Este domingo se llevaron a cabo dos eventos políticos para medir fuerzas entre dos de los aspirantes más fuertes de Morena a la gubernatura de Baja California: Julieta Ramírez e Ismael Burgueño.

El alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño hizo una “asamblea informativa” -eufemismo para no decir evento proselitista- rumbo al proceso de selección de quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en la coqueta ciudad, donde reportaron más de 10 mil asistentes, por supuesto con acarreo.

Mientras tanto, la senadora con licencia, Julieta Ramírez convocó a sus simpatizantes a una marcha, donde también gracias a los acarreados reunió según ella 11 mil personas, pero según tránsito municipal la cifra real fue la mitad: 5 mil 500 asistentes.

Los videos que nos hicieron llegar dan cuenta de más de 50 camiones en los alrededores de la UABC, donde el rector Luis Enrique Palafox dejó claro que no estaba bien ligar el nombre de la máxima casa de estudios con eventos partidistas, así sea solo como “punto de referencia” como dijo la protegida de la gobernadora en un video en redes, tras verse forzada a cambiar el punto de partida de la marcha no en apoyo ella y su candidatura, nooooo, sino en “defensa de la transformación y la soberanía nacional”.

A los funcionarios de gobierno los obligaron a ir, así que ese rumor de que Julieta y Marina están distanciadas es puro cuento; la operación Julieta está en marcha, pues urge que quede alguien que le cubra las espaldas -el desaseo financiero y la opacidad- a la actual administración en el siguiente sexenio.

Además, Julieta trae pegadito a Vicente Serrano, un periodista y comunicador digital, fundador de Sin Censura, con una línea editorial abiertamente favorable a la llamada Cuarta Transformación. Él se presenta como un periodista independiente y crítico de los medios tradicionales pero la verdad es que de independiente nada, pues es obvia su cercanía y respaldo público a López Obrador y a la 4T. Los operadores locales, Hugo Ruvalcaba -quien parece que ya le perdonó los desplantes de diva a Julieta- y Edgar Covarrubias, ahí andaban también.

Entre los funcionarios que pudimos ver en el evento de hoy, donde por cierto, la Cruz Roja atendió a 8 personas por deshidratación, están la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante; la de San Quintín, Mirima Cano; la oficial mayor del Ayuntamiento cachanilla, Claudia Beltrán; el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Llantada; los diputados Jaime Cantón, Evelyn Sánchez, Michelle Tejeda, y el desertor de Fuerza por México, Alejandro Lara Arregui; el exdiputado Víctor Navarro; la secretaria de las Mujeres, Rebecca Vega Arriola; la extitular del INDE, Lourdes Cáñez; el exsecretario de Agricultura, Juan Meléndrez, y algunos regidores.

Y en otro tema, una dura realidad para los colectivos de búsqueda, ver el megaoperativo montado por la desaparición de un empresario. Qué bueno que fue localizado pero no se puede evitar ver con tristeza como hay desaparecidos de primera y de segunda.

Más de mil elementos participaron en la búsqueda, más drones y helicóptero. Ese esfuerzo institucional es el que las madres quisieran ver en las primeras horas tras el reporte de desaparición.

Reproducimos aquí de forma íntegra el texto de derecho de réplica de Alonso Escobar Páez, quien acusó a Jennifer Maryel de violencia familiar permanece en la cárcel lejos de su hijo, tras un proceso que según la madre de la joven tuvo graves deficiencias.

“¿Se han preguntado qué puede hacer un hombre cuando, durante el embarazo, la madre ejerce conductas que pueden poner en riesgo o afectar al producto? Nada. Actualmente, no existe un delito que persiga específicamente ese tipo de conducta durante la gestación.

Jennifer Maryel habría abandonado a su hijo durante la madrugada, dejándolo a su suerte durante aproximadamente 20 minutos. No se encuentra en prisión preventiva únicamente por un señalamiento, sino por diversos hechos que se investigan y que, presuntamente, incluso habrían afectado a su propio hijo.

De acuerdo con lo señalado, habría existido una conducta recurrente de presión y extorsión emocional hacia el padre del menor, incluyendo amenazas de abortar motivadas por el temor de quedarse soltera, no estar casada y no poder conseguir nuevamente una pareja.

