La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para establecer un mecanismo institucional de orientación y canalización dirigido a personas y negocios afectados por extorsión, cuando este delito ponga en riesgo la continuidad, interrupción, abandono o cierre de sus actividades económicas.

La propuesta plantea reformar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California, con el objetivo de que la atención de las autoridades no se limite a las consecuencias patrimoniales del delito, sino que también considere sus efectos sobre los empleos, ingresos familiares y actividades productivas.

Corral Quintero expuso que las amenazas derivadas de la extorsión pueden llevar a las víctimas a suspender o abandonar sus negocios ante el riesgo para su integridad, la de sus familiares y trabajadores, así como para sus bienes.

Por ello, propuso crear un Protocolo de Orientación y Canalización para la Continuidad de Actividades Económicas Afectadas por Extorsión, dirigido tanto a personas físicas como morales cuya actividad económica se encuentre en riesgo como consecuencia de este delito.

El protocolo establecería una ruta de atención para facilitar que las víctimas conozcan y accedan a las medidas de protección, atención y asistencia contempladas en la legislación vigente, mediante la coordinación entre las autoridades competentes.

La iniciativa precisa que este mecanismo no interferiría con las facultades de investigación y persecución de los delitos, sino que buscaría mejorar la coordinación institucional para atender las consecuencias que la extorsión genera en las actividades económicas.

Además, plantea incorporar a la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión acciones específicas de orientación, canalización y coordinación institucional encaminadas a prevenir o reducir el cierre, abandono o interrupción de negocios y otras actividades productivas afectadas por este delito.

La legisladora aclaró que la propuesta no contempla la entrega automática de subsidios, créditos, condonaciones o apoyos económicos a las víctimas. El objetivo, explicó, es aprovechar los mecanismos y recursos institucionales existentes para establecer una ruta clara de atención frente a las consecuencias económicas de la extorsión.

En caso de aprobarse la reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las autoridades competentes, tendría un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para diseñar el protocolo e incorporar las acciones correspondientes a la Estrategia Estatal.

Derivado de la detención de Francisco “N”, jefe del Departamento de Asuntos Internos de Sindicatura Municipal, ocurrida en el marco de la Operación Carback II, el Gobierno de Ensenada reitera su respeto a las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el funcionario conducía una camioneta Toyota Tacoma que presuntamente contaba con reporte de robo en San Diego, California, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.

En ficha informativa, señalaron que corresponde a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad, mientras que a Sindicatura Municipal corresponde informar sobre las medidas administrativas que, dentro de sus atribuciones, resulten procedentes.

El Gobierno de Ensenada sostiene que no existen excepciones en el cumplimiento de la ley y que toda persona servidora pública debe sujetarse a los mismos principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, con pleno respeto a la presunción de inocencia.

COLUMNA INVITADA/por Fernando Ruiz del Castillo

Aún divorciados legalmente, el nombre de Carlos Torres Torres estará ligado para siempre al de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Para bien o para mal.

Y, a estas alturas, habría que ser demasiado ingenuo para pensar que es para lo primero. Porque si algo ha demostrado el escándalo que comenzó con el retiro de las visas estadounidenses a la entonces pareja presidencial de Baja California, es que el control de daños puede terminar siendo mucho más dañino que el incendio original.

Primero fue la visa. Después vino el divorcio. Luego el deslinde.

Y ahora aparecen empresas que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, forman parte de una red vinculada al crimen organizado y que, para mayor desgracia del gobierno estatal, no sólo hicieron negocios con dependencias públicas, sino que llegaron hasta terrenos particularmente delicados: seguridad, tecnología e inteligencia.

Ahí es donde la historia deja de ser solamente matrimonial. Y se convierte en un asunto de gobierno.

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso, a quienes señaló como facilitadores políticos de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa. Carlos Torres rechazó las acusaciones y anunció que buscará aclararlas ante las autoridades correspondientes.

Hasta ahí, Marina puede decir, con toda razón jurídica, que las acusaciones contra su exesposo corresponden a él y que deberá responder personalmente por ellas. El problema empieza cuando aparecen los contratos.

Porque una cosa es decir “no sé nada de los negocios de mi exmarido” y otra muy distinta descubrir que empresas señaladas por el gobierno estadounidense terminaron haciendo negocios con el gobierno que ella encabeza.

Y no estamos hablando precisamente de vender papelería para las oficinas. La empresa Inteliproof Efficient, relacionada por OFAC con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, recibió contratos de la Fiscalía General del Estado durante varios años. Investigaciones periodísticas documentaron contratos para equipo de cómputo, drones, uniformes, equipo táctico y, particularmente, tecnología de inteligencia y reconocimiento facial.

MCCI reportó contratos de la Fiscalía por más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025, mientras otras revisiones documentales identifican decenas de contratos por más de 73 millones en ese periodo.

