Las dos principales ciudades de Baja California han registrado un deterioro en su competitividad durante los últimos ocho años. De acuerdo con Octavio Sandoval, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, esto se debe a varios factores.

Mientras Mexicali ha logrado mantenerse en la parte media de la clasificación nacional, Tijuana ha experimentado una caída sostenida que la coloca entre las ciudades menos competitivas del país dentro del grupo de zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Los resultados más recientes del ICU 2026 ubican a Mexicali en la posición 13 y a Tijuana en el lugar 20 de 21 ciudades de su categoría, ambas con un descenso de un sitio respecto a la edición anterior. Aunque las dos ciudades retrocedieron, la diferencia entre ambas es significativa: Mexicali permanece en el grupo intermedio, mientras Tijuana se encuentra prácticamente al final de la clasificación nacional.

La evolución desde 2018 muestra una tendencia dispar. En las primeras ediciones del índice, ambas ciudades ocupaban posiciones intermedias entre las grandes zonas metropolitanas. Sin embargo, Tijuana comenzó a perder competitividad de manera gradual, acentuándose el descenso entre 2022 y 2026, ya con los gobiernos de Morena. En contraste, Mexicali ha registrado variaciones menores, conservando una posición relativamente estable pese a un ligero deterioro reciente.

Sandoval comentó que los motivos del descenso de lugares en competitividad de las dos ciudades bajacalifornianas, son en primer lugar, que la entidad está entre los 5 estados que reportan la mayor inseguridad en el país, según los datos emitidos por el propio sistema nacional de seguridad emitidos este mes.

Luego está la falta de energía eléctrica en la parte de transformación para todos los sectores económicos, particularmente para la industria, declaró. Otro factor son los altos costos de mano de obra por aumentar los salarios sin el acompañamiento de estímulos a los sectores económicos formales; las largas filas para acceder a México por las garitas mexicanas, y finalmente, la falta de movilidad en los sistemas de transporte público y su alto costo, agregó.

El líder empresarial señaló que Baja California estaba en el grupo de los primeros 5 lugares hace 15 años y pasó al lugar 16 nacional, pero además se apostó a la ubicación geográfica del estado en relación con California y los estados del corredor del bajío se comunicaron con Texas y por vía ferroviaria, aunado a que hay disposición de mano de obra 30 por ciento más barata que en la zona fronteriza.

El IMCO, por su parte, atribuye el rezago de Tijuana principalmente a indicadores relacionados con el Estado de derecho, seguridad pública, salud, infraestructura urbana y medio ambiente. La alta incidencia de homicidios, el robo de vehículos, la falta de infraestructura urbana, la percepción de corrupción y el desempeño gubernamental, las deficiencias en servicios urbanos y la debilidad del estado de derecho, reducen la capacidad de la ciudad para atraer y retener inversión y talento, factores centrales del índice.

Varios de esos factores son competencia de los gobiernos estatal y municipales, pero otros dependen del gobierno federal, del sector privado y de tendencias económicas nacionales e internacionales.

En el caso de Mexicali, aunque también enfrenta desafíos en materia de infraestructura, innovación y servicios públicos, el IMCO apunta a que presenta un desempeño más equilibrado en aspectos como gobernanza, condiciones económicas y entorno institucional, lo que le ha permitido conservar una mejor posición relativa dentro del ranking nacional.

Tras el registro de aspirantes a la gubernatura de Baja California, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdez, reiteró que la postura es participar sin alianzas en el próximo proceso electoral, “Queremos ir solos, creemos que nos va mejor solos”, afirmó.

Señaló que han existido acercamientos y propuestas desde distintos sectores para explorar posibles coaliciones, aunque aseguró que no las ha aceptado.

El exgobernador reconoció que la decisión final corresponderá a la dirigencia nacional del partido, pero expresó su confianza en que se respaldará la postura que impulse la dirigencia estatal.

Bonilla argumentó que las alianzas suelen generar conflictos al compartir proyectos con candidatos que no necesariamente representan los mismos intereses políticos.

En ese sentido, cuestionó la presunta intervención de la gobernadora Marina del Pilar Avila en el proceso interno relacionado con la aspirante Julieta Ramírez.

Mencionó que no tiene diferencias personales con la senadora en licencia, pero señaló que su principal cuestionamiento radica en la relación política que mantiene con la mandataria estatal y que no ha demostrado ser independiente.

