COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La reunión sostenida el 11 de septiembre de 2026 entre el gremio de abogados y las autoridades de Baja California confirma una realidad que ya no puede ocultarse con protocolos, lineamientos o mesas de trabajo: la abogacía local vive un periodo de riesgo extraordinario. Los homicidios de litigantes, las amenazas a familias y la falta de resultados claros en varios casos no son hechos aislados, sino señales de tensiones profundas en el sistema de justicia. Cuando la justicia no funciona adecuadamente, los conflictos dejan de resolverse en tribunales y se trasladan a espacios extrajudiciales donde la presión, el miedo y la violencia sustituyen al derecho.

Desde hace varios años, los asesinatos de abogados en Baja California se han repetido en distintas ciudades y en diversas ramas del litigio. La cifra acumulada en la actual administración, con solo unos cuantos detenidos y la mayoría de los casos sin avances, confirma que no se trata de hechos nuevos ni aislados. Es un patrón sostenido que afecta a penalistas, civilistas, mercantilistas, laboralistas, fiscalistas e inmobiliarios por igual. Si bien las autoridades han señalado avances en algunas investigaciones, la información disponible y la percepción del gremio muestran que la mayoría de los casos continúan sin resultados concluyentes.

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja California, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

De nueva cuenta, el nombre de Marina del Pilar Ávila aparece en un audio. Y de nueva cuenta, la respuesta en Baja California parece ser la misma: silencio.

Ahora resulta que Amílcar Olán, el empresario señalado como cercano a Andy y Bobby López Beltrán y vinculado periodísticamente a la llamada red de “El Clan”, asegura en una grabación difundida por Carlos Loret de Mola en Latinus que entregó dinero para la campaña de Marina del Pilar a la gubernatura de Baja California en 2021.

No es poca cosa.

Tampoco significa, por sí solo, que la gobernadora haya cometido un delito. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes después de investigar. Pero precisamente ahí está el problema: ¿Quién va a investigar?

Porque en Baja California la noticia cayó como piedra en un estanque de aceite.

Salvo algunos medios independientes y las redes sociales, el asunto no provocó precisamente una estampida de periodistas, conductores, columnistas y opinadores preguntando de dónde salió el dinero, cuánto fue, cómo se entregó, quién lo recibió y, sobre todo, si ese dinero fue reportado ante las autoridades electorales.

Nada.

Silencio casi sepulcral. Y uno empieza a entender por qué.

Desde hace años, la Comunicación Social del Gobierno del Estado se ha convertido en mucho más que una oficina para informar a los ciudadanos. Diversos reportes periodísticos han documentado el crecimiento de la publicidad oficial, la concentración de contratos y el papel de Ariel Lizárraga en la estrategia de comunicación del gobierno marinista.

En 2022, por ejemplo, se documentaron contratos publicitarios por más de 97 millones de pesos, frente a una autorización presupuestal de poco más de 39 millones.

Pero seguramente todo es una desafortunada coincidencia.

También debe ser coincidencia que ahora Lizárraga vuelva a tener una presencia cada vez más visible en la operación política y mediática del gobierno.

Y seguramente será otra coincidencia que algunos medios descubran una extraordinaria sordera cuando la información incomoda al poder.

Porque hay una fórmula muy sencilla para controlar la prensa sin necesidad de censurarla: “no hay que cerrar periódicos; basta con abrir la chequera”. Así, el gobierno no necesita decirle a un medio qué publicar.Sólo necesita recordarle quién paga.

Y cuando llega un escándalo como éste, la maquinaria funciona maravillosamente: unos callan, otros minimizan, algunos esperan instrucciones y los más disciplinados seguramente preguntan si ya pueden publicar.

Eso sí: todos pueden presumir de libertad de expresión. Y cada 7 de junio, se toman la foto con el gobernador o la gobernadora en turno, para confirmarlo.

Qué maravilla.

El audio de Olán, además, llega cuando Morena intenta vendernos la idea de que sus campañas son ejemplo de pureza democrática. Pero si lo dicho en la grabación es verdadero, estaríamos ante algo mucho más serio que un simple chisme político.

El propio INE establece reglas sobre el origen de los recursos privados y obliga a transparentar ingresos y gastos de campaña. Además, prohíbe aportaciones de determinadas personas y entidades, entre ellas las personas morales, y exige que el dinero utilizado en campaña pueda ser identificado y fiscalizado.

