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Reportaje

Atropellados por la impunidad en Mexicali

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Más de la mitad de atropellamientos en Mexicali, Baja California, quedan en la impunidad. La mayoría de los casos están asociados al exceso de velocidad y al consumo de alcohol y estupefacientes. De enero de 2018 a la fecha se han registrado más de 3 mil casos en esta ciudad, ocasionando la muerte de 118 personas, pero sólo 45 de los casos se han judicializado

Por Tiffany Abish y Armando Nieblas / RadarBC

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

 ¿Y mi niño?, ¿dónde está?

David Ezequiel tenía dos años de edad cuando perdió la vida durante un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Nacionalista, en el poniente de Mexicali, el pasado 12 de septiembre. El bebpe viajaba en un auto con sus padres que de pronto fue embestido por otro auto.

La presunta responsable del percance era una joven de 14 años identificada como Tania Dayan “N”, quien conducía bajo la influencia de drogas y alcohol. 

Dos días después, la presunta responsable fue dejada en libertad, luego de que el juez especializado determinara como ilegal su detención, ya que los elementos de la policía municipal tardaron ocho horas en ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La autoridad confirmó que Tania Dayan “N” había ingerido cocaína, por lo que se encuentra vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo y sigue su proceso en libertad, pese a que originalmente fue acusada por homicidio involuntario, lo que le hubiera representado una mayor pena y seguir el juicio en prisión. 

“Está libre (la joven a la que se responsabilizó del accidente), está festejando, ha subido estados en antros (fotos en sus redes sociales), tomando en lugares para adultos cuando tiene 14 años (…), aquí no le hicieron nada porque es una menor de edad, pero ella si está feliz allá. ¿Y mi niño?, ¿dónde está?”, expresaron Nayeli y Jovani, padres de David.

Señalaron que han recibido amenazas tratando de persuadirlos de no continuar con la denuncia, pues la menor está relacionada con narcotraficantes y polleros.

“Que no sigamos con el caso, que ellos tiran droga, que son polleros. A mí no me importa, tarde o temprano todas esas personas van a pagar, porque mi niño no era cualquier cosa, como para que no se haga justicia, él tenía una vida por delante”, dijo Nayeli, refiriéndose a las amenazas que han recibido ellos y los testigos.

En los primeros ocho meses de 2021, Mexicali superó la cifra de muertes por atropellamientos registrada en 2020, al contabilizar 33| Foto: Agencia Informativa RadarBC

Jovani comentó que se tardaron aproximadamente un mes en vincularla a proceso y posteriormente la defensa presentó una apelación, por lo que el caso se demorará al menos tres meses más.

Por atender el proceso, Jovani perdió el empleo que tenía en un restaurante, mientras que Nayeli se vio en la necesidad de comenzar a vender flores y manualidades para solventar los gastos jurídicos pues, dicen, no han recibido ayuda de las autoridades.

El abogado de oficio que les fue asignado por las autoridades, aseguran, no les ayudó mucho, incluso les comentó que no podrían encarcelar a la presunta culpable, por lo que deberían conformarse con que les pagara los daños.

Por ello, optaron por buscar un abogado particular, lo que les ha representado más gastos.

Nayeli y Jovani denunciaron al agente policiaco que se presentó en el lugar del accidente, ya que tardó 20 minutos en hacer la llamada a la unidad médica, pero hasta ahora no ha pasado nada.

“El policía nos puso una demanda que porque le apedrearon la casa a su mamá y a él lo amenazaron de muerte; desde entonces nos pusieron vigilancia; haz de cuenta que hay vigilancia aquí afuera de la casa”, expresó Nayeli.

Ambos denunciaron que una patrulla los sigue continuamente por la ciudad y aunque las autoridades argumentaron que es para su protección, dijeron sentirse acosados.

Será el próximo 9 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia para conocer el futuro de Tania Dayan “N” y en caso de no recibir una sentencia favorable, adelantaron que seguirán manifestándose para conseguir justicia.

Los números no cuadran

Mientras que la FGE reconoce que entre el 1 de enero y el 24 de agosto de 2021 en Mexicali se han registrado más de 16 mil 412 accidentes de tránsito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reporta únicamente mil 432; apenas el 8 por ciento. 

En los más de 16 mil accidentes de tránsito reportados por la autoridad estatal, se han registrado 527 atropellamientos, en los cuales han resultado fallecidas 27 personas, pero solamente nueve de esos casos han sido judicializados. 

Pedro Ariel Mendívil, exfiscal regional en Mexicali, aclaró que la diferencia entre las cifras de cada dependencia se debe a que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recaba datos generales sobre un hecho, mientras que la FGE también recibe denuncias de hechos que probablemente no abarca la dependencia municipal.

Detalló que en Mexicali se ha registrado un aumento del 98 por ciento en el número de accidentes automovilísticos y atropellamientos con respecto al 2020. De ellos, en el 13 por ciento de los casos los responsables se encontraban bajo el influjo del alcohol o de alguna droga.

El exfiscal regional reconoció que la pena por homicidio culposo, como son catalogados la mayoría de los casos, es de risa y permite a los responsables quedar en libertad.

Pedro Ariel Mendívil, exfiscal regional en Mexicali. | Foto: Armando Nieblas

“Se empezó a judicializar y a imputar por homicidio simple intencional por dolo eventual, lo que nos ha permitido tener a imputados en prisión preventiva”, comentó.

