COLUMNA INVITADA/por Fernando Ruiz del Castillo

Aún divorciados legalmente, el nombre de Carlos Torres Torres estará ligado para siempre al de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Para bien o para mal.

Y, a estas alturas, habría que ser demasiado ingenuo para pensar que es para lo primero. Porque si algo ha demostrado el escándalo que comenzó con el retiro de las visas estadounidenses a la entonces pareja presidencial de Baja California, es que el control de daños puede terminar siendo mucho más dañino que el incendio original.

Primero fue la visa. Después vino el divorcio. Luego el deslinde.

Y ahora aparecen empresas que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, forman parte de una red vinculada al crimen organizado y que, para mayor desgracia del gobierno estatal, no sólo hicieron negocios con dependencias públicas, sino que llegaron hasta terrenos particularmente delicados: seguridad, tecnología e inteligencia.

Ahí es donde la historia deja de ser solamente matrimonial. Y se convierte en un asunto de gobierno.

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso, a quienes señaló como facilitadores políticos de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa. Carlos Torres rechazó las acusaciones y anunció que buscará aclararlas ante las autoridades correspondientes.

Hasta ahí, Marina puede decir, con toda razón jurídica, que las acusaciones contra su exesposo corresponden a él y que deberá responder personalmente por ellas. El problema empieza cuando aparecen los contratos.

Porque una cosa es decir “no sé nada de los negocios de mi exmarido” y otra muy distinta descubrir que empresas señaladas por el gobierno estadounidense terminaron haciendo negocios con el gobierno que ella encabeza.

Y no estamos hablando precisamente de vender papelería para las oficinas. La empresa Inteliproof Efficient, relacionada por OFAC con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, recibió contratos de la Fiscalía General del Estado durante varios años. Investigaciones periodísticas documentaron contratos para equipo de cómputo, drones, uniformes, equipo táctico y, particularmente, tecnología de inteligencia y reconocimiento facial.

MCCI reportó contratos de la Fiscalía por más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025, mientras otras revisiones documentales identifican decenas de contratos por más de 73 millones en ese periodo.

Y todavía hay más. El propio gobierno de Marina del Pilar aparece entre las dependencias que contrataron a Inteliproof. Una revisión de registros de Compranet reportó seis contratos adjudicados directamente por la Oficialía Mayor en 2024, por poco más de 3 millones de pesos, para equipo de cómputo, almacenamiento digital, prendas de protección y refacciones. La gobernadora ya ordenó revisar esos contratos. Qué bueno.

Pero aquí surge una pregunta bastante menos cómoda: ¿Y antes quién los revisaba? Porque resulta que cuando Estados Unidos pone a una empresa en su lista negra, de pronto en Baja California descubrimos que hay que revisar expedientes, contratos, proveedores, antecedentes y relaciones.

Como si alguien hubiera prendido la luz. Y entonces todos descubrieran que había muebles en la sala. Lo más delicado, sin embargo, es que no se trata únicamente de contratos para uniformes o computadoras. Hay documentación pública de la propia Fiscalía que justifica mantener bajo reserva información relacionada con contratos de Inteliproof debido a que involucraba tecnologías y capacidades cuya revelación podía comprometer la seguridad pública.

Es decir, estamos hablando de herramientas relacionadas con una de las áreas más sensibles del Estado. Seguridad. Inteligencia. Tecnología.

Y entonces sí cabe preguntar, sin necesidad de gritos ni consignas: ¿quién revisó a los proveedores?, ¿quién autorizó los contratos?, ¿quién verificó sus antecedentes?, ¿quién supervisó qué información y qué capacidades tecnológicas estaban entrando a las instituciones encargadas de combatir al crimen?

Porque una cosa es que una empresa sea legalmente contratada y otra que años después aparezca señalada por una autoridad extranjera como parte de una red criminal. Eso, por supuesto, no convierte automáticamente cada contrato en un delito ni prueba por sí mismo que algún funcionario haya actuado de manera ilegal.

Pero sí obliga a explicar. Y a explicar muy bien.

Marina, mientras tanto, ha optado por la fórmula conocida: ya no defiende a Carlos Torres; simplemente dice que no estaba enterada de sus asuntos. El problema es que la política no se ejerce en una isla. Mucho menos cuando se trata de una pareja que durante años compartió vida personal, negocios, relaciones políticas y espacios de poder.

Y aquí es donde aparece la parte más incómoda de toda esta historia. La sociedad podrá aceptar que una esposa no conozca cada detalle de las actividades profesionales de su marido. Lo que resulta bastante más difícil de creer es que no sepa absolutamente nada cuando el marido participa en política, tiene relaciones con funcionarios, aparece en oficinas públicas, ocupa cargos honorarios, se relaciona con empresarios y forma parte del círculo cercano del poder.

