Este fin de semana trascendió que el jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Sindicatura Municipal de Ensenada fue detenido a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo en San Diego, California.

El funcionario, Francisco “N”, es nada menos que director de asuntos internos de sindicatura, área que realiza las investigaciones administrativas sobre la actuación de servidores públicos municipales, donde también se incluyen los policías municipales.

Francisco está vinculado como socio a la asociación civil Ensenada Ayuda Sin Límite, organismo que promociona el trabajo territorial de Alejandro Arregui, exsecretario del Trabajo (que está interesado en la alcaldía de Ensenada) y su pariente, Diego Lara Arregui, diputado local.

Elí Oviedo, síndico municipal de Ensenada y políticamente cercano a Alejandro Arregui, designó a Francisco como responsable de Asuntos Internos, un área particularmente sensible porque tiene entre sus funciones la vigilancia y revisión de la actuación de elementos del Ayuntamiento de Ensenada y de la Policía Municipal.

Ese Elí Oviedo, junto con los Arregui, despojó a una adulta mayor de su casa frente a la playa en aquel puerto, en un conjunto habitacional de pocas casas. Lee esa nota aquí.

La dinámica de Ensenada Ayuda Sin Límite consiste en organizar entregas de apoyos, útiles escolares, becas, dinero en efectivo y distintos beneficios para ciudadanos de Ensenada. Aunque públicamente opera como una asociación civil sin fines de lucro y con objetivos asistenciales, en diversos eventos aparecen Alejandro Arregui o Diego Arregui, quienes aprovechan estos espacios para emitir mensajes de carácter político.

De izquierda a derecha: regidor Iván Salas, síndico Elí Oviedo, regidora Michelle Maldonado, regidora Mónica Primero y el de la flecha es Francisco “N”. A ese grupo de ediles se les conoce como “Los rosas” por el partido satélite de Morena, Fuerza por México. Por cierto que ahí en la foto está también el diputado Diego Lara Arregui, tránsfuga de ese partido, quien se sumó recientemente a la bancada de Morena.

Por cierto que cada que interviene en el congreso, él, Valencia, Mogollón y Peñaloza siempre es para repetir el disco rallado del discurso morenista: la soberanía nacional, la construcción del segundo piso de la transformación, plegaria al mesías de Macuspana y finalmente loas a la “mejor presidenta del mundo”.

Veremos cómo explica el funcionario detenido la supuesta compra de buena fe del vehículo que conducía. Por lo pronto, su acción pone en evidencia la ignorancia o el dolo de su proceder. Si se lo chamaquearon, no sirve para el cargo que tiene. Si sabía, menos aún.

Muy decepcionados están algunos burócratas cachanillas de su líder municipal Patricia Ruiz, quien no oculta su entusiasmo por aplaudirle a Julieta Ramírez, a quien quien sabe si violando los estatutos, metió al sindicato a evangelizar trabajadores al servicio del estado, antes de que el partido guinda eligiera coordinadora estatal, siendo la única con quien tuviera esa deferencia.

Ni Manuel Guerrero ni Selene Cota mostraron el cobre tan rápido.

Y hablando de la simpática Julieta, publicó su agradecimiento por una reunión con izquierdistas y fundadores de Morena, donde parece que se les coló el panista Juan Ramón López Naranjo (quien salió por la puerta de atrás del cargo que le dieron en Recaudación), y el priísta Humberto López Barraza.

En fin, que el manto de la 4T alcanza para limpiar de azulito, rosa y tricolor a cualquiera que quiera acercarse a las mieles del poder, a ver si le toca algo.

La síndica con sus Christian Louboutin Follies Strass 85, de 1,300 dólares, aunque la esclava y el reloj del alcalde de Tijuana justifican los múltiples guaruras de Ismael Burgueño.

COLUMNA INVITADA/por Fernando Ruiz del Castillo

Aún divorciados legalmente, el nombre de Carlos Torres Torres estará ligado para siempre al de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Para bien o para mal.

Y, a estas alturas, habría que ser demasiado ingenuo para pensar que es para lo primero. Porque si algo ha demostrado el escándalo que comenzó con el retiro de las visas estadounidenses a la entonces pareja presidencial de Baja California, es que el control de daños puede terminar siendo mucho más dañino que el incendio original.

Primero fue la visa. Después vino el divorcio. Luego el deslinde.

Y ahora aparecen empresas que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, forman parte de una red vinculada al crimen organizado y que, para mayor desgracia del gobierno estatal, no sólo hicieron negocios con dependencias públicas, sino que llegaron hasta terrenos particularmente delicados: seguridad, tecnología e inteligencia.