Agregó que de esta manera buscan que las víctimas tengan acceso a la justicia, toda vez que existe una percepción de impunidad entre la sociedad mexicalense.

Pedro Ariel Mendívil se negó a señalar que haya irregularidades u omisiones en los procesos de detención y que eso impida que los casos sean judicializados, pero dijo que el mayor problema es poner a disposición de las autoridades correspondientes a los presuntos responsables.

Por su parte, la DSPM registró 52 personas atropelladas hasta el 13 de agosto, es decir, sólo el 9 por ciento de lo que reporta la FGE. Los 52 atropellamientos antes mencionados dieron como resultado la muerte de 33 personas.

Vicente Robles Castañeda, comandante del Departamento de Tránsito de la DSPM, dijo que la policía municipal determina lo que vieron en la escena del accidente y lo plasma en el parte, el cual se entrega a la fiscalía para iniciar su investigación.

“Nosotros turnamos documentación, lo que sea necesario dependiendo de la situación de cada accidente. A la fiscalía le informas las evidencias que tuviste, el motivo, la razón, la responsabilidad y ellos ya determinarán con la investigación”, expresó.

Robles Castañeda explicó que la diferencia entre cifras se debe a que muchas ocasiones turnan personas lesionadas en accidentes, pero una vez que los casos son investigados desde la fiscalía el estatus cambia, ya sea porque posteriormente fallezcan o determinen que fueron atropellados.

 Vicente Robles Castañeda, comandante del Departamento de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali | Foto: Armando Nieblas

“Muchas veces no fallecen en el lugar, fallecen en las clínicas, hay gentes que se quedan una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y fallecen después del accidente”, detalló.

Cuando se registra un accidente donde fallece una persona, la policía municipal acude al llamado, revisan que haya ocurrido el hecho, acordonan el área, se acercan los peritos y se deslindan responsabilidades.

“Se ve la superficie, los carriles de circulación, el kilometraje, lugar del impacto, trayectoria; todo eso en conjunto lo plasmas en un parte de accidente y después periciales hace su investigación, lo que le corresponde a la fiscalía”, indicó.

Contrario a la percepción, aclaró que no son tantos los accidentes en los que los presuntos responsables están bajo el influjo de alcohol o drogas, más bien se debe a que van distraídos o utilizando su teléfono.

“Son contados los que hemos tenido que a la hora de certificarlos salen con un poco de aliento alcohólico, no tantos grados; hay otros que sí han estado detenidos por estado de ebriedad”, explicó.

Comentó que, debido a la reapertura de las actividades y al incremento en la movilidad, se ha presentado un aumento en el número de accidentes y atropellamientos, principalmente debido a las distracciones de las personas y a la falta de una cultura vial.

Policías ocultan su muerte

Óscar Omar Camacho López perdió la vida el 13 de diciembre del 2020 luego de ser atropellado en el fraccionamiento Villas de Toledo; pese a que el presunto responsable fue detenido por agentes municipales, solamente fue multado por conducir en estado de ebriedad. 

En un video proporcionado por los familiares de Óscar Omar se aprecia al conductor en estado de ebriedad aceptando su culpabilidad, a escasos metros de los agentes policíacos.

Un conductor es detenido después de un accidente vehicular. Según la FGE en al menos 315 muertes por atropellamientos registradas desde 2019, los responsables se encontraban bajo la influencia del alcohol. | Foto: Agencia Informativa RadarBC

La familia también denunció que los agentes municipales que atendieron el incidente no declararon la existencia de un fallecido, mientras que el cuerpo de Óscar Omar fue entregado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocido.

“Esto fue ilícito, se hicieron muchas cosas que no se debían de hacer. El patrón de mi sobrino (Ócar Omar) dio toda su información y lo reportaron como desconocido, no pusieron hora de levantamiento ni nada, solamente pusieron la hora de entrada a SEMEFO”, expresaron familiares.

Aunque se sabía quién cometió el delito, ante el ministerio público no se registró el ingreso de ninguna persona por homicidio la noche del 13 de diciembre del 2020.

“Nosotros no vimos a ninguna autoridad; el día que fuimos a recoger el cuerpo de mi sobrino nos dijeron que nunca hubo detenido en el ministerio”, agregaron familiares.

Hasta ahora el presunto responsable no ha sido detenido, mientras que los agentes policíacos implicados en la detención guardan silencio.

No hay penas ejemplares

Cuauhtémoc Castilla Gracia, abogado penalista con experiencia en este tipo de casos, considera que uno de los factores que ocasionan el incremento en el número de atropellamientos y fallecimientos es que las penas contempladas en el Código Penal no cumplen su función.

Actualmente, si una persona bajo el influjo de alcohol o drogas atropella y asesina a otra, se considera homicidio culposo y la pena es de 3 a 8 años de prisión.

Castilla Gracia considera que desde el momento en que una persona toma bebidas alcohólicas o drogas y decide conducir un automóvil, se convierte en un arma letal, por lo que debería ser procesado por homicidio simple intencional por dolo eventual, lo que representa una pena de hasta 15 años.

“El criterio tradicional es que este tipo de delitos son de homicidios culposos, con penas de 3 a 8 años, pero esas penas no son ejemplares, porque las personas ya saben que pueden alcanzar beneficios e incluso la libertad”, expresó.

Agregó que se requiere una reforma al Código Penal de Baja California para sancionar de forma ejemplar a quienes cometan este tipo de crímenes y evitar que sigan ocurriendo.

