COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Este domingo habrá dos marchas en Baja California. Oficialmente, ambas serán en apoyo a Claudia Sheinbaum, a la soberanía nacional y para que continúe la Cuarta Transformación. Una en Mexicali, convocada por la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla; otra en Tijuana, encabezada por el alcalde con licencia Ismael Burgueño Ruiz.

Qué admirable coincidencia.

Dos personajes que aspiran a la misma posición, en las dos ciudades más importantes del estado, convocando simultáneamente a defender exactamente las mismas causas.

Y quien crea que todo se trata únicamente de apoyar a la Presidenta quizá también crea que las asambleas informativas, los recorridos territoriales y los mítines políticos son ejercicios espontáneos de amor cívico.

La realidad es menos romántica: Julieta e Ismael están en campaña.

O, para decirlo en el sofisticado idioma de Morena, están compitiendo por la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación, la Soberanía Nacional y cualquier otro nombre suficientemente largo para evitar pronunciar la palabra prohibida: candidatura. Porque detrás de la coordinación está la antesala de la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. Y ambos lo saben. También lo saben sus operadores, sus equipos, sus simpatizantes y hasta quienes están preparando las lonas.

La convocatoria de este domingo ocurre, además, después de semanas en las que la disputa interna ha dejado de ser una competencia y se parece cada vez más a una pelea de cantina donde, agotados los argumentos, alguien ya busca la cubeta.

En Tijuana, incluso, un evento encabezado por Burgueño fue descrito públicamente como una asamblea informativa que, en los hechos, funcionó como un acto de respaldo a su aspiración política. El episodio dejó nuevamente en evidencia que la frontera entre informar, movilizar y promoverse puede ser extraordinariamente flexible cuando se aproxima una candidatura.

Mientras tanto, Julieta Ramírez mantiene su propia estructura territorial, sus encuentros, sus recorridos y su discurso de continuidad. En las últimas semanas ha insistido precisamente en la necesidad de unidad y en retomar los principios de la Cuarta Transformación.

Unidad.

Esa hermosa palabra.

La misma que desde la dirigencia nacional se invoca como si fuera un extintor para apagar los incendios internos. Citlalli Hernández y otros dirigentes han insistido en que el proceso debe mantener cohesionados a los aspirantes y evitar que la competencia termine destruyendo al movimiento desde dentro.

Pero una cosa es hablar de unidad.

Y otra muy distinta es practicarla.

Porque en Baja California los aspirantes parecen haber entendido la instrucción de una manera peculiar: “unámonos todos… detrás de mí”.

Y ahí está el verdadero problema.

La lucha entre Julieta Ramírez e Ismael Burgueño ya no debería analizarse solamente desde la pregunta tradicional: ¿quién va ganando?

Las encuestas, además, han ofrecido fotografías distintas según quién las pague, quién las publique y, naturalmente, quién aparezca arriba. Algunos ejercicios han colocado a Burgueño al frente y otros han favorecido a Ramírez, confirmando una antigua verdad de la política mexicana: hay encuestas para medir la realidad y otras para ayudar a construirla.

Por eso, en las próximas entregas, éste no será un ejercicio para apostar quién será. Será para preguntar quién conviene a Baja California. Porque la gubernatura no es un premio de consolación, una recompensa por lealtades partidistas ni la medalla que recibe quien logró llenar más camiones para una marcha dominical.

Baja California tiene problemas demasiado grandes como para decidir su futuro entre porras y fotografías aéreas. Inseguridad, corrupción, opacidad, crisis de servicios, infraestructura insuficiente y una relación cada vez más complicada entre los distintos grupos que controlan Morena.

El estado necesita un gobernador o gobernadora que pueda gobernar. Parece una obviedad.
Pero en estos tiempos hay que aclarar hasta las obviedades. Así que este domingo veremos marchas, discursos, banderas, consignas y, por supuesto, una demostración de apoyo a Claudia Sheinbaum. Todo perfectamente legítimo.

Sólo que debajo de cada pancarta habrá otra pregunta.

