La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, cuestionó que Morena haya colocado a Julieta Ramírez coordinadora estatal, al señalar que la legisladora con licencia enfrenta procedimientos relacionados con presuntas infracciones electorales.

Mata Lozano recordó que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) determinó procedentes medidas cautelares contra Ramírez y ordenó el retiro de propaganda física y digital, a partir de una denuncia presentada por el PAN.

De acuerdo con la dirigente panista, en dicha denuncia se señalaron posibles actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, entre otras conductas.

La presidenta estatal del PAN también señaló que existe una denuncia penal por presuntos delitos electorales contra Ramírez, por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado dar seguimiento a la investigación y actuar conforme a la legislación aplicable.

Para finalizar Mata Lozano expreso que el PAN en Baja California continuará dando seguimiento a los procedimientos ante las autoridades electorales cuando considere que existen elementos que puedan afectar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en los procesos democráticos.

Esta tarde, el comité ejecutivo nacional de Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, quien durante su discurso convocó a sus compañeros de contienda interna a mantener la unidad y trabajar en territorio para fortalecer el proyecto en el estado.

Julieta Ramírez hizo un llamado a respetar los principios de Morena y sostuvo que la participación dentro del movimiento debe estar orientada al servicio de la población, y no a la búsqueda del poder.

Expuso que la defensa de la transformación y la soberanía nacional debe realizarse mediante trabajo territorial y organización en los distintos puntos de Baja California; es por ello que invitó a mantener una relación permanente con la población para identificar sus necesidades y atenderlas mediante respuestas y resultados.

Señaló que durante el proceso interno se presentaron campañas de desinformación, ataques y contenidos falsos, por lo que pidió a militantes y simpatizantes participar activamente, convirtiéndose en medios de comunicación para defender el movimiento.

Para concluir, Julieta Ramírez también llamó a utilizar las herramientas digitales como mecanismos de organización, comunicación e información, para evitar caer en presuntos algoritmos o “bots” que lo único que generan es desinformación, aseguro que, con eso, la guerra sucia le hará a la verdad “lo que el viento a Juárez”.

La diputada Yohana Gilvaja cuestionó las prioridades del Gobierno de Baja California en el ejercicio de los recursos públicos y presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto para que se reduzcan gastos que consideró estériles y se destinen mayores recursos a necesidades prioritarias de la población.

Durante su intervención, la legisladora sostuvo que el problema financiero del estado no necesariamente radica en la falta de recursos, sino en las decisiones sobre su destino. “No es falta de dinero. Es falta de prioridades”, afirmó.

Gilvaja cuestionó que, mientras en ISSSTECALI se han reportado faltantes de medicamentos, madres buscadoras han reclamado herramientas, equipo especializado y personal para localizar a sus familiares, y persisten necesidades en seguridad, vialidades y planteles educativos, el Gobierno del Estado contemple alrededor de seis millones de pesos para la presentación del cantante Edén Muñoz durante las festividades del 15 de septiembre.

“Por supuesto que la gente tiene derecho a disfrutar de sus artistas favoritos. Pero antes tiene derecho a encontrar medicamentos en un hospital, a mandar a sus hijos a una escuela digna, a encontrar a sus desaparecidos y a regresar vivo a su casa”, expresó.

La diputada también recordó cuestionamientos formulados desde el Congreso en torno a recursos ejercidos durante 2025. Mencionó alrededor de 200 millones de pesos destinados a comunicación, 95 millones para la promoción de la Serie del Caribe y 50 millones para el Fan Fest, gastos que, dijo, deben ser revisados frente a las necesidades que enfrenta Baja California.

Asimismo, hizo referencia a una resolución recibida por el Congreso relacionada con la difusión de propaganda gubernamental vinculada al informe de gobierno. Gilvaja sostuvo que el presupuesto público no debe utilizarse como una herramienta de promoción política.

“Para promocionar la imagen del Gobierno hubo hasta de más. Pero cuando faltan medicamentos, policías, infraestructura escolar o recursos para buscar desaparecidos, entonces aparecen las limitaciones presupuestales”, señaló.

La legisladora planteó que el principio de austeridad republicana debe reflejarse en las decisiones sobre el presupuesto y no únicamente en el discurso oficial.

“Primero las medicinas, después los conciertos. Primero la seguridad, después la propaganda. Primero Baja California y después el espectáculo”, manifestó.

Como parte de su propuesta, Gilvaja planteó exhortar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para evitar gastos que calificó como estériles, particularmente los relacionados con promoción de imagen y contratación de artistas con montos que consideró desproporcionados, y redirigir esos recursos hacia asuntos prioritarios.

Entre las necesidades señaladas incluyó la implementación de medidas de prevención para garantizar una movilidad segura en el Bulevar 2000 de Tijuana, vialidad que ha sido señalada por su peligrosidad y por los accidentes registrados en la zona.

El punto de acuerdo, sin embargo, no obtuvo el respaldo de la mayoría de las y los diputados de Morena, por lo que la propuesta no fue aprobada.

Gilvaja lamentó que no existiera consenso para orientar el gasto público hacia rubros como medicamentos, seguridad, infraestructura y vialidades seguras, y llamó al Gobierno estatal a corregir el rumbo durante la última etapa de la actual administración.

La diputada concluyó que el presupuesto debe responder a las necesidades de la población y no a los intereses de quienes gobiernan. “El dinero público no pertenece al gobernante. Pertenece al pueblo”, afirmó.