Este miércoles, durante la comparecencia ante el Congreso, de María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue cuestionada por la diputada panista Alejandrina Corral Quintero, sobre el convenio autorizado por el Cabildo de Tijuana por una indemnización por 1 mil 600 millones de pesos al sistema de transporte troncal, impedido por un oficio de la fiscalía.

La fiscal dijo no tener conocimiento del tema y cuestionó la veracidad de la nota (https://www.brujula.news/2026/09/21/un-convenio-de-1600-millones-amenaza-finanzas-de-tijuana) a lo que respondió la legisladora mostrando el oficio de la FGE -incluido en la nota- con fecha del 4 de marzo de 2026, con número de caso 0204-2024-20897, que ordena al juez cuarto del Tribunal Estatal de Justicia de Administrativa suspender el juicio contencioso con número de expediente 237/2023, en denuncia presentada por Alejandro Mungaray, entonces director general del organismo municipal para la operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana.

Ese oficio de Fiscalía dice: “En ese contexto, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones al personal  bajo su digno cargo que resulte competente u obligado a ello, a fin de que se proceda a evitar dictar cualquier acto que ponga fin al procedimiento o ejecutar actos que conlleven a un detrimento patrimonial de imposible reparación”.

Precisamente eso fue lo que aprobaron en la corta suplencia de Abdiel Gutiérrez, en sesión de cabildo en línea, el 14 de septiembre pasado; indemnizar a los transportistas por una cantidad millonaria.

Ahora se está pidiendo explicaciones a las regidoras panistas Gina Arana y Sandra Magaña, de por qué votaron a favor de endeudar a Tijuana.

La cronología

En el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán se hicieron estudios que proponían el proyecto sobre la ruta del tren Tijuana-Tecate, pero el proyecto fracasó por la poca afluencia de pasajeros, el costo de inversión y la tarifa de cobro.

En el gobierno de Jorge Ramos se iniciaron nuevos estudios, y en el gobierno de Carlos Bustamante se consiguió que el candidato Enrique Peña hiciera el compromiso de la inversión a fondo perdido mediante recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

En 2015-2016 el proyecto toma forma y se concreta un esquema de financiamiento por alrededor de 1 mil 200 millones de pesos. De ese monto, se obtienen 600 millones de pesos a fondo perdido a través de Fonadin, con participación y supervisión de distintas instancias federales.

Después, el Ayuntamiento de Tijuana gestiona 400 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado aporta 200 millones de pesos, destinados a infraestructura relacionada con el proyecto.

Creación del SITT

El gobierno de Carlos Bustamante dejo el proyecto terminado, inició con dos obras y dejo 200 millones de pesos del ayuntamiento para continuar la construcción. Se dejaron acuerdos firmados por todas las empresas concesionarias de transporte masivo para formalizar la empresa de empresas con participación accionaria de acuerdo con su volumen de pasaje.

Cuando llego Jorge Astiazarán se ordenó elaborar de nuevo el proyecto, lo que retrasó la construcción, y se cambió la ruta troncal. No se constituyó la empresa, y por el contrario se constituyó SITSA con dos socios que no eran transportistas: uno de ellos abogado de Jaime López Ferreiro, primer dueño de la empresa de recaudo SOPROES hoy propiedad del Transportista dueño de ALTISA Víctor Sevilla.

En 2015 se constituye la empresa SITT Tijuana, S.A. de C.V., según el regidor Arturo Aguirre, integrada por empresas transportistas que participan de acuerdo con las aportaciones de rutas realizadas al proyecto.

Una fuente que conoce el caso aclara: “No se constituyó con empresas transportistas, los datos están el registro público que fue conformado por dos socios que no eran transportistas, desde ese momento empezaron las envidias y agandalles que dieron al traste con el proyecto de que fueran empresas transportistas las dueñas de SITSA”.

Entre las empresas participantes se encuentra Autotransportes Calfia, que en ese momento presidía Arturo Aguirre, hoy regidor. Calfia participa con un porcentaje mayoritario debido a que aportó 22 rutas al proyecto.