No será: ¿quién apoya más a la Presidenta? Será: ¿quién logró demostrar que puede convertirse en el próximo gobernador de Baja California? Y ésa, aunque la escondan detrás de la soberanía, la transformación y el amor a la patria, es la única marcha que realmente importa.

Transparencia…cinco años después

Gabriela Monge anunció, con el entusiasmo propio de quien descubre que las ventanas también sirven para dejar entrar la luz, que los funcionarios del Gobierno de Baja California subirán sus declaraciones patrimoniales a la Plataforma Nacional de Transparencia.

La noticia merece aplausos.

Aunque quizá primero habría que preguntar: ¿y antes por qué no?

Porque la transparencia no es una concesión graciosa del gobierno, ni un acto de generosidad de los funcionarios, ni una campaña de primavera para mejorar la imagen de una administración cuestionada por su opacidad. Es una obligación. Tan sencilla como eso.

Los servidores públicos administran dinero que no es suyo, toman decisiones que afectan a millones de personas y ejercen un poder que los ciudadanos les prestan temporalmente. Por eso deben explicar cuánto ganan, qué patrimonio poseen, con quién contratan y cómo gastan.

Y resulta que, según las propias cifras del sistema de transparencia de Baja California, eso es precisamente lo que más quiere saber la gente.

Los salarios encabezaron las consultas con una ventaja aplastante: más de 46 mil. Después aparecen las declaraciones patrimoniales, los proveedores y contratistas, los contratos y convenios, los viáticos, los currículos y las sanciones a funcionarios. Es decir, el ciudadano no está preguntando qué color tiene la alfombra de la oficina del secretario en turno. Quiere seguir el dinero.

Quiere saber cuánto ganan. Quiere saber cuánto tienen. Quiere saber a quién le dan los contratos. Y quiere saber si los funcionarios que se dicen honrados tienen algo más que una declaración de principios.

Qué incómoda costumbre tiene la ciudadanía.

El problema es que, durante años, las declaraciones patrimoniales fueron uno de los grandes pendientes de la transparencia local. Algunas instituciones llegaron a justificar su falta de publicación con argumentos técnicos: que faltaban formatos, lineamientos, sistemas o condiciones para hacer públicas las versiones correspondientes.

Ahora resulta que el Gobierno del Estado ya contaba con DeclaraNet y que incluso la legislación establece el carácter público de las declaraciones, salvo los datos estrictamente protegidos.

Entonces, nuevamente: ¿qué pasó? ¿No había sistema? ¿No había obligación?
¿No había formatos? ¿O simplemente no había demasiadas ganas de que los ciudadanos vieran lo que los funcionarios declaraban tener?

La diferencia es importante. Porque una cosa es tener un problema técnico y otra utilizar el problema técnico como cortina.

Y hablando de cortinas, convendría abrir también las que cubren los contratos, las adjudicaciones directas y los proveedores.

No es casualidad que esas áreas estén entre las más consultadas. Cuando un ciudadano busca un contrato, normalmente no lo hace por afición literaria. Quiere saber quién ganó, cuánto cobró, cómo fue contratado, quién autorizó el procedimiento y, sobre todo, si el contrato original terminó siendo multiplicado mediante ampliaciones, convenios modificatorios y pagos adicionales.

Ahí es donde la transparencia suele adquirir una curiosa elasticidad.

El contrato aparece. Pero no el expediente completo. Se publica la adjudicación. Pero no toda la justificación. Está el proveedor. Pero no resulta fácil conocer todos sus contratos.

Hay información. Sólo que está repartida en tantas oficinas, formatos, ligas rotas y documentos que encontrarla puede convertirse en una especie de rally burocrático patrocinado por el gobierno.

Después está la palabra mágica: “reservado”.

Porque cuando la información se vuelve particularmente incómoda, aparece la seguridad pública, la investigación en curso, el secreto comercial, los datos personales o cualquier otra causal prevista por la ley. Algunas son perfectamente legítimas. Nadie propone publicar estrategias contra el crimen ni expedientes personales completos.

Pero entre proteger una investigación y esconder un contrato hay una diferencia. Y entre proteger datos personales y tachar media página también.

