Tripulaciones de la Guardia Costera de EE. UU. y agentes de interdicción marítima de la división de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron el miércoles pasado a 21 presuntos inmigrantes ilegales a unas 14 millas al oeste de la isla de San Clemente.

Aproximadamente a las 12 del mediodía, los operadores del puesto de vigilancia del Sector de la Guardia Costera de Los Ángeles-Long Beach recibieron una notificación de la presencia de una embarcación sospechosa de tráfico de inmigrantes ilegales cerca de la isla de San Clemente.

Los agentes de interdicción marítima de división de Operaciones Aéreas y Marítimas localizaron la embarcación y llevaron a cabo un operativo de abordaje, identificando a 21 presuntos inmigrantes ilegales a bordo. Una tripulación de la estación de la Guardia Costera de Los Ángeles-Long Beach llegó al lugar para prestar asistencia.

Durante el operativo de abordaje, los efectivos de la Guardia Costera localizaron a un hombre de 56 años que estaba inconsciente y comenzaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Se envió a un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Ventura para llevar a cabo una evacuación médica.

La tripulación del helicóptero subió al paciente a bordo y continuó con la reanimación cardiopulmonar mientras lo transportaba al Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA, en Los Ángeles.

El personal del hospital logró restablecer el pulso del paciente, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Los 20 presuntos inmigrantes restantes fueron detenidos y entregados al personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Tras diez horas de la audiencia de vinculación a proceso en el caso de la acusación del exjefe policiaco Pedro Ariel “N” y otros cuatro acusados de robo de vehículo, desaparición forzada y delincuencia organizada, los abogados defensores expusieron lo que consideran graves irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.

Le fue pedido al juez que la fiscal que lleva el caso, Ariadna Betsabé García Ceseña, fuera separada de este encargo por haber sido denunciada por uno de los imputados, Eduardo “N”, por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura y tratos crueles e inhumanos.

El juez rechazó la petición, pese a que le explicaron que tras aprehender al acusado el 26 de febrero pasado, lo trasladaron a Fiscalía y estuvo 10 horas sin saber de qué lo acusaban, y después realizaron actos de tortura física y psicológica, y las secuelas quedaron establecidas en un dictamen tras aplicarle pruebas del protocolo de Estambul el 9 de marzo de 2026, que muestran estrés postraumático, ansiedad y depresión.

La fiscal García Ceseña alegó que ya había pasado el término de 48 horas para hacer esa petición y dijo que era un recurso que tramposamente estaba usando la defensa.

El acusado Luis Alfonso “N” quiso hacer una declaración mediante preguntas de sus abogados. Dijo que su último encargo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali fue como comandante de la zona urbana, donde tenía funciones de planeación estratégica, vinculación y preparación de operativos.

Recordó que fue comandante desde la administración de María Elena Andrade, con sede en San Felipe, cuando Marina del Pilar Avila Olmeda era alcaldesa de la capital. Mencionó que nunca fue sancionado, que tenía 4 ó 5 denuncias pero no recordó por qué motivo, sin embargo, precisó que fueron descartadas por carecer de elementos.

Refirió no conocer a las víctimas, los dos hombres que fueron “levantados” y desaparecidos la madrugada del 3 de enero de 2023 y nunca haber recibido ni entregado dinero a Pedro Ariel “N”. También negó haber tenido acceso a videos de la DSPM. El día de los hechos, dijo que asistió a los festejos del Día del Policía y se retiró a su casa a descansar entre 2 y 3 de la mañana.

Luego fue el turno del exjefe policiaco, quien también declaró mediante preguntas de sus abogados. Refirió ser abogado, haber ingresado a la Fiscalía General del Estado (FGE) el 1 de noviembre de 2019 como fiscal regional de Mexicali hasta el 15 de diciembre de 2021. El día siguiente, 16 de diciembre es nombrado director de la policía municipal de la capital, cargo en el que permanece hasta el 30 de septiembre de 2024. Al día siguiente regresa a su trabajo como abogado defensor.