Y todavía hay más. El propio gobierno de Marina del Pilar aparece entre las dependencias que contrataron a Inteliproof. Una revisión de registros de Compranet reportó seis contratos adjudicados directamente por la Oficialía Mayor en 2024, por poco más de 3 millones de pesos, para equipo de cómputo, almacenamiento digital, prendas de protección y refacciones. La gobernadora ya ordenó revisar esos contratos. Qué bueno.

Pero aquí surge una pregunta bastante menos cómoda: ¿Y antes quién los revisaba? Porque resulta que cuando Estados Unidos pone a una empresa en su lista negra, de pronto en Baja California descubrimos que hay que revisar expedientes, contratos, proveedores, antecedentes y relaciones.

Como si alguien hubiera prendido la luz. Y entonces todos descubrieran que había muebles en la sala. Lo más delicado, sin embargo, es que no se trata únicamente de contratos para uniformes o computadoras. Hay documentación pública de la propia Fiscalía que justifica mantener bajo reserva información relacionada con contratos de Inteliproof debido a que involucraba tecnologías y capacidades cuya revelación podía comprometer la seguridad pública.

Es decir, estamos hablando de herramientas relacionadas con una de las áreas más sensibles del Estado. Seguridad. Inteligencia. Tecnología.

Y entonces sí cabe preguntar, sin necesidad de gritos ni consignas: ¿quién revisó a los proveedores?, ¿quién autorizó los contratos?, ¿quién verificó sus antecedentes?, ¿quién supervisó qué información y qué capacidades tecnológicas estaban entrando a las instituciones encargadas de combatir al crimen?

Porque una cosa es que una empresa sea legalmente contratada y otra que años después aparezca señalada por una autoridad extranjera como parte de una red criminal. Eso, por supuesto, no convierte automáticamente cada contrato en un delito ni prueba por sí mismo que algún funcionario haya actuado de manera ilegal.

Pero sí obliga a explicar. Y a explicar muy bien.

Marina, mientras tanto, ha optado por la fórmula conocida: ya no defiende a Carlos Torres; simplemente dice que no estaba enterada de sus asuntos. El problema es que la política no se ejerce en una isla. Mucho menos cuando se trata de una pareja que durante años compartió vida personal, negocios, relaciones políticas y espacios de poder.

Y aquí es donde aparece la parte más incómoda de toda esta historia. La sociedad podrá aceptar que una esposa no conozca cada detalle de las actividades profesionales de su marido. Lo que resulta bastante más difícil de creer es que no sepa absolutamente nada cuando el marido participa en política, tiene relaciones con funcionarios, aparece en oficinas públicas, ocupa cargos honorarios, se relaciona con empresarios y forma parte del círculo cercano del poder.

Y todavía más difícil resulta pedirle a la sociedad que crea que nadie veía nada. Porque en Baja California hay demasiados ciudadanos que llevan años preguntándose lo mismo: ¿Quiénes son realmente los beneficiarios del poder? ¿Quiénes se enriquecieron? ¿Quiénes multiplicaron sus negocios? ¿Quiénes pasaron de empresarios conocidos a magnates?
¿Quiénes comenzaron a comprar propiedades, vehículos y negocios mientras ocupaban cargos públicos o se encontraban extraordinariamente cerca de quienes los ocupaban? Y, sobre todo, ¿quiénes consiguieron contratos?

Ésa es la pregunta que Marina del Pilar debería contestar antes de terminar su gobierno. No porque tenga que responder por los delitos que se atribuyan a terceros. Sino porque sí tiene que responder políticamente por un gobierno que lleva su nombre. Porque el poder también tiene responsabilidades indirectas. Y las facturas políticas llegan, aunque uno se haya divorciado. El divorcio podrá modificar el estado civil. No modifica la memoria.

Tampoco borra fotografías, relaciones, negocios, nombramientos, contratos ni decisiones tomadas durante los años en que dos personas caminaron juntas por los pasillos del poder.
Y ése es precisamente el problema de Marina.

Cada vez que intenta poner distancia con Carlos Torres, aparece un documento que vuelve a acercarlos. Cada vez que parece haber pasado la tormenta, aparece otra nube. Y cada vez que el gobierno intenta cerrar una crisis, termina abriendo una carpeta nueva. Quizá ha llegado el momento de que la gobernadora comprenda que el asunto ya no se resuelve con comunicados. Tampoco con divorcios. Mucho menos con el viejo recurso de “yo no sabía”.

Lo que necesita Baja California es una revisión real, pública y documentada de los contratos, proveedores y funcionarios involucrados. Y Marina necesita algo más. Necesita resolver de una vez por todas su situación personal, política y patrimonial con todo aquello que pueda seguir relacionándola con personas, empresas o intereses que hoy se encuentran bajo cuestionamiento nacional e internacional. Porque su gobierno tiene fecha de caducidad. Y ése debería ser el menor de sus problemas.