Por eso la pregunta no debería ser si el audio le gusta o no a Marina del Pilar.
La pregunta es otra:

¿Es cierto que Amílcar Olán entregó dinero para financiar su campaña?

Y si lo fue, ¿cuánto?, ¿por qué vía?, ¿a quién?, ¿quién lo recibió?, ¿cómo se registró?, ¿apareció en la contabilidad electoral?

Y si no fue cierto, entonces la gobernadora tiene una oportunidad magnífica para demostrarlo. Que explique. Que presente documentos. Que pida una investigación. Que abra las cuentas.

Porque si todo es falso, debería ser la primera interesada en demostrarlo.

Pero si la estrategia vuelve a ser la de siempre —negar, minimizar, desacreditar al periodista y esperar a que llegue la siguiente noticia— entonces habrá que preguntarse si el problema no es el audio.

Tal vez el problema sea que ya nos acostumbramos al silencio. Y mientras tanto, en Baja California, el dinero sigue haciendo milagros.
Compra publicidad. Compra silencios. Compra lealtades. Y hasta parece comprar memoria.

Lo único que todavía no puede comprar es que un audio deje de existir. Está publicado. Está circulando.

Y tarde o temprano alguien tendrá que explicar qué hay detrás de él. Porque una cosa es gobernar. Y otra, muy distinta, gobernar creyendo que también se puede administrar la verdad.

Hay problemas, Houston

Haber pospuesto la revelación de quien será —o pretende ser— el coordinador de la Defensa de la Transformación en Baja California, ese largo y rimbombante título que en español sencillo significa precandidato de Morena a la gubernatura, sólo refleja una cosa: Hay problemas, Houston.

Porque cuando una decisión está planchada, amarrada, negociada y palomeada desde arriba, no se pospone. Se anuncia. Se presume. Se festeja. Y hasta se manda imprimir el papel picado. Pero en Baja California algo no termina de cuadrar.

La presidenta Claudia Sheinbaum tenía previsto conocer el resultado de la famosa encuesta para definir al coordinador estatal. Y, de pronto, pausa. Espera. Prudencia. Revisión.

¿Revisión de qué? Ahí está el pequeño detalle.
Puede tratarse, desde luego, de las inconformidades de quienes no resulten favorecidos y que ya estén haciendo cuentas para ver qué posición les toca como premio de consolación.

Porque en Morena nadie pierde realmente: pierde la candidatura, pero gana una senaduría, una alcaldía, una diputación o, cuando menos, algún hueso suficientemente jugoso para mantener viva la revolución.Pero también puede haber algo más delicado.

La honorabilidad, los antecedentes y las relaciones de algunos de los aspirantes podrían estar generando más de un dolor de cabeza en Palacio Nacional. Y si existen dudas sobre la trayectoria o vínculos de alguno de ellos, la presidenta no parece dispuesta a jugarse la elección de 2027 por quedar bien con los grupos locales.

Y ahí es donde la novela se pone interesante. Porque desde Palenque pueden tener favorita. Marina del Pilar puede tener favorito. Los grupos de poder pueden tener su propio favorito. Y cada uno puede hacer sus apuestas.

El problema es que la presidenta es quien tendrá que cargar con el resultado. Por eso, mientras desde el entorno de López Obrador se insiste en que Julieta Ramírez es la carta fuerte, Marina del Pilar sigue empujando a Ismael Burgueño.

Y aquí aparece otra pequeña complicación: la relación política entre Marina y Julieta ya no parece precisamente aquella amistad de fotografía, abrazos y sonrisas que durante tanto tiempo nos vendieron.

La senadora ya demostró que tiene agenda propia.
Y eso, en política, puede ser interpretado de muchas maneras.

Particularmente por quien está a punto de dejar el poder y necesita asegurarse de que quien llegue no tenga demasiadas ganas de revisar cajones, expedientes o cuentas.

Porque ése es el verdadero fondo del asunto.

El candidato a gobernador no sólo será candidato.
Tendrá mano en la designación de alcaldes, diputados locales y federales.

