Hoy haremos un recuento de las tranzas que se han aventado los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante a través del Departamento de Bomberos.

Empezamos con la más reciente: resulta que por fin habían dado luz verde para comprar uniformes de combate a los bomberos. Lo iban a hacer con la empresa Uniformes Julián, pero oh sorpresa, que se entera Ignacio Lozoya, y detiene todo.

Como antecedente, este bombero Lozoya, junto con el “tigre” Antonio Castañeda Bustamante detuvo la compra de las 14 máquinas de bomberos, un vehículo de rescate y 4 ambulancias para meterle mano a esa compra y llevarse un buen moche. Tuvieron meses “guardadas” esas unidades en la empresa Nicoya, cerca del aeropuerto, porque ya venían en camino cuando decidieron que podían ponerle sobreprecio.

Pues ahora se la aventaron igual; Lozoya y el Tigre vieron su oportunidad y metieron repentinamente a un proveedor de Tijuana, lo que significa más tiempo sin uniformes y más gasto porque esa movida fue para ponerle sobreprecio a los cerca de 300 equipos de combate.

El jueves pasado iban a ir a tomarles las medidas los de Uniformes Julián y pues nada. Los bomberos recuerdan que cuando Marina del Pilar era presidenta municipal pasó algo parecido. Ya estaba acordado que adquirirían los uniformes y que la erogación sería de 28 millones de pesos, y a la hora de la hora salió en los medios que el costo había sido de 31 millones.

1. Sistema de “moches” (extorsiones a negocios e inspectores)

• Edson López Vilchis (exadministrador y luego jefe del Departamento Técnico): En octubre de 2023 convocó a inspectores a una reunión en la caja de ahorro ADES. Según una denuncia anónima enviada a redacciones, les pidió apagar celulares y acordó una cuota semanal de 5 mil pesos por inspector. Quienes no pagaran serían removidos. También se les pidió ideas para generar más ingresos ilegales, como imponer multas altas a comercios y cancelarlas a cambio de pagar al menos la mitad (moche). Se mencionan cancelaciones masivas de multas y que López Vilchis controlaba cambios de personal a su beneficio. Se señaló que tenía protección “de arriba” (incluyendo hijos de la alcaldesa).
• Bernardo Sánchez Nevárez (y colaboradores): En 2025 se denunció que exigía al menos 10 mil pesos semanales de moches. Con ayuda de la arquitecta sin título María Dolores Mejía Peraza y Javier Preciado (quien coordinaba a los inspectores y les indicaba a dónde ir a “cobrar piso”). Roberto López Loera recibía quejas y las “sepultaba”. Dos inspectores (Víctor Covarrubias y Jesús Torres) renunciaron porque no podían cubrir las cuotas.
• Otros señalamientos: Multas disfrazadas de moches tras incendios (ej. en recicladoras), un moche de 100 mil pesos a una recicladora, y acoso a locatarios para que compraran instalaciones de seguridad a través de ellos.
• 2. Robo de cajero automático en incendio de Soriana

Tras el incendio de un Soriana se robaron el contenido de un cajero automático con 433 mil pesos. La investigación apuntaba a elementos de Bomberos, quienes habrían forzado la caja con herramientas especializadas mientras custodiaban el lugar. El fiscal de Mexicali (antes de ser reemplazado) habría señalado en esa dirección. Por ese caso interpusimos denuncia en Sindicatura; no se reportaron resultados (y como dijo Don Teofilito..)

3. Cobro de cheques sin trabajar (caso del bombero Alberto Álvarez Mena)

El bombero estuvo más de un año en Estados Unidos por un asunto legal, pero alguien siguió cobrando sus cheques. El director Osuna aceptó los señalamientos junto con el subdirector Gabriel Corral y Edson López Vilchis. Se solicitó investigación a Sindicatura sobre quién firmó las nóminas; no hubo resultados visibles (ni los habrá).

