Tras diez horas de la audiencia de vinculación a proceso en el caso de la acusación del exjefe policiaco Pedro Ariel “N” y otros cuatro acusados de robo de vehículo, desaparición forzada y delincuencia organizada, los abogados defensores expusieron lo que consideran graves irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.

Le fue pedido al juez que la fiscal que lleva el caso, Ariadna Betsabé García Ceseña, fuera separada de este encargo por haber sido denunciada por uno de los imputados, Eduardo “N”, por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura y tratos crueles e inhumanos.

El juez rechazó la petición, pese a que le explicaron que tras aprehender al acusado el 26 de febrero pasado, lo trasladaron a Fiscalía y estuvo 10 horas sin saber de qué lo acusaban, y después realizaron actos de tortura física y psicológica, y las secuelas quedaron establecidas en un dictamen tras aplicarle pruebas del protocolo de Estambul el 9 de marzo de 2026, que muestran estrés postraumático, ansiedad y depresión.

La fiscal García Ceseña alegó que ya había pasado el término de 48 horas para hacer esa petición y dijo que era un recurso que tramposamente estaba usando la defensa.

El acusado Luis Alfonso “N” quiso hacer una declaración mediante preguntas de sus abogados. Dijo que su último encargo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali fue como comandante de la zona urbana, donde tenía funciones de planeación estratégica, vinculación y preparación de operativos.

Recordó que fue comandante desde la administración de María Elena Andrade, con sede en San Felipe, cuando Marina del Pilar Avila Olmeda era alcaldesa de la capital. Mencionó que nunca fue sancionado, que tenía 4 ó 5 denuncias pero no recordó por qué motivo, sin embargo, precisó que fueron descartadas por carecer de elementos.

Refirió no conocer a las víctimas, los dos hombres que fueron “levantados” y desaparecidos la madrugada del 3 de enero de 2023 y nunca haber recibido ni entregado dinero a Pedro Ariel “N”. También negó haber tenido acceso a videos de la DSPM. El día de los hechos, dijo que asistió a los festejos del Día del Policía y se retiró a su casa a descansar entre 2 y 3 de la mañana.

Luego fue el turno del exjefe policiaco, quien también declaró mediante preguntas de sus abogados. Refirió ser abogado, haber ingresado a la Fiscalía General del Estado (FGE) el 1 de noviembre de 2019 como fiscal regional de Mexicali hasta el 15 de diciembre de 2021. El día siguiente, 16 de diciembre es nombrado director de la policía municipal de la capital, cargo en el que permanece hasta el 30 de septiembre de 2024. Al día siguiente regresa a su trabajo como abogado defensor.

Externó tener 53 años y siempre haberse conducido con ética profesional y con honradez, tanto en el ejercicio privado como durante la función pública. “A la institución que hoy me acusa, traté de hacerla más justa y más humana”, comentó.

Indicó que se considera totalmente inocente de los hechos que se le imputan y acusó que hay animadversión de ciertos actores hacia su persona. “Integran una carpeta de investigación donde no hay nada concreto. Esta investigación es del 2023, del 3 de enero. Hoy estamos a principios de agosto… Tuvieron que transcurrir más de 3 años para que me trajeran supuestamente a rendir cuentas”, asentó.

Cuando en 2011 comenzó el sistema acusatorio me convertí en un lastre para el procurador Rommel Moreno, y la entonces subprocuradora, hoy fiscal general, María Elena Andrade, dijo Pedro Ariel “N”.

“La hoy fiscal fue al Canal 66 a vilipendiar, a ofender, a calumniar”, recordó, porque presentamos una denuncia contra ella. Andrade no fue ni a la primera ni a la segunda audiencia y de repente el congreso del estado abrogó el delito de difamación y calumnia.

Cuando María Elena fue directora de policía, se reunió con él, entonces fiscal regional de Mexicali. Le pidió que no la criticara ni la “grillara”. Él le respondió que no tenía ningún problema con ella. Empezaron a colaborar y el trato siempre fue distante y frío, recordó.

Una vez lo llamó para pedirle que despidiera a su comandante Iván Camacho. Ella acudió acompañada de Juan Carlos Buenrostro, su número dos, y Pedro Ariel le respondió que si ella despedía a Buenrostro, él despediría a Camacho.

