La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) enfrentó en 2025 un gasto de 1 mil 231.5 millones de pesos en servicios personales, según el análisis de estados financieros de 2016 al primer trimestre de 2026 elaborado por el Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC). A pesar de ese monto, la entidad subrogó servicios por 235.8 millones de pesos en el mismo año, cifra superior a los 185.8 millones de 2024.

Entre los conceptos contratados destacan la toma y lectura de cuentas por 59.7 millones, servicios de seguridad por 71.3 millones, instalación de reductores de flujo por 49 millones, suministro e instalación de medidores por 28.9 millones y limpieza por 17.4 millones. Al 31 de marzo de 2026 el costo acumulado de estos servicios ya alcanzaba 256.8 millones.

El documento, firmado por los contadores públicos Víctor Ávalos Figueroa y Armando Gómez López, señala que el arrendamiento de equipo de transporte pasó de 21.3 millones ejercidos en 2025 a 69.9 millones contratados para 2026.

Los ingresos de la CESPM crecieron 2 mil 438.9 millones de pesos entre 2016 y 2025, un aumento del 205 por ciento. Sin embargo, el observatorio señala que ese incremento no se tradujo de manera proporcional en reducción de pasivos ni en mayor inversión pública sostenida en los primeros años del periodo.

La inversión pública sí mostró un alza relativa de 4.06 por ciento del egreso en 2016 de 47 millones a 19.77 por ciento en 2025, por 697.5 millones. En 2025 la entidad registró un excedente de ingresos sobre egresos de 99.12 millones que, según el análisis, no se destinó al pago de pasivos ni a incrementar la inversión.

Al 31 de marzo de 2026 los pasivos a corto plazo sumaban 631.3 millones y los pasivos contingentes 374.1 millones, lo que el documento califica como un riesgo de liquidez en caso de que se materialicen los juicios pendientes. Las notas a los estados financieros reportan además un saldo de ingresos por recuperar por derechos de 1 mil180 millones al cierre de 2025, de los cuales 1 mil 060.6 millones corresponden a consumos de agua. OBSERBC formula preguntas específicas sobre la recuperación de ese rezago, las políticas de cobro aplicadas en 2024-2026, el desglose de gastos en servicios profesionales y generales, la antigüedad de anticipos a contratistas por 114.6 millones y la justificación de las subrogaciones frente al crecimiento del gasto en personal.

El resumen de licitaciones de 2025 y del primer trimestre de 2026 muestra contratos de servicios por 263.5 millones en 2025 y 256.8 millones en 2026 hasta marzo. Los principales proveedores de servicios concentran la mayor parte del monto: Adrian Torres González (seguridad, 138.5 millones), Laser Especializados (toma de lectura y entrega de facturas, 117.1 millones), Comercializadora del Desierto de Mexicali (reductores, 88 millones) y MJ Industrial (arrendamiento de vehículos, 71.7 millones). En adquisiciones e obra pública también aparecen montos relevantes, con proveedores recurrentes en materiales, químicos, medidores y obras de reposición de redes y desazolve.

El análisis concluye que la CESPM requiere una reestructuración administrativa para contener egresos de personal y de operación, resolver deudas y gestionar mejor los pasivos contingentes.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) aclaró una información publicada en redes hoy, sobre la contratación y beneficios de los que gozaría la hija del exregidor de MC, hoy morenista, Arnoldo Douglas, director del Cecyte BC.

La paraestatal informó que la hija del funcionario, Zayra Douglas Pahua, ingresó el 7 de julio de 2025 como auxiliar administrativa, correspondiente al nivel inicial dentro de la estructura laboral.

“Es licenciada en Derecho y previamente realizó sus prácticas profesionales en la institución, periodo en el que mostró un desempeño favorable, por lo que posteriormente fue invitada a participar en el proceso de incorporación.Su percepción mensual es de aproximadamente 16 mil pesos y no cuenta con compensaciones adicionales. La CESPM reitera que su contratación se realizó de acuerdo con el perfil requerido para el puesto y bajo las condiciones laborales establecidas para esa categoría”, señala la tarjeta informativa de la CESPM.

En 2022 la hija de Douglas recibió apoyo social de Gobierno del Estado bajo el concepto “proyectos productivos”.

Además de que se hizo público en su momento, que Douglas metió a la nómina a su esposa y a su hijo, Zayra Pahua Ortega y Alexis Arnoldo Douglas Pahua.

Hoy haremos un recuento de las tranzas que se han aventado los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante a través del Departamento de Bomberos.

Empezamos con la más reciente: resulta que por fin habían dado luz verde para comprar uniformes de combate a los bomberos. Lo iban a hacer con la empresa Uniformes Julián, pero oh sorpresa, que se entera Ignacio Lozoya, y detiene todo.

Como antecedente, este bombero Lozoya, junto con el “tigre” Antonio Castañeda Bustamante detuvo la compra de las 14 máquinas de bomberos, un vehículo de rescate y 4 ambulancias para meterle mano a esa compra y llevarse un buen moche. Tuvieron meses “guardadas” esas unidades en la empresa Nicoya, cerca del aeropuerto, porque ya venían en camino cuando decidieron que podían ponerle sobreprecio.

Pues ahora se la aventaron igual; Lozoya y el Tigre vieron su oportunidad y metieron repentinamente a un proveedor de Tijuana, lo que significa más tiempo sin uniformes y más gasto porque esa movida fue para ponerle sobreprecio a los cerca de 300 equipos de combate.

