB o cerca de 162 mil pesos por cada habitante.

Este panorama de mayor endeudamiento ocurre en un entorno de crecimiento económico moderado, donde la Secretaría de Hacienda prevé una expansión del PIB de entre 1.5 y el 2.5 por ciento, mientras que el Banco de México proyecta un 1.8 y el Fondo Monetario Internacional un 1.9 por ciento.

Uno de los puntos más críticos señalados por el IMCO es que el gobierno federal no logrará cumplir el compromiso de retirar los apoyos directos a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2027. Aunque las aportaciones presupuestarias se reducirán un 69.2 por ciento en comparación con años anteriores, se han programado 81.1 mil millones de pesos en transferencias directas a la petrolera estatal.

Tras acumular pérdidas por 28 mil millones de pesos tan solo en el primer semestre de 2026 y arrastrar una deuda financiera superior a los 77 mil millones de dólares, Pemex se mantiene como el mayor factor de riesgo para la calificación soberana de México.

Agencias como S&P advierten que la nota crediticia del país podría sufrir recortes si la carga de intereses y los rescates petroleros continúan creciendo.

En cuanto a la gestión de los recursos públicos, el presupuesto federal total ascenderá a 10.5 billones de pesos en 2027, mientras que los ingresos se estiman en 9.2 billones de pesos, dejando un déficit presupuestario puro de 1.4 billones de pesos.

Sin embargo, el dato más preocupante para la operatividad del Estado es el nivel extremo de rigidez del gasto: solo 20 de cada 100 pesos presupuestados tendrán margen de reasignación discrecional. El 80 por ciento restante se encuentra comprometido de antemano en rubros ineludibles como el pago de pensiones y jubilaciones (17.5 por ciento), el costo financiero de la deuda (15 por ciento), las participaciones obligatorias a estados y municipios (14.7 por ciento) y los programas sociales prioritarios (9.8 por ciento).

Por el lado de la infraestructura y el desarrollo social, la inversión física proyectada para 2027 se ubicará en 1.03 billones de pesos (2.6 por ciento del PIB), lo que representa un modesto crecimiento del 3.5 por ciento real frente a 2026 e iguala por primera vez al monto destinado a programas sociales.

No obstante, este nivel de gasto en infraestructura se mantiene por debajo del promedio de la OCDE (3.5 por ciento del PIB) y del 4.5 por ciento recomendado por el Banco Mundial para economías emergentes.

Además, el 46 por ciento de dicha inversión se concentrará únicamente en el sector energético y trenes (Pemex con 25 por ciento, nuevos trenes con 15 por ciento y CFE con 6 por ciento).

La asignación en salud (2.8 por ciento del PIB) y educación (3.1 por ciento del PIB) también se mantiene muy distante de los estándares internacionales de la OCDE (9.7 por ciento) y del piso legal del 8 por ciento marcado por la Ley General de Educación.

Para intentar elevar la recaudación tributaria a 6.26 billones de pesos, el gobierno propone apretar el marco fiscal para grandes contribuyentes limitando deducciones autorizadas, reduciendo al 50 por ciento la acreditación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y bajando la deducción de intereses netos.