También dijo que Ricardo Iván Carpio, cuando era asesor de la gobernadora, le comentó que la hoy fiscal decía que haría hasta lo imposible para que el hoy acusado no fuera fiscal. Además, mencionó que trabajó con la fiscal que hoy lleva su caso, presente en la sala.

Recordó que cuando él era titular de la DSPM, María Elena era la comisionada del sistema penitenciario y Carpio se fue a la FGE. En las mesas de seguridad, presentaban cifras que no correspondían a la realidad de Mexicali, asunto que él objetaba. Tras la renuncia de Carpio, se recrudece la animadversión de la hoy fiscal contra él, lo bloquea para que no fuera fiscal general y ella se queda con ese cargo.

Lo primero que hizo como fiscal es abrirle a él una investigación en asuntos internos, junto con Carlos Romero e Iván Camacho. A estos dos últimos los amenaza con quitarles la licencia y les pide regresar a fiscalía para no perjudicarlos, o quedarse con Padro Ariel y asumir las consecuencias. Eligen quedarse en la DSPM y los tres renuncian a su adscripción en la FGE.

En 2021 se resolvió el amparo presentado en 2019 que ordenaba la liberación tras 9 años de cárcel de Roberto Villar por un delito que no cometió, lo que no le gustó a la fiscal.

Indicó que en su administración en la DSPM se detuvo a personajes claves en la estructura de la célula criminal de Los Rusos, se abatió al jefe de escoltas y lograron detenciones importantes.

Cuando llega el general Tizoc Aguilar, refirió que lo empiezan a desplazar de las mesas de seguridad. Aprovechando unas vacaciones en Nueva York, el general y la hoy fiscal van a ver a la alcaldesa Norma Bustamante para pedirle la salida de Pedro Ariel, a lo que ella se niega. Le quitan el control a la policía de la comandancia del valle y que envíen a los agentes a hacerse exámenes de control y confianza, cuando esto solo lo podían autorizar él mismo o la alcaldesa.

Subrayó que él se reunió con los colectivos de búsqueda, en particular con Madres Unidas y Fuertes, y con Gonzalo Moreno y Soraya Ana, quienes formaban parte de ese colectivo entonces, y formó la unidad especial de búsqueda de personas desparecidas, siendo la primera policía en el país que creó esa unidad, a la que dotó de equipo y herramientas para trabajar. Operaron en otros municipios, lo que valió críticas, pero “ellos (los colectivos) saben quién soy yo”, declaró.  

“Nos miró a los ojos, pero no nos dijo la verdad”, dijo en voz alta Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón, desaparecido en la zona de antros, presente en la audiencia, aunque en la sala continua, donde buscadores y prensa seguíamos la audiencia por circuito cerrado, que se desarrollaba en otra sala.

“Es lamentable cualquier desaparición, mi respeto para el trabajo de los colectivos. Quiero decirles que soy inocente, que no di mi consentimiento ni permití que ningún elemento participara en ese tipo de actos”, afirmó.

El exjefe de la policía dijo que en la primera audiencia fue la primera vez que veía a tres de los acusados y que no hay pruebas que lo incriminen en los delitos de los que lo acusan.

En su camino a la salida, Soraya, Aleida y Gonzalo golpean la puerta de la sala donde se lleva la audiencia y gritan justicia.

Pedro Ariel afirmó que la fiscalía armó el caso en un mes y medio. Que se dio cuenta que algo pasaría porque detectó hace semanas que una unidad lo seguía, y no huyó ni pidió un amparo; decidió quedarse a enfrentar las cosas “cueste lo que cueste”.

Refirió que la policía municipal nunca ha tenido la facultad de poder borra videos; que solo podían seguir las cámaras de Simutra y de Servicios Públicos municipales porque no había cámaras que sirvieran y al final se instalaron 244 a un costo de 80 millones de pesos.

Habló también del incidente de “El Pitufo”, siendo escoltado a una fiesta por agentes de policía, tras lo cual dio aviso a Sindicatura. Negó conocer a miembros del crimen organizado.

Luego los abogados defensores expusieron que al padre de uno de los jóvenes desaparecidos, de iniciales JVL, la fiscal del caso, Ariadna Betsabé García Ceseña, le tomó declaración, pero él solo firmó la última hoja, en vez de hacerlo en todas como marca el protocolo. Eso mismo se repite con las declaraciones de todos los testigos, además de señalar que curiosamente todos usan la misma muletilla de la fiscal, “Asimismo”, lo que levanta suspicacias, dijeron.