Abogado Cuauhtémoc Castilla Gracia | Foto: Armando Nieblas

El abogado reconoció que en Mexicali se ha incrementado el número de atropellamientos, principalmente debido a que no hay acciones preventivas de las autoridades, lo que sumado a la falta de sanciones, genera una sensación de impunidad.

Señaló que estos factores también generan corrupción, pues hay casos en los que elementos policíacos permiten conducir a personas alcoholizadas a cambio de dinero y regularmente terminan en accidentes.

“Las penas no son disuasivas, no son ejemplificativas, no amenazan; si en un futuro la pena la suben de 15 a 20, 30 o más años, muchísima gente no lo haría, bajaría la incidencia de esos hechos”, reiteró.

Cuauhtémoc Castilla Gracia manifestó que el sistema de justicia se ha prestado para que sigan ocurriendo esos casos, ya que los criterios entre jueces y tribunales son distintos, ocasionando que más personas queden en libertad y haya menor acceso a la justicia.

Elementos mal capacitados 

En los casos documentados, familiares de las víctimas han denunciado irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por agentes policíacos, lo que ha impedido un mejor acceso a la justicia.

Cuauhtémoc Castilla Gracia mencionó que desde la implementación del sistema de justicia acusatorio quedó pendiente la capacitación de elementos policíacos, por eso, es común que se presenten irregularidades en las detenciones, lo que propicia que los responsables sean liberados.

Dijo que los policías deben especializarse en materia de investigación, pues en muchos de los casos por omisiones se alteran las escenas del crimen, se pierden evidencias y no se realiza el trabajo adecuado.

“Falta capacitación de los cuerpos policíacos, en todos los sentidos, para que funcione el sistema”, expresó.

Agregó que hay una serie de protocolos que actualmente no se siguen, especialmente por desconocimiento y falta de preparación, por ello se requiere la creación de un instituto que se dedique específicamente a eso.

Castilla Gracia consideró que la capacitación quedó en jueces, magistrados, ministerios públicos, pero la base, que son los elementos policíacos, no fueron tomados en cuenta.

Desde 2018, solamente 45 carpetas de investigación relacionadas con accidentes de tránsito han sido judicializadas en Mexicali; solo el 13 por ciento. | Foto: Agencia Informativa RadarBC

Al respecto, el abogado especialista en Derecho Penal y jubilado de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Ramírez, señaló que el Ministerio Público es el responsable de definir el futuro del presunto culpable, pero si recibe información incompleta es imposible que se proceda de forma correcta. 

Comentó que cada caso es diferente y no se puede generalizar, pero aseguró que la labor de la policía municipal es detener a quien presuntamente cometió un ilícito.

“La autoridad que toma conocimiento de un hecho, supuestamente delictivo, es la policía municipal y debe de tomar el llamado en auxilio a la autoridad competente (En este caso la FGE)”, explicó el abogado. 

El especialista explicó que, cuando se registra un fallecimiento, los agentes municipales no tienen la facultad para decidir si detienen o no al presunto culpable, pues su responsabilidad es remitirlo al Ministerio Público. 

“Tienen que detenerlos, si toman conocimiento del hecho y fallece alguien los tienen que detener”, puntualizó.

Encubrimiento oficial

La noche del viernes 28 de mayo Rosa Isela, de 40 años, y su hija Leah, de 10, fallecieron tras ser arrolladas por un hombre de 33 años que conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, cuando ambas se dirigían hacía su domicilio. 

El conductor fue detenido por agentes policíacos, pero solo se le cobró una multa por exceso de velocidad e ir en estado de ebriedad; mientras que el reporte de la autoridad municipal omitió que había atropellado a las dos mujeres.

Hasta agosto de este año la policía municipal había documentado mil 432 accidentes automovilísticos, sólo 400 menos de los registrados en todo el 2020.  | Foto: Agencia Informativa RadarBC

Esto ocasionó una serie de movilizaciones de familiares y amigos de las víctimas para exigir justicia, además, se presentaron denuncias penales en contra de 11 funcionarios municipales, incluido el exdirector de la policía, Alejandro Lora Torres.

“Que cese a los policías de sus puestos, que cese a todos los incurridos en este caso”, dijo María García Castillo, madre de Rosa Isela.

Fue hasta el 4 de julio que el presunto responsable, identificado como Daniel Miguel “N”, fue detenido en el estado de Sonora. Una semana después fue vinculado a proceso por el delito de homicidio simple intencional, por lo que permanece en prisión preventiva.

Abogados defensores presentaron un recurso de apelación con el que buscan revertir la decisión del juez de control, por lo que existe el riesgo de que sea liberado o incluso de que se agrave el delito.

Familiares de Rosa Isela y Leah siguen luchando para impedir que se reclasifique el delito y se permita que el presunto responsable sea liberado; incluso han denunciado acoso por parte de la policía municipal.

Cristina Mosqueda, hermana de Rosa Isela, protesta durante la visita del presidente López Obrador a Mexicali. | Foto: Armando Nieblas

“No vamos a dejar que esto se quede así, yo dije que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque somos gente que pedimos justicia, ocupamos la justicia”, expresó María García Castillo.

Lamentó que los agentes municipales que presuntamente colaboraron en el encubrimiento del responsable siguieran en libertad, por lo que exigen que sean destituidos, inhabilitados y vinculados a proceso, al considerar que existe culpabilidad compartida.