Externó tener 53 años y siempre haberse conducido con ética profesional y con honradez, tanto en el ejercicio privado como durante la función pública. “A la institución que hoy me acusa, traté de hacerla más justa y más humana”, comentó.

Indicó que se considera totalmente inocente de los hechos que se le imputan y acusó que hay animadversión de ciertos actores hacia su persona. “Integran una carpeta de investigación donde no hay nada concreto. Esta investigación es del 2023, del 3 de enero. Hoy estamos a principios de agosto… Tuvieron que transcurrir más de 3 años para que me trajeran supuestamente a rendir cuentas”, asentó.

Cuando en 2011 comenzó el sistema acusatorio me convertí en un lastre para el procurador Rommel Moreno, y la entonces subprocuradora, hoy fiscal general, María Elena Andrade, dijo Pedro Ariel “N”.

“La hoy fiscal fue al Canal 66 a vilipendiar, a ofender, a calumniar”, recordó, porque presentamos una denuncia contra ella. Andrade no fue ni a la primera ni a la segunda audiencia y de repente el congreso del estado abrogó el delito de difamación y calumnia.

Cuando María Elena fue directora de policía, se reunió con él, entonces fiscal regional de Mexicali. Le pidió que no la criticara ni la “grillara”. Él le respondió que no tenía ningún problema con ella. Empezaron a colaborar y el trato siempre fue distante y frío, recordó.

Una vez lo llamó para pedirle que despidiera a su comandante Iván Camacho. Ella acudió acompañada de Juan Carlos Buenrostro, su número dos, y Pedro Ariel le respondió que si ella despedía a Buenrostro, él despediría a Camacho.

También dijo que Ricardo Iván Carpio, cuando era asesor de la gobernadora, le comentó que la hoy fiscal decía que haría hasta lo imposible para que el hoy acusado no fuera fiscal. Además, mencionó que trabajó con la fiscal que hoy lleva su caso, presente en la sala.

Recordó que cuando él era titular de la DSPM, María Elena era la comisionada del sistema penitenciario y Carpio se fue a la FGE. En las mesas de seguridad, presentaban cifras que no correspondían a la realidad de Mexicali, asunto que él objetaba. Tras la renuncia de Carpio, se recrudece la animadversión de la hoy fiscal contra él, lo bloquea para que no fuera fiscal general y ella se queda con ese cargo.

Lo primero que hizo como fiscal es abrirle a él una investigación en asuntos internos, junto con Carlos Romero e Iván Camacho. A estos dos últimos los amenaza con quitarles la licencia y les pide regresar a fiscalía para no perjudicarlos, o quedarse con Padro Ariel y asumir las consecuencias. Eligen quedarse en la DSPM y los tres renuncian a su adscripción en la FGE.

En 2021 se resolvió el amparo presentado en 2019 que ordenaba la liberación tras 9 años de cárcel de Roberto Villar por un delito que no cometió, lo que no le gustó a la fiscal.

Indicó que en su administración en la DSPM se detuvo a personajes claves en la estructura de la célula criminal de Los Rusos, se abatió al jefe de escoltas y lograron detenciones importantes.

Cuando llega el general Tizoc Aguilar, refirió que lo empiezan a desplazar de las mesas de seguridad. Aprovechando unas vacaciones en Nueva York, el general y la hoy fiscal van a ver a la alcaldesa Norma Bustamante para pedirle la salida de Pedro Ariel, a lo que ella se niega. Le quitan el control a la policía de la comandancia del valle y que envíen a los agentes a hacerse exámenes de control y confianza, cuando esto solo lo podían autorizar él mismo o la alcaldesa.

Subrayó que él se reunió con los colectivos de búsqueda, en particular con Madres Unidas y Fuertes, y con Gonzalo Moreno y Soraya Ana, quienes formaban parte de ese colectivo entonces, y formó la unidad especial de búsqueda de personas desparecidas, siendo la primera policía en el país que creó esa unidad, a la que dotó de equipo y herramientas para trabajar. Operaron en otros municipios, lo que valió críticas, pero “ellos (los colectivos) saben quién soy yo”, declaró.  

