Apenas lleva unos días al frente de la Coordinación de Gabinete y Ariel Lizárraga ya está causando estragos.

Gran parte del gabinete lo trae atravesado por las ínfulas con las que llegó. Lo primero que hizo fue gratificar a sus voceros en los medios para que publicaran que llegó con mano dura a “poner orden” y otras diversas loas para satisfacer su ego.

Luego, en la primera reunión que organizó el solito con el gabinete, como dicen ahora “los peluseó” y fue evidente el enorme poder que le está dando Marina, Carlos Torres o ambos, para especial irritación del secretario General de Gobierno, Juan José Pon. Ambos cargos tienen la misma jerarquía, y dependen directamente de la gobernadora.

Mientras que la Secretaría General de Gobierno se encarga de la política interna del estado, protección civil, derechos humanos y la relación con los municipios y otros poderes públicos, la Coordinación de Gabinete es la oficina que planea, evalúa y facilita la comunicación interna entre la Gobernadora y todas las dependencias y entidades estatales. Funciona como un enlace estratégico, no como una jefatura sobre las demás secretarías, cosa que parece no haberle quedado clara a Ariel.

De seguir el divo en ese plan, el gabinete tronará este mismo mes. De acuerdo a comentarios de uno de los asistentes a cierta convocatoria, hasta la gober se sorprendió de la puesta en marcha de una reunión de la que no tenía conocimiento, y de la que Ariel se dio el lujo que decirle que “luego le informaba”. Cuántos gobernadores plurinominales ha tenido el estado, qué bárbaro.

Y hablando de cambios, hace ya varios meses que le tocaron las golondrinas a Gregorio Saúl Osnaya López, quien desde el principio de la administración había sido titular del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de Vivienda (INDIVI), pero se fue dejando un asunto pendiente que no se nos olvida.

El exdirector del INDIVI y su esposa adquirieron en 2023 un terreno de 318 metros cuadrados en el fraccionamiento Cumbres de Juárez en Tijuana por un monto registrado de 1 millón 900 mil pesos, cifra inferior al valor comercial estimado en unos 14 millones de pesos. Derivado de esta diferencia de valor, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado mantiene la transacción bajo revisión de auditoría. Puedes leer la nota completa en Brújula News.

¿Verán nuestros ojos una pronta resolución a ese caso o patearán el bote hasta el final del sexenio dejándolo pendiente? Dijo la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge que estaban investigando a varios funcionarios, que ya casi cumplían con lo de las declaraciones patrimoniales, que verían lo de la falta de datos sobre contratos de difusión institucional, y que la luna era de queso. Qué pena jugar un papel puramente teatral, como si el sexenio durara para siempre. Esperamos resultados a esos asuntos en este año, secretaria Monge, que su trabajo sea de verdad.

Y otro que al que le cantaron las golondrinas fue a Salvador Cervantes Hernández, quien fue sustituido por Ignacio Lozoya. De Guatemala a guatepeor. Cervantes Hernández estaba metido ya en muchos problemas por andar feriando gente. Al inicio de la administración le quitaron atribuciones a los Ayuntamientos para dárselas al estado, pero qué casualidad, solo fueron las que significaban dinero, como eventos masivos y ciertas inspecciones de seguridad. ¿Será Cervantes uno de los funcionarios investigados por la Secretaría Anticorrupción o su salida fue la tierrita echada al asunto?

Y sobre Protección Civil, el exsecretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez andaba peleado con Cervantes, ambos querían quedarse con la gallina de los huevos de oro llamada Atlas de Riesgo, que en vez de confiar en una institución reconocida y con datos fidedignos como la UABC, el CICESE, etc, lo adquirieron a precio de oro.

Casi el doble aumentó el costo de los uniformes; de 28 millones en 2021 a casi 58 en 2026.

Finalmente, la alcaldesa Norma Bustamante, la oficial mayor Claudia Beltrán, y Fernando García Montaño, jefe de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Mexicali, tendrán que dar explicaciones del millonario contrato con Probetex para surtir los uniformes de los bomberos, el de combate, que es muy caro, y otro ligero, que solo representa cerca de 6 millones de pesos y que de ninguna manera justifica que el presupuesto se haya inflado tanto.