4. Nepotismo y favoritismo

• Crearon un área para Rubén Omán Osuna (hijo del director Rubén Darío Osuna), con pick-up y gasolina gratis; lo dejaron encargado de la zona de Palaco a pesar de quejas por flojera e inexperiencia.
• Contrataciones de hijos de bomberos y ascensos irregulares (ej. Raúl Lorenzo Enrique Rosado Valdez, sobrino de un funcionario de Protección Civil, con fama de cobramoches; Luis Ascencio, que se saltó el escalafón gracias a palancas pese a sobrepasar la edad límite).
• Edson López Vilchis estaba en lista prioritaria para base sindical.
• 5. Las máquinas “guardadas”
• Brújula News documentó entre septiembre y diciembre de 2024 el caso de 18 camiones de bomberos y 10 ambulancias que permanecían estacionados/ocultos en el enorme terreno del Parque Industrial Nicoya mientras el Ayuntamiento retrasaba o reconfiguraba su compra.
• Las unidades estaban “guardadas” en Nicoya mientras el cuerpo de bomberos sufría falta grave de equipo (estaciones sin máquinas, como la 21 de El Faro y la 3 de González Ortega). Esto se evidenció en incendios donde tuvieron que pedir apoyo a otras estaciones o ejidos.
• Se denunció que la operación se estaba armando a sobreprecio para beneficiar a Antonio “Tigre” Castañeda (hijo de la alcaldesa Norma Bustamante). Se habló de una triangulación en la compra.
• Ignacio Lozoya (nombrado subdirector de Bomberos, según las columnas, por influencia de Castañeda) era el contacto con el vendedor (ubicado en Tijuana). El anterior subdirector (Jesús Corral) no se habría prestado a la operación. Aparecieron mantas en puentes de la ciudad denunciando el caso y a Lozoya.
• A finales de 2024 las sacaron de Nicoya y las llevaron a talleres municipales para revisión. Finalmente el 19 de febrero de 2025 el Ayuntamiento entregó públicamente 19 unidades (14 máquinas extintoras, 1 de rescate urbano y 4 ambulancias) en el Centro Histórico. La inversión anunciada fue de 20 millones de pesos. Se pagó por esas 19 unidades lo que se pagó por una sola unidad barredora tiempo después.
• 6. Otras irregularidades mencionadas
• Mal manejo de un caso de acoso sexual a una bombera.
• Falta de equipo y unidades (menos que al inicio de la administración; unidades con fugas, ambulancia usada para favores personales).
• Inspecciones omitidas o amañadas (ej. a mercados, circo de Francesco, empresas de familiares del director).
• Quejas de malos tratos y prepotencia del director Osuna y subdirector Corral; manifestación de bomberos del turno B ante el sindicato.
• En 2026 se reportó incumplimiento de pagos a bomberos jubilados.

Ni con el broncón en que se metió por sus declaraciones sobre Pedro Ariel Mendívil, cuida la alcaldesa las formas.

Soraya Ana Villareal, madre de Kevin Moreno Ana, desaparecido del bar Shots en marzo de 2022, expresó su esperanza de que la detención del exjefe de la policía municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, traiga como consecuencia el esclarecimiento de la veintena de casos en la zona de antros de Mexicali.

¿Qué significa para ustedes como buscadores la detención de Pedro Ariel Mendívil?

Fue un tema que impactó a Mexicali; para nosotros también fue de impacto, pero a la vez como reafirmando lo que ya sabíamos, lo que la misma gente comentaba. Esto de cierta manera viene a confirmar una información que nosotros ya teníamos, del involucramiento de la policía municipal en casos de desapariciones. Obviamente pues pesa, porque ¿cómo un mando una policía municipal puede estar involucrado en este tipo de situaciones?, sobre todo cuando es el que está a cargo de la prevención.

Espero que las carpetas de todas esas personas que están involucradas se estén integrando de una manera debida para que no se vaya a caer absolutamente nada y si hay algo que se tenga que valorar, y este domingo es la audiencia de imputación, que se lleve a cabo con el debido proceso.

¿Tuvieron contacto con Mendívil?, ¿Sentían que avanzaba su caso?

Si, tuvimos varias reuniones en su oficina. Eran reuniones encaminadas a la búsqueda. Hubo reuniones con él de manera personal después de varias situaciones que nos sucedieron a Gonzalo y a mí y decir que ahí estaba, que estaba a la orden. La policía municipal sigue dando rondines en nuestro domicilio y también en el negocio que tenemos.

El día de hoy tuvimos reunión con la Fiscalía General del Estado, con María Elena Andrade, sobre todo por esas inquietudes que traíamos nosotros, que son dos casos de desaparición forzada los que están vinculados con este tema pero justamente íbamos a preguntar qué pasa con los demás casos.

¿Qué les dijo a fiscal?

Nos platicó del proceso, lo que ya había dicho en medios, que hay muchas personas señaladas y ordenes de aprehensión que están giradas y pendientes de ejecutarse. Vamos a esperar que este seguimiento y la vinculación -si se da el domingo-, pues que apunte a otros casos, como el de Kevin. Es la misma zona, una veintena de desaparecidos y justamente a un año de la desaparición de Kevin hicimos del conocimiento público que ahí operaba un grupo delictivo y no se hizo absolutamente nada.

Le hicimos saber a la fiscal que a Ricardo Iván Carpio -su antecesor-, ya le habíamos entregado unos videos donde se ve en el pasillito junto al Shots un pick F150 cuyas placas lo identifican como de la Policía Municipal y no se hizo absolutamente nada.

¿Es algo positivo la detención?

Espero que sea positivo, que venga a sumar a todos los casos de desaparición forzada de la zona. Espero que esta vinculación de lleve a cabo, con el debido proceso y a buen término para el beneficio de la víctimas.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Eugenio Rivera Millán

Arranca el 31 de agosto de 2026, ciclo escolar 2026‑2027

El Programa de Protección Integral Escolar (PIE) 2026, que incorpora como uno de sus anexos el Protocolo para la Protección e Integridad de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, representa un avance que debe reconocerse. Por primera vez, Baja California admite que el ecosistema escolar enfrenta riesgos crecientes y que el magisterio ha operado durante años sin una protección clara frente a denuncias, presiones sociales y linchamientos digitales. Ese reconocimiento no resuelve el problema, pero abre la puerta para construir la ruta de protección y cuidado al magisterio que la reforma de 2019 prometió y que aún está pendiente.