Para poner en operación el sistema se gestionan créditos con la banca privada por aproximadamente 450 millones de pesos para la adquisición de autobuses: 30 unidades troncales, conocidas como los autobuses rojos.

“Las 30 unidades troncales fueron vandalizadas por choferes de Víctor Sevilla y la mayoría terminaron yonkeadas; de eso existen constancias ante Notario Público. Del estado de abandono en los patios del SITT, en los cinco años anteriores solo circulaban tres camiones y a la fecha solo uno”, precisa la fuente.

Las 120 unidades alimentadoras se las llevó bajo el pretexto del cobro de un adeudo, el regidor Arturo Aguirre y con esas unidades constituyó una empresa de transporte de personal. Obtuvo financiamiento por alrededor de 120 millones de pesos como capital de trabajo, destinado a combustible, nómina, talleres, mantenimiento y operación del sistema.

Inicio y deterioro del proyecto

A finales de 2016 inicia operaciones el proyecto. Empezó con la vandalización de camiones por choferes de Víctor Sevilla quien se sintió hecho a un lado, y que para ese tiempo ya tenía invadida la ruta troncal del SITT, lo que ocurre hasta la fecha.

Aunque la expectativa inicial era movilizar alrededor de 120 mil pasajeros, en la práctica se alcanzó una cifra cercana solo a 30 mil pasajeros.

La expectativa se midió con un estudio de movilidad y experiencias exitosas como en Medellín y Brasil. La cantidad estimada de pasajeros implicaba que las empresas de transporte masivo dejaran sus rutas en manos del SITT pero al ver que SITSA estaba manipulada desde su origen para favoreces a López Ferreiro, se fueron retirando del proyecto.

Durante la administración municipal encabezada por Juan Manuel Gastélum, el proyecto comenzó a enfrentar problemas operativos y políticos. En esa administración crecieron las confrontaciones, pues el gobierno panista asumió que el SITT era un proyecto priista y en manos de personas ligadas a ese partido. Continuó el vandalismo de camiones y Gastelum detuvo el desarrollo del proyecto. La invasión de las rutas por otros prestadores del servicio contribuyó al debilitamiento del sistema.

 En 2018-2019 el proyecto ya presentaba un deterioro considerable y perdió capacidad operativa. En el gobierno de Arturo González Cruz, por órdenes de Jaime Bonilla, nombra por tercera vez a Alonso López director del SITT.

Por instrucciones de Amador Rodríguez, enemigo de Jaime López Ferreiro, continuó con el desmantelamiento del sistema de transporte. En esa etapa Alonso López ordena desmantelar todo el sistema de recaudo, propiedad de López Ferreiro, con lo que se le da un golpe de muerte al sistema de transporte.

En 2019-2020 con la llegada de la pandemia, el sistema se encontraba ya en una situación crítica. Autotransportes Calfia decide retirarse del proyecto y realiza el traspaso de sus acciones por aproximadamente 15 mil pesos, debido al valor que tenían en ese momento.

La empresa recupera sus rutas y sus unidades y deja de participar activamente en el proyecto. Posteriormente, el empresario Fernando Flores adquiere una participación mayoritaria.

En 2022 Arturo Aguirre deja de formar parte del Consejo de Administración. Sin embargo, Calfia conserva el 7 por ciento de participación, debido a obligaciones financieras que todavía permanecían vinculadas a la empresa y al financiamiento otorgado para capital de trabajo del SITT. El 7 por ciento representa 112 millones de pesos de la indemnización que el cabildo acordó otorgarle a SITSA.

La demanda contra el Ayuntamiento

En 2023 la empresa SITT Tijuana realiza un análisis de las pérdidas acumuladas y determina emprender una acción legal contra el Ayuntamiento de Tijuana. Durante 2023 la paramunicipal SITT realizó múltiples gestiones tanto con SITSA como con IMOS para recomponer el sistema de transporte.