Por eso el verdadero examen para Gabriela Monge y para el Gobierno de Marina del Pilar no será anunciar que ahora sí habrá transparencia. Los anuncios son baratos y, afortunadamente para el presupuesto público, todavía no requieren licitación.

El examen será publicar. Publicar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios en versiones realmente consultables. Publicar contratos completos. Publicar las razones de las adjudicaciones directas. Publicar a los proveedores recurrentes. Publicar los convenios modificatorios.

Y explicar qué información permanece reservada, por qué y hasta cuándo.

Porque Baja California no necesita otra ceremonia para inaugurar la transparencia. Necesita una costumbre.

La ciudadanía ya dijo claramente qué quiere saber. Quiere seguir el dinero y quiere saber quién administra el poder.

La pelota, por primera vez con tanto reflector encima, está del lado del gobierno.
Ahora veremos si Gabriela Monge abrió una puerta.

O simplemente levantó otra cortina.

Dice Julieta Ramírez que “ya empezaron los lobos con piel de oveja a querer confundir y dar mal la información”, sobre la polémica del punto de partida de su “marcha en defensa de la transformación y la defensa nacional” que había planeado iniciar desde la explanada de vicerrectoría de la UABC. Por poco y dice que la marcha sale de la Facultad de Derecho, porque es conocido que una de sus impulsoras es la madre de la gobernadora, Marina Olmeda.

Bien por el rector, Luis Enrique Palafox, quien publicó un posicionamiento donde rechaza el uso político de las instalaciones, así sea como punto de partida, pues no se debe vincular a la universidad con actividades partidistas.

A propósito de la marcha, nos cuentan que Giovanni López, director del Bosque de la Ciudad, está obligando a ir a sus empleados a la marcha de Julieta, bajo la pena de quitarles las horas extras. Si a alguien lo están obligando a ir, favor de contarnos los detalles.

En otro tema, ya salió el peine: según el (único) contrato del Cine Lux dado a conocer por el Ayuntamiento de Mexicali, y que tenía fecha de enero de 2026, y donde asentaba que la vigencia era hasta el 31 de diciembre después de invertir 15 millones de pesos en obras y adecuaciones, resultó en un blindaje legal por 20 años para garantizar la operación de las oficinas del Registro Civil en el ese inmueble.

La prometida conferencia por Norma Bustamante donde explicarían los pormenores de la mudanza del Registro Civil al edificio propiedad de la esposa de Panchito Pérez Tejada aun no llega, pero la oficial mayor Claudia Beltrán ya dio un adelanto.

El contrato asienta que los propietarios del inmueble no podrán desalojar a la autoridad municipal durante dos décadas, para asegurar “la continuidad del servicio” en el Centro Histórico. Curiosa forma de decirlo. Debió ser, “los dueños del inmueble obligaron legalmente al Ayuntamiento a pagar renta por 240 meses”. Veremos -si es que efectivamente deciden dar la cara sobre ese tema- con qué cuentos salen para justificar una decisión que afectará las finanzas de Mexicali por 20 años.

En otro asunto, ayer comentábamos en Pro Natura que la Fiscalía General del Estado iba mandar un comunicado donde se pararía el cuello sobre el hallazgo del pick up de Justo Martín Rodríguez Heras, quien permanece en calidad de desaparecido.

Y dicho y hecho, dicen que “A través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, este viernes se realizó una búsqueda de campo generalizada en la zona de restauración del Miguel Alemán, con el objetivo de localizar indicios que pudieran contribuir al avance de la investigación”.

Agregan que “La diligencia inició a las 06:40 horas y concluyó a las 15:00 horas, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Servicios Periciales, Comisión Estatal de Búsqueda, Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y Guardia Nacional”.

La verdad es que los trabajadores de Pro Natura le avisaron a la FGE el jueves sobre el hallazgo de un pick up Tacoma calcinado. Ese día mandaron a los agentes de Robo de Vehículo -no a los del área de desaparecidos- quienes se supone que hicieron el reporte, pero no confirmaron si la unidad pertenecía a Rodríguez Heras y no comunicaron nada a la familia.

 “Este viernes, se revisó la unidad calcinada, aparentemente una camioneta Toyota Tacoma. Debido a las condiciones en que se encontraba la unidad, no fue posible establecer mayores características ni observar una serie visible de identificación”, señala el comunicado.

