Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, mantiene bajo vigilancia y fiscalización los recursos públicos otorgados mediante programas municipales a organizaciones como la Patrulla Espiritual,  asegurando un seguimiento desde la ejecución hasta la comprobación de los montos económicos entregados, afirmó.

La funcionaria precisó que, desde el pasado 13 de julio —previo a los recientes incidentes registrados en las clínicas de rehabilitación de la organización—, el órgano fiscalizador solicitó formalmente al centro JIREH la entrega detallada de información sobre el uso del presupuesto asignado.

Entre la documentación requerida al centro de atención se encuentra el padrón de beneficiarios y registro general de seguimiento para las 300 personas proyectadas.

Además, los informes de avance físico, social y detalle de los servicios médicos, rehabilitación y acompañamiento psicosocial prestados; y el informe financiero con el estado del ejercicio del gasto autorizado.

Balderas detalló que la solicitud fue recibida directamente por personal administrativo de la clínica.

Explicó que la revisión inicial confirmó que el otorgamiento de siete millones de pesos cumplió con la normatividad vigente y que la organización se encuentra dentro del plazo legal para presentar su comprobación ante la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI).

Por su parte, ante el presunto deceso de una persona ocurrido durante el fin de semana en las instalaciones del centro JIREH, el alcalde Abdiel Gutiérrez, señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y emitir los dictámenes oficiales.

Asimismo, se enfatizó que dependencias como Protección Civil y las áreas del Ayuntamiento competentes mantienen revisiones cotidianas e itinerantes en las casas de atención para personas con problemas de adicción o salud mental en la ciudad.

Este lunes, transportistas sostuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno, en la cual acordaron establecer una comisión permanente de seguimiento para atender la problemática que enfrentan choferes mexicanos que han perdido su visa para ingresar a Estados Unidos, así lo informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California.

Octavio Sandoval señaló que se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento a los acuerdos alcanzados el día de ayer, luego del bloqueo de la garita comercial de Mexicali por parte de transportistas desde el pasado jueves.

Explicó que uno de los puntos pactados es mantener una mesa de trabajo permanente en la que participen las autoridades involucradas y los representantes del sector, con el objetivo de definir una ruta para atender los casos de los operadores que han perdido su visa.

Sandoval destacó que ya existe una reunión programada para el próximo miércoles en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, en la que participarán autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representantes estadounidenses.

Expuso que en este encuentro se buscará abordar directamente la situación de los transportistas mexicanos y las condiciones bajo las cuales las autoridades estadounidenses, particularmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), están determinando qué actividades constituyen cabotaje y cuáles son los criterios para retirar la visa a los conductores.

Para finalizar, el presidente del CCE celebró que se lograra establecer la comunicación con autoridades de ambos países, ya que solo se tenía a nivel regional.