María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvieron a cinco agentes de la policía municipal de Tecate por presuntamente colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

En la conferencia mañanera, la fiscal dijo que -como pasó hace un año en Ensenada-, en Tecate han detectado esta colaboración de agentes del orden con el crimen organizado.

Tras un operativo realizado por varias corporaciones y la detención de 5 presuntos sicarios que han participado en delitos de alto impacto en aquel municipio, empezó a surgir información que ha derivado en cateos, y han advertido intervención de agentes de la policía municipal en hechos que constituyen asociación delictuosa y otros delitos, informó.

Esos agentes le avisaban a la delincuencia organizada dónde y cuándo iban a ser los operativos y quien participaba, dijo. “Eso es terrible, porque imagínense: llegábamos a los domicilios y encontrábamos a veces drogas y armas, pero no encontrábamos a los delincuentes”, agregó Andrade Ramírez.

A los cinco agentes detenidos los investigarán también por el homicidio del agente estatal de investigación que fue ultimado en Tecate, precisó la fiscal. En lo que va de la presente administración, la FGE ha detenido a más de 20 agentes municipales por colaborar con el crimen organizado.

Marlene Castro Rosas, madre de Karla Paola Avilés Castro, desaparecida el 14 de diciembre de 2021, acudió hoy al predio de Pro Natura, en el poblado Miguel Alemán donde se han encontrado 22 fosas con 44 víctimas, acompañada del equipo interdisciplinario de búsqueda de la Policía Municipal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, K9 de la Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigación y personal de la Comisión Local de Búsqueda.

Dijo sobre ese cementerio clandestino que es un horror y que se opone a entregar ese predio porque seguramente hay muchas víctimas más. “Fiscalía no quiere hacer su trabajo; no quieren hacer sus investigaciones; no quieren que se sepa… aquí no hay culpables ¿quién los enterró?, ¿quién los trajo?, y sí hay pero no hay hecho una investigación”, declaró.

Castro Rosas manifestó que hay dudas sobre la identificación y entrega de los cuerpos, y pidió investigar a los dueños y encargados para saber qué sucedió ahí y por qué. Se manifestó en contra de entregar el predio en el corto plazo, pues aseguró que ahí más personas enterradas.

“Aunque digan que ya no hay cuerpos, yo si voy a seguir buscando hasta encontrarlos… hemos dado segundas vueltas y ahí salen”, insistió.

Lizbeth Mata Lozano, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, calificó el audio filtrado como la “antesala de una investigación formal” por parte de Estados Unidos. El presidente del CCE, Octavio Sandoval, opinó que este audio y la respuesta de la mandataria, la coloca en medio de una crisis de credibilidad.

Según las declaraciones de Mata Lozano, el material evidencia posibles delitos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, lo que representa un grave problema para el estado.

Señaló que la gobernadora ha mentido desde el momento en que le fue revocada la visa a ella y a su esposo, al calificar el hecho como un “trámite administrativo”.

 La líder panista destacó que, en la conversación filtrada, la mandataria estatal reconoce haber contratado a un abogado especializado en casos de lavado de dinero y crimen organizado en Miami, uno de los más reconocidos en ese ámbito, quien cobra de 250 a 500 mil dólares por aceptar un caso, según información pública sobre este abogado de clientes acusados de delitos de cuello blanco, agregó.

La dirigente del PAN exigió públicamente a la gobernadora informar desde cuándo contrató a este abogado, de dónde provienen los recursos para pagarle y si se han utilizado fondos públicos o del erario estatal. “Esta información es una exigencia puntual”, afirmó, al tiempo que cuestionó el cinismo y la falta de congruencia de la mandataria.

Mata Lozano advirtió que, de avanzar la investigación estadounidense, se generaría una “crisis de estado” que podría derivar en la solicitud de licencia a la gobernadora, un juicio político desde el Senado, la Cámara de Diputados y exigencias a nivel local. Indicó que el PAN se prepara jurídicamente para los pasos siguientes, pero prioriza la exigencia de transparencia sobre el uso de recursos públicos.

Políticamente, la líder panista observó que el audio se filtró un día después de la visita de la presidenta de la República a Baja California, lo que genera suspicacias.

Por su parte, Octavio Sandoval, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, declaró que la mandataria está obligada a explicar el objetivo de la llamada.

Lo anterior porque es un asunto público y no personal, por el carácter de primera autoridad del estado, y sobre todo por los antecedentes de su situación de la visa y de notas periodísticas que son del dominio público.

El líder empresarial opinó que con este audio, Avila Olmeda enfrenta falta de credibilidad, pues hay inconsistencias en lo que dice el audio filtrado y su respuesta oficial.