Para concluir, Bonilla expresó que personalmente no ha visto acercamiento de los demás aspirantes o “suspirantes” con la gobernadora, dejando en claro que el apoyo y la apuesta es hacia Julieta.

El 13 de noviembre del año pasado, a las 11:45 de la mañana, hubo un accidente que involucró a dos trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).

Se trasladaban en un camión sewer, adquirido mediante licitación federal en agosto de 2025, a un costo de 19.6 millones de pesos, cuando según testigos, un troque invade el carril, y el piloto da un volantazo para esquivarlo, lo que hace que la unidad sufra una volcadura.

Tras todos estos meses, la viuda no ha podido arreglar el tema de la indemnización por accidente de trabajo, como marca la ley, porque la CESPM solo le sacó seguro al vehículo por una semana, para poder ponerle placas.

Al conductor lo llevan al hospital en calidad de detenido, quien era amigo del fallecido, y por esa razón, la viuda pide no presenten cargos contra él.

El trabajador que perdió la vida era quien regularmente conducía la unidad; recorría el valle de Mexicali y San Felipe, sin saber que la paraestatal lo desprotegió al no cumplir con la obligación de pagar el seguro.

Al parecer, el dictamen del accidente respecto al vehículo está como “pérdida total”. Pero la CESPM no puede permitir que la unidad sea dada de baja porque tendría que explicar por qué no tenía seguro.

Cuando un trabajador fallece, los empleados de la paraestatal hacen una colecta para ayudar a la familia con los gastos inmediatos, porque los empleados son muy unidos y solidarios entre ellos. A la viuda le dijeron que la CESPM correría con los gastos funerarios, sin embargo, cuando le depositaron el dinero de la colecta, el subdirector administrativo, Víctor Manuel Picos, le pidió que le regresara en efectivo el costo de los gastos funerarios.

Hay una póliza de seguro, de la empresa Seguros HDI, que ampara a la unidad Torton International HV 2025 -la involucrada en el accidente-, del 31 de enero del 2026 al 31 de enero de 2027; número de serie 3HAFWAHT2SL028378, por 26 mil 798.55 pesos.

Al consultar las placas en el sistema estatal de refrendo de tarjetas de circulación, la información que arroja es “el vehículo ya refrendó este año”.

Esto quiere decir que la paraestatal reparó la unidad o simuló que está en circulación, para que la federación no se entere que incumplió con el requisito del seguro y/o para no cumplir con la obligación financiera con la familia del trabajador fallecido.

En los documentos de la CESPM indica que quien perdió la vida tenía un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, cuando su horario era de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Muchos trabajadores de la CESPM están en esta situación; trabajan más horas de las que indican los documentos oficiales, sin la remuneración correspondiente.

 Si las autoridades investigaran, se daría cuenta de esto revisando el checador de la paraestatal. Esto significa que el organismo del agua que dirige Armando Carrasco, comete robo de salarios y fraude laboral.

Aunque sí han entregado recursos de un fideicomiso a los hijos de la víctima, la liquidación y un mes de pensión a través de Issstecali, el proceso no puede avanzar hasta que no resuelva el tribunal laboral del Poder Judicial; y este trámite no avanza porque, aunque el expediente dice “pérdida total”, el organismo trata de ocultar la falta de seguro.

También está pendiente una indemnización de 5 mil días de salario, por fallecimiento del trabajador a causa de un riesgo de trabajo.

No son pocos los empleados de CESPM que están enterados de estos detalles, y quieren hacer pública esta injusticia.

Además, dan otros datos sobre los malos manejos de Carrasco y su círculo de funcionarios favorecidos con dotación de unidades nuevas y gasolina sin límite, sin olvidar teléfonos de última generación y su costo de servicio.

Pero además hay otras cosas, como que el “food truck” quemado, que era propiedad de dos de sus cercanos: César Alonso y la jefa de planeación; o que el director está detrás de la empresa ganadora de la licitación de uniformes; o que una consentida de Carrasco es quien ganó para hacer el cambio de medidores, pero son los propios trabajadores de la paraestatal quienes llevan a cabo este trabajo (como sucedió con la instalación de reductores); y que el recaudador de la zona 1, Ramón Esteban Inzunza Gallegos no se presenta a trabajar y además, como trascendió en redes sociales, acudió a México al registro de Julieta Ramírez.