Tras diez horas de la audiencia de vinculación a proceso en el caso de la acusación del exjefe policiaco Pedro Ariel “N” y otros cuatro acusados de robo de vehículo, desaparición forzada y delincuencia organizada, los abogados defensores expusieron lo que consideran graves irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.

Le fue pedido al juez que la fiscal que lleva el caso, Ariadna Betsabé García Ceseña, fuera separada de este encargo por haber sido denunciada por uno de los imputados, Eduardo “N”, por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura y tratos crueles e inhumanos.

El juez rechazó la petición, pese a que le explicaron que tras aprehender al acusado el 26 de febrero pasado, lo trasladaron a Fiscalía y estuvo 10 horas sin saber de qué lo acusaban, y después realizaron actos de tortura física y psicológica, y las secuelas quedaron establecidas en un dictamen tras aplicarle pruebas del protocolo de Estambul el 9 de marzo de 2026, que muestran estrés postraumático, ansiedad y depresión.

La fiscal García Ceseña alegó que ya había pasado el término de 48 horas para hacer esa petición y dijo que era un recurso que tramposamente estaba usando la defensa.

El acusado Luis Alfonso “N” quiso hacer una declaración mediante preguntas de sus abogados. Dijo que su último encargo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali fue como comandante de la zona urbana, donde tenía funciones de planeación estratégica, vinculación y preparación de operativos.

Recordó que fue comandante desde la administración de María Elena Andrade, con sede en San Felipe, cuando Marina del Pilar Avila Olmeda era alcaldesa de la capital. Mencionó que nunca fue sancionado, que tenía 4 ó 5 denuncias pero no recordó por qué motivo, sin embargo, precisó que fueron descartadas por carecer de elementos.

Refirió no conocer a las víctimas, los dos hombres que fueron “levantados” y desaparecidos la madrugada del 3 de enero de 2023 y nunca haber recibido ni entregado dinero a Pedro Ariel “N”. También negó haber tenido acceso a videos de la DSPM. El día de los hechos, dijo que asistió a los festejos del Día del Policía y se retiró a su casa a descansar entre 2 y 3 de la mañana.

Luego fue el turno del exjefe policiaco, quien también declaró mediante preguntas de sus abogados. Refirió ser abogado, haber ingresado a la Fiscalía General del Estado (FGE) el 1 de noviembre de 2019 como fiscal regional de Mexicali hasta el 15 de diciembre de 2021. El día siguiente, 16 de diciembre es nombrado director de la policía municipal de la capital, cargo en el que permanece hasta el 30 de septiembre de 2024. Al día siguiente regresa a su trabajo como abogado defensor.

Externó tener 53 años y siempre haberse conducido con ética profesional y con honradez, tanto en el ejercicio privado como durante la función pública. “A la institución que hoy me acusa, traté de hacerla más justa y más humana”, comentó.

Indicó que se considera totalmente inocente de los hechos que se le imputan y acusó que hay animadversión de ciertos actores hacia su persona. “Integran una carpeta de investigación donde no hay nada concreto. Esta investigación es del 2023, del 3 de enero. Hoy estamos a principios de agosto… Tuvieron que transcurrir más de 3 años para que me trajeran supuestamente a rendir cuentas”, asentó.

Cuando en 2011 comenzó el sistema acusatorio me convertí en un lastre para el procurador Rommel Moreno, y la entonces subprocuradora, hoy fiscal general, María Elena Andrade, dijo Pedro Ariel “N”.

“La hoy fiscal fue al Canal 66 a vilipendiar, a ofender, a calumniar”, recordó, porque presentamos una denuncia contra ella. Andrade no fue ni a la primera ni a la segunda audiencia y de repente el congreso del estado abrogó el delito de difamación y calumnia.

Cuando María Elena fue directora de policía, se reunió con él, entonces fiscal regional de Mexicali. Le pidió que no la criticara ni la “grillara”. Él le respondió que no tenía ningún problema con ella. Empezaron a colaborar y el trato siempre fue distante y frío, recordó.

Una vez lo llamó para pedirle que despidiera a su comandante Iván Camacho. Ella acudió acompañada de Juan Carlos Buenrostro, su número dos, y Pedro Ariel le respondió que si ella despedía a Buenrostro, él despediría a Camacho.

También dijo que Ricardo Iván Carpio, cuando era asesor de la gobernadora, le comentó que la hoy fiscal decía que haría hasta lo imposible para que el hoy acusado no fuera fiscal. Además, mencionó que trabajó con la fiscal que hoy lleva su caso, presente en la sala.

Recordó que cuando él era titular de la DSPM, María Elena era la comisionada del sistema penitenciario y Carpio se fue a la FGE. En las mesas de seguridad, presentaban cifras que no correspondían a la realidad de Mexicali, asunto que él objetaba. Tras la renuncia de Carpio, se recrudece la animadversión de la hoy fiscal contra él, lo bloquea para que no fuera fiscal general y ella se queda con ese cargo.