Actualmente existe una denuncia penal ante la FGE en contra de los servidores públicos que acudieron al lugar del accidente, pues según el abogado Castilla, se cometieron muchas irregularidades, entre ellas, se alteró la escena del crimen.

“No hubo un tratamiento de escena del crimen, hubo una alteración, se movieron los cuerpos, desaparecieron evidencias, a los días mandaron a pintar, a cortar los arbustos que estaban estorbando la vía pública”, detalló.

Además, se encuentra en curso una denuncia administrativa en contra de los agentes policíacos ante la Sindicatura Municipal, lo que derivó en la suspensión temporal de los mismos. También existe una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora ningún elemento ha sido destituido.

Hasta la finalización de este reportaje, en Mexicali ya se han registrado 91 personas atropelladas (en lo que va de 2021), de las cuales 60 perdieron la vida, es decir 39 más de las reportadas en todo el 2020.

Ilustración apertura: Carlos Mendoza

Reportaje

Espejos sin reflejo: los desaparecidos en Tecate

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La presente investigación es uno de los trabajos finales de la materia Reportaje periodístico de la Facultad de Artes UABC, realizado por el alumno André Galvez de la Rivera.

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Reportaje

Está “perdida” información sobre delitos en San Luis Río Colorado

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Por Manuel Angulo

Una solicitud de información pública realizada al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado sobre estadísticas de incidencia delictiva de los años 2015, 2016 y 2017 destapó el “extravío” de información sensible en la Dirección de Seguridad Pública y la imposibilidad del gobierno municipal que encabeza Santos González Yescas de acceder a un sistema informático que es controlado desde Mexicali, Baja California.

Además, la solicitud exhibió que el gobierno municipal tiene malas prácticas en asuntos de transparencia, ya que se elaboró un acta de inexistencia de información pública, pero con datos erróneos en la fecha, o al menos eso parece.

Inicialmente, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, negó tener en su poder las estadísticas de robos cometidos en los años 2015, 2016 y 2017, y para sustentar esa negativa, elaboró un acta de inexistencia de la información pública, la cual adolece de varias deficiencias.

Dicha acta, según el registro del documento, fue elaborada el viernes 13 de febrero de 2023, es decir, mucho antes de que la solicitud de información fuera hecha por este reportero.

Además, la fecha “viernes 13 de febrero de 2023” no existe, puesto que el 13 de febrero de ese año fue lunes.

El acta de inexistencia de información fue firmada por los siguientes funcionarios: el director de la Unidad de Transparencia, Roberto Ortiz López; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Manuel Sandoval Gámez; y el director de Servicios Administrativos, Refugio Zavala Bueno.

Además, contiene las firmas de la directora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Alejandra Covarrubias Talamante; y el director de Planeación Municipal, Guadalupe Acosta Rivera.

La información “perdida”

Luego de que este periodista interpusiera un recurso de revisión el 31 de octubre de 2023, tras la negativa del gobierno municipal para proporcionar las cifras estadísticas del 2016 con el argumento de que no existía esa información, el 7 de diciembre del mismo año el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), a través de la Comisionada Ponente Ana Patricia Briseño Torres, resolvió a favor de este reportero y ordenó al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado entregar la información que se había solicitado, ya que la estadística delictiva es información pública y debe ser resguardada por ese orden de gobierno.

La resolución ISTAI-RR-930/2023 fue notificada a este reportero el 15 de diciembre de 2023, y en ella se da un plazo de 15 días hábiles al gobierno municipal para que entregue las estadísticas de 2016, relacionadas con robo a casa, robo a comercio y robo de vehículo.

Cabe señalar que están pendientes de resolver otros dos recursos de revisión interpuestos por este reportero a la negativa de entregar la estadística delictiva de robos correspondiente a 2015 y 2017.

Resolución del recurso ante el ISTA

https://drive.google.com/file/d/1MsEkxJDMdVmyW5HcciW870zrDsA1tqrT/view?usp=sharing

Declaran “inexistente” la información siete meses antes

En lo que evidencia una serie de malas prácticas en el ámbito de transparencia, el gobierno municipal declaró inexistente la información sobre estadística de robos en el año 2016, pero, presuntamente, lo hizo siete meses antes de que se le pidieran esos datos.

La fecha de la solicitud de información con folio 260500723000224 realizada por este reportero fue el 29 de septiembre de 2023. Específicamente se le pidió al gobierno municipal que proporcionara información estadística de los robos a casa, robos a comercios y robos de vehículos cometidos en 2016, detallando la información de manera mensual. En la solicitud también se le solicitó al Ayuntamiento que especificara cuantos delitos habían sido judicializados, pero se aclaró que este dato se estaba pidiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya que la misma solicitud fue también dirigida a esa instancia estatal.

El 6 de octubre de ese mismo año el director de seguridad pública, Gerardo Camacho Ramírez, respondió la solicitud de información mediante oficio, en el que da conocer que la corporación no tiene en sus archivos la información solicitada.

Respuesta inicial del Ayuntamiento / octubre de 2023  https://drive.google.com/file/d/1Kral5ymXtbPGR0_n0an_yMGl85MjtnB1/view?usp=sharing

En el mismo documento, identificado con el folio 852/2023, el jefe policiaco Camacho Ramírez pide al Comité de Transparencia que realice las diligencias necesarias para declarar la información estadística del año 2016 como inexistente.

