Esta tarde, en rueda de prensa, la fiscal general de Baja California María Elena Andrade informó que fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Jonathan Misael “N”, Jesús Miguel “N” y Enrique “N”, por robo con violencia a tiendas comerciales Oxxo.

La fiscal agregó que se tiene el conocimiento de que esta banda de tres integrantes está relacionada por lo menos con 20 robos, siendo el modo de operar de estos el amenazar a los cajeros para que realicen depósitos a una cuenta de Oxxo pay.

Los últimos atracos ocurrieron el 9 de mayo en la colonia Libertad y el 10 de mayo en un Oxxo de la colonia Flores Magón al oriente de la ciudad.

Enrique “N” era empleado de esta cadena comercial y contaba con información importante, por lo que se sospecha que pueda ser el presunto líder de esta banda.

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez comentó que el entorno laboral del policía municipal asesinado en Tijuana es la primera línea de investigación.

La gobernadora señaló durante la conferencia mañanera de este martes, que tuvieron conocimiento del hecho por la mañana, cuando estaban en la mesa de seguridad.

Andrade Ramírez agregó que están trabajando en la escena de los hechos y que no cuentan con mayor información. En el ataque a un policía lo que primero que debemos checar es su entorno laboral, declaró.

El agente fue identificado como  Julio César Silva Herrera, jefe de distrito de la Policía Municipal en la zona Centro, de Tijuana.

Este viernes frente al congreso de Baja California, Soraya Ana Villarreal, cofundadora de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, dio a conocer que un juez federal les otorgó un amparo que obliga al gobierno del estado, municipio y congreso, a implementar los puntos establecidos en el pliego petitorio que presentaron en materia de desapariciones.

Reconoció que el fallo obliga al congreso y al estado a promulgar la ley de desapariciones, lo cual ya sucedió, pero también establece que deben cumplir con las observaciones planteadas en el pliego petitorio. En el caso del poder legislativo, se debe de crear una Comisión Especial Permanente para la Búsqueda de la Verdad de las Víctimas de Desaparición Forzada, y expedir una declaratoria de Alerta de Desaparición Forzada para Baja California.

La autoridad municipal está obligada a verificar que se cumpla con el reglamento municipal de alcoholes que plantea que todos los establecimientos en riesgo, como lo son los antros de la ciudad, cuenten con las cámaras de vigilancia, entre otros lineamientos.

Guillermo Rivera, abogado de la Célula de Búsqueda, expuso que de acuerdo al fallo del juez federal, están obligados a cumplir con todos los planteamientos del pliego petitorio en un periodo de 48 horas, luego de ser notificados, aunque reconoció que pueden solicitar una prórroga, para su cumplimiento.