Los rumores dentro de la Secretaría de Salud se han intensificado las últimas semanas, en el sentido de que si Adrián Medina Amarillas se va a hacer campaña como aspirante a la diputación del primer distrito federal, el sustituto sería la peor opción posible. A la gobernadora le encanta pagar favores con cargos.

Ahí tenemos a su compadre Manuel Guerrero Luna, quien no destacó ni como líder de los burócratas ni como diputado local, pero como dice Marina del Pilar “amor con amor se paga”, ahí lo tenemos ahora metido en la Conagua viviendo del erario.

Por cierto que a Guerrero, quien anda como adolescente con las hormonas a tope y publicando cosas que dan pena ajena en las redes, le encanta andar pidiendo favores. Por ejemplo, que suelten a su pariente que agarraron en el alcoholímetro, y cositas como esa a altas horas de la madrugada.

Bueno, pero estábamos en la gran propuesta de la gober para sustituir a Medina Amarillas. ¿Quién sería la peor opción que podrían pensar? Otro a quien pagarle un favor: el mismísimo creador de los “Marinos de Marina”, Dagoberto Valdez.

Algunos de los problemas en los que se ha visto envuelto el exdirector de Issstecali, son:

1. Solicitud de juicio político (2024)

• La exdirigente sindical y exdiputada Victoria Bentley presentó una solicitud de juicio político en el Congreso de Baja California contra Valdés Juárez y el exdirector Odilar Moreno.
• Acusaciones principales contra Valdés: Recorte de 92 millones de pesos al presupuesto de salud en 2023. Se le critica por falta de conocimientos contables y por el deterioro del instituto.
• Esto se enmarca en protestas de trabajadores y jubilados por falta de transparencia, recortes en servicios, favoritismos y engrosamiento innecesario de la nómina.

2. Irregularidades en pagos y cuotas sindicales (2023)

• El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC) exigió su renuncia por errores en el cobro y desvío de cuotas sindicales de jubilados y pensionados (se reportó como “error de dedo” por la gobernadora, pero se repitió).
• Problemas con el fondo de defunción (no se entregaron recursos a beneficiarios en varios casos) y cobros a interinos sin darles acceso a servicios. Afectó a miles de docentes.

3. Controversia por cirugía a líder sindical (2022)

• Se le criticó por una operación de blefaroptosis (párpados) realizada en instalaciones de ISSSTECALI al entonces diputado y líder burocrático Manuel Guerrero Luna. Valdés defendió que fue por un problema de salud oftalmológico y que está dentro de los servicios disponibles.

4. Participación política y uso de recursos (2024)

• El PRI preparó denuncias penales contra funcionarios de ISSSTECALI, incluido Valdés, por presunta participación en eventos proselitistas de Morena (“Los Marinos de Marina” y “Los Marinos con Claudia”) usando instalaciones públicas y en horario laboral.

5. Contexto general de crisis en ISSSTECALI

• Valdés heredó y gestionó deudas millonarias (incluyendo adeudos fiscales con el SAT por cientos de millones, predios sin regularizar o invadidos, retiros de reservas técnicas y falta de pagos de municipios como Ensenada y Tecate).
• Auditorías pasadas (como la Cuenta Pública 2021) revelaron irregularidades en pagos de impuestos, contratos sin licitación y mal manejo de bienes, aunque muchas corresponden a administraciones previas.
• Compra de medicamentos caducos, clonados o robados, y protección a un acosador sexual, en cuyo proceso penal revictimizó a la afectada.

En otro tema, los bienes no localizados del Ayuntamiento de Mexicali apunta a un tema muy bien planchadito con los regidores. Estuvo bueno el reparto de plazas o de apoyos sociales. Dicen que son bienes robados o descartados por viejos, pero ¿por qué no aparecen los resguardos firmados por una persona responsable como debe ser? Eso es una irregularidad a todas luces, pero ¿qué van a decir los reyes de la opacidad? Si nunca nos iban a decir que estamos pagando la renta del Lux desde el 2024 para favorecer a Panchito Pérez Tejada, el benefactor de Marina del Pilar en sus campañas, pues menos nos van a explicar esto.

Beatriz Apodaca era la pareja de un tipo que empezó a producir contenido noticioso, bajo el nombre Chicali Town, hijo de Maribel Avilez, exoficial mayor de Jaime Diaz, aquel expresidente municipal que jubiló muy bien a su secretaria, con una categoría que ni existía.

El tipo en cuestión, Luis Humberto, quien critica a los periodistas pero se muere porque lo consideren como tal, dejó en la calle a su exmujer y su hija de dos años, según la denuncia en redes de Apodaca. Una caso más de candil de la calle, oscuridad de su casa.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.

La aprehensión del exgobernador Ernesto Ruffo Appel es la noticia de esta semana, tras la revelación de más audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, más sensibles cada uno que el anterior.

Desde el momento en que acepta la autenticidad de las pláticas grabadas, la mandataria ya no tiene mucho márgen de acción. Solo queda tratar de explicar que lo que dijo, sí lo dijo, pero no como lo entendemos todos, sino en su muy particular punto de vista.

La idea de culpar al exgobernador morenista Jaime Bonilla hasta el tercer audio, desarma esa versión y quedan en evidencia varias cosas: tiene pésimos asesores o toma pésimas decisiones; es extremadamente ingenua o extremadamente mitómana; la estrategia de irse contra Ruffo habla de la gravedad de sus asuntos y la urgencia de acallarlo con algo tan grande, tan mediático y tan mal medido, que sin duda ya está viendo que le salió contraproducente. Si hubieran agarrado al mismo tiempo a los funcionarios y exfuncionarios morenistas involucrados en casos de huachicol, a lo mejor se la creíamos, pero resulta que el ensenadense fue el único afectado tras supuestas investigaciones.

En otro tema, sigue la corrupción en los alcoholímetros de Tijuana. Ya lo habíamos publicado en noviembre de 2024, y sigue sucediendo ahora mismo: empleados del ayuntamiento de la coqueta ciudad, que forman parte en las detenciones, solicitan a los ciudadanos dinero para arreglar en lo económico su situación, por lo que no están ingresando al municipio esas cantidades.

El modus operandi es que les piden documentos, los citan cerca de los corralones con dinero en efectivo y documentos oficiales, para hacer un trámite no oficial. A ver si el nuevo presidente municipal, Abdiel Gutiérrez, hace algo, o veremos si Ismael Burgueño solo le encargó que cuidara el negocio.

Adrián Medina Amarillas está considerando aceptar la candidatura a la diputación federal distrito 1. Al doctor le gustó el servicio público, en el que ha tenido varios tropiezos, y su cabeza ha sido pedida por distintos actores políticos. Aún así, le late el corazoncito por entrarle a la política federal.

Conseguirle trabajo a su hija Mónica, creadora de contenido para redes sociales, fue uno de esos tropiezos. Primero estuvo en comunicación social, cuando Néstor Cruz era el titular del área, y luego, malamente, le inventaron un cargo que no existía en el Issstecali, un organismo en quiebra al que le siguen cargando la mano acomodando burócratas.

Por cierto, que Mónica es suplente del diputado local Jaime Cantón. Ambos pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, y desde antes de las elecciones salieron a la luz conflictos entre ellos, ya que al parecer a Cantón no le gustó que Mónica tuviera más atención en las redes sociales y la hicieron a un lado hasta hacerla prácticamente invisible en lo que respecta a su relación con esa diputación.