Otras irregularidades es que el nombre y firma de una familiar de los desaparecidos no coincide con los datos de su identificación oficial; hay dos declaraciones de testigos que dan respuesta idéntica a cuatro preguntas, ambas entrevistas realizadas por la fiscal que lleva el caso. ¿Qué tan probable es eso señor juez? Cuestionó uno de los abogados.

La testigo que se dijo intimidada sí firmó en esa denuncia todas las páginas de su declaración, pero no su entrevista sobre el caso, solo la última hoja. Además, hay un presunto franelero que dio su declaración que no saben si en realidad existe.

Finalmente expusieron que los agentes que habrían utilizado una patrulla para trasladar a los jóvenes desaparecidos al valle, no pueden ser señalados por ninguna evidencia contundente como videos, testigos o herramientas de geolocalización, solo por dichos de terceros, y de la supuesta unidad tampoco hay pruebas que demuestren que estaba asignada a ellos.

En conclusión, los abogados refieren que hay tres elementos que destacan en este caso: la insuficiencia probatoria, la animadversión de la fiscal al exdirector de policía y la fabricación de entrevistas. Por lo anterior solicitaron la no vinculación a proceso al juez, aunque faltan los argumentos de fiscalía y otra ronda de intervenciones, por lo que se espera el resultado de la audiencia en la madrugada de este lunes.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, llegó en uno de los momentos políticos más delicados para el gobierno de Baja California. En cualquier otra circunstancia habría sido presentada como un golpe contundente contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Hoy, en cambio, despierta más preguntas que aplausos.

Porque cuando una administración atraviesa una tormenta de credibilidad, cada movimiento deja de leerse por lo que es y comienza a interpretarse por lo que parece.

Y lo que parecía una operación destinada a cambiar la conversación pública podría terminar convirtiéndose en exactamente lo contrario: una auténtica caja de Pandora.

No la que anunció con entusiasmo la fiscal María Elena Andrade, sino una mucho más incómoda para el propio gobierno.

Porque un hombre como Pedro Ariel Mendívil no es un improvisado. Es un policía formado, conocedor de las leyes, de los procedimientos, de las cadenas de mando y, sobre todo, de los secretos que rara vez quedan asentados en un expediente. Sabe quién ordenó, quién autorizó, quién calló y quién prefirió no preguntar.

Si decide hablar, difícilmente lo hará únicamente ante la Fiscalía estatal.

Tendrá mucho de qué conversar con Omar García Harfuch. Con Ernestina Godoy. Y, si las circunstancias lo empujan, también con las agencias estadounidenses que desde hace tiempo mantienen la lupa sobre Baja California.

Ahí es donde la historia deja de ser una nota policiaca para convertirse en un problema político de enormes dimensiones.

Porque la verdadera interrogante no es por qué detuvieron a Mendívil.

La pregunta es por qué tardaron tanto.

La propia fiscal aseguró que la investigación comenzó en enero de 2023. Si eso es cierto, entonces el dato resulta devastador.

Significa que durante veinte meses un funcionario bajo sospecha e investigación de una autoridad judicial estatal, continuó dirigiendo la Policía Municipal de Mexicali.

Veinte meses. Veinte meses asistiendo a las mesas de seguridad. Veinte meses compartiendo información sensible. Veinte meses coordinándose con corporaciones estatales, federales e incluso con autoridades internacionales. Veinte meses representando institucionalmente a la capital del estado. Veinte meses “protegiendo y sirviendo”.

Y nadie consideró prudente separarlo del cargo.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica. Si las pruebas eran insuficientes para removerlo, entonces ¿por qué detenerlo ahora?

Pero si desde entonces existían elementos sólidos para investigarlo, la pregunta es todavía más incómoda. ¿Quién autorizó que permaneciera al frente de la corporación?

Porque las investigaciones penales podrán ser muy complejas, pero las responsabilidades administrativas no necesitan esperar veinte meses.

Más aún cuando, desde su paso por la Fiscalía Especializada en Mexicali, circulaban versiones persistentes sobre su presunta cercanía con un grupo criminal que opera en la región. Eran rumores, sí. Pero justamente por eso una investigación debía extremar las precauciones, no relajarlas.