Dado el antecedente del Cine Lux, donde prometieron una explicación que no llega, seguramente con este asunto también patearán el bote. ¿Cómo pretende Claudia Beltrán ser candidata a alcalde cuando no sale a dar la cara a los mexicalenses y explica estos curiosos acuerdos que perjudican las finanzas de la ciudad? Metida en una administración con señales claras de corrupción, donde además es ella quien se encarga del dinero, no le beneficia en nada. No se puede promocionar como honesta cuando está metida en el lodo.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Si el segundo informe presidencial fue una fotografía cuidadosamente iluminada de México, la versión bajacaliforniana parece el mismo retrato, pero con filtro de Instagram.
Aquí todo luce extraordinariamente bien.

Hospitales. Carreteras. Agua. Energía. Vivienda. Educación. Bienestar. Tecnificación. Programas sociales. Y, por supuesto, porcentajes. Muchos porcentajes.

El problema es que un porcentaje puede decir mucho o absolutamente nada, dependiendo de qué se esté midiendo. La gráfica difundida para Baja California mezcla obras terminadas, obras en proceso, proyectos, licitaciones, metas futuras y programas sociales.

Todo junto. Todo bonito. Todo verde. Y todo presentado como “resultados”.

Ahí empieza el problema. Porque una obra inaugurada es un resultado. Una obra al 62 por ciento es un avance. Una obra al 27 por ciento es una obra a medio camino. Una obra al 7.8 por ciento apenas comienza. Y una meta con 1 por ciento de avance debería provocar preguntas, no aplausos.

El caso de la vivienda es particularmente ilustrativo. La gráfica presume 80 mil 800 viviendas de CONAVI, INFONAVIT y FOVISSSTE “en proceso”, pero reporta apenas 1 por ciento de avance.

Hagamos algo que a veces parece prohibido en la propaganda gubernamental: multipliquemos. Uno por ciento de 80 mil 800 son aproximadamente 808 viviendas.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿Dónde están las otras 79 mil 992?

No es una pregunta contra la presidenta. Tampoco contra Marina del Pilar. Es una pregunta contra la estadística. Porque una meta de 80 mil viviendas puede ser extraordinaria. Pero si el avance real es de 1 por ciento, todavía estamos hablando fundamentalmente de una promesa.
Y el problema de vivienda de Baja California no es precisamente pequeño.

Por eso el número debe contrastarse con el déficit, con los terrenos disponibles, con infraestructura, servicios, créditos, contratos y viviendas físicamente terminadas. No con una diapositiva.

La propia plataforma del Programa Vivienda para el Bienestar reporta avances nacionales utilizando categorías que incluyen viviendas formalizadas para construcción; es decir, formalizar no necesariamente significa entregar una vivienda terminada a una familia.
Ahí está el detalle.

En política, “en proceso” es una expresión extraordinariamente cómoda. Cabe casi todo.
También aparece la tecnificación del Distrito de Riego. 12 mil 500 hectáreas. Avance: 16 por ciento.

Otra vez: ¿16 por ciento de qué? ¿Del proyecto anual? ¿Del presupuesto? ¿Del total del Distrito? ¿De la meta sexenal? Porque sin conocer el denominador, el porcentaje es casi decoración.

Y llegamos a los hospitales. Aquí la situación resulta todavía más interesante. La gráfica presenta el Hospital Regional de Ensenada con 62 por ciento de avance. Excelente.
Pero el dato necesita fecha de corte y metodología. Porque los avances publicados previamente habían manejado porcentajes muy diferentes.

Entonces el ciudadano tiene derecho a saber: ¿Qué cambió? ¿La obra avanzó aceleradamente? ¿Se modificó el universo de medición? ¿Se está contabilizando otra etapa?
¿O simplemente estamos comparando cifras que no son equivalentes? No basta con poner “62%”. Hay que explicar qué significa ese 62 por ciento.

En San Quintín aparece otro porcentaje: 27 por ciento. Y ahí la pregunta es todavía más delicada porque estamos hablando de una región donde las necesidades de salud, agua, vivienda, servicios y condiciones laborales siguen siendo enormes.

La propaganda puede decir “avance”. El ciudadano pregunta: ¿Cuándo estará funcionando? Ésa es la diferencia. La burocracia mide avances. La gente necesita resultados.