La reivindicación y revalorización docente constituyen el eje político‑pedagógico central de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Desde la reforma constitucional de mayo de 2019, el gobierno federal anterior en su narrativa buscó reconocer al docente como agente de transformación social. Sin embargo, entre 2019 y 2026 el contexto cambió profundamente: la expansión de redes sociales, la viralidad de conflictos escolares, el uso de inteligencia artificial, el ciberacoso y el aumento de denuncias sin fundamento colocaron al magisterio en una posición de vulnerabilidad que la legislación aún no ha previsto ni resuelto.

El Protocolo para los Trabajadores de la Educación fija principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, y establece medidas frente a denuncias maliciosas. No es una legislación nueva: gran parte de su contenido ya existe en diversas normas. Su valor radica en compactar y visibilizar esos principios, y en incorporar la voz del magisterio para colocar un tema estructural que había sido ignorado.

Aun así, el diseño del PIE y del Protocolo deja claro que no son la solución completa. Lo nuevo no es el principio jurídico, sino el reconocimiento político y administrativo de que el sistema no estaba cumpliendo lo que prometió. Esa aceptación obliga a actuar para evitar que estos instrumentos queden en el papel o en el discurso.

El reto más complejo está en las denuncias. Regularlas no es sencillo. Cuando se trata de menores, el Estado tiene la obligación de escuchar, proteger y actuar con sensibilidad. Pero también debe evitar que denuncias falsas, maliciosas o manipuladas destruyan la vida de un docente, personal administrativo, auxiliares o intendentes, o generen conflictos comunitarios irreversibles. La protección de los trabajadores de la educación no compite con la protección de menores y mujeres; ambas deben coexistir en un sistema equilibrado. La línea entre una denuncia legítima y una falsa no siempre es evidente. En ocasiones, detrás de una acusación hay un conflicto escolar, una disputa familiar, un malentendido o un hecho grave que requiere investigación especializada. Por eso, el sistema no puede depender de un solo marco legal.

Actualmente, las denuncias se procesan bajo rutas distintas: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege a mujeres y niñas; el Código Penal atiende delitos; el Protocolo Docente protege a trabajadores de SE e ISEP; y el PIE clasifica riesgos, pero no define cómo se verifican. El resultado es un sistema fragmentado que genera incertidumbre para docentes, directivos, estudiantes y familias, y abre espacios para el uso indebido de denuncias falsas.

Para corregir esto, el PIE debería fortalecer áreas que hoy están subdesarrolladas: psicología escolar especializada, metodologías de prevención del conflicto, protocolos de entrevista a menores sin inducción, equipos interdisciplinarios de investigación y la vinculación con Consejos de Paz y Cultura de Paz que reconstruyan el tejido social escolar. La evidencia internacional demuestra que la mediación, los círculos restaurativos y la cultura de paz reducen la violencia, previenen denuncias precipitadas y ayudan a distinguir entre conflictos escolares y posibles delitos.

El ciclo escolar 2026‑2027, calendarizado del 31 de agosto de 2026 al 6 de julio de 2027, obliga a que estos avances se conviertan en práctica. Las escuelas abrirán sus puertas y el magisterio seguirá enfrentando denuncias legítimas y denuncias falsas, conflictos de convivencia, presiones en redes y expectativas sociales altas. El PIE y el Protocolo deben ser usados como punto de partida, no como punto de llegada.

La ruta que sigue requiere corresponsabilidad. Docentes, sindicatos y familias deben apropiarse de estos instrumentos y exigir continuidad: acuerdos de convivencia con reglas claras sobre denuncias y redes sociales; Consejos de Participación Social que funcionen; acompañamiento jurídico y orientación profesional con presupuesto asignado; y formación para madres, padres y alumnos que entienda que la denuncia es un mecanismo de protección, no de linchamiento.

Al mismo tiempo, el estado debe avanzar hacia una Ley Integral para Trabajadores de la Educación, una ley que articule lo que hoy está disperso: tipos de denuncias, rutas de atención, protección docente, convivencia escolar, participación social y uso responsable de redes. Es una oportunidad para actualizar la Ley del Servicio Civil y las leyes educativas locales, y promover, junto con diputadas y diputados federales, ajustes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y el Código Penal. No se trata de confrontar a las autoridades, sino de completar lo que ya se reconoció como insuficiente y garantizar que estos instrumentos no queden en el papel.

El mensaje para los trabajadores de la educación y las familias debe ser claro: este es el momento de dar seguimiento, no de soltar el tema. Integrar el Protocolo en los Acuerdos de Convivencia Escolar, capacitar y orientar en el manejo de conflictos y denuncias verdaderas y falsas, asegurar investigaciones que protejan a las víctimas y respeten los derechos de los imputados, y reconstruir el tejido social mediante cultura de paz será clave para que el sistema escolar de Baja California avance hacia una protección real y sostenible.

* Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.