Junto con la respuesta del director Camacho Ramírez se envió el “Acta de Sesión de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, donde se declara inexistente la información solicitada”.

El documento refiere que la fecha de reunión del Comité de Transparencia fue el viernes 13 de febrero de 2023 (fecha inexistente) y que se realizó en las oficinas de Seguridad Pública, lugar donde se reunieron el presidente del comité, Roberto Ortiz López; y los vocales, Héctor Manuel Sandoval Gámez; Refugio Zavala Bueno, Alejandra Covarrubias Talamante, y Guadalupe Acosta Rivera. Además, estuvo presente el director de Seguridad Pública Municipal, Gerardo Camacho Ramírez, en su calidad de sujeto obligado.

En el acta se indica que los integrantes del Comité de Transparencia buscaron la información estadística solicitada con el personal de Policía y Tránsito Municipal y luego con la Tesorería Municipal, para finalmente realizar una entrevista con el director Camacho Ramírez.

En el acta se señala que se hizo una “búsqueda minuciosa” en todos los archivos físicos y electrónicos del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y que los integrantes del Comité de Transparencia verificaron que no existía registro de la información solicitada.

Como se puede ver, de manera extraña el director de Seguridad Pública pidió el 6 de octubre de 2023 que se declarara como inexistente la información y la declaración se hizo el 13 de febrero del mismo año, es decir, siete meses antes.

Acta de inexistencia de la información  

https://drive.google.com/file/d/1xu6LAe7mja5jHzna0SvJ0yYKGJWZEbAH/view?usp=sharing

Finalmente, la respuesta

El pasado 24 de enero, la directora de la Unidad de Transparencia, Alma Lorena Calleros Contreras, respondió la resolución emitida por la Comisionada Ponente Ana Patricia Briseño Torres.

Alma Calleros, quien desde el último trimestre de 2023 fue nombrada responsable de transparencia en sustitución de Roberto Ortiz López, incluye en su respuesta un oficio enviado por el director de seguridad pública, Gerardo Camacho Ramírez, en el que el jefe policiaco informa que el 22 de enero pasado fueron notificados de la resolución del recurso de revisión y procedieron a buscar la información en los archivos.

“…se procedió de inmediato a ordenar una búsqueda minuciosa en todos y cada uno de los archivos de esta corporación de policía, así como de todas las delegaciones, tanto físicos, como en los equipos de cómputo que no está en uso, en la Delegación Centro la información que solicita (…) le informo que la presente información que se envía como bien se adelantó se localizó en un equipo de cómputo que no estaba en uso…”, expresa textualmente una parte del oficio.

El documento es acompañado por las estadísticas de robos a casa, robos a comercio y robos de automóvil, detallada mes por mes del año 2016. Es decir, la información que se buscó de forma minuciosa en octubre de 2023, fue localizada finalmente en enero de 2024.

Camacho Ramírez explica también en el documento que la información estadística de 2016 estaba contenida en un sistema de cómputo que era administrado por seguridad pública de la ciudad de Mexicali, Baja California, y que esto se debía a que no se contaba con un sistema propio.

El documento firmado por el Comisario Gerardo Camacho refiere que el 23 de febrero de 2023 se instaló un sistema propio de la Policía Municipal en San Luis Río Colorado para capturar la estadística delictiva, pero que en el proceso de ingresar la información de años anteriores, se les cancelaron las claves de acceso al sistema que está en Baja California.

“… hasta la fecha no se ha logrado tener acceso al anterior sistema, siendo esta la razón por la cual la información que solicitaba, no se contaba con ella en nuestros sistemas de cómputo”.

Camacho Ramírez asegura que ha solicitado en varias ocasiones a las autoridades de seguridad pública, en Mexicali, Baja California, que se les proporcionen las claves y contraseñas para tener acceso al anterior sistema, pero no han tenido una respuesta favorable.

Como evidencia, el gobierno municipal proporcionó copias de oficios enviados por Gerardo Camacho Ramírez al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Leopoldo Tizoc Aguilar Durؘán, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, para solicitar acceso al Sistema Integral de Vínculos y Análisis (SIVA).

Se trata de tres oficios fechados el 9, 16 y 23 de mayo de 2023, en donde el director de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado pide al Secretario de Seguridad de la vecina entidad apoyo para que empleados de la dependencia local, y el propio director, puedan consultar distintas estadísticas relacionadas con personas detenidas por la Policía.

La respuesta definitiva del Ayuntamiento

https://drive.google.com/file/d/19CDUtQpzX4lGCGogdY_jirocxn48oNra/view?usp=sharing

Oficios del Comandante a Seguridad BC

https://drive.google.com/file/d/1D_0RD6iTAR1Z5gu7–TlUpCvItP9U4-v/view?usp=sharing

Las dudas

Tras casi cuatro meses desde que se presentó la solicitud inicial de información en septiembre de 2023, el gobierno municipal acepta, obligado por una resolución del Instituto de Transparencia, que hay información derivada de sus funciones de seguridad pública que no tiene bajo su resguardo.

Aquí cabe la duda sobre el actuar de la Policía Municipal, ya que si desde mayo de 2023 han estado pidiendo acceso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California a un sistema informático en donde presuntamente están los datos del índice delictivo del año 2017 y anteriores, por qué se declara inexistente la información.

Por otro lado, se evidencia la falta de coordinación del gobierno municipal de San Luis Río Colorado con su contraparte en Mexicali, Baja California, y la ausencia de apoyo del gobierno de Sonora a San Luis Río Colorado para gestionar ante Baja California el acceso de los datos estadísticos que tiene bajo su control esa entidad.