Las propuestas implicaban que SITSA inyectara inversión pues los 120 camiones para alimentadoras habían desaparecido, de los 30 camiones troncales quedaban 2 y el sistema de recaudo era administrado por SITSA sin ningún control.

Por su parte IMOS se negó a reordenar las rutas invadidas, troncal y alimentadoras.  Existen documentos de esas fechas como actas de sesiones del comité técnico, requerimientos a SITSA, planes de reordenamiento, acuerdos firmados entre Ayuntamiento y Gobierno del Estado que evidencian que SITSA no tenía argumentos para demandar.

El socio mayoritario de SITSA propuso que el Ayuntamiento comprara SITSA lo cual no era posible y se implementó un proyecto de subsidio de transporte para personas de la tercera edad, estudiantes y mujeres. El proyecto fue bloqueado por el Tesorero y regidores panistas afines al socio mayoritario de SITSA que es presidente municipal de Metepec Estado de México, por el PAN.

La demanda está relacionada con presuntos incumplimientos del contrato operativo celebrado en 2016, bajo el argumento de que el Ayuntamiento no cumplió con las obligaciones establecidas para la operación de la ruta.

La cantidad reclamada es alrededor de 1,380 millones de pesos y fue calculada con en base en la operación al 100 por ciento de la ruta troncal y 120 rutas alimentadoras. A la fecha de la demanda SITSA solo operaba con 2 camiones en la ruta troncal.

“Posteriormente, durante la administración de Montserrat Caballero, se toma la decisión de cancelar el carril confinado de la ruta troncal, situación que, según lo expuesto, incrementó los elementos relacionados con la controversia”, dice el regidor.

El carril confinado no esta cancelado, dice la fuente que nos pasa estos datos: lo que se hizo fue eliminar la multa por transitar sobre el mismo, en el entendido que a esa fecha solo circulaban 2 camiones sobre las partes de confinamiento que representan un 30 por ciento del total de la ruta troncal.

En 2019, con los cambios derivados de la legislación estatal de movilidad, se establece la transición de las facultades y organismos relacionados con el transporte público hacia el Gobierno del Estado. Sin embargo, el SITT no pudo concretar su transición debida, entre otros factores, a la situación financiera y jurídica que atravesaba el sistema, así como a los recursos federales vinculados al proyecto.

Para 2023, al existir ya una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la situación jurídica del SITT complicó todavía más su eventual transferencia al Estado.

Con el actual Ayuntamiento, encabezado por Ismael Burgueño, se realiza un análisis sobre los riesgos jurídicos y financieros del caso. La Coordinadora jurídica del SITT que emitió un dictamen carece de la experiencia profesional pues no es perito en materia de derecho administrativo. Su análisis se apoya en apreciaciones subjetivas, no valora el estado que guardan los expedientes, ni tampoco que los juicios aun no cierran la fase de instrucción ni valoración de pruebas; de ahí que su conclusión es más una expresión subjetiva que de auditoria jurídica, sin considerar que los juicios son de primera instancia y en supuesto de perderse todavía quedan instancias judiciales que deben agotarse.

Aunado a esto, fue omisa por cuanto a la carpeta de investigación sobre presuntos actos de fraude procesal por parte de SITSA. El análisis considera la posibilidad de que el Ayuntamiento enfrente una resolución desfavorable en el juicio.

Sería interesante que las autoridades mostraran el sustento pericial del análisis.

“Existe la necesidad de que el Gobierno del Estado pueda asumir plenamente las facultades en materia de transporte y desarrollar nuevos proyectos de movilidad”, manifiesta el regidor. Aunque hay que subrayar que durante cinco años el Gobierno del Estado no hizo nada por promover el traslado del SITT al IMOS; al contrario, lo bloqueó.

A tan corta distancia del próximo proceso electoral no es fácil que el IMOS pueda conciliar los grandes intereses económicos entre transportistas como para echar a andar el proyecto. Sin olvidar que Víctor Sevilla y Ramón Torres tienen invadida la ruta troncal.

