El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exigió la separación inmediata del cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como el inicio de un juicio político en el Congreso del Estado, al considerar que perdió la confianza necesaria para continuar al frente del Poder Ejecutivo.

Mediante un posicionamiento dirigido a la opinión pública y firmado por la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, y el secretario general, Jesús Alejandro Cota Montes, el partido sostuvo que las acciones y declaraciones de la mandataria han puesto en riesgo la seguridad de los bajacalifornianos y vulnerado la investidura del cargo.

Entre los argumentos expuestos, Acción Nacional señaló que la propia gobernadora reconoció haber manifestado a funcionarios estadounidenses su disposición para compartir información en materia de seguridad con el propósito de evitar sanciones y recuperar su visa, situación que, a juicio del partido, demuestra que perdió las condiciones de confianza indispensables para gobernar.

El PAN también afirmó que dichas declaraciones representan una vulneración a la soberanía nacional, al sostener que Marina del Pilar dijo haber proporcionado información de seguridad a personas cuya identidad, asegura el partido, ni siquiera fue acreditada y en el contexto de un posible procedimiento penal en Estados Unidos.

Asimismo, criticó que, a más de 400 días de haberse revocado la visa de la mandataria, continúe sin presentar un documento oficial que explique las causas de esa decisión, pese a que, indicó, se trata de un asunto que afecta la relación bilateral entre Baja California y Estados Unidos.

En su pronunciamiento, Acción Nacional aseguró que el Gobierno del Estado ha perdido credibilidad y confianza debido a “mentiras, irregularidades y falsedades”, además de sostener que la ciudadanía no cree en la versión de que la cancelación de la visa obedeció únicamente a un trámite administrativo.

Por ello, el PAN exigió la separación inmediata de Marina del Pilar Ávila Olmeda del cargo de gobernadora, el inicio del correspondiente juicio político en el Congreso del Estado y la realización de las investigaciones que el caso amerite para deslindar responsabilidades.

El desplegado fue respaldado por los representantes populares emanados del PAN en Baja California, entre ellos el senador José Máximo García López; los diputados federales César Israel Damián Retes y Eva María Vázquez Hernández; así como los diputados locales Santa Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra y María Yolanda Gaona Medina. También aparece el respaldo de regidores, consejeros estatales y presidentes de los comités directivos municipales del partido en la entidad.

Baja California retrocedió en el ranking nacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ubicarse en la posición 27 de las 32 entidades evaluadas en el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, dos lugares por debajo de la clasificación obtenida el año pasado.

De acuerdo con el informe del IMCO, Baja California forma parte del grupo de entidades con desempeño medio-bajo en las condiciones para impulsar la participación económica de las mujeres. Entre los factores que explican este resultado destaca una de las mayores caídas a nivel nacional en el indicador de mujeres con educación media superior o superior, aspecto considerado determinante para facilitar su acceso al mercado laboral.

El estudio analiza 16 indicadores agrupados en tres ejes: entrada al mercado laboral, permanencia en el empleo y autonomía económica. Aunque 15 estados registraron avances durante 2026, ninguna entidad alcanzó un nivel de desempeño “muy alto”, lo que evidencia que persisten barreras estructurales para garantizar igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.

El IMCO señala que uno de los principales obstáculos continúa siendo la distribución desigual de las labores de cuidado. A nivel nacional, las mujeres dedican 58 por ciento más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado y nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para atender responsabilidades de cuidado son mujeres.

El organismo también advierte que las mujeres reciben, en promedio, un salario 13 por ciento menor que los hombres y que únicamente el 38 por ciento de los niños de entre cero y cinco años tiene acceso a un centro de atención infantil, una cobertura que considera insuficiente para favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo.

En materia de autonomía económica, el informe destaca que el acceso de las mujeres a ingresos propios y a la propiedad de activos, como viviendas, sigue siendo limitado en gran parte del país. Las diferencias entre entidades son amplias: mientras en Veracruz el 38 por ciento de las mujeres no percibe ingresos directos, en Baja California Sur esa proporción es de 17 por ciento.

El ranking nacional es encabezado por Baja California Sur, seguida de Ciudad de México y Nuevo León, mientras que Oaxaca ocupa el último lugar por segundo año consecutivo. Además de Baja California, entre las entidades con mayores rezagos se encuentran Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco.

Ante este panorama, el IMCO recomendó a los gobiernos estatales fortalecer los sistemas de cuidados mediante políticas públicas específicas, asignar mayores presupuestos para este rubro y ampliar los permisos de paternidad, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares, incrementar la participación laboral de las mujeres y contribuir al crecimiento económico.

Este jueves la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas.

Los imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal.

Detalles de la acusación

Según la investigación, Ruffo Appel y sus coacusados habrían participado en una red que introdujo ilegalmente a México más de 18 millones de litros de gasolina y diésel -en algunas referencias se menciona hasta más de 2 mil millones de litros en el total de operaciones investigadas-, mediante 163 carrotanques ferroviarios.

La operación involucraría al menos 11 empresas, entre ellas Ingemar, de la cual Ruffo es socio y fundador. El combustible presuntamente ingresó desde refinerías en Texas con irregularidades en permisos y declaraciones aduaneras. El daño estimado a la hacienda pública supera los 166 millones de pesos.

Medidas cautelares

La jueza ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ruffo Appel y otros cuatro imputados (Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez), quienes permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”.

Otros dos imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, cumplirán prisión domiciliaria por razones de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá en el penal de Nezahualcóyotl.

Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. La audiencia inicial se prolongó por más de 30 horas y se realizó a puerta cerrada por razones de seguridad nacional.

La vinculación a proceso es una etapa intermedia del procedimiento penal. No implica una sentencia condenatoria; Ruffo Appel y sus defensores mantienen su presunción de inocencia y han anunciado que continuarán con los recursos legales correspondientes. Su hija Verónica denunció que están obstaculizando el acceso a los documentos que ayudarían a probar la inocencia de su padre.