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Reportaje

Lidera Jorge Ramos organización con tintes de secta

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El exalcalde de Tijuana maneja la filial de Quantum en Baja California, una organización que guarda ciertas similitudes con NXIVM, y que con la promesa de potencializar el liderazgo, en realidad presiona a los asistentes a buscar nuevos participantes que paguen los costosos entrenamientos

Por Dianeth Pérez Arreola

El 8 de septiembre de 2023 Verónica* acudió a un entrenamiento de la empresa “Quantum, Maestría del Ser”. Ella pasaba por una fuerte depresión y en ese momento vulnerable estaba dispuesta a acudir a lo que sea que le ofreciera sentirse mejor, por eso aceptó la invitación de una amiga suya, quien le dijo que no podía decirle de qué se trataba, pero que era lo que ella necesitaba en ese momento.

El instructor del “Curso Básico Cuántico” era Jorge Ramos, expresidente municipal de Tijuana (2007-2010). Se pidió su postura respecto a la denuncia que interpuso Verónica, la cual dijo es la primera en seis años que lleva dirigiendo el grupo, y negó que se tratara de un fraude y que se tratara mal a los participantes.

Jorge Ramos rodeado de asistentes a uno de los cursos de Quantum.

En ese primer curso había más de 100 participantes, cuenta Verónica; el costo fue de 7 mil pesos y la duración fue de 3 días. Como parte de las dinámicas, los dividieron en pequeños grupos y les preguntaron por los problemas que tenían en la vida.

Cada uno tenía un compañero “sombra”; si esa persona no llegaba a tiempo, el otro no podía entrar; si no llegaba al curso, se quedaba afuera; si no se inscribía para el curso siguiente, les creaban la incertidumbre de que el otro no fuera aceptado.

Les hicieron hincapié en que el contenido de ese curso solo era teoría; que para aprovechar todo el potencial tendrían que continuar el “entrenamiento”. Antes de que finalizara ese fin de semana, les preguntaron que quién quería cambiar su vida. Obviamente todos levantaron la mano, y escribieron sus nombres en un rotafolio. “Entonces pasen a registrarse para el segundo curso”, les dijo Ramos.

Jorge Ramos, expresidente municipal de Tijuana.

El segundo curso, titulado “avanzado” fue el siguiente fin de semana, del 15 al 17 de septiembre, y entre ese primer y segundo “entrenamiento”, los asistentes tenían que llamar al staff todos los días a la misma hora, para mantenerlos motivados y confirmar que efectivamente se registraran y pagaran los 10 mil pesos que costaba el segundo nivel.

El entrenador fue Juan Ángel Arreola Morales. Asistieron unos 50 participantes. Ahí fue donde Verónica empezó a dudar de la finalidad de los cursos. Los volvieron a dividir en grupos pequeños y en una de las dinámicas pasaban por turnos al centro y los demás tenían que decirles cosas negativas que percibían en ellos: “te veo débil”, “te veo inservible”. El staff también se sumaba a los “comentarios”. Verónica lloraba y siguió llorando cuando ella tuvo que decirles cosas similares a sus compañeros, pues sentía que eso estaba mal. “¿Se lo estás diciendo a ellos o te lo estás diciendo a ti?”, le preguntó el instructor ante sus titubeos.

En la dinámica final, tenían que contar una experiencia en la que se hubieran saboteado a sí mismos. Acto seguido Arreola Morales les dice que, si no quieren seguir así, que pasen a la mesa de registro para el tercer curso.

A quienes se resistían a comprometerse para “seguir avanzando” los evidenciaban frente a los demás como débiles. “Es el miedo el que no te deja avanzar”, les decían. Además, el staff usa las experiencias narradas como autosabotajes para presionarlos; si no querían continuar teniendo problemas familiares, laborales, financieros, personales debían inscribirse y pagar.

Ante sus titubeos, el compañero “sombra” de Verónica se ofreció a prestarle 2 mil pesos que le faltaban para completar el pago de 14 mil, valor del tercer curso y que sería del 6 al 8 de octubre.

Al final de ese último día del segundo curso, los urgían a inscribirse y pagar en ese momento, las 10 de la noche del domingo. Su “sombra” se ofreció a llevarla a su casa a recoger el dinero, a pesar de que ella tenía carro. Después él le comentó que el instructor le pidió que la acompañara. Ella concluye que fue una estrategia para que no pensara mucho en el alto costo del curso y tomara una decisión al calor de la presión para que continuarán su “formación”. Además, así se vería obligada a volver y no tendría tiempo de hablar la decisión del costoso curso con su familia y no podría ser disuadida.

Verónica cuenta que entre el segundo y tercer curso, una decena de participantes organizaron una carne asada. En el tercer curso salió el tema y Juan Ángel se dio cuenta que habían creado un grupo de Whatsapp. Los regañó y les ordenó que le dijeran quiénes eran los administradores, y que lo borraran bajo pena de no ser bienvenidos en los cursos, pues así se creaban chismes y se corría el riesgo de que comentaran contenidos del curso y les “robaran la experiencia” a quienes eran ajenos a los pasos del “entrenamiento”.