Lo verdaderamente preocupante es que el gobierno parece celebrar hoy una captura que, en realidad, exhibe una omisión monumental.

Es como si el capitán de un barco presumiera haber encontrado una vía de agua… después de navegar casi dos años con ella abierta.

La Fiscalía pretende vender la imagen de una institución que actúa.

Lo que termina proyectando es la de una institución que observó, documentó… y esperó. Esperó mientras un jefe policiaco seguía tomando decisiones. Esperó mientras seguía administrando información estratégica. Esperó mientras seguía teniendo acceso a todo aquello que hoy, supuestamente, constituye parte del problema. Esperó mientras seguían desapareciendo jóvenes y apareciendo fosas.

Y en un estado golpeado por desapariciones, homicidios y una creciente desconfianza ciudadana, ese detalle no es menor.

Porque los bajacalifornianos ya no exigen únicamente detenciones espectaculares.
Exigen respuestas.

Exigen saber quién permitió que un funcionario investigado permaneciera casi dos años al frente de la corporación policial más importante del municipio.

Exigen conocer si hubo negligencia, protección o simple incompetencia.

Y exigen que las responsabilidades no terminen, como tantas veces ocurre, únicamente en el último eslabón de la cadena.

Capturar “charalitos” difícilmente impresionará a Washington que exige tiburones.

Mucho menos devolverá la confianza de los mexicalenses, que siguen buscando a sus desaparecidos y siguen esperando una explicación convincente sobre el deterioro de la seguridad.

Porque la verdadera caja de Pandora no se abrió con la orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil.

Se abrió en el instante mismo en que la Fiscalía reconoció que llevaba veinte meses investigándolo… y, aun así, decidió dejarlo al mando de la policía.

Y esa, por mucho que intenten cerrarla, será una explicación mucho más difícil de contener que cualquier conferencia de prensa.

Hoy haremos un recuento de las tranzas que se han aventado los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante a través del Departamento de Bomberos.

Empezamos con la más reciente: resulta que por fin habían dado luz verde para comprar uniformes de combate a los bomberos. Lo iban a hacer con la empresa Uniformes Julián, pero oh sorpresa, que se entera Ignacio Lozoya, y detiene todo.

Como antecedente, este bombero Lozoya, junto con el “tigre” Antonio Castañeda Bustamante detuvo la compra de las 14 máquinas de bomberos, un vehículo de rescate y 4 ambulancias para meterle mano a esa compra y llevarse un buen moche. Tuvieron meses “guardadas” esas unidades en la empresa Nicoya, cerca del aeropuerto, porque ya venían en camino cuando decidieron que podían ponerle sobreprecio.

Pues ahora se la aventaron igual; Lozoya y el Tigre vieron su oportunidad y metieron repentinamente a un proveedor de Tijuana, lo que significa más tiempo sin uniformes y más gasto porque esa movida fue para ponerle sobreprecio a los cerca de 300 equipos de combate.

El jueves pasado iban a ir a tomarles las medidas los de Uniformes Julián y pues nada. Los bomberos recuerdan que cuando Marina del Pilar era presidenta municipal pasó algo parecido. Ya estaba acordado que adquirirían los uniformes y que la erogación sería de 28 millones de pesos, y a la hora de la hora salió en los medios que el costo había sido de 31 millones.

1. Sistema de “moches” (extorsiones a negocios e inspectores)

• Edson López Vilchis (exadministrador y luego jefe del Departamento Técnico): En octubre de 2023 convocó a inspectores a una reunión en la caja de ahorro ADES. Según una denuncia anónima enviada a redacciones, les pidió apagar celulares y acordó una cuota semanal de 5 mil pesos por inspector. Quienes no pagaran serían removidos. También se les pidió ideas para generar más ingresos ilegales, como imponer multas altas a comercios y cancelarlas a cambio de pagar al menos la mitad (moche). Se mencionan cancelaciones masivas de multas y que López Vilchis controlaba cambios de personal a su beneficio. Se señaló que tenía protección “de arriba” (incluyendo hijos de la alcaldesa).
• Bernardo Sánchez Nevárez (y colaboradores): En 2025 se denunció que exigía al menos 10 mil pesos semanales de moches. Con ayuda de la arquitecta sin título María Dolores Mejía Peraza y Javier Preciado (quien coordinaba a los inspectores y les indicaba a dónde ir a “cobrar piso”). Roberto López Loera recibía quejas y las “sepultaba”. Dos inspectores (Víctor Covarrubias y Jesús Torres) renunciaron porque no podían cubrir las cuotas.
• Otros señalamientos: Multas disfrazadas de moches tras incendios (ej. en recicladoras), un moche de 100 mil pesos a una recicladora, y acoso a locatarios para que compraran instalaciones de seguridad a través de ellos.
• 2. Robo de cajero automático en incendio de Soriana

