La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenó temporalmente la entrega de más de 81 millones de pesos que serían asignados al Partido Encuentro Solidario (PES) en Baja California para el ejercicio 2026.

El PES, partido estrechamente ligado a la familia Hank, ha sido objeto de fuertes críticas por recibir una cantidad significativa de recursos públicos a pesar de haber obtenido un bajo porcentaje de votación en elecciones anteriores.

En un reel que se ha vuelto viral en Facebook, el usuario Joel Abraham Blas Ramos publicó un video titulado “Le Ganamos al PES”, en el que celebra la medida del Tribunal como un triunfo ciudadano frente al financiamiento que, según sus críticos, resulta desproporcionado para un partido que apenas alcanzó alrededor del 3 por ciento de la votación en la elección pasada.

El caso ha sido impulsado principalmente por el PRI, partido que fue acompañado por Morena y el Partido del Trabajo en esta impugnación.

Aunque el financiamiento público a los partidos se distribuye conforme a los votos obtenidos, en este caso la cantidad asignada generó fuertes cuestionamientos sobre la equidad y el uso responsable del dinero de los contribuyentes.

Por el momento, la Sala Superior analizará el fondo del asunto, por lo que la entrega de los recursos queda suspendida hasta que se resuelva definitivamente. Blas Ramos comentó que aun quedan muchas dudas sobre qué pasará con el dinero y cómo quedará finalmente la distribución del recurso al partido de Hank.

El gobierno de Estados Unidos retiró las visas a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y a Américo Villareal, de Tamaulipas, ambos del partido Morena, según reveló este miércoles una investigación del diario Los Angeles Times.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense, la medida se tomó en el marco de investigaciones penales que realiza Washington por presuntos vínculos de ambos mandatarios estatales con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico y el contrabando de combustible.

A pesar de la revocación de sus visas, ambos gobernadores han continuado viajando a Estados Unidos bajo un programa especial conocido como “parole por beneficio público significativo”, un mecanismo que suele otorgarse a personas que cooperan con las autoridades estadounidenses, incluso como testigos ante un gran jurado. Fuentes indicaron que Durazo ha utilizado este permiso principalmente para recibir atención médica.

Reacciones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina y cuestionó la intención del gobierno estadounidense al filtrar esta información. “¿Qué intención hay con quitar la visa y además hacerlo público?”, preguntó la mandataria. Sheinbaum señaló que esta acción parece buscar mandar un mensaje a los mexicanos y pidió que los propios gobernadores aclaren su situación.

Por su parte, Alfonso Durazo negó categóricamente las acusaciones y bromeó al respecto: “casi sudé agua bendita”. El gobernador de Tamaulipas también ha rechazado cualquier vínculo con grupos criminales.

Este caso se suma a una lista más amplia de revocaciones de visas a políticos mexicanos. Desde 2025, el gobierno de Donald Trump ha cancelado visas a decenas de funcionarios y exfuncionarios, principalmente de Morena, como parte de su estrategia endurecida contra los cárteles de la droga y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

En Baja California, el gobierno estadounidense ha revocado las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda; a su exmarido, Carlos Torres; al exdirector de la policía en Mexicali, Pedro Ariel Mendívil; a la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante; a su marido Luis Guerrero; al alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino; y al diputado Jaime Cantón, aunque este último aclaró que no fue por ningún tema de investigación de autoridades estadounidenses, sino por no contar con un boleto de regreso al intentar abordar un vuelo de Ciudad de México a Los Angeles.

Contexto de tensión bilateral

La revocación de visas a altos funcionarios mexicanos ha generado tensiones en la relación bilateral. Mientras el gobierno mexicano lo considera una intromisión y un acto de presión política, en Washington se justifica como una herramienta legítima en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que afecta a ambos países.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la embajada de Estados Unidos en México han emitido comentarios oficiales sobre los casos específicos de Durazo y Villarreal, argumentando la confidencialidad de los procesos migratorios.

• *Artículo realizado con ayuda de la IA generativa.