La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) tiene previsto publicar este miércoles la convocatoria para iniciar el proceso de designación de quien ocupará la Rectoría de la máxima casa de estudios para el periodo 2027-2031.

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, señaló que encabezar la institución representa un privilegio y, al mismo tiempo, una responsabilidad para quien decida participar en el proceso.

Expuso que el financiamiento es uno de los principales retos que enfrentó su administración, particularmente después del recorte de 90 millones de pesos realizado por la Federación al inicio del año.

Palafox Maestre explicó que esta reducción presupuestal tuvo impacto en algunas actividades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura universitaria, por lo que consideró que este será uno de los temas que deberá atender la próxima administración.

En materia académica, el rector destacó como una tarea permanente la actualización y pertinencia de los programas educativos, con el objetivo de que se mantengan vigentes y respondan a las necesidades actuales.

Con respecto a su futuro una vez concluido su periodo al frente de la Universidad, Luis Enrique Palafox adelantó que su intención es regresar a impartir clases en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería del Campus Tijuana.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deje temporalmente su cargo y rinda explicaciones transparentes tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La petición ocurre luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a su exesposo, Carlos Torres Torres, con una presunta red de corrupción y operaciones del crimen organizado.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en la entidad, calificó la situación como un asunto de máxima gravedad para la seguridad del estado. Durante su pronunciamiento oficial, Mata Lozano enfatizó que es inverosímil pensar que la mandataria estatal desconocía las actividades de su expareja, considerando la alta presencia e influencia política que Torres Torres mantuvo durante la actual administración.

Además de los vínculos personales, la líder panista urgió a la gobernadora a aclarar su relación comercial con la empresa “Vida Orgánica”, una sociedad de la que Ávila Olmeda formó parte activa hasta el presente mes de septiembre y que fue formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, el PAN solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación exhaustiva y sin protecciones políticas. La indagatoria solicitada busca esclarecer el alcance de la red de corrupción, identificar a otros servidores públicos involucrados y revisar el posible financiamiento ilícito en empresas y pasadas campañas políticas de la región.

El Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a particulares vinculados con una organización criminal de los Rusos, entre ellos su expareja Carlos Torres Torres.

En el comunicado, la administración estatal aclaró que la gobernadora Marina del Pilar Avila está legalmente divorciada de Carlos Torres y señaló que el único vínculo que mantienen es el relacionado con el bienestar de su hijo.

Se señaló que la mandataria no figura entre las personas sancionadas por OFAC y afirmó que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero, de igual manera que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

Informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas señaladas por las autoridades estadounidenses han celebrado contratos con el Gobierno del Estado y, en su caso, remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones correspondientes conforme a la ley.

Finalmente, la administración estatal señaló que las personas mencionadas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y que el Gobierno de Baja California no hablará en su nombre.