Y luego está la desaladora de Rosarito. La gráfica dice “por iniciar”. Pero el proyecto ya fue adjudicado en agosto después de dos procesos licitatorios fallidos. Es decir, hasta la propaganda llega tarde. Y esto es importante porque la desaladora no nació ayer.

Es un proyecto que lleva años de anuncios, cambios, cancelaciones y nuevos procedimientos.
Entonces presentarla simplemente como “obra por iniciar” borra convenientemente toda la historia anterior.

En Baja California hay obras federales que sí deben reconocerse.

El Viaducto Elevado de Tijuana está terminado. A un costo mucho mayor del presupuestado, pero la obra está terminada y funcionando.

La Central de Ciclo Combinado González Ortega es una realidad, con todo y los apagones de la CFE.

La Universidad Rosario Castellanos ya opera en Tijuana.

Hay inversiones reales. Hay infraestructura real. Y hay programas sociales que llegan a miles de personas. Negarlo sería tan absurdo como creerle todo al discurso oficial.
Pero precisamente porque hay resultados reales, no necesitan adornarse con resultados inflados.

Y aquí entra Marina del Pilar. La gobernadora y los funcionarios de su administración han convertido la coordinación con Claudia Sheinbaum en uno de los ejes centrales de su narrativa política. No es casualidad.

La página oficial del Gobierno de Baja California presenta su propio balance en términos de grandes cifras de beneficiarios y acciones, desde desayunos escolares hasta uniformes, Tarjeta Violeta y rutas de transporte. Y está bien.

Pero hay que tener cuidado con algo: beneficiarios no son necesariamente resultados. Entregar una beca es una acción. Que un joven termine una carrera y consiga empleo es un resultado. Entregar un apoyo para vivienda es una acción. Que una familia tenga una vivienda digna, segura y con servicios es un resultado. Iniciar un hospital es una acción. Que el paciente pueda recibir atención médica ahí es un resultado. Anunciar una desaladora es una acción política. Que salga agua de ella es un resultado. Parece una diferencia pequeña. No lo es.

Es la diferencia entre gobernar y comunicar que se gobierna. Por eso esta gráfica merece ser revisada con lupa. No para negar los avances. Sino para impedir que el ciudadano termine confundiendo metas con resultados, proyectos con obras y porcentajes con soluciones.
Porque Baja California no necesita más propaganda. Necesita agua. Vivienda. Hospitales funcionando. Seguridad. Infraestructura. Empleo bien pagado. Y servicios públicos que funcionen.

Y sobre todo necesita algo que parece haberse vuelto políticamente incómodo: que los gobiernos rindan cuentas también cuando las cosas no salen bien. Porque decir que una obra tiene 1 por ciento de avance no es malo. Lo malo sería intentar convencer al ciudadano de que ese 1 por ciento ya es un triunfo histórico.

Y ahí está el verdadero riesgo de esta nueva política de comunicación: que terminemos viviendo en una Baja California estadísticamente maravillosa y físicamente bastante más complicada.

Un estado donde las gráficas avanzan más rápido que las obras. Donde los porcentajes crecen antes que los hospitales. Donde las metas se inauguran antes que las casas.
Y donde, al parecer, hasta el 1 por ciento puede convertirse en motivo de celebración.
Eso sí sería transformación. Transformación… de las cifras.

La unidad de la nómina

Hay una unidad en Morena que nadie puede negar, discutir ni someter a encuesta: “la unidad de la nómina”.

Esa, quizá, sea la única unidad de la que puede presumir el partido y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque fuera de ahí, lo demás parece sostenerse con alfileres, discursos, propaganda y esa insistente narrativa de una transformación que cada día necesita más explicaciones para ocultar sus propias contradicciones.

La llamada Cuarta Transformación prometió acabar con los viejos vicios de la política. Combatir la corrupción. Desterrar la impunidad. Terminar con el nepotismo. Respetar las instituciones. Defender la democracia. Garantizar elecciones limpias. Proteger la libertad de expresión.

Bonito discurso.

