El flujo de mercancías entre México y Estados Unidos atraviesa por un episodio crítico en la frontera de Baja California, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estatal.

El bloqueo que se mantiene en la Garita Comercial de Mexicali ha paralizado el cruce de transporte pesado, colapsando la cadena logística de importación y exportación e impactando de forma directa el movimiento de productos perecederos e insumos clave para los procesos productivos de ambos países, comentó en comunicado el presidente del organismo empresarial, Octavio Sandoval.

El origen de la protesta se remonta al retiro de visas de trabajo a choferes de autotransporte mexicanos por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con las instancias del vecino país, las sanciones se sustentaron en presuntas violaciones a las leyes de transporte, específicamente bajo señalamientos de “cabotaje”; la prestación del servicio de flete dentro de territorio estadounidense por parte de operadores extranjero.

Durante gran parte del presente año, el CCE de Baja California mantuvo reuniones bilaterales permanentes con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y el Consulado de Estados Unidos en Calexico.

El objetivo de estas mesas era armonizar los criterios normativos y clarificar los supuestos operativos que derivaban en la pérdida del visado. De acuerdo con el CCE, a través de estos diálogos previa y prácticamente se habían resuelto la totalidad de las dudas e inconformidades planteadas por CBP.

Sin embargo, el escenario se tensó en las últimas semanas con la incursión de operativos coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), autoridad que retiró de forma masiva un número importante de visas a transportistas, apunta el comunicado.

Esta embestida provocó el descontento de los choferes y la subsiguiente toma e interrupción del paso comercial en Mexicali como medida de protesta.

Ante la urgencia de reabrir el puerto fronterizo, la dirigencia empresarial, encabeza por Octavio Sandoval, escaló el conflicto formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México con el fin de definir una estrategia institucional de representación consular.

Aunque los organismos empresariales del estado (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito) respaldaron la preocupación legitima de los choferes por contar con reglas claras e impredecibles, hicieron un llamado enérgico a privilegiar la reactivación del puerto comercial.

El diputado federal Armando Samaniego envió una carta a la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, en la que le solicita de manera enfática que no reasigne los 94 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) comprometidos para la reparación y rehabilitación de los pozos de agua del Valle de Mexicali, con el fin de destinarlos a alumbrado público.

En el documento, fechado el 3 de septiembre de 2026, Samaniego reconoce la importancia del alumbrado para la seguridad y la recuperación de espacios públicos, pero insiste en que el abastecimiento de agua debe ser prioritario.

“Antes de iluminar una calle tenemos que garantizar que en las casas haya agua”, afirma.

El legislador subraya que miles de familias del Valle de Mexicali enfrentan desde hace años problemas graves de abasto.

Describe la situación de madres que administran cada cubeta, adultos mayores que dependen de pipas y niños que viven en comunidades donde bañarse o lavar ropa se ha convertido en una preocupación permanente.

Señala que decenas de miles de personas llevan ya la mitad de la actual administración padeciendo esta carencia.

“Para una familia que lleva meses o años padeciendo falta de agua, esos 94 millones no representan una partida presupuestal.

Agrega que el derecho humano al agua debe estar por encima de otras necesidades y propone mantener los recursos para los pozos, buscar después otras fuentes de financiamiento para el alumbrado y consultar directamente a las comunidades del Valle sobre el destino de los fondos.

La misiva busca generar presión pública para que los recursos del FAIS se mantengan en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la zona rural de Mexicali.

La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.