Lo primero que hizo como fiscal es abrirle a él una investigación en asuntos internos, junto con Carlos Romero e Iván Camacho. A estos dos últimos los amenaza con quitarles la licencia y les pide regresar a fiscalía para no perjudicarlos, o quedarse con Padro Ariel y asumir las consecuencias. Eligen quedarse en la DSPM y los tres renuncian a su adscripción en la FGE.

En 2021 se resolvió el amparo presentado en 2019 que ordenaba la liberación tras 9 años de cárcel de Roberto Villar por un delito que no cometió, lo que no le gustó a la fiscal.

Indicó que en su administración en la DSPM se detuvo a personajes claves en la estructura de la célula criminal de Los Rusos, se abatió al jefe de escoltas y lograron detenciones importantes.

Cuando llega el general Tizoc Aguilar, refirió que lo empiezan a desplazar de las mesas de seguridad. Aprovechando unas vacaciones en Nueva York, el general y la hoy fiscal van a ver a la alcaldesa Norma Bustamante para pedirle la salida de Pedro Ariel, a lo que ella se niega. Le quitan el control a la policía de la comandancia del valle y que envíen a los agentes a hacerse exámenes de control y confianza, cuando esto solo lo podían autorizar él mismo o la alcaldesa.

Subrayó que él se reunió con los colectivos de búsqueda, en particular con Madres Unidas y Fuertes, y con Gonzalo Moreno y Soraya Ana, quienes formaban parte de ese colectivo entonces, y formó la unidad especial de búsqueda de personas desparecidas, siendo la primera policía en el país que creó esa unidad, a la que dotó de equipo y herramientas para trabajar. Operaron en otros municipios, lo que valió críticas, pero “ellos (los colectivos) saben quién soy yo”, declaró.  

“Nos miró a los ojos, pero no nos dijo la verdad”, dijo en voz alta Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón, desaparecido en la zona de antros, presente en la audiencia, aunque en la sala continua, donde buscadores y prensa seguíamos la audiencia por circuito cerrado, que se desarrollaba en otra sala.

“Es lamentable cualquier desaparición, mi respeto para el trabajo de los colectivos. Quiero decirles que soy inocente, que no di mi consentimiento ni permití que ningún elemento participara en ese tipo de actos”, afirmó.

El exjefe de la policía dijo que en la primera audiencia fue la primera vez que veía a tres de los acusados y que no hay pruebas que lo incriminen en los delitos de los que lo acusan.

En su camino a la salida, Soraya, Aleida y Gonzalo golpean la puerta de la sala donde se lleva la audiencia y gritan justicia.

Pedro Ariel afirmó que la fiscalía armó el caso en un mes y medio. Que se dio cuenta que algo pasaría porque detectó hace semanas que una unidad lo seguía, y no huyó ni pidió un amparo; decidió quedarse a enfrentar las cosas “cueste lo que cueste”.

Refirió que la policía municipal nunca ha tenido la facultad de poder borra videos; que solo podían seguir las cámaras de Simutra y de Servicios Públicos municipales porque no había cámaras que sirvieran y al final se instalaron 244 a un costo de 80 millones de pesos.

Habló también del incidente de “El Pitufo”, siendo escoltado a una fiesta por agentes de policía, tras lo cual dio aviso a Sindicatura. Negó conocer a miembros del crimen organizado.

Luego los abogados defensores expusieron que al padre de uno de los jóvenes desaparecidos, de iniciales JVL, la fiscal del caso, Ariadna Betsabé García Ceseña, le tomó declaración, pero él solo firmó la última hoja, en vez de hacerlo en todas como marca el protocolo. Eso mismo se repite con las declaraciones de todos los testigos, además de señalar que curiosamente todos usan la misma muletilla de la fiscal, “Asimismo”, lo que levanta suspicacias, dijeron.

Otras irregularidades es que el nombre y firma de una familiar de los desaparecidos no coincide con los datos de su identificación oficial; hay dos declaraciones de testigos que dan respuesta idéntica a cuatro preguntas, ambas entrevistas realizadas por la fiscal que lleva el caso. ¿Qué tan probable es eso señor juez? Cuestionó uno de los abogados.

La testigo que se dijo intimidada sí firmó en esa denuncia todas las páginas de su declaración, pero no su entrevista sobre el caso, solo la última hoja. Además, hay un presunto franelero que dio su declaración que no saben si en realidad existe.

Finalmente expusieron que los agentes que habrían utilizado una patrulla para trasladar a los jóvenes desaparecidos al valle, no pueden ser señalados por ninguna evidencia contundente como videos, testigos o herramientas de geolocalización, solo por dichos de terceros, y de la supuesta unidad tampoco hay pruebas que demuestren que estaba asignada a ellos.

En conclusión, los abogados refieren que hay tres elementos que destacan en este caso: la insuficiencia probatoria, la animadversión de la fiscal al exdirector de policía y la fabricación de entrevistas. Por lo anterior solicitaron la no vinculación a proceso al juez, aunque faltan los argumentos de fiscalía y otra ronda de intervenciones, por lo que se espera el resultado de la audiencia en la madrugada de este lunes.