Y todavía más difícil resulta pedirle a la sociedad que crea que nadie veía nada. Porque en Baja California hay demasiados ciudadanos que llevan años preguntándose lo mismo: ¿Quiénes son realmente los beneficiarios del poder? ¿Quiénes se enriquecieron? ¿Quiénes multiplicaron sus negocios? ¿Quiénes pasaron de empresarios conocidos a magnates?
¿Quiénes comenzaron a comprar propiedades, vehículos y negocios mientras ocupaban cargos públicos o se encontraban extraordinariamente cerca de quienes los ocupaban? Y, sobre todo, ¿quiénes consiguieron contratos?

Ésa es la pregunta que Marina del Pilar debería contestar antes de terminar su gobierno. No porque tenga que responder por los delitos que se atribuyan a terceros. Sino porque sí tiene que responder políticamente por un gobierno que lleva su nombre. Porque el poder también tiene responsabilidades indirectas. Y las facturas políticas llegan, aunque uno se haya divorciado. El divorcio podrá modificar el estado civil. No modifica la memoria.

Tampoco borra fotografías, relaciones, negocios, nombramientos, contratos ni decisiones tomadas durante los años en que dos personas caminaron juntas por los pasillos del poder.
Y ése es precisamente el problema de Marina.

Cada vez que intenta poner distancia con Carlos Torres, aparece un documento que vuelve a acercarlos. Cada vez que parece haber pasado la tormenta, aparece otra nube. Y cada vez que el gobierno intenta cerrar una crisis, termina abriendo una carpeta nueva. Quizá ha llegado el momento de que la gobernadora comprenda que el asunto ya no se resuelve con comunicados. Tampoco con divorcios. Mucho menos con el viejo recurso de “yo no sabía”.

Lo que necesita Baja California es una revisión real, pública y documentada de los contratos, proveedores y funcionarios involucrados. Y Marina necesita algo más. Necesita resolver de una vez por todas su situación personal, política y patrimonial con todo aquello que pueda seguir relacionándola con personas, empresas o intereses que hoy se encuentran bajo cuestionamiento nacional e internacional. Porque su gobierno tiene fecha de caducidad. Y ése debería ser el menor de sus problemas.

Un gobernante suele preocuparse mucho por el sexto año porque sabe que el poder se acaba. Pero quizá Marina debería recordar que el verdadero problema no siempre es el sexto año. Es el séptimo. El sexto termina el gobierno. El séptimo comienza cuando termina el poder. Cuando ya no están los escoltas. Cuando ya no suena el teléfono para preguntar quién quiere hablar con la gobernadora. Cuando los funcionarios dejan de contestar inmediatamente. Cuando los empresarios dejan de hacer antesala. Cuando los aliados empiezan a convertirse en testigos. Y cuando los agraviados dejan de tener miedo.

Ese día, las explicaciones ya no se dan desde Palacio de Gobierno. Se dan ante las autoridades. Y ante la historia.

Por eso, si Marina del Pilar quiere terminar lo mejor posible su carrera política, todavía está a tiempo de entender algo elemental: no basta con terminar el sexenio. Hay que salir de él sin dejar detrás una montaña de asuntos pendientes. Porque los contratos se pueden revisar.
Las empresas se pueden investigar. Los expedientes se pueden abrir. Las fortunas inexplicables pueden ser auditadas. Y los agravios, esos sí, tienen una memoria particularmente larga.

Carlos Torres podrá ser hoy su exesposo. Pero políticamente sigue siendo parte de su historia. Y esa historia, para desgracia de la gobernadora, parece tener todavía varios capítulos por escribir. El divorcio terminó el matrimonio. Lo que falta por verse es si también alcanzará para divorciar a Marina del Pilar de todas las sombras políticas que dejó aquella relación. Porque de eso, hasta ahora, parece que no hay acta que dé fe.

Por cierto, en eso de la revisión de los contratos y adjudicaciones, deberán poner mucha atención con las relaciones amistosas entre empresarios y funcionarios pues, no dude usted, que de pronto aparezcan nuevos negocios y nuevas facturas a favor de prestanombres. Ya se la saben.

Cicatrizar las heridas

Julieta Ramírez Padilla, nombrada coordinadora de quién sabe qué cosa en Baja California, parece haber entendido algo elemental de la política: después de una batalla siempre hay heridos y, tarde o temprano, hay que recogerlos. Y hace bien.