Jennifer Maryel ya habría sido detenida en diciembre de 2024 por hechos similares: amenazas, allanamiento, destrozos en el domicilio de su pareja y solicitudes de dinero mediante amenazas y coacción.

Basta de privilegiar una interpretación de la perspectiva de género por encima de los derechos y del interés superior de la niñez.

Mariana Zavala, madre de Jennifer Maryel, ha salido públicamente a realizar declaraciones que, desde nuestra perspectiva, se contradicen con hechos previamente denunciados y omiten situaciones relevantes. Incluso, existen antecedentes en los que ella misma habría denunciado ser víctima de violencia por parte de su propia hija.

Mariana Zavala presentó una denuncia identificada con el NUC 36728/2023 en contra de su propia hija, en la que figuran como testigos Adrián, su esposo, y Ángel, hermano de Jennifer.

La propia Mariana Zavala habría exhortado a Alonso a denunciar, señalando que Jennifer Maryel representaba un peligro para su nieto y que debía actuar de inmediato. Incluso habría cuestionado: ¿por qué esperar a que Jennifer les hiciera daño a los niños?

Entonces, ¿por qué ahora se pretende minimizar la situación?

Basta de encubrir conductas que puedan poner en riesgo a un menor. En las entrevistas, ni siquiera se habla del bienestar de su propio nieto.

Jennifer Maryel tiene, además, otra hija de la cual, según se ha señalado, tampoco se habría hecho cargo, situación que incluso habría motivado acciones legales por parte de Mariana Zavala.

No más Vicentitos.
No más Roxanas libres.
No más mujeres maltratadoras, violentas y humillantes.

¿Qué pasaría si, como consecuencia de la presión mediática y de una interpretación equivocada de la perspectiva de género, una persona señalada por estos hechos recuperara su libertad y posteriormente atentara contra su propio hijo?

¿Tenemos que esperar a que ocurra una tragedia para actuar?

El interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier discurso, ideología o conflicto entre adultos”.

Escobar Páez envía un video donde se ve a su expareja brincándose un portón y presuntamente dejando solo a su hijo en el carro mientras tanto. También adjunta el resolutivo de la audiencia.

Dice Julieta Ramírez que “ya empezaron los lobos con piel de oveja a querer confundir y dar mal la información”, sobre la polémica del punto de partida de su “marcha en defensa de la transformación y la defensa nacional” que había planeado iniciar desde la explanada de vicerrectoría de la UABC. Por poco y dice que la marcha sale de la Facultad de Derecho, porque es conocido que una de sus impulsoras es la madre de la gobernadora, Marina Olmeda.

Bien por el rector, Luis Enrique Palafox, quien publicó un posicionamiento donde rechaza el uso político de las instalaciones, así sea como punto de partida, pues no se debe vincular a la universidad con actividades partidistas.

A propósito de la marcha, nos cuentan que Giovanni López, director del Bosque de la Ciudad, está obligando a ir a sus empleados a la marcha de Julieta, bajo la pena de quitarles las horas extras. Si a alguien lo están obligando a ir, favor de contarnos los detalles.

En otro tema, ya salió el peine: según el (único) contrato del Cine Lux dado a conocer por el Ayuntamiento de Mexicali, y que tenía fecha de enero de 2026, y donde asentaba que la vigencia era hasta el 31 de diciembre después de invertir 15 millones de pesos en obras y adecuaciones, resultó en un blindaje legal por 20 años para garantizar la operación de las oficinas del Registro Civil en el ese inmueble.

La prometida conferencia por Norma Bustamante donde explicarían los pormenores de la mudanza del Registro Civil al edificio propiedad de la esposa de Panchito Pérez Tejada aun no llega, pero la oficial mayor Claudia Beltrán ya dio un adelanto.

El contrato asienta que los propietarios del inmueble no podrán desalojar a la autoridad municipal durante dos décadas, para asegurar “la continuidad del servicio” en el Centro Histórico. Curiosa forma de decirlo. Debió ser, “los dueños del inmueble obligaron legalmente al Ayuntamiento a pagar renta por 240 meses”. Veremos -si es que efectivamente deciden dar la cara sobre ese tema- con qué cuentos salen para justificar una decisión que afectará las finanzas de Mexicali por 20 años.

