Un análisis elaborado por Héctor Osuna Jaime, aspirante a la candidatura por la gubernatura de Baja California, concluye que, si el Congreso de la Unión y las legislaturas locales no cierran la omisión legislativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará de nuevo la paridad horizontal y sustantiva en las 17 gubernaturas que se renovarán el 6 de junio de 2027.

La regla más probable, según los precedentes de 2020-2024, obliga a los partidos nacionales a postular al menos nueve mujeres de 17, con un mapa de géneros y criterios de competitividad entregados antes de las convocatorias.

El texto, titulado “Lineamientos y criterios del Instituto Nacional Electoral sobre paridad de género en elecciones a gobernador (2016-2026)” y fechado el 10 de septiembre de 2026, reconstruye la cadena de acuerdos del Consejo General del INE y las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Osuna Jaime apunta que desde la reforma constitucional de junio de 2019, el cargo unipersonal de gobernador carece de una ley secundaria clara.

Ante esa omisión, el INE ha emitido criterios ciclo por ciclo: al menos siete mujeres de 15 en 2021, tres de seis en 2022 y cinco de nueve en 2024. En números impares, la doctrina ha favorecido la mayoría femenina, agrega el aspirante del PAN.

A partir de 2022 se incorporó la paridad sustantiva: no basta el número; las candidatas no pueden concentrarse en entidades de baja competitividad histórica del partido, dice. Por eso para 2027, con 17 entidades en disputa, el escenario más consistente es exigir al menos nueve mujeres de 17, computando coaliciones y candidaturas comunes.

El documento destaca que no existe una regla de alternancia vertical automática (“a un gobernador debe sucederle una gobernadora” en cada estado). Tampoco el INE asigna el género por entidad; esa decisión corresponde a los partidos, sujeta a no concentrar a las mujeres en plazas históricamente débiles.

Baja California forma parte del ciclo 2027, y según el análisis de Osuna Jaime, el hecho de que gobierne una mujer no predetermina el género de la candidatura del Partido Acción Nacional.

En la última elección a gobernador (2021), la coalición PAN-PRI-PRD obtuvo alrededor del 11.8 por ciento y el tercer lugar. En un análisis de competitividad elaborada a partir de los resultados del PAN o sus coaliciones en las 17 entidades, Baja California queda en banda baja, junto con Guerrero, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo.

En contraste, el partido muestra resultados altos o medios en Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Michoacán, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, entre otras, detalla el informe.

Un mapa que reserve las entidades de alta competitividad a hombres y concentre a las mujeres solo en la banda baja chocaría con la doctrina de paridad sustantiva asentada en los acuerdos del INE y las sentencias del TEPJF.

Por lo tanto, asignar una candidata a Baja California puede contribuir al cupo de nueve, pero no basta por sí sola si el resto de las mujeres también se agrupa en entidades de baja votación histórica, precisa Osuna Jaime.

Asignar un hombre es jurídicamente posible siempre que las al menos nueve mujeres estén colocadas de manera compatible con los criterios de competitividad que el propio partido declare y publique.

El documento subraya que la pregunta relevante para el PAN no es si “le toca” hombre o mujer en Baja California por el género de la titular actual, sino cómo se inserta esa entidad en un mapa nacional de 17 que cumpla simultáneamente el cupo cuantitativo y la paridad sustantiva.

Hasta el corte del 10 de septiembre de 2026 no existe un acuerdo del INE equivalente al de 2023 para el ciclo 2026-2027, dice el informe.

La experiencia de los tres procesos anteriores indica que el Consejo General suele emitir los criterios en el segundo semestre del año previo o al arranque del proceso, y que cualquier acuerdo será impugnado ante el TEPJF, indica el aspirante.

Mientras persista la omisión legislativa, la probabilidad de un nuevo instrumento que reitere la fórmula horizontal más competitividad es alta, concluye.

Con la mirada puesta en las elecciones del 6 de junio de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio este jueves el banderazo formal al proceso electoral federal 2026-2027, con el que arrancan los preparativos para renovar las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados.

La apertura oficial del proceso se realizó este jueves 10 de septiembre y estuvo encabezada por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

La ceremonia fue transmitida en la Junta Local Ejecutiva del organismo en Baja California, en Mexicali.

Además de la elección federal, se desarrollarán comicios locales en las 32 entidades del país. El calendario contempla la elección de 17 gubernaturas y la renovación de 31 congresos estatales.

El delegado del INE en Baja California, Pablo Sergio Aispuro mencionó que en la entidad los trabajos formales comenzarán el 30 de septiembre, con la instalación de los consejos locales electorales.

Más adelante, a más tardar el último día de noviembre, deberán estar instalados los consejos distritales.

Baja California contará con nueve consejos distritales, que tendrán a su cargo diversas tareas de organización, seguimiento y vigilancia durante el proceso electoral.

Como parte de los preparativos, el delegado del INE también anunció que próximamente se abrirán las convocatorias para contratar a supervisores y capacitadores electorales; estos funcionarios desempeñarán un papel clave en la preparación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

El calendario electoral establece que las precampañas iniciarán en enero de 2027, mientras que en febrero comenzarán los trabajos para determinar los sitios donde serán instaladas las casillas.

El siguiente punto relevante llegará el 4 de abril de 2027, cuando arranquen oficialmente las campañas electorales en el país; estas concluirán el 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral.

Será el domingo 6 de junio de 2027 cuando millones de ciudadanos acudan a las urnas para participar en una elección que implicará la renovación de la Cámara de Diputados y, de manera simultánea, diversos cargos de elección popular a nivel estatal.

La impugnación promovida por el regidor panista Manuel Rude García derivó en la modificación de la sanción impuesta a Morena por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que sustituyó una amonestación pública por una multa de 200 UMA, equivalente a 22 mil 628 pesos.

El procedimiento tiene su origen en actividades de promoción de afiliaciones realizadas entre junio y julio de 2025 por personas vinculadas con Morena, en las inmediaciones de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolvió el pasado 26 de agosto que la conducta debía ser considerada como una infracción grave ordinaria, por lo que ordenó al IEEBC modificar la sanción inicialmente impuesta.

De acuerdo con la resolución, quedó acreditada una conducta relacionada con la perturbación de los derechos de la ciudadanía que acudía a solicitar trámites o servicios públicos, además de la omisión de Morena de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y de vigilar la actuación de sus militantes y simpatizantes.

El órgano jurisdiccional también consideró que las actividades partidistas desarrolladas en las inmediaciones de una dependencia pública eran susceptibles de vincular la actividad político-electoral de Morena con una institución pública y con programas sociales, lo que habría generado un beneficio de carácter político-electoral para el partido.

Durante la sesión del Consejo General Electoral del IEEBC del pasado 3 de septiembre, representantes de los partidos PAN, PT, PRI y MC cuestionaron el monto de la sanción, al considerar que los 22 mil 628 pesos no son proporcionales a la gravedad de la conducta ni tienen un efecto ejemplar suficiente para inhibir la repetición de este tipo de prácticas.

Rude García, quien promovió la impugnación, sostuvo que la modificación de la sanción representa un avance, aunque advirtió que continuará buscando que este tipo de conductas reciban sanciones más severas.

Declaró que la resolución es un avance derivado de la impugnación y deja claro que estas prácticas sí tienen consecuencias. Agregó que seguirán dando batalla jurídica para que se impongan sanciones más severas y contundentes que inhiban estas prácticas y eviten que vuelvan a repetirse”.

La resolución establece que, una vez que cause estado, la multa será descontada del financiamiento público ordinario de Morena y los recursos serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, conforme a lo determinado por el IEEBC.