La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación por el homicidio calificado de un joven al interior de un centro de rehabilitación en Tijuana de la Patrulla Espiritual, así como por las presuntas irregularidades administrativas y penales en el manejo de la escena, confirmó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.

De acuerdo con la titular de la FGE, la víctima había sido ingresada por su madre tres días antes del suceso para recibir tratamiento por consumo de sustancias. Sin embargo, fue privado de la vida dentro de las instalaciones.

Por este hecho, las autoridades ya han aprehendido a dos personas y tramitado órdenes de aprehensión adicionales contra otros involucrados.

Andrade Ramírez detalló que los detenidos son ex-internos que laboraban en el establecimiento como colaboradores.

Ante señalamientos de que el lugar fue limpiado antes del arribo de los peritos y que se permitió la salida de internos para evitar sus testimonios, la fiscal señaló que dichos aspectos forman parte de la carpeta de investigación y que se citará a declarar a todos los testigos necesarios.

La FGE trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Secretaría de Salud para determinar la situación legal de la clínica, la capacitación del personal y la responsabilidad de los administradores o encargados.

“Al momento en que ingresa una persona que consume drogas pasa por un proceso de desintoxicación y tiene que estar atendida por profesionales en la materia. Coepris ya intervino en la inspección para verificar permisos y contratación laboral”, precisó la fiscal.

En otro tema, la fiscal general se refirió al incidente ocurrido en Playas de Rosarito que involucra a encargados del centro “Patria Espiritual”, conocidos como “El Padrino” y “La Madrina”, quienes viajaban con un menor de edad.

El hecho, que derivó en un altercado vial y posterior choque, generó denuncias cruzadas. Por un lado, comunicadores locales denunciaron lesiones y hostigamiento; por otro, los señalamientos de la parte contraria argumentan daños a propiedad vehicular y presunta violación a la privacidad.

La FGE ratificó que las investigaciones se conducen de manera objetiva para deslindar responsabilidades.

Familiares de Paulina Ivon Juárez Payán exigieron a la Fiscalía que deje de aplazar la audiencia en contra de Rafael Alejandro “N” y que se haga justicia por el asesinato de la joven.

Carolina Juárez Payán, madre de Paulina Ivon, expuso que para ella es muy desgastante continuar viendo al responsable de la muerte de su hija, mientras las autoridades siguen aplazando las audiencias.

Señaló que, si bien Rafael Alejandro “N” se encuentra actualmente en prisión preventiva, las autoridades deben imponer una sentencia severa para evitar que casos como el de su hija vuelvan a repetirse.

Paulina Ivon, de 20 años de edad, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, Rafael Alejandro “N”, el 9 de diciembre de 2024, luego de haber mantenido una relación de tres meses y llevar un mes de separados.

Alma Paz Bernal solicitó en repetidas ocasiones la carpeta del caso de la desaparición de su hijo, Héctor Aarón Rauda, desaparecido el 13 de marzo de 2022, sin que le haya sido proporcionada.

Recordó que designaron al caso al agente Munguía, de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien acudió una vez a su casa y nunca más volvió a verlo. Lo mismo pasó con el segundo agente asignado, de apellido Frías. Al que actualmente tiene asignado, Osvaldo Salazar, ni lo conoce.

La madre del desaparecido, miembro del colectivo Armadillos Mexicali, relató que una vez le pusieron la carpeta enfrente, diciéndole que podía leerla ahí pero no llevársela, y aunque estaba siendo acompañada por una funcionaria de Atención a Víctimas, no intervino para pedir que le diera una copia como es su derecho.

A pesar de que tienen indicios de que pudieran encontrar los restos de su hijo en la zona de la colonia Progreso, necesitan dar casi una evidencia a Fiscalía para que autoricen una búsqueda, explicó.

Se supone que en la carpeta está la declaración de una persona que dijo que lo encontrarían atrás de un hotel en aquella zona, y eso es lo que quieren aportar para que puedan programar la búsqueda.