“Nos miró a los ojos, pero no nos dijo la verdad”, dijo en voz alta Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón, desaparecido en la zona de antros, presente en la audiencia, aunque en la sala continua, donde buscadores y prensa seguíamos la audiencia por circuito cerrado, que se desarrollaba en otra sala.

“Es lamentable cualquier desaparición, mi respeto para el trabajo de los colectivos. Quiero decirles que soy inocente, que no di mi consentimiento ni permití que ningún elemento participara en ese tipo de actos”, afirmó.

El exjefe de la policía dijo que en la primera audiencia fue la primera vez que veía a tres de los acusados y que no hay pruebas que lo incriminen en los delitos de los que lo acusan.

En su camino a la salida, Soraya, Aleida y Gonzalo golpean la puerta de la sala donde se lleva la audiencia y gritan justicia.

Pedro Ariel afirmó que la fiscalía armó el caso en un mes y medio. Que se dio cuenta que algo pasaría porque detectó hace semanas que una unidad lo seguía, y no huyó ni pidió un amparo; decidió quedarse a enfrentar las cosas “cueste lo que cueste”.

Refirió que la policía municipal nunca ha tenido la facultad de poder borra videos; que solo podían seguir las cámaras de Simutra y de Servicios Públicos municipales porque no había cámaras que sirvieran y al final se instalaron 244 a un costo de 80 millones de pesos.

Habló también del incidente de “El Pitufo”, siendo escoltado a una fiesta por agentes de policía, tras lo cual dio aviso a Sindicatura. Negó conocer a miembros del crimen organizado.

Luego los abogados defensores expusieron que al padre de uno de los jóvenes desaparecidos, de iniciales JVL, la fiscal del caso, Ariadna Betsabé García Ceseña, le tomó declaración, pero él solo firmó la última hoja, en vez de hacerlo en todas como marca el protocolo. Eso mismo se repite con las declaraciones de todos los testigos, además de señalar que curiosamente todos usan la misma muletilla de la fiscal, “Asimismo”, lo que levanta suspicacias, dijeron.

Otras irregularidades es que el nombre y firma de una familiar de los desaparecidos no coincide con los datos de su identificación oficial; hay dos declaraciones de testigos que dan respuesta idéntica a cuatro preguntas, ambas entrevistas realizadas por la fiscal que lleva el caso. ¿Qué tan probable es eso señor juez? Cuestionó uno de los abogados.

La testigo que se dijo intimidada sí firmó en esa denuncia todas las páginas de su declaración, pero no su entrevista sobre el caso, solo la última hoja. Además, hay un presunto franelero que dio su declaración que no saben si en realidad existe.

Finalmente expusieron que los agentes que habrían utilizado una patrulla para trasladar a los jóvenes desaparecidos al valle, no pueden ser señalados por ninguna evidencia contundente como videos, testigos o herramientas de geolocalización, solo por dichos de terceros, y de la supuesta unidad tampoco hay pruebas que demuestren que estaba asignada a ellos.

En conclusión, los abogados refieren que hay tres elementos que destacan en este caso: la insuficiencia probatoria, la animadversión de la fiscal al exdirector de policía y la fabricación de entrevistas. Por lo anterior solicitaron la no vinculación a proceso al juez, aunque faltan los argumentos de fiscalía y otra ronda de intervenciones, por lo que se espera el resultado de la audiencia en la madrugada de este lunes.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, llegó en uno de los momentos políticos más delicados para el gobierno de Baja California. En cualquier otra circunstancia habría sido presentada como un golpe contundente contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Hoy, en cambio, despierta más preguntas que aplausos.

Porque cuando una administración atraviesa una tormenta de credibilidad, cada movimiento deja de leerse por lo que es y comienza a interpretarse por lo que parece.

Y lo que parecía una operación destinada a cambiar la conversación pública podría terminar convirtiéndose en exactamente lo contrario: una auténtica caja de Pandora.

No la que anunció con entusiasmo la fiscal María Elena Andrade, sino una mucho más incómoda para el propio gobierno.

