El Gobierno de Baja California ordenó suspender y evitar nuevos contratos con las empresas que aparecen en una lista bajo revisión, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga las contrataciones realizadas durante la actual administración estatal.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que, desde que se recibió la información sobre las empresas señaladas, se instruyó revisar los procedimientos en los que han participado y evitar que puedan recibir nuevos contratos.

“Desde el primer momento que recibimos esta lista, se mandaron revisar todas estas empresas que aparecen en la lista para que no pudieran recibir más contratos y suspender los que tenían hasta el día de hoy”, señaló.

Agregó que Gabriela Monge, la secretaria Anticorrupción está realizando una revisión, mientras que Oficialía Mayor, a cargo de David Cervantes, está entregando la documentación disponible para ampliar el proceso de investigación.

Monge, explicó que el pasado miércoles recibieron oficialmente la información por parte de Oficialía Mayor y, a partir de entonces, comenzaron a trabajar de manera coordinada para revisar cada una de las contrataciones en las que aparecen las empresas señaladas.

Indicó que la dependencia ya emitió un primer documento con requerimientos adicionales de información para realizar la revisión correspondiente.

Precisó que la revisión comprende los procedimientos realizados desde el 1 de noviembre de 2021 hasta la fecha, y que en el marco de sus atribuciones, Oficialía Mayor emitió medidas para impedir que las empresas señaladas puedan participar en procedimientos de contratación. “Ese veto preventivo ya está y está notificado a la Oficialía Mayor”, afirmó.

Por su parte, Víctor Manuel Cortez Rodríguez, director de Fiscalización de la Inversión Pública, explicó que los órganos internos de control tienen participación en los comités de adquisiciones y que la documentación recibida de Oficialía Mayor contempla distintos procedimientos de contratación.

Entre ellos se encuentran licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas, además de otra información que será analizada como parte de la investigación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, institución que efectuó contratos con algunas empresas boletinadas por Estados Unidos, aclaró que esa dependencia únicamente participa como área requirente, al establecer las necesidades operativas de la corporación en materia de uniformes, armamento, vehículos y equipamiento.

Explicó que la secretaría a su cargo no es responsable de los procesos administrativos de contratación, Añadió que sí verifican que los materiales y equipos entregados correspondan a las características solicitadas y cumplan con las necesidades operativas y de seguridad de los agentes.

En tanto, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, otra institución donde aparecen contratos de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense, sostuvo que las adquisiciones de la Fiscalía deben pasar por un comité y cumplir con una serie de requisitos establecidos en las leyes federales y nacionales.

Afirmó que las contrataciones no constituyen decisiones unilaterales y que se revisan los procedimientos administrativos y fiscales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para todas las empresas.

Andrade Ramírez destacó que existen proveedores especializados para determinados productos, como radios, chalecos antibalas y equipamiento táctico, por lo que estos procesos también deben analizarse considerando las características específicas de los bienes requeridos.

La investigación continuará con la revisión de los expedientes de contratación y la documentación que entreguen las distintas dependencias, mientras permanece vigente el veto preventivo para impedir la participación de las empresas señaladas en nuevos procedimientos de contratación estatal.

El diputado federal César Damián Retes presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por asociación delictuosa, colusión de servidores públicos y lavado de dinero. El legislador exigió que la mandataria se separe de su cargo para enfrentar las investigaciones.

Durante la presentación del recurso legal, en la que estuvo acompañado por los diputados federales Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana, Retes afirmó que “Marina del Pilar les debe una explicación a las familias bajacalifornianas” ante las constantes pruebas que, según sus declaraciones, vinculan a la administración estatal con redes de desvío de recursos.

El diputado detalló que una de las principales evidencias involucra a la empresa Vida Orgánica, compañía de la cual la gobernadora donó sus acciones hace apenas unos días, pero en la que presuntamente recibió importantes sumas de dinero mientras fungía como accionista.

Retes sostuvo que este caso destapa una red de empresas mediante la cual diversos funcionarios estatales bajo el mando de Ávila Olmeda habrían desviado fondos públicos, blanqueado capitales e incluso establecido vínculos con el narcotráfico.

El legislador lanzó una fuerte crítica a la inacción de las autoridades ministeriales, señalando que las investigaciones clave del país han sido impulsadas por ciudadanos y organismos externos y no por la propia FGR.

“Hoy estamos aquí ayudándole a la fiscalía, haciéndole el trabajo, porque desgraciadamente quien encontró las fosas clandestinas fueron las familias de los desaparecidos; quien encontró a Amílcar Olán en Suiza fue un periodista; quien encontró las empresas que lavan dinero del cártel fue la OFAC y no la fiscalía. Por ello hoy le entregamos la evidencia pública para que se ponga a hacer su trabajo e investigar”, sentenció.

Retes reiteró que la gobernadora debe dejar su puesto, argumentando que su atención actual está centrada en su defensa legal y en gestionar que le devuelvan su visa estadounidense, descuidando el bienestar de la población.

El diputado concluyó advirtiendo sobre el deterioro de la seguridad en la región: “Después de un año y medio que le quitaron la visa, somos el Estado donde más visas han quitado, donde las familias están más abandonadas y somos un referente por notas de inseguridad y extorsión”.

Los diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vázquez y César Israel Damián Retes, exigieron a las autoridades mexicanas esclarecer de manera exhaustiva los señalamientos de corrupción del gobierno estatal, tras las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el excoordinador de proyectos estratégicos, Carlos Torres.

Durante un mensaje conjunto, la diputada Eva María Vázquez advirtió que Baja California enfrenta una situación sumamente compleja y demandó que se ponga fin a las respuestas evasivas por parte de la administración local.

Por su parte, el diputado Damián Retes detalló el perfil de Carlos Torres, recordando su vínculo directo con la actual gobernadora, Marina del Pilar, y su rol dentro de la administración pública del estado.

Subrayó que la oficina estadounidense lo acusa de mantener nexos con la delincuencia organizada y de aprovechar su posición para favorecer actividades delictivas.

“El Departamento del Tesoro lo señala por vínculos con una organización criminal y por utilizar su influencia política para facilitar sus operaciones. Este señalamiento va mucho más allá de una sola persona; habla de protección ante las autoridades y sostiene que esta red habría alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal”, apuntó Retes.

Ante esta situación, Vázquez destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México ya tomó las primeras medidas formales al congelar cuentas bancarias y abrir una carpeta de investigación por movimientos financieros irregulares. En nombre de su partido, la diputada cuestionó los alcances reales de las indagatorias e interpeló a los organismos de procuración de justicia.

“Preguntamos: ¿Qué está investigando la Fiscalía? ¿Hasta dónde llegan estos vínculos y qué ocurrió dentro del gobierno de Baja California? También las autoridades tienen que esclarecer qué sabía Marina del Pilar y quiénes más están siendo investigados”, puntualizó la legisladora.

Finalmente, ambos representantes federales coincidieron en que el proceso no debe admitir concesiones ni privilegios políticos, urgiendo tanto a la Fiscalía como a la UIF a actuar con total transparencia y rigor.