Ese tercer entrenamiento, llamado “liderazgo” lo impartieron Jorge Ramos y Juan Ángel Arreola Morales. El primer día, a pesar de las promesas de que ahora sí, toda la teoría vista en los cursos anteriores sería llevada a la práctica, empiezan preguntando a los participantes que cuántas personas se comprometen a llevar para que tomen el curso básico. A quienes solo dicen que una persona, los evidencian dejándolos de pie y les hacen preguntas como ¿ese es tu nivel de compromiso?, ¿eso es lo que vales?

Anotan sus nombres en el rotafolio y el número de personas que se comprometen a “enrolar” en el programa. Eran unas 35 personas, de las más de 100 que habían iniciado en septiembre. El segundo día, en su tiempo de comida les piden que hagan llamadas para convencer gente de asistir a los cursos de Quantum. Les dicen que tienen que mostrar 10 llamadas que hayan hecho para demostrar “que no se estaban haciendo pendejos”.

Ante la presión del primer día, dos personas ya no regresan. Es difícil poder invitar a alguien a un curso del que tienen prohibido dar detalles y en el que hay que invertir miles de pesos. Ese segundo día, desertan seis, entre ellos Verónica. Ese día les dicen cómo manipular a la gente para que acuda a los cursos; si saben que alguien está pasando por cualquier tipo de problema, deben mencionarlo. Por ejemplo, si alguien tiene problemas económicos, debían ofrecer el curso como muy útil para administrar mejor el dinero; si alguien tiene problemas familiares, debían ofrecer mejorar en las relaciones interpersonales como resultado del curso.

“Si conocen muy bien a la persona que van a invitar, ¿por qué no lo pagan ustedes y luego que ellos se los paguen?”, sugerían. “Si ya les dijeron que sí, ofrézcanse a llenar el formato y pídanle el número de tarjeta de crédito para asegurar que sí venga”, indicaba el staff.

Quantum, maestría del ser

 El estadounidense John Hanley, fundó Lifespring en 1974 junto a otras dos personas. En octubre de 1987 Hanley tenía el 92.7 por ciento de la empresa. De acuerdo con información de Wikipedia, el entrenamiento constaba de tres niveles; básico, avanzado y liderazgo. En este último, los participantes eran básicamente una fuerza de ventas no remunerada con la misión de conseguir personas que siguieran alimentando el flujo de participantes y de recursos.

“Los instructores utilizaron la presión y la humillación para obligar a los participantes a alcanzar los objetivos de inscripción”, señala la información. Hanley maneja los centros de entrenamiento de Quantum. Lifespring desapareció a mediados de los noventas después de acusaciones sobre técnicas de control sobre los participantes.

John Hanley.

Verónica solicitó al coordinador de Quantum Mexicali, Jonathan Cuevas Ferrer, los contratos que ella firmó para inscribirse en cada curso, de los cuales nunca recibió copia, ya que quería el reembolso íntegro de los cursos al sentirse defraudada y utilizada como fuerza de ventas.

Después supo que quienes habían concluido el tercer nivel, sirvieron como staff para el siguiente ciclo de cursos.

Después de mucho insistir le dan copia de su último curso, pues le dicen que es el único que no concluyó y le ofrecen regresarle el dinero de este último nivel.

La madre de Verónica consigue la ayuda de una abogada, y haciéndose pasar por su asistente acude a las oficinas de Quantum, que están ubicadas en la Plaza Fimbres, donde habla con Maritza Gutiérrez Posada, esposa de Jorge Ramos y quien se ostenta como apoderada legal de la empresa.

Al comentarle la forma en que fueron tratados los participantes, los insultos y las presiones, Maritza llora y asegura que desconocía que eso sucediera dentro de la organización.

La abogada solicita a Quantum el reembolso de todos los cursos, por 29 mil pesos y le pide a Verónica que no tenga comunicación con Maritza, quien insiste en hablar con ella.

La empresa ofreció el 27 de noviembre pasado, un contrato para regresar el dinero en tres pagos, pero incluye una cláusula de confidencialidad donde “se obliga a reservar la información sobre el contenido de la compensación que se le otorga, así como de los hechos y condiciones relativas, por lo que no podrá divulgar a persona alguna la información establecida aceptando la beneficiaria en caso de incumplimiento pagar en favor de Quantum la cantidad equivalente al 200 por ciento de la cantidad entregada en compensación”. La compensación es por haber recibido “trato inaceptable” por parte de un tercero contratado como entrenador de Quantum.

Verónica decide olvidarse del dinero, y el 11 de diciembre de 2023 interpone una denuncia por fraude y lo que resulte, ante la Fiscalía General del Estado (Número de caso 0202-2023-41670).

Denuncia interpuesta por la víctima ante la FGE.

Relata que el ministerio público que la atendió, César Humberto Acebo Gutiérrez, la interrumpía en su relato, no la dejaba dar detalles y le recalcaba que ella pagó voluntariamente esas cantidades de dinero, por lo que la denuncia solo quedó por fraude, cuando ella buscaba que se incluyeran delitos relativos a la forma de operar de este grupo y por usurpación de profesiones, pues nadie cuenta con las credenciales profesionales para hacer lo que hacen, opina.

Jorge Ramos, el exalcalde de Tijuana, renunció a finales de octubre al Partido Acción Nacional tras 33 años de militancia. Tiene nexos con Carlos Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y estratega político detrás del Partido Verde Ecologista, a donde se rumora se sumará Ramos, acción que aún no ha sucedido.