“El Cabildo acuerda instruir al Presidente Municipal, al Secretario de Gobierno y a la Tesorería para iniciar conversaciones con la empresa demandante y buscar un posible convenio”, apunta el regidor Aguirre.

Pero la realidad es que en septiembre de 2026 el presidente municipal fue quien presentó al cabildo un punto de acuerdo para convenir con SITSA y pagar lo que reclaman en juicios, en vez de iniciar conversaciones con la empresa demandante y buscar una solución.

El acuerdo contempla la posibilidad de negociar hasta un máximo del 50 por ciento del monto reclamado y sus conceptos accesorios, sujeto a las condiciones que finalmente se establezcan en las negociaciones. El plazo señalado en el acuerdo es de hasta 120 meses.

Arturo Aguirre se excusó de participar en la discusión, análisis y votación relacionada con este asunto, señalando un posible conflicto de interés, debido a que Autotransportes Calfia conserva aproximadamente 7 por ciento de participación en el SITT por obligaciones financieras pendientes.

Se plantea que la participación histórica de Arturo Aguirre en el sector transporte y su relación previa con Calfia son hechos públicos, por lo que decidió apartarse del proceso para evitar intervenir directamente en una decisión que pudiera involucrar a una empresa con la que mantiene ese vínculo.

El planteamiento expuesto es que la situación jurídica del SITT pueda resolverse para permitir que el Gobierno del Estado asuma plenamente el sistema de transporte. Esto permitiría avanzar hacia nuevos proyectos de movilidad y hacia una estrategia integral en la que participen autoridades y transportistas.

La idea central es recuperar una visión metropolitana del transporte público y atender de manera estructural el problema de movilidad de Tijuana. Como referencia de lo que pudo haber representado el sistema, se plantea que, de haber funcionado conforme a su objetivo original, podría haber alcanzado una movilidad cercana a medio millón de pasajeros, reduciendo parte de la presión actual sobre el tráfico de la ciudad.

La fuente comenta que lo que olvida comentar el regidor Aguirre es que se vería beneficiado con la indemnización; que Alonso López, su amigo y socio, ha sido tres veces director general del SITT (con Carlos Bustamante, con Jorge Aztiazarán y con Arturo González Cruz) y por tanto, durante 9 años ha sido la persona que mayor responsabilidad y oportunidad ha tenido para lograr que el sistema de transporte funcione.

Que Alonso López otorgó contratos para rutas alimentadoras a Víctor Sevilla, con lo que provocó ka fractura del sistema; López también ordenó desmantelar en 2019 el sistema de recaudo del SITT, que es la columna vertebral del funcionamiento BTR del SITT.

El regidor no explica en qué estado se encuentra la carpeta de investigación en la FGE por fraude procesal en contra de SITSA, y como vino hoy, la fiscal tampoco sabe.

La Circular 01/2026 y la fragmentación del Poder Judicial de Baja California

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La reforma que introdujo el voto popular para elegir jueces y magistrados en Baja California nació con una promesa poderosa: acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, esa cercanía nunca se construyó. La reforma no modificó la estructura judicial, no fortaleció la independencia interna, no incorporó criterios internacionales sobre independencia judicial y no creó mecanismos de participación ciudadana. La narrativa de “justicia cercana al pueblo” terminó siendo eso: narrativa.

La Circular 01/2026, emitida por el Consejo de Administración del Poder Judicial, es la evidencia más reciente de esa crisis. La medida exige autorización previa para que jueces y magistrados participen en actividades académicas o gremiales relacionadas con su función. En apariencia, es una regulación administrativa. En realidad, revela un sistema que intenta controlar la exposición pública de quienes deberían tener autonomía para dialogar con la sociedad.

El voto popular no generó legitimidad judicial. Generó legitimidad electoral. En algunos casos, jueces y magistrados obtuvieron miles de votos sin que la ciudadanía conociera quienes eran, cuál era su trayectoria, su patrimonio o su visión de justicia. La legitimidad numérica y política sustituyó a la legitimidad social. La ciudadanía no eligió perfiles; eligió siglas. Y los partidos, fragmentados y en disputa interna, trasladaron esa fragmentación al Poder Judicial.