Ahí es donde la historia deja de ser solamente matrimonial. Y se convierte en un asunto de gobierno.

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso, a quienes señaló como facilitadores políticos de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa. Carlos Torres rechazó las acusaciones y anunció que buscará aclararlas ante las autoridades correspondientes.

Hasta ahí, Marina puede decir, con toda razón jurídica, que las acusaciones contra su exesposo corresponden a él y que deberá responder personalmente por ellas. El problema empieza cuando aparecen los contratos.

Porque una cosa es decir “no sé nada de los negocios de mi exmarido” y otra muy distinta descubrir que empresas señaladas por el gobierno estadounidense terminaron haciendo negocios con el gobierno que ella encabeza.

Y no estamos hablando precisamente de vender papelería para las oficinas. La empresa Inteliproof Efficient, relacionada por OFAC con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, recibió contratos de la Fiscalía General del Estado durante varios años. Investigaciones periodísticas documentaron contratos para equipo de cómputo, drones, uniformes, equipo táctico y, particularmente, tecnología de inteligencia y reconocimiento facial.

MCCI reportó contratos de la Fiscalía por más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025, mientras otras revisiones documentales identifican decenas de contratos por más de 73 millones en ese periodo.

Y todavía hay más. El propio gobierno de Marina del Pilar aparece entre las dependencias que contrataron a Inteliproof. Una revisión de registros de Compranet reportó seis contratos adjudicados directamente por la Oficialía Mayor en 2024, por poco más de 3 millones de pesos, para equipo de cómputo, almacenamiento digital, prendas de protección y refacciones. La gobernadora ya ordenó revisar esos contratos. Qué bueno.

Pero aquí surge una pregunta bastante menos cómoda: ¿Y antes quién los revisaba? Porque resulta que cuando Estados Unidos pone a una empresa en su lista negra, de pronto en Baja California descubrimos que hay que revisar expedientes, contratos, proveedores, antecedentes y relaciones.

Como si alguien hubiera prendido la luz. Y entonces todos descubrieran que había muebles en la sala. Lo más delicado, sin embargo, es que no se trata únicamente de contratos para uniformes o computadoras. Hay documentación pública de la propia Fiscalía que justifica mantener bajo reserva información relacionada con contratos de Inteliproof debido a que involucraba tecnologías y capacidades cuya revelación podía comprometer la seguridad pública.

Es decir, estamos hablando de herramientas relacionadas con una de las áreas más sensibles del Estado. Seguridad. Inteligencia. Tecnología.

Y entonces sí cabe preguntar, sin necesidad de gritos ni consignas: ¿quién revisó a los proveedores?, ¿quién autorizó los contratos?, ¿quién verificó sus antecedentes?, ¿quién supervisó qué información y qué capacidades tecnológicas estaban entrando a las instituciones encargadas de combatir al crimen?

Porque una cosa es que una empresa sea legalmente contratada y otra que años después aparezca señalada por una autoridad extranjera como parte de una red criminal. Eso, por supuesto, no convierte automáticamente cada contrato en un delito ni prueba por sí mismo que algún funcionario haya actuado de manera ilegal.

Pero sí obliga a explicar. Y a explicar muy bien.

Marina, mientras tanto, ha optado por la fórmula conocida: ya no defiende a Carlos Torres; simplemente dice que no estaba enterada de sus asuntos. El problema es que la política no se ejerce en una isla. Mucho menos cuando se trata de una pareja que durante años compartió vida personal, negocios, relaciones políticas y espacios de poder.

Y aquí es donde aparece la parte más incómoda de toda esta historia. La sociedad podrá aceptar que una esposa no conozca cada detalle de las actividades profesionales de su marido. Lo que resulta bastante más difícil de creer es que no sepa absolutamente nada cuando el marido participa en política, tiene relaciones con funcionarios, aparece en oficinas públicas, ocupa cargos honorarios, se relaciona con empresarios y forma parte del círculo cercano del poder.

Y todavía más difícil resulta pedirle a la sociedad que crea que nadie veía nada. Porque en Baja California hay demasiados ciudadanos que llevan años preguntándose lo mismo: ¿Quiénes son realmente los beneficiarios del poder? ¿Quiénes se enriquecieron? ¿Quiénes multiplicaron sus negocios? ¿Quiénes pasaron de empresarios conocidos a magnates?
¿Quiénes comenzaron a comprar propiedades, vehículos y negocios mientras ocupaban cargos públicos o se encontraban extraordinariamente cerca de quienes los ocupaban? Y, sobre todo, ¿quiénes consiguieron contratos?