La versión de la empresa

En entrevista, Jorge Ramos manifestó que se está “descontextualizando” el entrenamiento. Dijo que  él y su esposa cuentan con dos certificaciones internaciones con el creador del entrenamiento, que reconoció es John Hanley, lo que a su ver los califica como instructores.

Agregó que su esposa cuenta con maestría en terapia familiar y es especialista en adicciones con 15 años de experiencia en este tipo de prácticas. Aclaró que a todos los participantes se les da copia de su contrato como de sus recibos de pago, aunque aceptó que “puede ocurrir” que alguien no se le haya entregado pues son cientos de personas los que han pasado por los cursos.

Aseguró que él y su esposa tuvieron su primer contacto con Quantum hace aproximadamente doce años y desde hace seis ellos son los responsables de la filial en Baja California. Informó que Arreola Morales ya no trabaja con ellos a partir de este año y dijo que de ninguna manera es el lenguaje y el trato que usan ellos en sus cursos lo descrito por la denunciante.

Remarcó que la de Verónica es la primera denuncia penal que tienen en seis años al frente de Quantum y negó que se trate de entrenamientos para gente “con problemas” sino que es para “potenciar liderazgos”.

Declaró que el primer día se les da a todos a leer el contrato y se les dice que no hay devolución del dinero. Justificó que el documento donde pretendían reintegrar el dinero en abonos y que incluye la cláusula de confidencialidad, fue porque se estaba haciendo una excepción con Verónica.

Ramos externó que a los entrenamientos ha invitado a su familia y amistades cercanas, ¿tú crees que metería a mi familia a un proceso así?, cuestionó ante la descripción hecha por la víctima de los métodos de Quantum. “Si fuera así fuera una manipulación, sería perverso”, opinó y agregó que le preocupa que se dañe el prestigio de una institución así, que hace tanto por la gente.

Jorge Ramos Hernández tiene una licenciatura trunca en Derecho, mientras que su esposa, Maritza Gutiérrez Posada, cuenta con cédula profesional como licenciada en administración de mercadotecnia, la 7297363, según datos de la página del Registro Nacional de Profesiones.

Ramos se ofreció a contactar a esta reportera con un participante satisfecho de los cursos, “pues así como hay gente que vive una experiencia brillante, hay gente que no la hay”.

Adolfo González Miranda, abogado residente en Mexicali con empresa propia, narró que empezó en diciembre de 2022 con los entrenamientos y continuó su formación todo el 2023. Invitó a su esposa, hermano, hermana, cuñado y sobrinos a tomar todos los cursos.

Calculó que cumplir todos los niveles le significó una inversión aproximada de 25 mil pesos y señaló haber sido staff en algunas jornadas “pero por amor al arte, sin pago, sin ser obligado y de manera voluntaria”.

Aunque primero comentó que se trata de personas con situaciones laborales, financieras, o personales, después manifestó que no se trata de arreglarles algo, sino de “potencializar lo que ya funciona”.

Añadió que no se trata de una empresa multinivel, que no hubo presión para “reclutar” a nadie y que en los cursos no hubo presiones ni insultos.

Chat donde la esposa de Jorge Ramos intenta un acercamiento con la víctima.

Métodos de control mental

Según “Freedom of Mind”, los métodos de control mental utilizados por las sectas, incluyen controlar el ambiente físico, establecer reglas estrictas, un sistema de recompensas y castigos, manipulación de la culpa, favorecer el sentimiento de sentirse elegido o especial.

Los métodos de Quantum guardan cierta similitud con los de NXIVM, la secta de origen estadounidense dirigida por Keith Raniere, condenado e 2019 por tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado, calificado como una organización multinivel que ofrecía cursos de desarrollo personal.

La filial en México era dirigida por Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien era instructor de cursos de coaching para ejecutivos, o dicho de otra manera, de cursos de liderazgo.

Numerosos políticos, empresarios e hijos de expresidentes resultaron con nexos a esa secta, entre ellos el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien aceptó las ligas con NXIVM en un comunicado y se dijo “engañado” al conocerse las prácticas de la secta.

Algunas características de las empresas manipuladoras cuyo objetivo es potenciar el liderazgo, según la página del Centro Integral de Psicología, son:

Secretismo: No dan detalles específicos del programa, una vez dentro, exigen no develar contenido y/o piden firmar contratos de confidencialidad.

Constan de varios niveles: Al final te conviertes en líder, fomentan el privilegio de “pertenecer”.

Obligación de invitar a más personas: Esta meta a menudo la disfrazan de superación personal, de capacidad para influir en la gente.

Contar tu intimidad: Es básico para quebrar a las personas emocionalmente, saber sus debilidades y utilizarlas en su contra.

Humillación: La desaprobación, los gritos, la humillación y los comentarios ofensivos son parte de su forma de actuar para presionar a los participantes y que actúen en la forma que se les indique.

La palabra “cuántico”: Suelen utilizar pseudociencia en sus discursos.

Horarios no convencionales: Por lo general los cursos son los fines de semana, a puerta cerrada, en horarios poco convencionales, que terminan muy tarde e inician muy temprano dando pocas horas de sueño a los participantes.

Ninguna autoridad, ni de salud ni educativa, regula el funcionamiento de estos grupos, y eso en combinación con el secretismo con el que funcionan, y con el hecho de que por lo general la gente que llega a esos “entrenamientos” está pasando por situaciones complicadas en sus vidas que los hacen vulnerables, hacen muy complicada su detección y el análisis de sus métodos.

*Nombre ficticio a petición de la víctima

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