El viernes que entró al predio la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, junto a agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Comisión Local de Búsqueda y la Guardia Nacional, descubrieron el pick up quemado, y al enviar a alguien a hablar con los trabajadores del predio, les informaron que el día anterior lo habían descubierto, dado parte a la FGE y que habrían entrado las autoridades a procesar la escena.

El equipo decidió investigar el vehículo, y al ser imposible encontrar el número de serie en la puerta y el tablero, intentaron localizar el número en el motor, por lo que lo pusieron de costado y fue así que lograron dar con la placa del vehículo y ellos sí confirmaron en ese momento que se trataba de la unidad del desaparecido, acción que la fiscalía se atribuye.

Y a propósito de la FGE, el jueves hubo una reunión sobre el tema de desaparecidos, a donde asistió la gobernadora, la fiscal María Elena Andrade, el titular del Poder Judicial, Isaac Fragoso y la fundadora de Madres Unidas y Fuertes, Irma Leyva, entre otros.

Fragoso hablaba de lo bien que iba la declaración oficial de ausencia, un procedimiento para obtener el certificado de defunción de desaparecidos de larga data, cuando Irma Leyva dijo que ella había iniciado ese trámite hacía seis meses para su hijo Diego, y que aun no tenía respuesta. Fragoso se puso de mil colores y empezó a verificar en qué etapa iba ese requerimiento, y la gober molesta le pidió que tuviera una respuesta antes de que terminara la reunión. El titular del Poder Judicial tuvo que aceptar que efectivamente el trámite no estaba concluido a pesar de los meses que tenía pendiente.

Marina del Pilar muy molesta, indicó que sentía vergüenza porque le dijeran en las reuniones que todo iba bien cuando en la práctica no era así.

Por su lado, la fiscal fue evidenciada por la vocera de Madres Unidas y Fuertes sobre las carencias del equipo interdisciplinario de búsqueda, y que son responsabilidad de la FGE. También se molestó por el reconocimiento del apoyo a la Unidad de Búsqueda por parte de Pedro Ariel Mendívil. Cada vez son más las voces que piden un cambio en fiscalía, pero como la gober toma siempre la peor decisión sobre su gabinete, seguro todo seguirá igual.

Pregunta final. ¿Por qué nadie puede contestar si hubo sanciones administrativas derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife), que Mayola Gaona hizo públicas con el sobreprecio en aires acondicionados de la empresa Península Doce?

Esto a propósito de la intervención de la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, en la conferencia mañanera de esta semana, sobre la falta de respuestas coherentes a las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Última hora: Me pasan el dato de que Norma Bustamante estaría solicitando junto a sus hijos, la ciudadania española. También ha trescendido que la hija de la gobernadora ha comentado que su mamá le ha dicho que se van a ir a vivir a España. Qué amor le ha agarrado a los funcionarios de la 4T por la madre patria, y eso que no se ha disculpado por la conquista.

Ante la persistencia de los casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Baja California, el Protocolo Alba representa uno de los principales mecanismos de respuesta inmediata para su búsqueda y localización. En Mexicali, la Policía Municipal participa en este esquema de coordinación con autoridades estatales y federales, cuyo propósito es actuar desde las primeras horas ante la desaparición o no localización de una mujer o niña.

El protocolo, sin embargo, no corresponde exclusivamente a la corporación municipal, sino que articula los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, entre otras instituciones. Bajo este contexto, las cifras de feminicidios y desapariciones registradas en los últimos años permiten dimensionar la magnitud de una problemática que continúa representando un desafío para las autoridades.

Ayer reportaron a una mujer de 23 años como no localizada. Su madre acudió primero con la Policía Municipal y no se actuó. Hoy en la mañana ya se le dio seguimiento, aunque sigue sin aparecer.

La joven forma parte de una familia vulnerable procedente de Tijuana que se asentó en esta captal. Ayer al ir caminando junto a una vialidad en el Valle de Mexicali, se les emparejó un hombre a bordo de una motocicleta y les ofreció raite. A la mujer se le hizo fácil subirse porque estaba cansada y porque él le dijo que la dejaría frente al mercado.