Porque, para bien de Morena —y también para su propia aspiración—, la principal batalla de Julieta no estará necesariamente afuera del partido, sino dentro de él. Ahí están los grupos que quedaron en el camino, los que tenían otros planes, otros candidatos y, seguramente, otras expectativas.

La buena noticia para ella es que esos heridos no quedaron tirados en el campo de batalla. Por el contrario. Muchos conservan el poder, el dinero, las posiciones y los espacios desde donde pueden ayudar a cicatrizar las heridas. Y si Julieta realmente pretende encabezar un proyecto que trascienda la coyuntura, tendrá que entender que la política no se hace únicamente con ganadores. También se construye con los que perdieron.

Hasta ahí, bien. El problema empieza cuando la propia Julieta parece empeñada en convertirse en su principal obstáculo. Porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta confundirlo con arrogancia. Una cosa es defenderse y otra responder a cada crítica como si quien pregunta estuviera cometiendo un delito de lesa majestad.

Los gritos destemplados, los manotazos, las respuestas agresivas y ese tono de suficiencia con el que algunas veces enfrenta a sus interlocutores, sobre todo con los periodistas, pueden entusiasmar a los convencidos, pero difícilmente convencerán a quienes todavía no han decidido.

Y esos son, precisamente, los que debería estar buscando. Las encuestas advierten que alrededor de uno de cada cuatro bajacalifornianos en edad de votar permanece indeciso. Uno de cada cuatro.

No es un dato menor. Es, probablemente, el segmento electoral que terminará inclinando la balanza cuando llegue la hora de votar. Y a esos ciudadanos no se les convence a gritos. Mucho menos con soberbia.

Julieta necesita entender que ya no está hablando solamente para la militancia de Morena ni para quienes celebran cada una de sus intervenciones en redes sociales. Si quiere gobernar Baja California, tendrá que empezar a hablarle a Baja California.

A los que no militan en Morena. A los que desconfían de Morena. A los que votaron por Morena y hoy tienen dudas. A los que no saben todavía por quién votar y, sobre todo, a los que no están dispuestos a entregar un cheque en blanco a nadie.

La política también es comunicación. Y comunicar no significa hablar más fuerte.
Significa escuchar mejor. Julieta tiene tiempo para corregir. Puede reconciliar a los grupos, puede sumar a los que quedaron fuera y puede construir una candidatura competitiva.

Pero antes tendrá que cicatrizar algo más complicado: la percepción de que la soberbia ya le ganó terreno a la prudencia. Porque en política, como en las guerras, ganar una batalla no significa haber ganado la guerra.

Y a veces el enemigo más peligroso no está enfrente. Está en el espejo.

Este viernes, el partido Morena emitió un posicionamiento que pretende ser parte de una estrategia de control de daños, pero resultó en una burdo reciclaje de su argumento número uno a la hora de responder acusaciones: el PRIAN era peor y ocasionó la situación actual.

El documento por supuesto, enfoca su retórica en descalificar al PRI y al PAN por sus administraciones pasadas “treinta años de la derecha”, y así apuntando los reflectores al pasado pretende que nos olvidemos del presente o al menos lo veamos con otra luz.

Esta narrativa busca desviar la atención pública de la crisis inmediata. El reporte de la OFAC no es una simple crítica partidista de la oposición local, sino una sanción internacional que acusa de narcocorrupción a figuras clave del entorno político actual del estado y cuyo criticado desempeño no se entiende sin el respaldo y conocimiento de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

El comunicado expresa un “total respaldo” a la mandataria, queriendo subrayar que la OFAC sancionó a Carlos Torres -exesposo de la mandataria- y su antiguo operador político. Además el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expone que Torres utilizó su influencia política para facilitar y proteger las operaciones de “Los Rusos”. ¿Y quién le dio esa influencia política a Carlos Torres? No importa si está ya divorciada. Cuando sucedieron los hechos estaban casados y sabían lo que hacía el otro.

Mientras Morena asegura en el texto que bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum “los recursos públicos deben estar siempre al servicio de los ciudadanos”, en términos administrativos el gobierno de Baja California se encuentra en una posición muy difícil; ¿Cómo explican los millones que les dio Fiscalía General del Estado a esas empresas? Y no digan que la fiscalía y el gobierno son poderes independientes, porque en los hechos a los oficiales mayores de los órganos independientes los puso David Cervantes, el amigo de Marina del Pilar.

Y todavía tienen -estos sí-, el cinismo de enviar un documento desde Oficialía Mayor de Gobierno donde se lavan las manitas sobre la contratación de empresas boletinadas por Estados Unidos.