Ésa es la pregunta que Marina del Pilar debería contestar antes de terminar su gobierno. No porque tenga que responder por los delitos que se atribuyan a terceros. Sino porque sí tiene que responder políticamente por un gobierno que lleva su nombre. Porque el poder también tiene responsabilidades indirectas. Y las facturas políticas llegan, aunque uno se haya divorciado. El divorcio podrá modificar el estado civil. No modifica la memoria.

Tampoco borra fotografías, relaciones, negocios, nombramientos, contratos ni decisiones tomadas durante los años en que dos personas caminaron juntas por los pasillos del poder.
Y ése es precisamente el problema de Marina.

Cada vez que intenta poner distancia con Carlos Torres, aparece un documento que vuelve a acercarlos. Cada vez que parece haber pasado la tormenta, aparece otra nube. Y cada vez que el gobierno intenta cerrar una crisis, termina abriendo una carpeta nueva. Quizá ha llegado el momento de que la gobernadora comprenda que el asunto ya no se resuelve con comunicados. Tampoco con divorcios. Mucho menos con el viejo recurso de “yo no sabía”.

Lo que necesita Baja California es una revisión real, pública y documentada de los contratos, proveedores y funcionarios involucrados. Y Marina necesita algo más. Necesita resolver de una vez por todas su situación personal, política y patrimonial con todo aquello que pueda seguir relacionándola con personas, empresas o intereses que hoy se encuentran bajo cuestionamiento nacional e internacional. Porque su gobierno tiene fecha de caducidad. Y ése debería ser el menor de sus problemas.

Un gobernante suele preocuparse mucho por el sexto año porque sabe que el poder se acaba. Pero quizá Marina debería recordar que el verdadero problema no siempre es el sexto año. Es el séptimo. El sexto termina el gobierno. El séptimo comienza cuando termina el poder. Cuando ya no están los escoltas. Cuando ya no suena el teléfono para preguntar quién quiere hablar con la gobernadora. Cuando los funcionarios dejan de contestar inmediatamente. Cuando los empresarios dejan de hacer antesala. Cuando los aliados empiezan a convertirse en testigos. Y cuando los agraviados dejan de tener miedo.

Ese día, las explicaciones ya no se dan desde Palacio de Gobierno. Se dan ante las autoridades. Y ante la historia.

Por eso, si Marina del Pilar quiere terminar lo mejor posible su carrera política, todavía está a tiempo de entender algo elemental: no basta con terminar el sexenio. Hay que salir de él sin dejar detrás una montaña de asuntos pendientes. Porque los contratos se pueden revisar.
Las empresas se pueden investigar. Los expedientes se pueden abrir. Las fortunas inexplicables pueden ser auditadas. Y los agravios, esos sí, tienen una memoria particularmente larga.

Carlos Torres podrá ser hoy su exesposo. Pero políticamente sigue siendo parte de su historia. Y esa historia, para desgracia de la gobernadora, parece tener todavía varios capítulos por escribir. El divorcio terminó el matrimonio. Lo que falta por verse es si también alcanzará para divorciar a Marina del Pilar de todas las sombras políticas que dejó aquella relación. Porque de eso, hasta ahora, parece que no hay acta que dé fe.

Por cierto, en eso de la revisión de los contratos y adjudicaciones, deberán poner mucha atención con las relaciones amistosas entre empresarios y funcionarios pues, no dude usted, que de pronto aparezcan nuevos negocios y nuevas facturas a favor de prestanombres. Ya se la saben.

Cicatrizar las heridas

Julieta Ramírez Padilla, nombrada coordinadora de quién sabe qué cosa en Baja California, parece haber entendido algo elemental de la política: después de una batalla siempre hay heridos y, tarde o temprano, hay que recogerlos. Y hace bien.

Porque, para bien de Morena —y también para su propia aspiración—, la principal batalla de Julieta no estará necesariamente afuera del partido, sino dentro de él. Ahí están los grupos que quedaron en el camino, los que tenían otros planes, otros candidatos y, seguramente, otras expectativas.

La buena noticia para ella es que esos heridos no quedaron tirados en el campo de batalla. Por el contrario. Muchos conservan el poder, el dinero, las posiciones y los espacios desde donde pueden ayudar a cicatrizar las heridas. Y si Julieta realmente pretende encabezar un proyecto que trascienda la coyuntura, tendrá que entender que la política no se hace únicamente con ganadores. También se construye con los que perdieron.

