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Estatal

Cuenta pública de Benitez: sobreprecios, omisiones y retenciones causan su no aprobación

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ACTUALIZACIÓN

Reprueban diputados en sesión extraordinaria, la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Tecate del periodo 2023 a cargo de Darío Benítez.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó el Dictamen Número 173, mediante el cual resolvió no aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Tecate correspondiente al ejercicio fiscal 2023, periodo en el que se desempeñó como Presidente Municipal Edgar Darío Benítez Ruiz. Esa y otras cuentas se verán hoy en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado.

El informe formulado por la Auditoría Superior del Estado expuso una severa desarticulación en los controles financieros e institucionales del municipio, destacando un déficit presupuestal de 61.9 millones de pesos, la omisión en el entero de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el impago de cuotas a ISSSTECALI, la adjudicación ilegal de contratos y sobreprecios que alcanzaron hasta un 226 por ciento en obra pública. 

De los 75 procedimientos de revisión ejecutados por el órgano fiscalizador, se emitieron inicialmente 55 observaciones. Tras el proceso de aclaración, subsistieron 38 observaciones graves y 27 faltas recurrentes, las cuales derivaron en 22 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra funcionarios públicos, 2 notificaciones al SAT para el ejercicio de facultades de comprobación fiscal y 14 recomendaciones directas para la reestructuración del control interno municipal. 

En el plano presupuestario, el municipio incurrió en una abierta violación a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado al recaudar 850.5 millones de pesos pero registrar egresos devengados por 912.4 millones de pesos, lo que generó un desahorro operativo directo de 61.9 millones de pesos.

A la par de este desequilibrio, el Ayuntamiento retuvo cuotas salariales e impuestos a sus trabajadores sin entregarlos a las autoridades correspondientes; solo durante 2023 se omitió el entero de 4.1 millones de pesos al SAT, elevando el pasivo histórico acumulado por impuestos no enterados a 182.1 millones de pesos.

En materia de seguridad social, se retuvieron 6.2 millones de pesos a los trabajadores de base que no llegaron a ISSSTECALI, acumulando una deuda histórica total de 439.5 millones de pesos con dicho instituto al cierre del ejercicio. 

La revisión a la obra pública expuso contrataciones opacas y costos inflados. En el contrato asignado para el suministro de lámina galvanizada, el municipio pagó un sobreprecio del 226 por ciento respecto a los valores reales de mercado, lo que representó un quebranto directo de 2.4 millones de pesos.

Una situación similar ocurrió en la rehabilitación del Parque Los Encinos, adjudicada de manera directa bajo una falsa premisa de emergencia donde se cobró precio de acero inoxidable tras instalar acero común, generando un sobrecosto adicional.

Asimismo, pavimentaciones en las calles José María Morelos y Cedros por montos superiores a los 4 millones de pesos cada una fueron adjudicadas omitiendo las licitaciones públicas requeridas por la ley. 

Las irregularidades se extendieron a la Oficialía Mayor y a las áreas operativas de la administración. El municipio asignó de manera directa 47.3 millones de pesos para el suministro de combustible a una sola empresa sin formalizar un contrato legal ni pasar por el Comité de Compras, además de erogar 7.4 millones de pesos en servicios de arrendamiento, publicidad y eventos que carecen de evidencia física que compruebe su realización.

En el ámbito patrimonial, se detectó una discrepancia no aclarada de 47.1 millones de pesos entre el saldo contable y el inventario físico de bienes muebles, además de la falta de cobro coactivo a una cartera vencida de impuesto predial que asciende a 78.9 millones de pesos. 

El Resolutivo Único emitido por la legislatura ratifica la no aprobación de las cuentas municipales y precisa que este veto parlamentario no suspende ni exonera las responsabilidades administrativas o denuncias penales que la Auditoría Superior del Estado decida emprender contra los funcionarios involucrados en la gestión 2023.

Estatal

Sin fecha todavía sobre decreto del IVA en zona fronteriza

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El presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto García Manjarrez, respondió que el diputado federal Armando Samaniego les ha dicho que “ve muy viable” que se de el decreto del IVA preferencial al 8 por ciento para la zona fronteriza en 2027, que el legislador dio como un hecho esta semana.

García Manjarrez explicó que han sostenido interacciones sobre el tema con el diputado Gilberto Herrera y con el senador Loera, quien preside los asuntos fronterizos en el Senado. También dijo que Samaniego se reunió con ellos hace un par de semanas, donde le expusieron la situación.

El dirigente empresarial subrayó que Coparmex sacó el tema hace varias semanas precisamente porque “no podemos estar con mayores elementos de incertidumbre”, pues el ánimo para invertir ya está golpeado por la incertidumbre económica y que desconocer cuándo se concretará la extensión frena la actividad de aquí al fin del año.

