La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que ordenó al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) continuar con la investigación en contra de la senadora de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, por presuntos actos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

Durante su vigésima octava sesión pública, los magistrados resolvieron el expediente SG-JG-44/2026, promovido por la legisladora federal, quien impugnó la resolución del tribunal electoral local que había revocado un acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEBC.

Con esta determinación, la Sala Regional dejó firme la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, por lo que el Consejo General del IEEBC deberá continuar con el procedimiento administrativo sancionador, recabar y valorar las pruebas, y emitir una resolución en la que determine si existieron o no infracciones a la legislación electoral.

La denuncia fue presentada por el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Blas Ramos, quien señaló que la difusión de bardas, lonas y publicaciones en redes sociales atribuibles a la senadora podría constituir promoción personalizada y actos anticipados de campaña relacionados con una eventual aspiración a la gubernatura de Baja California en el proceso electoral de 2027. También denunció a Morena por una presunta responsabilidad derivada de la denominada “culpa in vigilando”.

Al resolver el recurso, los magistrados consideraron infundados e inoperantes los agravios expuestos por la senadora, por lo que confirmaron íntegramente la resolución emitida por el tribunal local.

La decisión de la Sala Regional no implica que Julieta Ramírez haya incurrido en alguna infracción electoral, sino que establece que la autoridad administrativa electoral no puede dar por concluido el asunto sin antes realizar una investigación completa y pronunciarse sobre el fondo de la denuncia.

Desde el punto de vista institucional, la resolución reafirma que las decisiones del IEEBC están sujetas al control de legalidad de los tribunales electorales. Si bien el organismo conserva su autonomía para conducir la investigación y resolver el procedimiento, deberá hacerlo conforme a los criterios fijados por las instancias jurisdiccionales y con una debida fundamentación y motivación.

Será el propio Instituto Estatal Electoral de Baja California el que, una vez agotada la investigación, determine si las conductas denunciadas constituyen promoción personalizada, actos anticipados de campaña u otras infracciones previstas en la normativa electoral, o bien si no existen elementos suficientes para sancionar a la legisladora.

El fallo se produce en un contexto de creciente actividad política rumbo a la elección de gobernador de Baja California en 2027, proceso en el que distintos actores han comenzado a ser objeto de denuncias por presuntos actos anticipados de promoción política.

El caso de Priscilla Blanco Castillo, de 26 años, se hizo viral en redes al denunciar que el bebé al que dio a luz el 23 de mayo de 2026 en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, le fue arrebatado por el DIF con supuestos engaños, algo que la institución niega categoricamente.

Según la publicación en redes del 22 de julio, la joven narra que después del nacimiento, su bebé fue separado de ella y trasladado a un albergue del DIF debido a que unos exámenes toxicológicos supuestamente dieron positivo. Ella niega consumir sustancias y asegura que posteriormente se realizó pruebas antidoping con resultados negativos.

De acuerdo con lo expresado por ella, dice trabajar en una veterinaria y contar con estudios de licenciatura en Criminología. Cumplió con las asistencias, revisiones y requisitos solicitados por las autoridades, confiando en recuperar pronto a su hijo, pero le fue informado que su hijo se encontraba en un albergue.

Priscilla asegura que al revisar documentos relacionados con el caso, encontró firmas colocadas presuntamente a su nombre sin su autorización, lo que significa qe su firma habría sido falsificada en documentos relacionados con la separación del menor y un posible procedimiento de adopción.

En documentos oficiales fue descrita como una persona con hipertensión, depresión, toxicomanía y enfermedades infecciosas, señalamientos que rechaza completamente. Priscilla asegura que no busca dinero ni una indemnización, porque ningún pago podría devolverle el tiempo perdido lejos de su hijo. “Yo solamente quiero mi bebé. Nadie va a poder reparar el tiempo que yo no estuve con mi hijo”, señaló.

La madre asegura estar dispuesta a someterse a todos los análisis médicos, toxicológicos y psicológicos necesarios para demostrar que las condiciones que le atribuyen no son verdaderas.

Por su parte, el DIF precisó que los hechos iniciaron cuando el Hospital Materno Infantil dio vista a la Procuraduría tras dar la madre positivo a reactivos toxicológicos y presentar el bebé síndrome de dificultad respiratoria, implicando un riesgo por exposición intrauterina a sustancias.

“Tras evaluaciones desfavorables a la madre para una reintegración inmediata, el 9 de junio de 2026 el menor ingresó al Albergue Temporal Mexicali. Se aclara que el niño no ha sido dado en adopción”, declaran por parte de la institución.

La Procuraduría dictó las medidas de protección al niño e inició el proceso de reintegración; se formuló un Programa de Reconstrucción Personal de 9 compromisos para apoyar a los padres; sin embargo, ambos se negaron a firmar el plan social, turnándose el expediente al Área Jurídica para el seguimiento, agregan.

El Juzgado Sexto de Distrito condicionó la lactancia a valoración médica. La especialista determinó su improcedencia debido al antecedente de reactivo toxicológico positivo de la madre, garantizando así la salud del lactante, remarcan por parte del DIF.

“En cumplimiento a las resoluciones del Juez de Distrito, se autorizaron visitas supervisadas en compañía del actuario durante los meses de julio y agosto de 2026 las cuales se mantendrán en tanto se resuelva la situación legal del caso”, concluyen las autoridades, que aseguran actúan con estricto apego a la ley y bajo el Interés Superior de la Niñez, sosteniendo una postura legal firme en defensa de la vida, la salud e integridad del menor.

El presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., José Antonio Serratos García, consideró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debería enfrentar el proceso penal que tiene en su contra desde su domicilio y no privado de la libertad, al sostener que existen criterios nacionales e internacionales que respaldan esa posibilidad.

Serratos García señaló que la jueza Alejandra Rodríguez, a quien identificó como la responsable del caso de Ruffo Appel, recientemente permitió que Lino Rodríguez, a quien calificó como militante de Morena y quien enfrentaba un proceso por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada, continuara su procedimiento en libertad desde su domicilio.

En contraste, afirmó que Ruffo Appel permanece privado de la libertad pese a ser un adulto mayor de más de 70 años de edad, situación que, dijo, resulta incongruente con el criterio aplicado en otros casos.

El dirigente de Unidos por Tijuana sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y ordenó al Estado mexicano adecuar su marco constitucional para eliminar esa figura, al considerar que una persona no debe permanecer privada de la libertad mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Afirmó que dicha resolución es obligatoria para México; sin embargo, acusó que el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no han cumplido con la obligación de reformar la Constitución para armonizarla con ese criterio internacional.

Bajo ese contexto, Serratos García argumentó que la jueza que conoce el caso de Ernesto Ruffo Appel está obligada a aplicar los criterios emitidos por la Corte Interamericana y respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que consideró que el exmandatario estatal debería continuar su proceso en prisión domiciliaria.

“Es a todas luces una situación violatoria e indigna, una violación inminente a los derechos humanos. Aquí lo importante es que juzgue la comunidad”, expresó.