En otro asunto, ayer comentábamos en Pro Natura que la Fiscalía General del Estado iba mandar un comunicado donde se pararía el cuello sobre el hallazgo del pick up de Justo Martín Rodríguez Heras, quien permanece en calidad de desaparecido.

Y dicho y hecho, dicen que “A través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, este viernes se realizó una búsqueda de campo generalizada en la zona de restauración del Miguel Alemán, con el objetivo de localizar indicios que pudieran contribuir al avance de la investigación”.

Agregan que “La diligencia inició a las 06:40 horas y concluyó a las 15:00 horas, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Servicios Periciales, Comisión Estatal de Búsqueda, Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y Guardia Nacional”.

La verdad es que los trabajadores de Pro Natura le avisaron a la FGE el jueves sobre el hallazgo de un pick up Tacoma calcinado. Ese día mandaron a los agentes de Robo de Vehículo -no a los del área de desaparecidos- quienes se supone que hicieron el reporte, pero no confirmaron si la unidad pertenecía a Rodríguez Heras y no comunicaron nada a la familia.

 “Este viernes, se revisó la unidad calcinada, aparentemente una camioneta Toyota Tacoma. Debido a las condiciones en que se encontraba la unidad, no fue posible establecer mayores características ni observar una serie visible de identificación”, señala el comunicado.

El viernes que entró al predio la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, junto a agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Comisión Local de Búsqueda y la Guardia Nacional, descubrieron el pick up quemado, y al enviar a alguien a hablar con los trabajadores del predio, les informaron que el día anterior lo habían descubierto, dado parte a la FGE y que habrían entrado las autoridades a procesar la escena.

El equipo decidió investigar el vehículo, y al ser imposible encontrar el número de serie en la puerta y el tablero, intentaron localizar el número en el motor, por lo que lo pusieron de costado y fue así que lograron dar con la placa del vehículo y ellos sí confirmaron en ese momento que se trataba de la unidad del desaparecido, acción que la fiscalía se atribuye.

Y a propósito de la FGE, el jueves hubo una reunión sobre el tema de desaparecidos, a donde asistió la gobernadora, la fiscal María Elena Andrade, el titular del Poder Judicial, Isaac Fragoso y la fundadora de Madres Unidas y Fuertes, Irma Leyva, entre otros.

Fragoso hablaba de lo bien que iba la declaración oficial de ausencia, un procedimiento para obtener el certificado de defunción de desaparecidos de larga data, cuando Irma Leyva dijo que ella había iniciado ese trámite hacía seis meses para su hijo Diego, y que aun no tenía respuesta. Fragoso se puso de mil colores y empezó a verificar en qué etapa iba ese requerimiento, y la gober molesta le pidió que tuviera una respuesta antes de que terminara la reunión. El titular del Poder Judicial tuvo que aceptar que efectivamente el trámite no estaba concluido a pesar de los meses que tenía pendiente.

Marina del Pilar muy molesta, indicó que sentía vergüenza porque le dijeran en las reuniones que todo iba bien cuando en la práctica no era así.

Por su lado, la fiscal fue evidenciada por la vocera de Madres Unidas y Fuertes sobre las carencias del equipo interdisciplinario de búsqueda, y que son responsabilidad de la FGE. También se molestó por el reconocimiento del apoyo a la Unidad de Búsqueda por parte de Pedro Ariel Mendívil. Cada vez son más las voces que piden un cambio en fiscalía, pero como la gober toma siempre la peor decisión sobre su gabinete, seguro todo seguirá igual.

Pregunta final. ¿Por qué nadie puede contestar si hubo sanciones administrativas derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife), que Mayola Gaona hizo públicas con el sobreprecio en aires acondicionados de la empresa Península Doce?

Esto a propósito de la intervención de la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, en la conferencia mañanera de esta semana, sobre la falta de respuestas coherentes a las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Última hora: Me pasan el dato de que Norma Bustamante estaría solicitando junto a sus hijos, la ciudadania española. También ha trescendido que la hija de la gobernadora ha comentado que su mamá le ha dicho que se van a ir a vivir a España. Qué amor le ha agarrado a los funcionarios de la 4T por la madre patria, y eso que no se ha disculpado por la conquista.