Es decir, quien gane la candidatura tendrá en sus manos buena parte del futuro político de Morena en Baja California. Y por eso todos quieren meter mano. Marina quiere influir. Los grupos de Palacio quieren influir. Los aspirantes quieren asegurar posiciones. Los perdedores quieren cobrar la factura. Y la presidenta quiere evitar que le entreguen una bomba con moño y tarjeta de felicitación.

Así que mientras Morena habla de unidad, transformación y democracia interna, la realidad parece bastante menos poética: están repartiendo el pastel antes de hornearlo y todavía no se ponen de acuerdo sobre quién se queda con el cuchillo. Si todo estuviera resuelto, ya conoceríamos al coordinador.

Y detrás de él, ya estarían formándose las filas para alcaldías, diputaciones federales y locales.
Pero no. La decisión se aplazó. Y cuando Morena aplaza una decisión que presume tener perfectamente controlada, generalmente no es porque estén rezando para que salga el sol.

Es porque todavía están tratando de apagar algún incendio. Y en Baja California, por lo visto, todavía no encuentran al bombero adecuado.

Pero aseguran, eso sí, que ya falta menos para la decisión y que todo es unidad para recibir, con bombo y platillo la próxima visita presidencial. Cueste lo que cueste.

Ayer se publicó una foto de una reunión con un segmento de los panistas, donde participa la líder estatal del blanquiazul, Lizbeth Mata Lozano, flanqueada por Margarita de Sánchez y por los diputados Alejandrina Corral, Mayola Gaona y Diego Echevarría.

Una imagen vale más que mil palabras, y esa reunión ya hasta se interpretó como el augurio de que la candidatura del PAN a la titularidad del Poder Ejecutivo será para una mujer.

Mientras el partido se llena la boca diciendo que “ciudadanizaba” sus candidaturas, aparece la dirigente en una foto junto a varios azules que por los últimos cinco años se la ha pasado administrando las derrotas y viendo que beneficio personal le saca a los guindas.

Héctor Osuna escribe hoy un largo análisis de cómo no hay bases firmes para decidir géneros en candidaturas a gobernador, y se elige en las cúpulas de Ciudad de México, a 3 mil kilómetros de la realidad bajacaliforniana.

La falta de cuadros y la desesperación del PAN se hizo evidente al hacer una encuesta telefónica exclusivamente para sondear una posible candidatura de Verónica Ruffo, quien acaba de salir a los medios por el asunto de su padre. Se nota que están faltos de candidatos honestos, carismáticos y conocidos, para considerar a una cara nuevísima que tiene asuntos más urgentes que atender.

Por eso quieren también a Gustavo Macalpin, para obtener Mexicali sin tener que invertir mucho en que la gente conozca al candidato, y muchos se pelean una parte del comunicador; todos buscan la migaja que les toque. Tal vez por eso el “ungido” esté muy callado, ya está viendo como juega el PAN y qué tipo de gente le quieran meter con calzador como pago por prestarle las siglas.

En otro asunto, me pasan un interesante análisis de la política tijuanense, que desglosa cómo han cambiado las dinámicas de poder en la coqueta ciudad desde que Morena asumió la presidencia municipal en 2019.

Lo que comenzó como una administración con ciertas reservas y dinámicas tradicionales, hoy se ha convertido en un evidente esquema de favores políticos y colocación de familiares en puestos clave de la estructura gubernamental. Aquí un resumen de las últimas tres administraciones:

“La era de Arturo González Cruz (2019): Las formas contenidas, Al ser el primer gobierno de Morena en la ciudad, existía una fuerte vigilancia pública. Aunque hubo tensiones y cuotas políticas, la estructura central se mantuvo relativamente al margen del nepotismo descarado. No se observaba un hambre voraz por colocar a hermanos, primos o parejas de regidores y secretarios en la nómina pública. Había un respeto mínimo por las formas políticas”.

“El periodo de Montserrat Caballero (2021): El inicio de la mala práctica. Con la llegada de la pasada administración, las reglas no escritas cambiaron. Se abrió la puerta a las redes de influencia familiar, aunque con cierta prudencia estratégica. Los familiares de la alcaldesa y de sus funcionarios de primer nivel comenzaron a poblar el ayuntamiento, pero su alcance estaba limitado. Salvo contadas excepciones que pudieron pasar desapercibidas bajo el radar, la mayoría operaba en mandos medios o jefaturas de departamento, evitando el escándalo de ocupar las altas direcciones”.

