La fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, subrayó que los médicos y/o directivos de clínicas que intenten disuadir a los familiares de víctimas de negligencias médicas a acudir a las autoridades a denunciar los hechos, están incurriendo en un delito.

Recordó que hace unos días tuvieron que ir a rescatar el cuerpo de una mujer de la funeraria en Tijuana, donde estaba siendo velado para investigar las causas de la muerte, pues si hubiera sido cremado se hubieran perdido todas las evidencias.

Igual en el caso de Mexicali, no había denuncia por parte de la familia, ya iban a proceder, y ya había sido embalsamado en una funeraria proceder a sepultarla o cremarla, registrada como una muerte natural.

El dolor de la familia y la confusión por el hecho, ofusca a la familia, manifestó la fiscal, y si les dan un certificado de muerte natural, no saben cómo reaccionar.

El que hayan firmado un documento donde se asienta que toda intervención quirúrgica conlleva un riesgo, no los deslinda de ninguna responsabilidad penal si la hubiera, pues no en todos los procedimientos tiene que haberla, indicó.

Andrade Ramírez declaró que en el caso de Tijuana, eran muchas cirugías a la vez, por lo que investigarán si es correcto que hagan tantos procedimientos en una sola intervención porque eso representa más horas de anestesia y más riesgos.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (COEPRIS BC), investiga las condiciones del hospital tijuanense donde fue atendida Aislin Fernández, creadora de contenido estético cuyo fallecimiento fue reportado en redes sociales hace dos días.

La Secretaría de Salud informó en comunicado que hubo confusión sobre la localización del establecimiento, toda vez que algunas publicaciones atribuyeron que el lugar de la cirugía era en Monterrey, Nuevo León, además de no existir una queja formal presentada ante esta comisión.

Una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio aviso de la ubicación precisa en el municipio de Tijuana, y de su investigación de oficio derivada de estos hechos, se iniciaron las diligencias de la COEPRIS para determinar bajo qué condiciones se realizó el procedimiento.

Por parte de la autoridad sanitaria se solicitó copia del expediente clínico, al establecimiento denominado en su documentación como Hospital Medical del Río / Río Médica, así como permisos y documentación del personal médico y de enfermería que participó en el procedimiento estético.

Se emitió la orden para realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones que fueron aseguradas, con el objetivo de confirmar que cuenta con el equipo adecuado para la atención de los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer mayores detalles de la verificación a la documentación del personal, así como las instalaciones y la revisión de quirófanos y habitaciones para la adecuada atención de los pacientes y se mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para colaborar en la investigación en curso.

El ObserBC realizó un análisis de los estados financieros de Issstecali donde señalan algunas irregularidades, siendo la primera de ellas que a la redacción de la presentación de sus cuentas públicas en los últimos diez años no le han cambiado nada, lo que muestra el poco interés y la falta de responsabilidad de los directores, pues la situación financiera del instituto sí que ha cambiado en ese lapso.

Otra observación es que en los últimos estudios actuariales elaborados el 13 de octubre de 2023 y referidos al 31 de diciembre de 2022 señalan un déficit de la generación actual de 267 mil 771 millones 286 mil 759 pesos, estudios que no han sido actualizados durante el ejercicio fiscal 2024.

Al 30 de septiembre del 2024, el Issstecali adeuda por concepto de Impuestos Retenidos y no enterados al SAT, así como otras retenciones de nóminas por la cantidad de 173 millones 159 mil 436 pesos.

Destaca también que en el ejercicio 2023 el instituto ejerció un presupuesto de egresos de más de 15 mil millones de pesos, sin embargo para el 2024 estimaron una tercera parte menos, por un total de poco más de 10 mil 500 millones.

Entre las inconsistencias detectadas, subrayan la diferencia que hay en el concepto de “Ayudas sociales”, pues aparece como ejercido al 30 de junio de 2024 un total de 225.15 millones de pesos, pero en las hojas descriptivas que aparecen en el portal la suma es de 219.46 millones de pesos.

Entre las licitaciones sobresalen por sus montos las ganadas por las empresas del secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas, y las de la familia del oficial Mayor, David Ramsés Cervantes.