Porque un hombre como Pedro Ariel Mendívil no es un improvisado. Es un policía formado, conocedor de las leyes, de los procedimientos, de las cadenas de mando y, sobre todo, de los secretos que rara vez quedan asentados en un expediente. Sabe quién ordenó, quién autorizó, quién calló y quién prefirió no preguntar.

Si decide hablar, difícilmente lo hará únicamente ante la Fiscalía estatal.

Tendrá mucho de qué conversar con Omar García Harfuch. Con Ernestina Godoy. Y, si las circunstancias lo empujan, también con las agencias estadounidenses que desde hace tiempo mantienen la lupa sobre Baja California.

Ahí es donde la historia deja de ser una nota policiaca para convertirse en un problema político de enormes dimensiones.

Porque la verdadera interrogante no es por qué detuvieron a Mendívil.

La pregunta es por qué tardaron tanto.

La propia fiscal aseguró que la investigación comenzó en enero de 2023. Si eso es cierto, entonces el dato resulta devastador.

Significa que durante veinte meses un funcionario bajo sospecha e investigación de una autoridad judicial estatal, continuó dirigiendo la Policía Municipal de Mexicali.

Veinte meses. Veinte meses asistiendo a las mesas de seguridad. Veinte meses compartiendo información sensible. Veinte meses coordinándose con corporaciones estatales, federales e incluso con autoridades internacionales. Veinte meses representando institucionalmente a la capital del estado. Veinte meses “protegiendo y sirviendo”.

Y nadie consideró prudente separarlo del cargo.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica. Si las pruebas eran insuficientes para removerlo, entonces ¿por qué detenerlo ahora?

Pero si desde entonces existían elementos sólidos para investigarlo, la pregunta es todavía más incómoda. ¿Quién autorizó que permaneciera al frente de la corporación?

Porque las investigaciones penales podrán ser muy complejas, pero las responsabilidades administrativas no necesitan esperar veinte meses.

Más aún cuando, desde su paso por la Fiscalía Especializada en Mexicali, circulaban versiones persistentes sobre su presunta cercanía con un grupo criminal que opera en la región. Eran rumores, sí. Pero justamente por eso una investigación debía extremar las precauciones, no relajarlas.

Lo verdaderamente preocupante es que el gobierno parece celebrar hoy una captura que, en realidad, exhibe una omisión monumental.

Es como si el capitán de un barco presumiera haber encontrado una vía de agua… después de navegar casi dos años con ella abierta.

La Fiscalía pretende vender la imagen de una institución que actúa.

Lo que termina proyectando es la de una institución que observó, documentó… y esperó. Esperó mientras un jefe policiaco seguía tomando decisiones. Esperó mientras seguía administrando información estratégica. Esperó mientras seguía teniendo acceso a todo aquello que hoy, supuestamente, constituye parte del problema. Esperó mientras seguían desapareciendo jóvenes y apareciendo fosas.

Y en un estado golpeado por desapariciones, homicidios y una creciente desconfianza ciudadana, ese detalle no es menor.

Porque los bajacalifornianos ya no exigen únicamente detenciones espectaculares.
Exigen respuestas.

Exigen saber quién permitió que un funcionario investigado permaneciera casi dos años al frente de la corporación policial más importante del municipio.

Exigen conocer si hubo negligencia, protección o simple incompetencia.

Y exigen que las responsabilidades no terminen, como tantas veces ocurre, únicamente en el último eslabón de la cadena.

Capturar “charalitos” difícilmente impresionará a Washington que exige tiburones.

Mucho menos devolverá la confianza de los mexicalenses, que siguen buscando a sus desaparecidos y siguen esperando una explicación convincente sobre el deterioro de la seguridad.

Porque la verdadera caja de Pandora no se abrió con la orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil.

Se abrió en el instante mismo en que la Fiscalía reconoció que llevaba veinte meses investigándolo… y, aun así, decidió dejarlo al mando de la policía.

Y esa, por mucho que intenten cerrarla, será una explicación mucho más difícil de contener que cualquier conferencia de prensa.