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Reportaje

Quitan terreno al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte

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La construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades de Sonora (NHGE) quitó al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte más de la mitad de la propiedad, dejándolo sin áreas de esparcimiento, con reducción de pabellones, menos cupo para pacientes y limitaciones en los programas, alterando, según expertos, la rehabilitación de los enfermos mentales

Por Ericka Llaguno e Ismael Meza / Libera Radio

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

En el verano de 2017, el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, en Sonora, perdió más de la mitad de su terreno por la construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades (NHGE). Se dividió el terreno desalojando y demoliendo pabellones y, a pesar de que se construyeron otros para sustituirlos, se perdió capacidad y espacio.

Esta reducción dejó a los pacientes sin áreas al aire libre donde pudieran tener actividades físicas y de esparcimiento. El Hospital Psiquiátrico atiende a pacientes con cuadros de enfermedades mentales como psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y adicciones.

Los doctores expertos consultados para esta investigación explican que la falta de una terapia recreativa retrasa el proceso de recuperación y la privación de contacto con el medio externo hizo más lento el progreso en los pacientes, pues perdieron individualidad y un sitio donde hacer actividades que les brindaban sensación de bienestar.

Además, el “Hospital de Día”, una sala que brindaba servicio de estancia y terapia a unos 12 pacientes diariamente, fue afectado con la construcción del NHGE. El programa se siguió brindando en espacios improvisados y terminó por desaparecer en 2020, durante la pandemia.

El psiquiátrico tiene un presupuesto anual de 560 mil pesos para gastos operativos y recibe financiamiento de las secretarías de Salud Estatal y Federal para otros servicios, sueldos y medicinas. Los cuidados médicos prestados por el sanatorio generan en cuotas, internamientos y consultas hasta 10 millones de pesos anuales, pero, de acuerdo con todos los médicos entrevistados, esos recursos terminan en una cuenta concentradora y no se reinvierten en su totalidad en el hospital.

Este equipo de investigación encontró que el sanatorio está trabajando pese a varias carencias en alimentación, ropa hospitalaria, clima artificial, equipos de cómputo, medicamentos y hasta de personal médico.

Por su parte, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, de quien depende el Hospital Psiquiátrico, tiene contratos con empresas privadas para la alimentación, limpieza, basura común, residuos peligrosos y vigilancia. Casi todos ellos ostentan montos de cientos de miles de pesos, pero, según nuestras fuentes, los servicios son limitados e irregulares.

Hace dos años, el sanatorio fue incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados afirman que llevaron camas para la foto, retirándolas inmediatamente después; que está pintado y adornado por fuera, pero que por dentro está en el abandono. 

Hasta el momento, ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora han publicado alguna observación sobre el centro y la aplicación de su presupuesto.

“Llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones”

En la historia del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte hay un suceso que se repite como deja vú. Un día cualquiera un funcionario decide utilizar parte de su terreno para otros fines y mutila su organismo. 

Ocurrió en 1993, cuando se dividió el área para levantar el colegio privado “Vanguardia” y ocurrió otra vez en el 2017. En el verano de ese año, el Gobierno del estado decidió que la ubicación para la construcción del NHGE serían los terrenos del Hospital Cruz del Norte. 

En un principio, el NHGE se construiría cerca del Estadio Sonora, fuera del casco urbano de Hermosillo, pero decidieron hacerlo en los terrenos del Hospital Psiquiátrico. Con ello no sólo cercenaron sus instalaciones, sino que la habitual falta de recursos se acentuó considerablemente.

“No avisaron a nadie, llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones y a dividir el terreno”, dice el psiquiatra Jesús Adrián Duarte Moller, quien en ese momento fungía como director del hospital. 

“Los cortes de terreno eran súbitos, un día llegabas y ya no estaban”, confirma en grabación un médico en activo del sanatorio, a quien por motivos de seguridad nombraremos Esteban.

Ante esto, el titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (DSM), el psiquiatra Juan Manuel Tong Payán asegura en entrevista que hubo los avisos correspondientes: “Todo se hizo a través de oficios”. Tong Payán nos recibe con cordialidad en su oficina semi vacía, a unos días de dejarla por el cambio de gobierno.

Para los psiquiatras entrevistados la percepción es que el NHGE “se tragó” al Cruz del Norte. En realidad, el área despojada fue del 70 por ciento. El hospital actual y sus accesos ocupan 6.5 hectáreas de las 9.1 originales, es decir, se demolieron tres pabellones, se perdieron las canchas deportivas y un gran terreno donde alguna vez hubo labores de siembra y pozos de agua.