Las candidaturas comunes —cuestionadas por su diseño y por su legalidad— funcionaron como un mecanismo para distribuir posiciones entre grupos internos. Los jueces electos no representan a la ciudadanía; representan a quienes los impulsaron en esas listas. Cuando un partido se fragmenta, sus operadores judiciales también se fragmentan. El Poder Judicial de Baja California hoy refleja esa división.

La politización interna es evidente. Algunos colegios de abogados, facultades de Derecho y universidades han prestado sus espacios para actos políticos o electorales, profundizando la confusión entre justicia, academia y militancia. En ese contexto, la Circular 01/2026 opera como un mecanismo de contención: si no se puede ordenar la fragmentación interna, se limita la voz pública. No fortalece la independencia; la administra. No acerca la justicia a la ciudadanía; la aleja.

La cercanía con la ciudadanía no se construye con discursos ni con eventos. Se construye con integridad verificable. ¿Cuántos jueces han sido investigados por el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Cuántos informes de evolución patrimonial se han publicado? ¿Qué controles existen sobre el estilo de vida de jueces y magistrados? Sin respuestas claras, cualquier narrativa de cercanía se vuelve vacía. La confianza pública no depende de la presencia en foros, sino de instituciones capaces de responder a la población que pide acceso a la justicia.

La responsabilidad de construir cercanía no recae solo en los jueces. También exige un gremio que actúe con responsabilidad, facultades y universidades que no presten sus espacios a actos políticos y un sistema disciplinario que funcione. Y exige, sobre todo, que el Congreso y el Ejecutivo local —que promovieron, validaron y celebraron la reforma— vigilen y hagan cumplir la cercanía que prometieron. Máxime cuando de esos mismos espacios políticos surgieron los grupos que gestionaron a sus prospectos judiciales.

Mientras el sistema discute circulares y controles internos, el justiciable sigue enfrentando un Poder Judicial donde la cercanía es discurso y la incertidumbre es práctica cotidiana. Si la cercanía con el pueblo solo se invoca en campañas y se olvida en la gestión, no es principio: es estrategia.

El contexto se vuelve más delicado porque Baja California entra en una nueva etapa electoral. En sistemas judiciales politizados, los ciclos electorales no generan estabilidad; generan tensión. No porque gane o pierda alguien, sino porque se reacomodan grupos, se renegocian lealtades y se redefinen controles internos. La justicia local corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se disputen influencias políticas más que criterios jurídicos.

Los criterios internacionales sobre independencia judicial establecen que los jueces pueden participar en actividades académicas siempre que no comprometan casos específicos. La Circular 01/2026, si se aplica como restricción general, podría limitar esa función pedagógica que es esencial para construir confianza pública.

La transparencia patrimonial, las auditorías éticas y los mecanismos de vigilancia ciudadana son herramientas que fortalecen la justicia. Las restricciones administrativas no lo hacen. Baja California necesita una justicia que dialogue con la sociedad, no una justicia que pida permiso para hacerlo. Necesita jueces independientes, no jueces politizados. Necesita instituciones fuertes, no estructuras que reaccionan con silencio ante la presión política.

La circular es un síntoma, no la solución. La ruta correcta es reconstruir la independencia judicial desde dentro, con integridad, transparencia y participación ciudadana. La justicia no se defiende callando voces. Se defiende con instituciones capaces de sostenerse frente a cualquier ciclo electoral y frente a cualquier grupo político. La independencia judicial es un valor que se construye, no un permiso que se solicita.

• El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte es un abogado cercano y aliado político de Francisco Pérez Tejada Padilla, mejor conocido como “Panchito”. Durante el XX Ayuntamiento de Mexicali, cuando era presidente municipal, ese Martín del Campo Quirarte era su tesorero municipal.