La familia, se compone de la madre, dos hijos varones y la joven desaparecida, al parecer todos de condición especial; a pesar de la alerta desde ayer, no se empezaron a mover las cosas sino hasta hoy.

Las cifras de feminicidios y de mujeres desaparecidas crecen y sigue sin formalizarse seriamente el protocolo Alba, por lo que se pierde tiempo crítico importante para poder localizarla con vida, como en este caso.

El protocolo, sin embargo, no corresponde exclusivamente a la corporación municipal, sino que articula los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, entre otras instituciones. Esperemos que la desaparición de la joven no se convierta en un feminicidio y que den celeridad a la formalización del protocolo lo más pronto posible.

Al hijo de Paco Barraza que trabaja en Cecyte plantel Misiones, le dieron su base en tiempo récord, y a pesar de sus acciones laborales contra la violencia a la mujer, señalan sus compañeras que es un déspota, pero que además han engordado la nómina con singular alegría.

El “Shock Barraza” es muy amigo del tipo que protege el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, José Alonso Escobar Páez, quien con falsas acusaciones mantiene en la cárcel a Jennifer Maryel, y quien tiene una tienda de motocicletas y un club de motociclistas.

Resulta que nos cuentan que Barraza junior ha metido a trabajar al Cecyte a muchos de estos motociclistas, que ni siquiera tienen terminada la preparatoria y ocupando puestos de “tutor” a cargo de menores de edad, como uno de nombre Diego Osuna, que fue “comisionado” dos semanas es decir no se presentó a trabajar porque lo tenían “haciendo otras cosas” que era nada menos que trabajar en la campaña de Julieta Ramírez.

La gober va el viernes al Cecyte, a ver si nos cuenta si corrió o no al tranza de Arnoldo Douglas y vemos el extraño caso de los motociclistas-aviadores.

Por cierto que los Barraza ya pusieron su franquicia de placas Anapromex para carros y motos. Qué chulada.

También, comentar que a pesar de que Periódicos Healy está haciendo el negocio de su vida entregándole el alma y la línea editorial a Morena, al parecer no les alcanza para los abogados, porque metieron tijera en Hermosillo, Tijuana y por último le tocó a Mexicali.

El recuento de los daños aquí es el despido de una persona de clasificados, otro de sistemas, otro del área comercial, uno de mantenimiento, varios de limpieza y del área de circulación.

También le dieron las gracias a la jefa de administración, a una empleada del área del sitio web a quien por fin acababan de dar su contrato definitivo, a un trabajador de ventas, y a una de marketing.

Como sabrán, la familia Healy está enfrentada por el camino que ha tomado su línea editorial, entregada al Gobierno del Estado, a quien además han dotado de mucho recurso humano, pues media nómina de comunicación trabajó para ellos. Esta batalla legal para ver quien se queda con los diarios, seguramente terminará en el desmantelamiento de los periódicos.

Finalmente no podemos dejar pasar el tema de la intervención de la secretaria Anticorrupción en la mañanera de hoy, Gabriela Monge. Ante el reclamo del colega Cristian Torres, sobre una reserva de información, la no publicación de las situaciones patrimoniales del gabinete estatal y el mal funcionamiento de la página de transparencia, básicamente respondió que había que quejarse de las solicitudes de información no respondidas para poder atenderlas. Como si no supieran qué les está pidiendo la prensa, cuándo son los tiempos límites para responder, y los recursos interpuestos por la falta de respuestas. La transparencia en esta administración es un gran chiste.

El reclamo es también por la falta de datos sobre contratos de difusión institucional -ni uno solo en este sexenio-, pero pues ahí no quieren publicar nada porque descobijarían a varios amigos y examigos de la gober a quienes les paga muy bien sin que sepamos qué criterios se toman en cuenta para asignar cantidades.

Pregunta final: ¿No se han preguntado porqué Armando Samaniego es el único morenista haciendo campaña abiertamente para la presidencia municipal de Mexicali? Los rumores dicen que ya a$eguró la candidatura en Ciudad de México, por eso nadie más se está moviendo.