Tras el incendio de un Soriana se robaron el contenido de un cajero automático con 433 mil pesos. La investigación apuntaba a elementos de Bomberos, quienes habrían forzado la caja con herramientas especializadas mientras custodiaban el lugar. El fiscal de Mexicali (antes de ser reemplazado) habría señalado en esa dirección. Por ese caso interpusimos denuncia en Sindicatura; no se reportaron resultados (y como dijo Don Teofilito..)

3. Cobro de cheques sin trabajar (caso del bombero Alberto Álvarez Mena)

El bombero estuvo más de un año en Estados Unidos por un asunto legal, pero alguien siguió cobrando sus cheques. El director Osuna aceptó los señalamientos junto con el subdirector Gabriel Corral y Edson López Vilchis. Se solicitó investigación a Sindicatura sobre quién firmó las nóminas; no hubo resultados visibles (ni los habrá).

4. Nepotismo y favoritismo

• Crearon un área para Rubén Omán Osuna (hijo del director Rubén Darío Osuna), con pick-up y gasolina gratis; lo dejaron encargado de la zona de Palaco a pesar de quejas por flojera e inexperiencia.
• Contrataciones de hijos de bomberos y ascensos irregulares (ej. Raúl Lorenzo Enrique Rosado Valdez, sobrino de un funcionario de Protección Civil, con fama de cobramoches; Luis Ascencio, que se saltó el escalafón gracias a palancas pese a sobrepasar la edad límite).
• Edson López Vilchis estaba en lista prioritaria para base sindical.
• 5. Las máquinas “guardadas”
• Brújula News documentó entre septiembre y diciembre de 2024 el caso de 18 camiones de bomberos y 10 ambulancias que permanecían estacionados/ocultos en el enorme terreno del Parque Industrial Nicoya mientras el Ayuntamiento retrasaba o reconfiguraba su compra.
• Las unidades estaban “guardadas” en Nicoya mientras el cuerpo de bomberos sufría falta grave de equipo (estaciones sin máquinas, como la 21 de El Faro y la 3 de González Ortega). Esto se evidenció en incendios donde tuvieron que pedir apoyo a otras estaciones o ejidos.
• Se denunció que la operación se estaba armando a sobreprecio para beneficiar a Antonio “Tigre” Castañeda (hijo de la alcaldesa Norma Bustamante). Se habló de una triangulación en la compra.
• Ignacio Lozoya (nombrado subdirector de Bomberos, según las columnas, por influencia de Castañeda) era el contacto con el vendedor (ubicado en Tijuana). El anterior subdirector (Jesús Corral) no se habría prestado a la operación. Aparecieron mantas en puentes de la ciudad denunciando el caso y a Lozoya.
• A finales de 2024 las sacaron de Nicoya y las llevaron a talleres municipales para revisión. Finalmente el 19 de febrero de 2025 el Ayuntamiento entregó públicamente 19 unidades (14 máquinas extintoras, 1 de rescate urbano y 4 ambulancias) en el Centro Histórico. La inversión anunciada fue de 20 millones de pesos. Se pagó por esas 19 unidades lo que se pagó por una sola unidad barredora tiempo después.
• 6. Otras irregularidades mencionadas
• Mal manejo de un caso de acoso sexual a una bombera.
• Falta de equipo y unidades (menos que al inicio de la administración; unidades con fugas, ambulancia usada para favores personales).
• Inspecciones omitidas o amañadas (ej. a mercados, circo de Francesco, empresas de familiares del director).
• Quejas de malos tratos y prepotencia del director Osuna y subdirector Corral; manifestación de bomberos del turno B ante el sindicato.
• En 2026 se reportó incumplimiento de pagos a bomberos jubilados.

Ni con el broncón en que se metió por sus declaraciones sobre Pedro Ariel Mendívil, cuida la alcaldesa las formas.