En respuesta a información solicitada respecto de una presunta falta de atención médica a una persona trabajadora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (Cecyte BC) por parte de Issstecali en Mexicali, la institución educativa afirmó que “como parte de los procesos de actualización y seguimiento administrativo, actualmente se tiene identificado que 175 personas servidoras públicas, entre personal docente y administrativo activo, no han proporcionado al Departamento de Recursos Humanos de Cecyte BC su número de afiliación ante Issstecali”.

De acuerdo con una publicación en redes, un trabajador de esa institución educativa se habría encontrado con la sorpresa de que no estaba dado de alta en Issstecali, al acudir a solicitar atención médica.

“Esta circunstancia puede presentarse, entre otros supuestos, cuando la persona trabajadora ya realizó su trámite de afiliación ante Issstecali, pero aún no ha comunicado su número correspondiente a Recursos Humanos, o cuando el procedimiento de afiliación se encuentra pendiente de realizar o concluir”, señala Cecyte en una ficha informativa.

De acuerdo con la modalidad de contratación y la normatividad aplicable, la cobertura de seguridad social del personal se encuentra determinada de la siguiente manera: personal de base, que cuenta con servicio médico durante la vigencia de la relación laboral, conforme a las disposiciones aplicables; y personal de confianza, que cuenta con servicio médico mientras permanezca vigente su relación laboral, explican.

Además, agregan que el personal contratado por tiempo determinado solo cuenta con servicio médico durante la vigencia de su contratación y, al concluir la relación laboral, se realizan los movimientos administrativos correspondientes ante Issstecali. Por otro lado, precisan que la modalidad de personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados no contempla la prestación de servicio médico a través de Issstecali.

“En consecuencia, cuando una persona ingresa a Cecyte BC bajo una modalidad que contempla prestaciones de seguridad social, debe realizarse el procedimiento correspondiente para su incorporación y registro ante Issstecali, así como mantenerse actualizada la información necesaria ante el Departamento de Recursos Humanos”, aclaran.

Respecto del caso particular referido por un medio de comunicación, Cecyte BC se encuentra realizando, en coordinación con las instancias correspondientes, la revisión de la situación laboral, administrativa y de afiliación de la persona trabajadora, a efecto de esclarecer las circunstancias específicas en las que fue solicitada la atención médica y verificar el estado que guardaba su derechohabiencia al momento de los hechos.

“La institución educativa dará el seguimiento que corresponda, dentro del ámbito de sus atribuciones, a fin de contribuir al esclarecimiento del caso y, en su caso, realizar las gestiones administrativas que resulten procedentes”, concluye Cecyte BC.

Ante el peligro que representan los hundimientos viales para automovilistas, motociclistas y peatones, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, para atender de manera urgente los socavones de la ciudad y transparentar el ejercicio de los fondos públicos.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora criticó la falta de respuesta del gobierno municipal frente a reclamos previos. Señaló que al socavón del Puente Terrazas se sumó otro en el Bulevar Casablanca, a la altura del mercado El Florido, los cuales ponen en riesgo vidas humanas.

Gilvaja rechazó que el Ayuntamiento argumente falta de recursos, recordando que en marzo de 2025 el Congreso autorizó esquemas para obra pública, mantenimiento y arrendamiento de maquinaria, y que el municipio contempla una inversión superior a los 2,300 millones de pesos en su Plan Plurianual 2025-2027.

El punto de acuerdo aprobado por mayoría en el Congreso exige dos acciones concretas al alcalde:Reparar de inmediato los socavones del Puente Terrazas y Bulevar Casablanca, e implementar medidas preventivas mientras concluyen las obras.

También, informar al Congreso cuánto de los 2,300 millones de pesos del Plan Plurianual se ha ejercido y qué resultados se han obtenido.

Finalmente, la diputada hizo un llamado al presidente municipal a priorizar las necesidades urbanas de la ciudad por encima de aspiraciones electorales.

El Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) presentó un análisis del presupuesto de ingresos y egresos del Poder Judicial del Estado correspondiente al periodo 2018-junio 2026, que revela un fuerte crecimiento del gasto, un déficit operativo en 2025 y un pasivo cercano a los mil millones de pesos al 30 de junio de 2026.

Según los datos oficiales del Portal de Transparencia del Poder Judicial, del portal de Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de la Plataforma Nacional de Transparencia, el capítulo de Servicios Personales pasó de 1,160.2 millones de pesos en 2022 a 1,676.1 millones en 2025, un incremento de más de 515 millones de pesos; 44 por ciento más.

Solo en 2025 se destinaron 44.6 millones a “pagos de estímulos a servidores públicos”. En el mismo ejercicio 2025 el Poder Judicial registró un déficit operativo de 55.3 millones de pesos: los egresos -2,088.3 millones-, superaron a los ingresos -2,033.1 millones-.

El déficit acumulado al cierre de ese año alcanzó 311.6 millones de pesos. Al 30 de junio de 2026 el pasivo total ascendía a 997.6 millones de pesos, de los cuales 218.5 millones correspondían a pasivo a corto plazo.

Otras partidas también muestran alzas notables. En Servicios Generales, la cuenta de “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios” pasó de 2.7 millones de pesos en 2020 a 79.1 millones en 2025.

En Materiales y Suministros, durante 2025 se ejercieron 39.5 millones, de los cuales 13.6 millones se destinaron a materiales de administración y artículos oficiales y casi la misma cantidad -13.6 millones-, a combustibles y lubricantes.

En materia de contrataciones, en 2025 el Poder Judicial adjudicó 212.3 millones de pesos en 72 procedimientos. El 68.5 por ciento se realizó mediante licitación pública, el 19.8 por ciento por adjudicación directa y el 11.7 por ciento por invitación a cuando menos tres personas.

El 59.9 por ciento del monto correspondió a adquisiciones y el 33.1 por ciento a servicios. Los cinco principales proveedores concentraron el 64.6 por ciento del total: Zurich Aseguradora Mexicana (48.8 millones), Vigilar y Proteger BC (26.0 millones), Grupo Nacional Provincial (24.7 millones), Monedero Electrónico Xiga (24.3 millones) y Plus Digital (13.3 millones).

ObserBC plantea varias preguntas al Poder Judicial: el desglose detallado del gasto en servicios profesionales de 2025, la relación de contratos, las justificaciones conforme a la Ley de Adquisiciones y Servicios del Estado, la justificación del aumento de más de 500 millones de pesos en nómina entre 2022 y 2025, y la razón de los 44.6 millones pagados en estímulos.

El análisis subraya que el Poder Judicial requiere recursos públicos para la administración e impartición de justicia, pero advierte que el crecimiento acelerado del gasto, el déficit operativo y el nivel de pasivo merecen un seguimiento ciudadano más estrecho para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.