El problema es que entre lo que prometieron y lo que hacen hay un abismo. La democracia electoral, que antes defendían con uñas y dientes, ahora parece estorbar cuando los resultados no son los que esperan. Las campañas adelantadas dejaron de ser una anomalía para convertirse en una costumbre. La corrupción, que supuestamente sería desterrada, simplemente cambió de domicilio. La impunidad sigue gozando de cabal salud. El nepotismo dejó de ser pecado cuando los apellidos correctos comenzaron a aparecer en las nóminas correctas.

Y la libertad de expresión… bueno, esa sigue siendo muy respetada, siempre y cuando nadie se atreva a utilizarla para incomodar al poder.

Pero hay algo que sí mantiene unido al movimiento: el dinero de los programas sociales. Ahí está la verdadera argamasa de la llamada unidad morenista.

Miles de millones de pesos se dispersan cada año entre millones de beneficiarios. Y nadie en Morena parece dispuesto a tocar ese mecanismo, por una razón bastante sencilla: los votos también comen.

Por eso pueden recortar instituciones, desaparecer organismos, apretar presupuestos, castigar a universidades, adelgazar contrapesos y mandar al diablo cualquier vestigio incómodo del viejo sistema. Pero tocar los programas sociales es otra cosa.

Ahí sí aparecen todos juntos.

Porque una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta investigar a los corruptos propios. Una cosa es hablar de austeridad y otra renunciar a los privilegios. Una cosa es presumir honestidad y otra meter a la cárcel a los integrantes de esa nueva casta política que, en demasiados casos, aprendió rápidamente las mañas de aquello que juró combatir.

Así que no nos engañemos.

La gran unidad de Morena no necesariamente está en las ideas, los principios o el proyecto de nación.

Está en la nómina.

Y mientras haya dinero público suficiente para repartir, habrá discursos suficientes para justificarlo, militantes suficientes para defenderlo y electores suficientes para agradecerlo.

La transformación, pues, podrá tener muchas definiciones.

Pero hasta ahora, la más contundente parece ser esta: unos cobran, otros reciben y todos votan. Lo demás es retórica.

El olor del dinero

Dicen que hay cosas que no se pueden ocultar. Lo corrupto, por ejemplo. Y la guayaba. Ambas terminan despidiendo el mismo problema: huelen. Y si se pudren, apestan.

Y en Baja California ya sería hora de que la pomposamente llamada Secretaría de la Honestidad y Buen Gobierno se quite la venda de los ojos, deje de perseguir mosquitos y se decida a seguir algo mucho más grande: el olor del dinero.

Porque resulta que en el gobierno de Marina del Pilar Ávila hay funcionarios que llegaron prácticamente de “perico perro” y que, después de algunos años en la administración pública, parecen haber descubierto una fórmula secreta para multiplicar el patrimonio.

No hablamos solamente de secretarios.

También hay subsecretarios, directores generales, directores administrativos, jefes y jefas de compras y funcionarios de organismos paraestatales.

Algunos llegaron con un patrimonio modesto. Ahora presumen camionetotas machuchonas.
Casas. Dos casas. En algunos casos, hasta tres.

Fraccionamientos donde la entrada cuesta más que lo que muchos trabajadores ganan en varios años. Y, por si fuera poco, negocios.

¡Qué maravilla! La Cuarta Transformación sí transformó algo. El patrimonio de algunos funcionarios.

Mientras millones de mexicanos siguen esperando que la prosperidad prometida les toque la puerta, a algunos servidores públicos parece que les llegó por paquetería exprés.

Y aquí aparece la contradicción.

La misma Morena que durante años convirtió la corrupción de gobiernos anteriores en bandera electoral hoy gobierna Baja California. La misma Morena que prometió acabar con los privilegios. La misma Morena que habló de austeridad. La misma Morena que juró que nadie se enriquecería desde el poder.

Y resulta que ahora tenemos funcionarios que, por lo que exhiben públicamente, viven bastante mejor de lo que sus salarios permitirían suponer. ¿Casualidad? Puede ser.
¿Herencias? También. ¿Ahorros de toda una vida? Quién sabe.

Por eso existen las declaraciones patrimoniales. Para que las dudas se conviertan en documentos. Y aquí la Secretaría de la Honestidad tiene una oportunidad extraordinaria para demostrar que no es solamente un membrete burocrático.

