Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acudió a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección al gobierno estadounidense, al asegurar que tanto ella como su familia han sido víctimas de hostigamiento a raíz del proceso penal que enfrenta su padre por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

La también ciudadana estadounidense afirmó que el exmandatario panista es un “preso político” y responsabilizó al Gobierno de México de la salud e integridad de su padre, quien permanece en prisión preventiva mientras un juez federal determina si será vinculado a proceso. Asimismo, denunció que las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo fueron congeladas y que la Fiscalía General de la República ha obstaculizado el acceso a documentación que considera necesaria para su defensa.

En videos difundidos por el movimiento político Somos México, Verónica Ruffo informó que acudió a la representación diplomática estadounidense para presentar denuncias y solicitar protección, argumentando que ha sufrido acoso por respaldar públicamente a su padre durante el proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente si iniciaron un procedimiento relacionado con su solicitud ni si ésta fue presentada formalmente como una petición de asilo político o como una solicitud de otro tipo de protección.

¿Qué es el asilo político?

El asilo político es una figura de protección internacional mediante la cual un Estado brinda refugio a una persona que demuestra tener un temor fundado de ser perseguida en su país de origen por motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos, de nacionalidad o por pertenecer a un determinado grupo social.

Para obtenerlo, el solicitante generalmente debe acreditar que enfrenta un riesgo real de persecución, detención arbitraria, tortura o amenazas contra su vida o libertad, y que las autoridades de su país no pueden o no quieren brindarle protección. No basta con alegar una inconformidad política o enfrentar un proceso judicial; las autoridades migratorias evalúan cada caso de manera individual con base en las pruebas presentadas.

En el caso de Estados Unidos, una persona puede solicitar asilo si se encuentra en territorio estadounidense o en un puerto de entrada y demuestra que cumple con los requisitos establecidos en la legislación migratoria y en los tratados internacionales sobre protección de refugiados. La decisión corresponde exclusivamente a las autoridades migratorias y judiciales estadounidenses, quienes analizan si existen elementos suficientes para conceder esa protección.

El colectivo “Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos de Baja California” informó que fue localizado Juan Antonio Leal Tapia, quien permanecía desaparecido desde el 22 de noviembre de 2023.

De acuerdo con la organización, sus restos fueron encontrados el pasado 10 de julio de 2026 en el predio de Pronatura, ubicado en la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali.

Tras la confirmación de su localización, Juan Antonio fue entregado a su familia, poniendo fin a una búsqueda que se prolongó por más de dos años y medio. Durante ese tiempo, su madre, familiares y seres queridos participaron de manera constante en labores de búsqueda, enfrentando la incertidumbre y la esperanza de encontrarlo.

El colectivo expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de Juan Antonio, y señaló que, aunque la búsqueda ha concluido, su localización en circunstancias que enlutan a su familia refleja la realidad que enfrentan miles de personas que buscan a un ser querido desaparecido en México.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar colaborando en las labores de búsqueda e investigación de personas desaparecidas en Baja California, con el objetivo de que más familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos.

La denuncia penal que interpuso Héctor Osuna Jaime ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la posible comisión de diversos delitos, es para probar si efectivamente la justicia funciona, comentó el exalcalde tijuanense.

La denuncia está firmada por Héctor Osuna Jaime, Francisco Antonio García Burgos y otros, con el asesor jurídico Juan Marcos Gutiérrez González, y es por posible revelación de secretos, delitos contra la seguridad de la nación, conspiración y delitos cometidos por servidores públicos.

Osuna Jaime señaló que la acusación se basa en conversaciones grabadas y difundidas públicamente en las que la mandataria estatal habría tenido contacto con personas que se presentaron como intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.

Dijo que varios ciudadanos se sumaron a la denuncia, ya que la dieron a conocer en el marco de la protesta de ayer lunes contra el repentino proceso legal contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, un acto visto por muchos como una cortina de humo tras la develación de los audios de Avila Olmeda.

El documento detalla que la acusación es por revelación de secretos, basado en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, al presuntamente compartir o ofrecer información reservada conocida por razón de su cargo.

También por tentativa de delitos contra la seguridad de la Nación, si existieron actos ejecutivos orientados a transmitir la información; además por conspiración, basado en el artículo 141 del CPF, por el posible acuerdo con terceros para cometer delitos contra la seguridad nacional; y finalmente por delitos cometidos por servidores públicos, agravados por su calidad de gobernadora.

Osuna Jaime declaró que espera se abra una carpeta de investigación con la misma celeridad que se está actuando contra Ruffo Appel por huachicol fiscal, mientras que hay personajes ligados a Morena con fuertes señalamientos de ese y otros delitos a quienes la justicia no ha tocado.