“La administración de Ismael Burgueño: El nepotismo sin filtros. En la gestión actual, la práctica no solo continuó, sino que empeoró de forma alarmante. Lo que antes se operaba con disimulo en mandos medios, hoy es una constante en las posiciones más altas del organigrama. Es evidente la enorme cantidad de familiares directos del alcalde, de secretarios y de regidores que ocupan Direcciones, Subdirecciones y Oficialías del Registro Civil. Ya no existe el pudor político; los puestos clave de toma de decisiones se reparten como si fueran un patrimonio familiar o un botín de campaña”.

Y siguiendo ese hilo, nos cuentan que el regidor tijuanense, Ranier Falcón, casi nunca sale a visitar primarias, pero cuando lo hace, qué casualidad que es justamente en donde la directora es Mónica Burgueño Ruiz, quien es hermana de Ismael Burgueño.

Y de nueva cuenta, vuelven a obligar al personal del Congreso a chutarse otro curso de género, cuando recordemos que la diputada Michel Sánchez dijo que los cursos los deberían tomar los empleados de todos los poderes del estado. Le pasamos un tip: en el edificio de enfrente acaban de nombrar Coordinador de Gabinete a un tipo que tiene denuncias por acoso sexual y violación. ¿Por qué no va a promover el curso en el Poder Ejecutivo?

¿Y de qué sirven los cursos si cuando hay denuncias no hacen nada? Ahí está el caso del acosador protegido por Dagoberto Valdez, recién nombrado Secretario de Salud por organizarle porras a Marina del Pilar. El propio caso de la diputada, insultada vilmente por un escritor de columnas, a quien le siguen pagando publicidad como si nada hubiera sucedido.

En el Poder Judicial también hay acosadores, así que quisiéramos ver a funcionarios de primer nivel de esos poderes siendo obligados a asistir a esos cursos.

Y hablando del Poder Judicial, resulta que son de los pocos a quienes no les han concedido el aumento salarial que sí les han otorgado a otros burócratas. Ya han tenido varias reuniones y no llegan a nada, así que se preparan para sacar el hacha de guerra, pues dicen no tener dinero para el 7.2 por ciento de incremento. Si no se avientan un mega puente el lunes, ese podría ser el día que decidan protestar.

A ver si no los marean con el nuevo método de patear el bote que se inventó el gobierno, llamado “mesas de trabajo”. Que los productores agrícolas tomaron la SADER: mesas de trabajo. Que los abogados quieren ver avances en investigaciones de homicidios en el gremio y un protocolo de protección: mesas de trabajo. Que les revocaron las visas a transportistas y tomaron la garita comercial: mesas de trabajo. Que los agricultores no tienen apoyos ni les han pagado el descanso de tierras: mesas de trabajo. Los familiares de desaparecidos se quejan de la atención a ese tema: mesas de trabajo. Es buena salida porque no te niegas a resolver, pero no das soluciones rápidas. Los quejosos son escuchados y los funcionarios pueden decir que se llevan tarea para la próxima mesa de trabajo, y mientras le pueden echar la culpa a los precios internacionales de los cultivos, a los malandros, a los estadounidenses, a la CILA del otro lado, y así hasta que se acabe el sexenio.

Y hay que ir preparando el acarreo y las amenazas para los burócratas de confianza, porque parece que el 19 de este mes viene la presidenta a Baja California.

Finalmente, hacer notar que hoy se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Consultivo del CDEM donde se vieron los avances de proyectos clave para Mexicali como Ciudad del Futuro, Embellecimiento Urbano y Movilidad, en Cetys Universidad.

Participaron la alcaldesa Norma Bustamante, el presidente de Coparmex, el director de la policía y el tesorero municipal, entre otros. Ya solo la sacan a este tipo de eventos cerrados, porque está quedando a deber varias explicaciones. Ha ido pateando el bote con el asunto del Cine Lux, que dijo daría la cara y no ha sido así. Y recientemente con el tema de la adjudicación directa de uniformes de policía y la licitación de uniformes de bomberos a la empresa Probetex, por 20 y 57 millones respectivamente. También al parecer se adquirieron dos unidades blindadas recientemente, como si no hubiera necesidades más apremiantes en la ciudad.