Hasta ahí, bien. El problema empieza cuando la propia Julieta parece empeñada en convertirse en su principal obstáculo. Porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta confundirlo con arrogancia. Una cosa es defenderse y otra responder a cada crítica como si quien pregunta estuviera cometiendo un delito de lesa majestad.

Los gritos destemplados, los manotazos, las respuestas agresivas y ese tono de suficiencia con el que algunas veces enfrenta a sus interlocutores, sobre todo con los periodistas, pueden entusiasmar a los convencidos, pero difícilmente convencerán a quienes todavía no han decidido.

Y esos son, precisamente, los que debería estar buscando. Las encuestas advierten que alrededor de uno de cada cuatro bajacalifornianos en edad de votar permanece indeciso. Uno de cada cuatro.

No es un dato menor. Es, probablemente, el segmento electoral que terminará inclinando la balanza cuando llegue la hora de votar. Y a esos ciudadanos no se les convence a gritos. Mucho menos con soberbia.

Julieta necesita entender que ya no está hablando solamente para la militancia de Morena ni para quienes celebran cada una de sus intervenciones en redes sociales. Si quiere gobernar Baja California, tendrá que empezar a hablarle a Baja California.

A los que no militan en Morena. A los que desconfían de Morena. A los que votaron por Morena y hoy tienen dudas. A los que no saben todavía por quién votar y, sobre todo, a los que no están dispuestos a entregar un cheque en blanco a nadie.

La política también es comunicación. Y comunicar no significa hablar más fuerte.
Significa escuchar mejor. Julieta tiene tiempo para corregir. Puede reconciliar a los grupos, puede sumar a los que quedaron fuera y puede construir una candidatura competitiva.

Pero antes tendrá que cicatrizar algo más complicado: la percepción de que la soberbia ya le ganó terreno a la prudencia. Porque en política, como en las guerras, ganar una batalla no significa haber ganado la guerra.

Y a veces el enemigo más peligroso no está enfrente. Está en el espejo.

Este viernes, el partido Morena emitió un posicionamiento que pretende ser parte de una estrategia de control de daños, pero resultó en una burdo reciclaje de su argumento número uno a la hora de responder acusaciones: el PRIAN era peor y ocasionó la situación actual.

El documento por supuesto, enfoca su retórica en descalificar al PRI y al PAN por sus administraciones pasadas “treinta años de la derecha”, y así apuntando los reflectores al pasado pretende que nos olvidemos del presente o al menos lo veamos con otra luz.

Esta narrativa busca desviar la atención pública de la crisis inmediata. El reporte de la OFAC no es una simple crítica partidista de la oposición local, sino una sanción internacional que acusa de narcocorrupción a figuras clave del entorno político actual del estado y cuyo criticado desempeño no se entiende sin el respaldo y conocimiento de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

El comunicado expresa un “total respaldo” a la mandataria, queriendo subrayar que la OFAC sancionó a Carlos Torres -exesposo de la mandataria- y su antiguo operador político. Además el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expone que Torres utilizó su influencia política para facilitar y proteger las operaciones de “Los Rusos”. ¿Y quién le dio esa influencia política a Carlos Torres? No importa si está ya divorciada. Cuando sucedieron los hechos estaban casados y sabían lo que hacía el otro.

Mientras Morena asegura en el texto que bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum “los recursos públicos deben estar siempre al servicio de los ciudadanos”, en términos administrativos el gobierno de Baja California se encuentra en una posición muy difícil; ¿Cómo explican los millones que les dio Fiscalía General del Estado a esas empresas? Y no digan que la fiscalía y el gobierno son poderes independientes, porque en los hechos a los oficiales mayores de los órganos independientes los puso David Cervantes, el amigo de Marina del Pilar.

Y todavía tienen -estos sí-, el cinismo de enviar un documento desde Oficialía Mayor de Gobierno donde se lavan las manitas sobre la contratación de empresas boletinadas por Estados Unidos.

La premisa de que “nadie está por encima de la ley” intenta blindar al partido ante futuras implicaciones legales o investigaciones federales en México. Al alinearse con las directrices anticorrupción de la presidencia de la República, la dirigencia local de Morena busca enviar un mensaje de cooperación y pulcritud para evitar que el escándalo de la OFAC impacte los niveles de aprobación del movimiento de cara a próximos procesos electorales, cuestión que estará muy difícil, pues a la coordinadora Julieta Ramírez ya le salpicó tener cerca a la conexión del huachicol entre los mañosos y los políticos de Morena -según la OFAC-, Rafael Buenrostro, a quien se le vio muy feliz celebrando el nombramiento de Julieta en Ciudad de México.