Un gobernante suele preocuparse mucho por el sexto año porque sabe que el poder se acaba. Pero quizá Marina debería recordar que el verdadero problema no siempre es el sexto año. Es el séptimo. El sexto termina el gobierno. El séptimo comienza cuando termina el poder. Cuando ya no están los escoltas. Cuando ya no suena el teléfono para preguntar quién quiere hablar con la gobernadora. Cuando los funcionarios dejan de contestar inmediatamente. Cuando los empresarios dejan de hacer antesala. Cuando los aliados empiezan a convertirse en testigos. Y cuando los agraviados dejan de tener miedo.

Ese día, las explicaciones ya no se dan desde Palacio de Gobierno. Se dan ante las autoridades. Y ante la historia.

Por eso, si Marina del Pilar quiere terminar lo mejor posible su carrera política, todavía está a tiempo de entender algo elemental: no basta con terminar el sexenio. Hay que salir de él sin dejar detrás una montaña de asuntos pendientes. Porque los contratos se pueden revisar.
Las empresas se pueden investigar. Los expedientes se pueden abrir. Las fortunas inexplicables pueden ser auditadas. Y los agravios, esos sí, tienen una memoria particularmente larga.

Carlos Torres podrá ser hoy su exesposo. Pero políticamente sigue siendo parte de su historia. Y esa historia, para desgracia de la gobernadora, parece tener todavía varios capítulos por escribir. El divorcio terminó el matrimonio. Lo que falta por verse es si también alcanzará para divorciar a Marina del Pilar de todas las sombras políticas que dejó aquella relación. Porque de eso, hasta ahora, parece que no hay acta que dé fe.

Por cierto, en eso de la revisión de los contratos y adjudicaciones, deberán poner mucha atención con las relaciones amistosas entre empresarios y funcionarios pues, no dude usted, que de pronto aparezcan nuevos negocios y nuevas facturas a favor de prestanombres. Ya se la saben.

Cicatrizar las heridas

Julieta Ramírez Padilla, nombrada coordinadora de quién sabe qué cosa en Baja California, parece haber entendido algo elemental de la política: después de una batalla siempre hay heridos y, tarde o temprano, hay que recogerlos. Y hace bien.

Porque, para bien de Morena —y también para su propia aspiración—, la principal batalla de Julieta no estará necesariamente afuera del partido, sino dentro de él. Ahí están los grupos que quedaron en el camino, los que tenían otros planes, otros candidatos y, seguramente, otras expectativas.

La buena noticia para ella es que esos heridos no quedaron tirados en el campo de batalla. Por el contrario. Muchos conservan el poder, el dinero, las posiciones y los espacios desde donde pueden ayudar a cicatrizar las heridas. Y si Julieta realmente pretende encabezar un proyecto que trascienda la coyuntura, tendrá que entender que la política no se hace únicamente con ganadores. También se construye con los que perdieron.

Hasta ahí, bien. El problema empieza cuando la propia Julieta parece empeñada en convertirse en su principal obstáculo. Porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta confundirlo con arrogancia. Una cosa es defenderse y otra responder a cada crítica como si quien pregunta estuviera cometiendo un delito de lesa majestad.

Los gritos destemplados, los manotazos, las respuestas agresivas y ese tono de suficiencia con el que algunas veces enfrenta a sus interlocutores, sobre todo con los periodistas, pueden entusiasmar a los convencidos, pero difícilmente convencerán a quienes todavía no han decidido.

Y esos son, precisamente, los que debería estar buscando. Las encuestas advierten que alrededor de uno de cada cuatro bajacalifornianos en edad de votar permanece indeciso. Uno de cada cuatro.

No es un dato menor. Es, probablemente, el segmento electoral que terminará inclinando la balanza cuando llegue la hora de votar. Y a esos ciudadanos no se les convence a gritos. Mucho menos con soberbia.

Julieta necesita entender que ya no está hablando solamente para la militancia de Morena ni para quienes celebran cada una de sus intervenciones en redes sociales. Si quiere gobernar Baja California, tendrá que empezar a hablarle a Baja California.

A los que no militan en Morena. A los que desconfían de Morena. A los que votaron por Morena y hoy tienen dudas. A los que no saben todavía por quién votar y, sobre todo, a los que no están dispuestos a entregar un cheque en blanco a nadie.

La política también es comunicación. Y comunicar no significa hablar más fuerte.
Significa escuchar mejor. Julieta tiene tiempo para corregir. Puede reconciliar a los grupos, puede sumar a los que quedaron fuera y puede construir una candidatura competitiva.

Pero antes tendrá que cicatrizar algo más complicado: la percepción de que la soberbia ya le ganó terreno a la prudencia. Porque en política, como en las guerras, ganar una batalla no significa haber ganado la guerra.

Y a veces el enemigo más peligroso no está enfrente. Está en el espejo.