El aspirante a la gubernatura de Baja California, Héctor Osuna Jaime, consideró que el reciente comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que señala a políticos y hace mención directa a Luis y Carlos Torres, entre otras personas, confirma el contubernio entre el crimen organizado y el gobierno estatal.

“Es una noticia que confirma lo que todos ya sabíamos: dinero ligado al narcotráfico con poder en el gobierno, intercambio de favores, dinero del crimen organizado a cambio de políticos protegiéndolos, y el dinero sigue la ruta de las alianzas y de las complicidades”, afirmó.

Sobre el impacto de estas acusaciones en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el aspirante se centró en el círculo más cercano de la gobernadora, particularmente en su esposo. Señaló que, aunque se dice que están legalmente divorciados, él lo duda.

Osuna Jaime afirmó que ambos “actuaban como una combinación en donde el esposo ejercía un poder que no tenía legalmente”, ya que “él no fue electo para nada” y la gobernadora lo nombró para “proyectos estratégicos especiales”, una designación que calificó de irregular y que nunca fue transparente.

Pidió a la ciudadanía demandar una explicación clara a Avila Olmeda: “Yo creo que los ciudadanos deben de demandar de la gobernadora una explicación de todo lo que sucedió, por qué dejó y dio tanto poder a su esposo, en base a qué, y cuáles son las rutas de los compromisos que se hicieron ahí”.

Criticó el carácter honorario del nombramiento, al considerar que viola la legislación vigente. “Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus bienes, y no puede ser que porque eres honorario no declaras nada. De alguna manera eres funcionario, tienes acceso a la información estratégica de un gobierno, información privilegiada… pero no tenía la responsabilidad de un funcionario… que se le aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos”, expresó.

Para Osuna Jaime, se trató de una situación ilegal que derivó en que se trastocara el orden de la sociedad baja californiana., pues al aliarse con el crimen organizado, según las acusaciones, “hay gente que ha muerto, hay gente que no ha sido atendida en un hospital porque no estaban enfocados en lo que tenían que hacer”.

Concluyó que “eso lo vimos desde hace mucho, no es sorpresa para nadie. Veíamos que esa era la intención y vemos ahora los resultados”.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deje temporalmente su cargo y rinda explicaciones transparentes tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La petición ocurre luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a su exesposo, Carlos Torres Torres, con una presunta red de corrupción y operaciones del crimen organizado.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en la entidad, calificó la situación como un asunto de máxima gravedad para la seguridad del estado. Durante su pronunciamiento oficial, Mata Lozano enfatizó que es inverosímil pensar que la mandataria estatal desconocía las actividades de su expareja, considerando la alta presencia e influencia política que Torres Torres mantuvo durante la actual administración.

Además de los vínculos personales, la líder panista urgió a la gobernadora a aclarar su relación comercial con la empresa “Vida Orgánica”, una sociedad de la que Ávila Olmeda formó parte activa hasta el presente mes de septiembre y que fue formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, el PAN solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación exhaustiva y sin protecciones políticas. La indagatoria solicitada busca esclarecer el alcance de la red de corrupción, identificar a otros servidores públicos involucrados y revisar el posible financiamiento ilícito en empresas y pasadas campañas políticas de la región.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este martes a casi 50 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa. La acción pone especial énfasis en el control que la facción Los Mayos ejerce sobre las plazas de Tijuana y Mexicali, en Baja California, y señala a una red de jefes de plaza, lavadores de dinero y presuntos funcionarios corruptos que operan cerca de la frontera.

En total se designaron 21 individuos y 25 empresas. Según el Tesoro, estas estructuras facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia con relativa impunidad a pocos kilómetros del territorio estadounidense. Entre los nombres en las investigaciones están el exesposo de la gobernadora Carlos Torres; el hermano de éste, Luis Torres, y el exdirector de policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil (inocentes hasta que se demuestre lo contrario).

“La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario mexicano corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

La OFAC centró parte de sus señalamientos en dos plazas estratégicas del estado, en Tijuana se designó a los hermanos Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), a quienes se les atribuye el control de la plaza desde hace más de 15 años. También se incluyó a sus tenientes y a redes de lavado de dinero asociadas, entre ellas la casa de cambio Magic Casa de Cambio.

Mexicali
El Tesoro apuntó a la facción Los Rusos, comandada por Juan José Ponce Félix (“El Ruso”). Además, señaló una red de corrupción que involucra a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali

Según la OFAC, estos vínculos habrían permitido proteger las operaciones del cártel a cambio de sobornos.

Otros sancionados

Entre los designados también figura Ismael Zambada Sicairos (“Mayito Flaco”), actual jefe de la facción Los Mayos y nacido en Anaheim, California, en 1982. OFAC lo señaló por actuar en nombre del Cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada García, en julio de 2024, hecho que detonó una guerra interna con Los Chapitos que permanece activa.

Otros nombres cercanos a la estructura incluyen a Hildegardo Gastelum García (“Aldo”), los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, y Lorenzo Castillo Maldonado, acusado de contratar sicarios incluso en el sur de California.

Las designaciones se realizaron al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 (contra el tráfico de drogas ilícitas) y 13224 (contra el terrorismo y sus apoyos). Como resultado, todos los bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Quedan prohibidas las transacciones con ellas, salvo autorización expresa, y pueden aplicarse sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones significativas en su favor.

La OFAC subrayó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia que, desde 2025, ha alcanzado a más de 400 individuos y entidades vinculadas a grupos criminales que amenazan la seguridad de Estados Unidos.