El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del aspirante morenista Alfredo Álvarez Cárdenas, así como de dirigentes nacionales y estatales de Morena, por presuntas conductas que podrían constituir delitos electorales durante el proceso interno del partido.

El representante jurídico del PRI en Baja California, Joel Blas Ramos, informó que la denuncia también incluye a una brigadista de Morena, a la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde; a la secretaria nacional de Elecciones, Adriana Montiel Reyes; a la integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, Minerva Citlalli Hernández Mora; y a la dirigente estatal de Morena, Rosina del Villar.

Blas Ramos explicó que la denuncia deriva de un video grabado por una ciudadana, en el que una brigadista vinculada con Alfredo Álvarez presuntamente ofrece beneficios como alumbrado público, recolección de basura, reparación de baches, así como apoyos sociales, vales para uniformes escolares, vales de gas y despensas.

El abogado priista sostuvo que esas promesas corresponden a funciones y programas de los gobiernos estatal y municipal, por lo que cuestionó si existe respaldo de autoridades para favorecer a un aspirante de Morena.

“Al momento de inferir que son acciones que le corresponden al Estado y a los municipios, entonces estarían apoyando las gestiones de un aspirante de un partido político, y eso constituye un delito”, afirmó.

Asimismo, señaló que la denuncia también responsabiliza por presunta omisión a los órganos internos de Morena, al considerar que no establecieron reglas claras ni mecanismos de control para evitar este tipo de conductas durante su proceso interno.

Blas Ramos aseguró que el caso salió a la luz porque una ciudadana documentó los hechos, aunque advirtió que podrían existir otras acciones similares que no han sido grabadas.

Además, acusó que distintos aspirantes de Morena mantienen presencia promocional en todo el estado, entre ellos la senadora Julieta Ramírez, el alcalde Ismael Burgueño, el senador Armando Ayala, Bruce Uribe y el propio Alfredo Álvarez, lo que, a su juicio, constituye promoción indebida.

El representante jurídico del PRI indicó que esta no es la primera denuncia presentada por el partido contra actores de Morena y reconoció que, en ocasiones anteriores, las autoridades electorales han desechado los recursos o se han declarado incompetentes.

No obstante, sostuvo que el PRI continuará impugnando esas decisiones ante los tribunales. Recordó que recientemente obtuvieron una resolución favorable relacionada con una denuncia contra la senadora Julieta Ramírez, la cual, dijo, representó un llamado de atención de un tribunal federal al instituto electoral para que atienda este tipo de procedimientos.

“Nosotros no estamos prejuzgando si alguien es culpable o inocente; únicamente estamos pidiendo que la autoridad haga su trabajo”, concluyó.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) enfrentó en 2025 un gasto de 1 mil 231.5 millones de pesos en servicios personales, según el análisis de estados financieros de 2016 al primer trimestre de 2026 elaborado por el Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC). A pesar de ese monto, la entidad subrogó servicios por 235.8 millones de pesos en el mismo año, cifra superior a los 185.8 millones de 2024.

Entre los conceptos contratados destacan la toma y lectura de cuentas por 59.7 millones, servicios de seguridad por 71.3 millones, instalación de reductores de flujo por 49 millones, suministro e instalación de medidores por 28.9 millones y limpieza por 17.4 millones. Al 31 de marzo de 2026 el costo acumulado de estos servicios ya alcanzaba 256.8 millones.

El documento, firmado por los contadores públicos Víctor Ávalos Figueroa y Armando Gómez López, señala que el arrendamiento de equipo de transporte pasó de 21.3 millones ejercidos en 2025 a 69.9 millones contratados para 2026.

Los ingresos de la CESPM crecieron 2 mil 438.9 millones de pesos entre 2016 y 2025, un aumento del 205 por ciento. Sin embargo, el observatorio señala que ese incremento no se tradujo de manera proporcional en reducción de pasivos ni en mayor inversión pública sostenida en los primeros años del periodo.

La inversión pública sí mostró un alza relativa de 4.06 por ciento del egreso en 2016 de 47 millones a 19.77 por ciento en 2025, por 697.5 millones. En 2025 la entidad registró un excedente de ingresos sobre egresos de 99.12 millones que, según el análisis, no se destinó al pago de pasivos ni a incrementar la inversión.

Al 31 de marzo de 2026 los pasivos a corto plazo sumaban 631.3 millones y los pasivos contingentes 374.1 millones, lo que el documento califica como un riesgo de liquidez en caso de que se materialicen los juicios pendientes. Las notas a los estados financieros reportan además un saldo de ingresos por recuperar por derechos de 1 mil180 millones al cierre de 2025, de los cuales 1 mil 060.6 millones corresponden a consumos de agua. OBSERBC formula preguntas específicas sobre la recuperación de ese rezago, las políticas de cobro aplicadas en 2024-2026, el desglose de gastos en servicios profesionales y generales, la antigüedad de anticipos a contratistas por 114.6 millones y la justificación de las subrogaciones frente al crecimiento del gasto en personal.

El resumen de licitaciones de 2025 y del primer trimestre de 2026 muestra contratos de servicios por 263.5 millones en 2025 y 256.8 millones en 2026 hasta marzo. Los principales proveedores de servicios concentran la mayor parte del monto: Adrian Torres González (seguridad, 138.5 millones), Laser Especializados (toma de lectura y entrega de facturas, 117.1 millones), Comercializadora del Desierto de Mexicali (reductores, 88 millones) y MJ Industrial (arrendamiento de vehículos, 71.7 millones). En adquisiciones e obra pública también aparecen montos relevantes, con proveedores recurrentes en materiales, químicos, medidores y obras de reposición de redes y desazolve.

El análisis concluye que la CESPM requiere una reestructuración administrativa para contener egresos de personal y de operación, resolver deudas y gestionar mejor los pasivos contingentes.

En una medida sin precedentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves recompensas por un total de hasta 102 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de ocho altos mandos y asociados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del continente.

La oferta, gestionada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas por Delincuencia Organizada Transnacional.

El Gobierno estadounidense recordó que el año pasado designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). La organización, responsable de la distribución de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en territorio estadounidense, es considerada una de las amenazas más graves a la seguridad pública del país.

Las recompensas más elevadas se centran en la nueva cúpula del cártel. Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, identificado como el sucesor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”) tras la muerte de este último, tiene ahora una recompensa de hasta 25 millones de dólares (antes era de 5 millones). Audias Flores Silva (“Jardinero”) pasa a tener una oferta de hasta 15 millones. La misma cantidad se ofrece por Gonzalo Mendoza Gaytán (“Sapo”) y por Julio Alberto Castillo Rodríguez (“Chorro”), yerno del fundador del CJNG.

Otras recompensas incluyen hasta 10 millones de dólares cada una por Ricardo Ruiz Velasco (“Tripa”), Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”), así como hasta 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 65 familiares y asociados cercanos de personas vinculadas al CJNG que ya estaban sancionadas. De ellos, 26 tenían visas vigentes que fueron revocadas. Desde que se anunció esta política en junio de 2025, se han cancelado 93 visas a familiares y colaboradores de traficantes de drogas relacionados con cárteles designados como organizaciones terroristas.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que estas medidas buscan impedir que operadores criminales y sus facilitadores entren al país. Las recompensas anunciadas este jueves se suman a la desclasificación de cargos penales contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela, dada a conocer por el Departamento de Justicia.