La premisa de que “nadie está por encima de la ley” intenta blindar al partido ante futuras implicaciones legales o investigaciones federales en México. Al alinearse con las directrices anticorrupción de la presidencia de la República, la dirigencia local de Morena busca enviar un mensaje de cooperación y pulcritud para evitar que el escándalo de la OFAC impacte los niveles de aprobación del movimiento de cara a próximos procesos electorales, cuestión que estará muy difícil, pues a la coordinadora Julieta Ramírez ya le salpicó tener cerca a la conexión del huachicol entre los mañosos y los políticos de Morena -según la OFAC-, Rafael Buenrostro, a quien se le vio muy feliz celebrando el nombramiento de Julieta en Ciudad de México.

Hay una frase que suele aparecer cuando una administración pública enfrenta preguntas incómodas: “todo se hizo conforme a la ley”. El problema es que esa respuesta, por sí sola, no necesariamente despeja las dudas.

El oficio OMG/DNPA/DIR/1677/2026, fechado el 29 de septiembre, reconoce que en los archivos del Gobierno de Baja California existen contratos celebrados con algunas personas físicas y morales que aparecen en el listado de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC.

La Oficialía Mayor sostiene que, al momento de las contrataciones, no existía impedimento legal en México: los proveedores no estaban inhabilitados, no se encontraban sancionados conforme a la legislación nacional y, según la revisión realizada, tampoco se detectaron conflictos de interés o incumplimientos fiscales. Qué bonito, qué limpio, que chulada.

Pero que algo haya sido legal no significa automáticamente que haya sido prudente, conveniente o explicable. La respuesta oficial desde Gobierno del Estado tiene un dato que merece atención: la propia Oficialía Mayor reconoce que no concentra toda la información correspondiente a los organismos paraestatales, pues estos cuentan con sus propios procedimientos de contratación y seguimiento.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿cuántos contratos fueron realmente celebrados con esas personas o empresas y por cuánto dinero? ¿Quién los contrató? ¿Quién autorizó las operaciones? ¿Mediante licitación, invitación o adjudicación directa? ¿Por cuáles servicios?

Si la administración estatal tiene la certeza de que las contrataciones fueron correctas, transparentar los documentos debería ayudar a cerrar la discusión, pero sabemos que no lo harán. La administración de Marina del Pilar está peleada con la transparencia.

El verdadero problema sería lo contrario: que detrás de la frase “no había impedimento legal” se pretenda colocar un punto final a una discusión que apenas comienza. Que se abran los expedientes si todo está en orden.

Fuentes enteradas del desarrollo de las investigaciones de Estados Unidos contra miembros de cárteles y funcionarios o exfuncionarios bajacalifornianos, comentan que por supuesto que está el nombre de la mandataria en varias carpetas de investigación, la cual se remonta al inicio de la campaña para la gubernatura, por la cantidad de recursos y las personas que la financiaron. Que la espera tendría que ver con los movimientos de bienes que hace cada que le cierran más el cerco, los cuales tienen perfectamente documentados. Y por supuesto que la corrupción de Carlos y Luis Torres no se entiende sin el poder del estado detrás de ellos.

En otro tema, ya comentábamos que el asunto de los allanamientos a la oficina del Notario 14 y a la oficina de Jaime Dávila estaba muy raro. En el caso del Notario, este agradeció a la policía municipal su rápida intervención y la captura del responsable, que se quedó horas revolviendo documentos al parecer en busca de algo muy específico.

En el caso de Dávila, este acusó a los dos uniformados que acudieron a una primer llamada en la madrugada, de cómplices del presunto ladrón. Este hombre se presentó ante los agentes vestido de guardia de seguridad. Les dijo que él se haría cargo, le tomaron declaración y sus datos y se retiraron. El tipo siguió hurgando y a las seis de la mañana que llegó la señora de la limpieza hizo otro reporte porque no reconocía al hombre como guardia de seguridad, sino como un intruso. La policía regresó, y se llevó al responsable, que no se llevó nada.

Dávila respondió pidiendo la renuncia del director de Seguridad Pública, Luis Felipe Chan, mientras que de manera contradictoria le otorgó el perdón al responsable de los daños y del allanamiento. Los agentes ya están reportados a Sindicatura, por cierto, por el error de no haber verificado la veracidad del cuento que les echaron y permitir al hombre seguir buscando feliz de la vida.

Nos comentaron que la búsqueda de papeles al parecer es algo relacionado con Pedro Ariel Mendívil, quien -mire qué causalidad- es pariente de la esposa de Jaime Dávila y éste ha usado el medio del exvocero de Mendívil para estar acusando a la policía municipal y a su director. Qué casualidad.