El jueves pasado iban a ir a tomarles las medidas los de Uniformes Julián y pues nada. Los bomberos recuerdan que cuando Marina del Pilar era presidenta municipal pasó algo parecido. Ya estaba acordado que adquirirían los uniformes y que la erogación sería de 28 millones de pesos, y a la hora de la hora salió en los medios que el costo había sido de 31 millones.

1. Sistema de “moches” (extorsiones a negocios e inspectores)

• Edson López Vilchis (exadministrador y luego jefe del Departamento Técnico): En octubre de 2023 convocó a inspectores a una reunión en la caja de ahorro ADES. Según una denuncia anónima enviada a redacciones, les pidió apagar celulares y acordó una cuota semanal de 5 mil pesos por inspector. Quienes no pagaran serían removidos. También se les pidió ideas para generar más ingresos ilegales, como imponer multas altas a comercios y cancelarlas a cambio de pagar al menos la mitad (moche). Se mencionan cancelaciones masivas de multas y que López Vilchis controlaba cambios de personal a su beneficio. Se señaló que tenía protección “de arriba” (incluyendo hijos de la alcaldesa).
• Bernardo Sánchez Nevárez (y colaboradores): En 2025 se denunció que exigía al menos 10 mil pesos semanales de moches. Con ayuda de la arquitecta sin título María Dolores Mejía Peraza y Javier Preciado (quien coordinaba a los inspectores y les indicaba a dónde ir a “cobrar piso”). Roberto López Loera recibía quejas y las “sepultaba”. Dos inspectores (Víctor Covarrubias y Jesús Torres) renunciaron porque no podían cubrir las cuotas.
• Otros señalamientos: Multas disfrazadas de moches tras incendios (ej. en recicladoras), un moche de 100 mil pesos a una recicladora, y acoso a locatarios para que compraran instalaciones de seguridad a través de ellos.
• 2. Robo de cajero automático en incendio de Soriana

Tras el incendio de un Soriana se robaron el contenido de un cajero automático con 433 mil pesos. La investigación apuntaba a elementos de Bomberos, quienes habrían forzado la caja con herramientas especializadas mientras custodiaban el lugar. El fiscal de Mexicali (antes de ser reemplazado) habría señalado en esa dirección. Por ese caso interpusimos denuncia en Sindicatura; no se reportaron resultados (y como dijo Don Teofilito..)

3. Cobro de cheques sin trabajar (caso del bombero Alberto Álvarez Mena)

El bombero estuvo más de un año en Estados Unidos por un asunto legal, pero alguien siguió cobrando sus cheques. El director Osuna aceptó los señalamientos junto con el subdirector Gabriel Corral y Edson López Vilchis. Se solicitó investigación a Sindicatura sobre quién firmó las nóminas; no hubo resultados visibles (ni los habrá).

4. Nepotismo y favoritismo

• Crearon un área para Rubén Omán Osuna (hijo del director Rubén Darío Osuna), con pick-up y gasolina gratis; lo dejaron encargado de la zona de Palaco a pesar de quejas por flojera e inexperiencia.
• Contrataciones de hijos de bomberos y ascensos irregulares (ej. Raúl Lorenzo Enrique Rosado Valdez, sobrino de un funcionario de Protección Civil, con fama de cobramoches; Luis Ascencio, que se saltó el escalafón gracias a palancas pese a sobrepasar la edad límite).
• Edson López Vilchis estaba en lista prioritaria para base sindical.
• 5. Las máquinas “guardadas”
• Brújula News documentó entre septiembre y diciembre de 2024 el caso de 18 camiones de bomberos y 10 ambulancias que permanecían estacionados/ocultos en el enorme terreno del Parque Industrial Nicoya mientras el Ayuntamiento retrasaba o reconfiguraba su compra.
• Las unidades estaban “guardadas” en Nicoya mientras el cuerpo de bomberos sufría falta grave de equipo (estaciones sin máquinas, como la 21 de El Faro y la 3 de González Ortega). Esto se evidenció en incendios donde tuvieron que pedir apoyo a otras estaciones o ejidos.
• Se denunció que la operación se estaba armando a sobreprecio para beneficiar a Antonio “Tigre” Castañeda (hijo de la alcaldesa Norma Bustamante). Se habló de una triangulación en la compra.
• Ignacio Lozoya (nombrado subdirector de Bomberos, según las columnas, por influencia de Castañeda) era el contacto con el vendedor (ubicado en Tijuana). El anterior subdirector (Jesús Corral) no se habría prestado a la operación. Aparecieron mantas en puentes de la ciudad denunciando el caso y a Lozoya.
• A finales de 2024 las sacaron de Nicoya y las llevaron a talleres municipales para revisión. Finalmente el 19 de febrero de 2025 el Ayuntamiento entregó públicamente 19 unidades (14 máquinas extintoras, 1 de rescate urbano y 4 ambulancias) en el Centro Histórico. La inversión anunciada fue de 20 millones de pesos. Se pagó por esas 19 unidades lo que se pagó por una sola unidad barredora tiempo después.
• 6. Otras irregularidades mencionadas
• Mal manejo de un caso de acoso sexual a una bombera.
• Falta de equipo y unidades (menos que al inicio de la administración; unidades con fugas, ambulancia usada para favores personales).
• Inspecciones omitidas o amañadas (ej. a mercados, circo de Francesco, empresas de familiares del director).
• Quejas de malos tratos y prepotencia del director Osuna y subdirector Corral; manifestación de bomberos del turno B ante el sindicato.
• En 2026 se reportó incumplimiento de pagos a bomberos jubilados.

Ni con el broncón en que se metió por sus declaraciones sobre Pedro Ariel Mendívil, cuida la alcaldesa las formas.