Debido a las decisiones financieras tomadas de forma conjunta durante ese trienio, ambos compartieron un largo historial judicial. En 2014, el Sindicato de Burócratas interpuso demandas penales en su contra, lo que llevó a que en noviembre de 2016 tanto el exalcalde Pérez Tejada como el extesorero Martín del Campo fueran vinculados a proceso penal de manera conjunta como presuntos coautores del delito de Abuso de Autoridad por el desvío de más de 440 millones de pesos en cuotas destinadas al ISSSTECALI.

Enfrentaron todo este proceso legal como coacusados y compartieron la misma estrategia de defensa jurídica. Ramón Martín del Campo Quirarte es parte de los cercanos a Panchito, y quien firma el contrato del programa de cobranza de cartera vencida para el Ayuntamiento de Mexicali, AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-14-25.

El contrato fue una adjudicación directa y no una licitación. El Comité de Adquisiciones avaló este procedimiento recurriendo a las excepciones de la ley estatal argumentando la contratación de servicios profesionales especializados. Al tratarse de un esquema de consultoría legal, peritaje fiscal y cobranza bajo “honorarios por éxito” (comisión del 30% del monto efectivamente recuperado), el Ayuntamiento justificó que la capacidad técnica, la experiencia en litigio y la estructura del despacho eran las óptimas, obviando así la necesidad de convocar a un concurso o licitación pública abierta de proveedores.

Esa es la explicación oficial, pero la verdad es que Panchito no tiene llenadera. No le bastó con rentar el Cine Lux al menos durante un año sin que le movieran nada al inmueble abandonado. Luego hizo que el Ayuntamiento le pagara las remodelaciones por más de 15 millones de pesos, y que el contrato se extendiera por 20 años. También quiere meter mano en otros contratos que ni siquiera licitaron -al menos ese procedimiento le hubiera dado un toque de legitimidad-, para asegurar la mejor oferta.

Sabiendo cómo se maneja Norma Bustamante, Panchito Pérez Tejada, Claudia Beltrán y Marina del Pilar, si camina como pato, hace como pato y parece pato, pues es un pato.

El contrato fue por 10 millones de pesos a partir del 26 de junio de 2025 hasta el último día de ese mismo año, a cargo del despacho jurídico Rodríguez, Martín del Campo y Asociados. Votaron a favor la representante de la oficial mayor; el tesorero, Roger Sosa; Alfredo Wong, presidente de la Comisión de Administración; y César Castro, presidente de la Comisión de Hacienda. Con voz pero sin voto, también respaldaron la propuesta el secretario técnico, que no firmó el documento, y la sindicatura municipal, representada por Maricela López Ocampos.

También en ese año, se le dio una adjudicación directa a Skath Benjamín García Núñez, por “Servicio de tratamiento químico de agua helada para chiller del Gobierno Municipal de Mexicali”, por casi 750 mil pesos.

Y no se diga a las empresas de “consultoría” del jefe de la hija de la alcaldesa, Lumina profesionales en Consultoría, por 10 millones 440 mil pesos por “asesoría y acompañamiento para el diseño, gestión y ejecución de los proyectos estratégicos y compromisos prioritarios del XXV Ayuntamiento”. Solo hay que ponerle un nombre rimbombante y listo, jamás sabremos si efectivamente hicieron algo, ni Lumina ni los Martín del Campo con la recaudación del predial.

También hay un contrato muy curioso con Maleny Arvizu Limón, una adjudicación directa para la adecuación de espacios de la sala de juntas de la presidencia municipal, por 754 mil pesos, recursos federales por cierto.

Encontramos que se le dio un contrato por difusión en el 2022, por la legislatura pasada, por spots de radio y televisión. La vigencia eran los últimos tres meses de ese año, por lo cual le pagaron 852 mil 600 pesos. El contrato carece de firmas, por cierto.

Buscando quién es, no encontramos mucha información, pero de que es multifacética lo es, pues igual cobra por difusión institucional que por la rehabilitación de espacios de trabajo, como el que firmó para adecuar la sala del personal de la coordinación de control patrimonial de la Oficialía Mayor, por 1 millón 279 mil pesos, en julio del año pasado.