Que compare. Declaración patrimonial contra patrimonio visible. Sueldo contra camioneta.
Ingresos contra propiedades. Antigüedad laboral contra negocios. Y si las cuentas cuadran, asunto terminado. Pero si no cuadran… que expliquen.

Porque tampoco se necesita descubrir el hilo negro. Basta con preguntar. Preguntar a los empleados que llegaron al gobierno al mismo tiempo. A quienes siguen teniendo el mismo sueldo. A quienes decidieron no participar en los famosos “negocitos”.

A quienes vieron cómo algunos compañeros fueron cambiando de automóvil, de casa, de pareja y hasta de círculo social mientras ellos seguían esperando el aumento salarial. Esos empleados saben. Y muchas veces saben demasiado.

Lo interesante es que Morena llegó al poder diciendo que los gobiernos anteriores estaban podridos. Ahora tendría que demostrar que la fruta no se pudre cuando cambia de etiqueta.
Porque una cosa es hablar de honestidad. Otra es practicarla.

Y una tercera, muchísimo más difícil: investigar a los propios. Ahí está la verdadera prueba para Marina del Pilar. No en los discursos. No en los espectaculares. No en las fotografías oficiales. Ni en los boletines donde todo funciona maravillosamente bien.

La prueba está en revisar cómo llegaron algunos funcionarios y cómo están viviendo ahora.
Porque si alguien pasó de no tener gran cosa a poseer casas, camionetas y negocios, hay una pregunta elemental que cualquier gobierno medianamente serio debería hacer:

¿De dónde salió el dinero? Y si todo tiene explicación, magnífico. Que la presenten.
Pero si no la tiene… Entonces habrá que preguntarle a la Secretaría de la Honestidad qué parte de la palabra “honestidad” no ha entendido.

Porque perseguir la corrupción de los adversarios es fácil. Lo verdaderamente difícil es abrir la puerta de la propia casa. Y revisar debajo de la alfombra. Porque quizá ahí esté la explicación de por qué algunos funcionarios llegaron caminando…y hoy ya no caben en la camionetota.

Y cuidado.

Porque cuando el olor del dinero empieza a salir por las ventanas, ya no basta con cerrar las puertas. Hay que explicar quién cocinó el guiso.

Si no pueden o no saben, con gusto organismos sociales y el periodismo independente les puede ayudar. Sólo déjense ayudar.

En el asunto de la licitación millonaria para los uniformes de bomberos, nos comentan que la empresa ganadora del fallo fue promovida por Ignacio Lozoya, a quien premiaron enviándolo a Protección Civil. La última vez que se licitaron uniformes de combate el costo fue de 28 millones de pesos, y aunque dicen que esta vez se incluyen además uniformes ligeros, ese gasto representa cerca de 6 millones de pesos así que no se justifica que el presupuesto se amplíe casi al doble. De ese tamaño es el negocio en el Ayuntamiento de Mexicali, y de ese nivel el interés para mandar a los voceros oficiales a defender lo indefendible.

Hace ya varios días que le enviamos la pregunta a la enlace de comunicación de la Secretaría de Salud, de por qué ganaba tanto el doctor Adrián Medina Amarillas como publicó el semanario Zeta, más de 200 mil pesos al mes. Dijeron que le correspondía a Comunicación Social, a quien también cuestionamos y nunca recibimos respuesta. Así la transparencia en el Gobierno de Marina del Pilar.

Si la explicación va en el sentido de que tenían que ofrecer un “incentivo” al doctor para que aceptara el cargo porque en su trabajo ganaba más, ¿por qué le interesa buscar un cargo de elección popular? Además, con eso de que ya todo es del IMSS Bienestar, la secretaría de Salud estatal está más de adorno. Si le interesara el sistema de salud hubiera peleado porque el control se quedara en el estado y no en la federación, y ya se les acabó el pretexto de la transición, la federalización no funciona y está más que comprobado.

En otro tema, el antes morenista y ahora petista José Guadalupe Montoya Jiménez y Sandra Luz Acosta Landa, fueron a llorar al partido para que les ayuden a tener casa. Nada más que olvidaron decir que están invadiendo tres propiedades en Villa Mediterránea que buscan prescribir. Incluso a Montoya Jiménez le aparece una propiedad en la colonia Maestros Federales, donde tenía dos lotes y le donó uno a su hijo, así que muy necesitado no está.