El presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., José Antonio Serratos García, consideró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debería enfrentar el proceso penal que tiene en su contra desde su domicilio y no privado de la libertad, al sostener que existen criterios nacionales e internacionales que respaldan esa posibilidad.

Serratos García señaló que la jueza Alejandra Rodríguez, a quien identificó como la responsable del caso de Ruffo Appel, recientemente permitió que Lino Rodríguez, a quien calificó como militante de Morena y quien enfrentaba un proceso por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada, continuara su procedimiento en libertad desde su domicilio.

En contraste, afirmó que Ruffo Appel permanece privado de la libertad pese a ser un adulto mayor de más de 70 años de edad, situación que, dijo, resulta incongruente con el criterio aplicado en otros casos.

El dirigente de Unidos por Tijuana sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y ordenó al Estado mexicano adecuar su marco constitucional para eliminar esa figura, al considerar que una persona no debe permanecer privada de la libertad mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Afirmó que dicha resolución es obligatoria para México; sin embargo, acusó que el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no han cumplido con la obligación de reformar la Constitución para armonizarla con ese criterio internacional.

Bajo ese contexto, Serratos García argumentó que la jueza que conoce el caso de Ernesto Ruffo Appel está obligada a aplicar los criterios emitidos por la Corte Interamericana y respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que consideró que el exmandatario estatal debería continuar su proceso en prisión domiciliaria.

“Es a todas luces una situación violatoria e indigna, una violación inminente a los derechos humanos. Aquí lo importante es que juzgue la comunidad”, expresó.

La detención de Pedro Ariel Mendivil, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, por parte de autoridades federales confirma la decadencia a la que fueron llevadas las corporaciones policiacas durante la política de “abrazos y no balazos” y es prueba de lo que señaló la oposición durante meses: la estrategia del gobierno en materia de seguridad sufre daños profundos y no tiene rumbo, opinó el diputado panista Diego Echevarría.

La detención ocurrida esta mañana no surge de la nada ni se trata de un hecho aislado, dijo. “Es el resultado de la complacencia institucional que ha dejado a las familias mexicalenses desprotegidas y a merced de la delincuencia. Durante meses existieron señalamientos públicos, investigaciones periodísticas e información que apuntaba a presuntos vínculos del también exfiscal regional de Mexicali, con la delincuencia organizada, incluso con referencias a indagatorias y acciones de autoridades de Estados Unidos”, agregó.

Más allá de la detención de una persona, queda de manifiesto que la infiltración del crimen organizado en las instituciones sigue siendo una amenaza real y que la impunidad ha permitido que quienes debían proteger a la ciudadanía, como responsables y cabezas de la seguridad pública, terminen bajo sospecha y tras las rejas, manifestó el legislador.

Las autoridades competentes deberán realizar una investigación impecable, seria, transparente y profunda sobre este caso, expresó. “Mexicali merece una explicación clara, sin simulaciones, que deslinde responsabilidades y permita conocer si existieron redes de protección, complicidades o encubrimientos, caiga quien caiga. Solo así podrá empezar a reconstruirse la confianza de la ciudadanía”, precisó.

La diputada federal del PAN, Eva María Vásquez Hernández, señaló que la detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, pone de relieve no solo el historial de este funcionario, sino también la opacidad que rodea la investigación formal en la que fue denunciado junto con Carlos Torres Torres.

La legisladora recordó que ambos enfrentaron denuncias por presuntos cobros ilícitos y posibles vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, hasta la fecha la ciudadanía desconoce el estado y el avance de esa indagatoria. Esta falta de información, afirmó, alimenta la percepción de que en Baja California existen expedientes que dejan de avanzar cuando los señalamientos involucran a personas cercanas al poder.

Vásquez Hernández subrayó que las alertas sobre la actuación de Mendívil García existían desde hacía años y que, pese a ello, se le mantuvo en un cargo de alta responsabilidad, lo que es un ejemplo concreto del deterioro de la confianza en las instituciones de seguridad del estado.

Asimismo, consideró preocupante que, previo a su detención, Mendívil difundiera un video anunciando su captura, negando resistencia y responsabilizando a la fiscal general del Estado de cualquier eventualidad.

“La detención de un exjefe policiaco con este historial no puede analizarse de manera aislada. Se suma a una serie de acontecimientos que han deteriorado gravemente la confianza ciudadana en las instituciones de Baja California, en un contexto donde cada nuevo episodio y audio filtrado de la gobernadora, profundiza el enojo ciudadano y sustenta las dudas sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la conducción del gobierno. Los bajacalifornianos merecen saber toda la verdad”, concluyó.