Recordó que la última extensión se dio justo el 30 o 31 de diciembre e insistió que se trata de eliminar al máximo posible la incertidumbre.

“Necesitamos un cuándo más preciso. Entiendo que no depende de una sola persona, pero si todos estamos enfocados a que esto, esta primera extensión del decreto, un decreto nuevo, quede de manera inmediata, nos da tranquilidad y se pueda trabajar en que cambien la ley de ingresos y la ley”, expresó García Manjarrez.

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Estatal

Levantan bloqueo transportistas en garita Mexicali

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Después de cuatro días de bloqueo en la garita comercial Mexicali-Calexico, transportistas de carga acordaron retirar sus unidades tras establecer con el Gobierno de Baja California una mesa permanente de diálogo para atender la cancelación de visas estadounidenses y las diferencias en torno a las actividades que pueden realizar los operadores mexicanos en territorio estadounidense.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre representantes del sector y el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, quien se comprometió a dar seguimiento a los casos y gestionar su atención ante las autoridades correspondientes.

Como parte de los acuerdos, se instalará una mesa permanente en la que participarán autoridades estatales y representantes de las secretarías de Gobernación y de Economía, con el propósito de revisar los procedimientos mediante los cuales fueron canceladas las visas de los transportistas y buscar mecanismos de atención conjunta con las autoridades de Estados Unidos.

El conflicto comenzó el pasado jueves, cuando alrededor de 300 operadores bloquearon los accesos a la garita comercial de Mexicali en protesta por el retiro de visas B1 a transportistas mexicanos. Los inconformes señalaron que tan sólo el 2 de septiembre fueron retiradas las visas a 17 choferes en Mexicali.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la interpretación que autoridades estadounidenses hacen del llamado cabotaje, es decir, el traslado de mercancías entre puntos dentro de Estados Unidos que no corresponde al transporte internacional autorizado para operadores extranjeros.

Los transportistas han reclamado que durante las revisiones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se les cuestionan actividades realizadas durante sus recorridos y, en algunos casos, se les retiran sus visas. El gremio sostiene que existe incertidumbre sobre las reglas que deben cumplir una vez que ingresan a territorio estadounidense.

La protesta se extendió posteriormente al cruce comercial de San Luis Río Colorado, Sonora, mientras los operadores exigían reglas claras y una revisión de los casos individuales.

Durante las movilizaciones, representantes del Consulado de México en Calexico también acudieron a la zona para recopilar los testimonios y documentación de los transportistas afectados, con el objetivo de remitir los casos a la Cancillería y darles seguimiento ante autoridades estadounidenses.

El levantamiento del bloqueo no significa el cierre del conflicto. Los transportistas establecieron que esperan avances concretos en la revisión de las visas revocadas y en la definición de las reglas relacionadas con el cabotaje. En caso de no obtener resultados dentro del plazo acordado, advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y ampliar las protestas a otros cruces fronterizos de la región.

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Ensenada

Sostiene Gobierno reunión con ejidatarios de Punta Colonet sobre megapuerto

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La Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Economía e Innovación, sostuvo un encuentro prioritario con presidentes ejidales y líderes de Punta Colonet para presentar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario en esa zona, a desarrollarse entre el 2026 y el 2031.

El subsecretario general de gobierno, Federico López Lugo, reafirmó el compromiso estatal de integrar a las comunidades y núcleos ejidales de la zona de influencia como actores principales en la planeación. Destacó que el desarrollo de esta gran obra de infraestructura está orientado a traducirse en bienestar social, certidumbre jurídica y beneficios
compartidos para las familias del lugar.

Durante la reunión, encabezada de manera conjunta con el secretario de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Honold Morales, se dialogó sobre los avances del proyecto y los avances que se realizan para el reordenamiento de la región, brindando certeza jurídica al desarrollo próximo de la zona.

Asimismo, se acordaron ejes de trabajo conjuntos enfocados en el fortalecimiento del crecimiento económico local. Entre estos destacan el diálogo permanente con el sector agrario, la generación de empleo y oportunidades para los habitantes de la zona, y un esquema de planeación integral entre dependencias estatales, especialistas y representaciones ejidales para asegurar un proyecto armónico con el entorno social y ambiental.

En el encuentro participaron la subsecretaria de Gobierno en Ensenada, Elizabeth Valdez Álvarez; el director general de la Administración Portuaria Integral de Baja California (API BC), Francisco González Zozaya; autoridades e integrantes de los ejidos de Punta Colonet, así como proyectistas de las empresas Architectums e ICA.

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