Con el objetivo de establecer criterios más estrictos para determinar custodias y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado local del PAN, Diego Echevarría Ibarra, presentó la iniciativa denominada “Ley Vicente”, una propuesta de reforma integral a los códigos Civil y Penal de Baja California.

La iniciativa busca modificar las reglas relacionadas con la custodia, patria potestad y convivencia familiar, así como establecer nuevas responsabilidades y sanciones cuando existan situaciones de negligencia, violencia o exposición de menores a condiciones de riesgo.

Echevarría Ibarra explicó que la propuesta lleva el nombre de “Ley Vicente” en memoria de un niño de tres años que perdió la vida en Mexicali luego de haber sido dejado por su madre en condiciones de riesgo.

Aunque el legislador externó que no se puede permitir que las custodias se definan por inercia o roles de género y que es necesario establecer parámetros objetivos para garantizar que las niñas y niños estén siempre en un entorno seguro, no hay que olvidar que el padre del niño enfrenta procesos judiciales por golpear a su entonces pareja, la madre del niño.

Entre los principales cambios planteados al Código Civil se encuentra el reconocimiento expreso del derecho a la coparentalidad, con el propósito de garantizar que ambos progenitores participen de manera equitativa en el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos.

La propuesta establece además la custodia compartida como presunción legal primaria, aunque su aplicación estaría condicionada a criterios de idoneidad parental, entre ellos oportuna y correcta evaluación de la estabilidad emocional, salud mental y ausencia de conductas que representen un riesgo para los menores.

Por lo anterior, uno de los puntos contempla es que las autoridades realicen evaluaciones clínicas y psicológicas de manera inmediata en los procedimientos familiares. También plantea reconocer dictámenes particulares emitidos por profesionales certificados, con la intención de agilizar los procesos judiciales y evitar que las demoras puedan colocar a los menores en situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa amplía, además, las causales para la pérdida o suspensión de la patria potestad, incorporando supuestos como negligencia grave, adicciones, violencia vicaria, alienación parental y violencia digital.

Una mujer identificada como Guadalupe “N”, señalada como presunta integrante de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, fue detenida en la Ciudad de México por autoridades federales, de acuerdo con información publicada este sábado por Milenio.

Según el reporte del medio, la detenida estaría relacionada con una estructura criminal dedicada al denominado huachicol fiscal y habría fungido como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa que las autoridades investigan por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustibles.

Milenio señala que la investigación se originó en julio de 2025, luego de que autoridades localizaran 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hallazgo se inició una investigación que permitió identificar un esquema mediante el cual presuntamente se introducía combustible al país utilizando empresas fachada, agentes aduanales y mecanismos financieros, con probable participación de servidores públicos.

De acuerdo con la información difundida, el combustible presuntamente ingresaba al país mediante declaraciones que no correspondían con su contenido real. Posteriormente, el producto ilegal era mezclado con combustible legal para dificultar su identificación y facilitar su comercialización en el mercado nacional.

La captura de Guadalupe “N” eleva a nueve el número de personas detenidas que las autoridades relacionan con esta investigación. Entre los nombres mencionados por Milenio se encuentran Ernesto Ruffo “N”, Ricardo Thompson “N”, Juan Rodríguez “N”, Guillermo Rosales “N”, José Ramos “N”, Luis Barrientos “N”, Adriana Guillén “N” y José Cuervo “N”.

La investigación también ha alcanzado a personas vinculadas con Ingemar, empresa que ha sido relacionada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido previamente en el marco de las indagatorias por presunto huachicol fiscal. Milenio ha reportado que las autoridades investigan una estructura que habría utilizado operaciones comerciales y aduanales para introducir grandes cantidades de hidrocarburos al país.

La detención de Guadalupe “N” forma parte de la ofensiva federal para desarticular esta red, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación de cada una de las personas detenidas y el alcance financiero de las operaciones presuntamente ilícitas.

Una denuncia será presentada ante las autoridades correspondientes para que se investigue la presunta utilización de recursos, vehículos y estructuras de movilización con fines políticos durante el evento denominado “Tijuana en defensa de la transformación y la soberanía nacional”, convocado para este sábado 8 de agosto en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

La denuncia se sustentaría, entre otros elementos, en una serie de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que participantes coordinan el traslado de personas mediante camiones y unidades de transporte hacia el encuentro político condicionando futuras entregas de apoyos.

Una integrante de un grupo señala en un mensaje de Whatsapp que se está organizando un camión para acudir al evento junto con Ismael Burgueño y se hace referencia a la entrega de útiles y mochilas, así como a apoyos que, según el mensaje, estarían siendo ofrecidos por delegados, regidores y diputados.

“Habrá transporte para este evento”, se lee en otro de los mensajes, donde además se solicita a quienes requieran unidades proporcionar el nombre del líder y su ubicación para coordinar el traslado.

En otro grupo, una participante señala directamente: “Debemos apoyar a nuestro presidente municipal”, mientras otro mensaje agrega: “Es momento de demostrar que estamos con él y que queremos que sea gobernador”.

La movilización ocurre en el contexto de la asamblea informativa anunciada por Morena para este sábado, cuyo material de convocatoria señala como sede la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, a partir de las 12:00 horas.

De acuerdo con los elementos contenidos en las capturas, la denuncia que se prepara buscará que las autoridades determinen quién está financiando y proporcionando el transporte, de dónde provienen los recursos utilizados para la movilización y si participan servidores públicos, vehículos oficiales, programas gubernamentales o recursos públicos.

También se solicitará esclarecer si la entrega de útiles, mochilas u otros apoyos mencionados en las conversaciones tiene alguna relación con programas públicos y, en su caso, si dichos recursos están siendo utilizados para favorecer una actividad político-partidista.