Mientras el Congreso de Baja California, en voz de la diputada Yohana Gilvaja, exhortó al Gobierno estatal a implementar acciones inmediatas para mejorar la seguridad vial del Bulevar 2000, un oficio de la propia Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) reconoce que la instalación y reposición del alumbrado en esta vialidad está condicionada a la disponibilidad presupuestal.

El documento, fechado el 14 de julio de 2026 y firmado por el secretario de Infraestructura, Arturo Espinoza Jaramillo, señala que actualmente el Gobierno estatal realiza reparaciones de las depresiones y fallas del pavimento, conocidas como “baches”, además de supuestos trabajos relacionados con la instalación o reposición de luminarias.

El oficio precisa que se atiende un tramo de 12 kilómetros correspondiente a la obra denominada “Construcción de carriles confinados de cuota al interior del Corredor Tijuana–Playas de Rosarito 2000”, los cuales están concesionados y su uso será de pago.

Sin embargo, el propio documento establece que, será hasta concluir dicha obra, que se trabajará en la reposición de las lámparas en todo el tramo que abarca el corredor, pero además, aclara que esto estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso y de los subsecuentes.

La respuesta oficial adquiere relevancia luego de que la diputada Gilvaja denunciara ante el Pleno del Congreso que las condiciones del Bulevar 2000 representan un riesgo para quienes utilizan diariamente esta vialidad.

La legisladora señaló que solamente alrededor del 22 por ciento del Bulevar 2000 cuenta con alumbrado público, además de cuestionar las condiciones de seguridad de una vialidad con alta circulación y antecedentes de accidentes graves.

Ante los constantes accidentes y la pérdida de vidas humanas en el Bulevar 2000, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto dirigido al Gobierno de Baja California para implementar acciones inmediatas que permitan mejorar las condiciones de seguridad vial en esta importante arteria de Tijuana.

El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría por las y los integrantes de la XXV Legislatura, luego de que la legisladora señalara que la problemática del Bulevar 2000 ya no puede ser atendida únicamente después de que ocurren las tragedias.

“En Baja California estamos contando muertos por la violencia, pero también estamos contando muertos por la negligencia”, sostuvo Gilvaja durante su intervención, al advertir que cuando una vialidad presenta condiciones peligrosas, falta de iluminación y una incidencia recurrente de accidentes, mantenerla en esas condiciones también representa una responsabilidad de gobierno.

La diputada puso como ejemplo el accidente ocurrido el pasado 17 de agosto en el Bulevar 2000, frente a las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), donde cinco personas perdieron la vida y decenas resultaron lesionadas. Posteriormente, también falleció Saúl Rivera, un joven de 15 años, quien se encontraba entre las personas afectadas por este hecho.

Hinojosa Gilvaja cuestionó que, de acuerdo con la información expuesta durante la presentación del exhorto, solamente alrededor del 22 por ciento del Bulevar 2000 cuenta con alumbrado público, pese a tratarse de una vialidad de alta circulación y con antecedentes de accidentes graves.

El exhorto aprobado contempla solicitar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, que se instrumente un programa especial de movilidad y seguridad en el Bulevar 2000 y en las demás vialidades del Estado que registren una alta incidencia de hechos de tránsito, en coordinación con los municipios.

Una madre de un interno del centro de rehabilitación de la Patrulla Espiritual -la Clínica Jireh en Tijuana-, denunció que su hijo fue golpeado gravemente, que el personal minimizó el hecho y que solo tras insistir pudo verlo y llevarlo a recibir atención médica esa misma noche. Por esos hechos, presentó denuncia ante la Fiscalía de Baja California por lesiones calificadas.

Según su testimonio, pagaba 2 mil 500 pesos semanales. Al llegar a la clínica tras el incidente, solo había otros internos “cuidando”, ningún encargado. Encontró a su hijo tirado, lleno de sangre y con la cara golpeada. Le exigieron 7 mil 500 pesos de “multa” si lo sacaba del centro.

La madre precisó que los internos son obligados a fingir cuando van a grabar videos, de lo contrario no los dejan participar en eventos. Tienen que mostrar felicidad y en ocasiones grabar testimonios falsos culpándose por hechos sucedidos en la clínica.

Sus hijos, ex internos del lugar, le contaron que al inicio de ese centro solo había un baño quebrado para unas 100 personas y que había un niño de 14 años mezclado con adultos, incluyendo a su hijo de 17 -en calidad de desaparecido y actualmente de 20 años- y otro que ahora tiene 23.

En un audio dirigido a las familias de los internos, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, representante del centro, negó las quejas de la mujer sobre las instalaciones -baños, drenaje, fosa, bardas- y las calificó de mentiras. Afirmó que el joven ya no está en el grupo porque la madre lo sacó antes de tiempo por su “dependencia”, que “no es culpa de nosotros”.

Osuna Torres también dijo que ahora “ya está” de tiempo completo en la clínica, dedicado a administrar y mejorar el centro. También dijo que la madre es codependiente del hijo y que toma bebidas embriagantes; dijo que la buscaría en su casa porque no le contesta el teléfono.

La Patrulla Espiritual enfrenta múltiples denuncias por irregularidades, internamientos involuntarios y recientes muertes de internos. Además, está en investigación por la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana el otorgamiento de los 7.2 millones de pesos para “becar” a 300 adictos para que logren su rehabilitación.