Lo que para el Director de Salud Mental era un terreno que no se usaba para nada, a decir de los médicos interrogados en realidad significaba un área con la que contaban los pacientes para su rehabilitación.

“Al paciente psiquiátrico le hace falta espacio, le hace falta jugar. La terapia recreativa es increíblemente buena”, dice el doctor Duarte Moller, con 45 años de experiencia en el Hospital y dos veces director del mismo, la segunda ocasión hasta enero del 2021. Y agrega, “nos dejaron un pedacito muy chiquito, estábamos como en un campo de concentración”.


Pérdida de terreno del Hospital Cruz del Norte. En 2001 eran 16.7 hectáreas. Con los sucesivos cortes, actualmente le quedan 2.5 hectáreas. Imágen: Libera Radio.

“El aislamiento del medio externo hace que se retrase la evolución del paciente. Es como una persona encarcelada, cuando sale no sabe ni qué hacer, pierde contacto con el exterior. Puede aplicar el Síndrome de la privacidad sensorial, la falta de contacto profundiza el trastorno. Los mismos médicos veían que sus pacientes no evolucionaban”, refiere Duarte Moller.

Esto coincide con lo expresado por el doctor Esteban, quien comenta que el cambio fue un “impacto tremendo” para los pacientes, pues se sienten todavía más encerrados. “Si un paciente puede durar de 30 a 90 días en un ingreso, y con la pandemia no se permiten visitas, el paciente se siente recluido”.

Explica que esta afectación puede llevar a que el tratamiento sea menos efectivo, incluso “a recaídas, vienen cambios en su conducta, en sus emociones. Imagínate que entras con un síndrome depresivo con ideas suicidas, y que estés encerrado en una sala donde no puedes hacer llamadas telefónicas ni salir, sin visitas, ¿cómo te sentirías? Claro que repercute”, insiste Esteban.

Otro médico al que llamaremos Alfredo, quien también accedió a platicar a cambio del anonimato, asegura que, antes, los pacientes se sentían útiles realizando actividades que les daban sensación de bienestar. Ahora, dice, “es muy distinto estar en una sala sin nada que hacer, sin que te dé el sol, sin oportunidad de salir, ejercitarte un poco, respirar, sentir el aire”. Comenta que, en las nuevas salas, el espacio que tienen es mínimo, perdieron individualidad y sus condiciones son frustrantes.

Los que perdieron su entorno fueron los enfermos crónicos, de acuerdo con el doctor Esteban, estos son quienes viven de manera indefinida en el hospital —algunos por el abandono de su familia—. Al desaparecer su pabellón, fueron separados y repartidos entre hombres y mujeres.

Estos nuevos edificios fueron construidos con paneles de lámina desmontables y estructura metálica, lo que facilitaría su derribo en un momento dado. Estas y otras obras exteriores costaron un total de 19.8 millones de pesos, de acuerdo con el portal Tu Obra, del Gobierno del estado.

“El centro salió ganando”, argumenta el ex director de Salud Mental Tong Payán. Desde su perspectiva no se perdió nada en la operatividad del hospital, pues sigue teniendo las tres salas y se remodeló la consulta externa. Además, dice que se amplió una sala de urgencias que ahora cuenta con cuatro camas con la tecnología más novedosa. Sin embargo, Libera Radio tuvo acceso a ese lugar y pudo constatar que sólo hay tres camas y no hay tecnología. 

Otro de los programas importantes y que fue afectado es el “Hospital de Día”. En este se ofrecía tratamiento para personas que difícilmente lograrán una recuperación completa. Ahí los enfermos tenían la opción de pasar el día en el hospital, con terapias y medicación y regresar a dormir a sus hogares.

Con los cortes y demoliciones, el programa ya no tuvo lugar adecuado para atender a estos pacientes. La llegada de la pandemia terminó por desaparecer el programa en los hechos. Para suplir lo perdido, se mandaron remodelar las antiguas oficinas de la Dirección de Salud Mental. 

El doctor Tong asegura que este programa está en funcionamiento, con instalaciones modernas donde se puede hacer deporte, aprender guitarra, cocina, etc. Pero el ex director se contradice al momento de mostrarnos un video con el avance de la remodelación, pues el edificio aún no se inaugura y los pacientes sólo están yendo por su medicamento y regresan a sus casas.

El nuevo estado de cosas ha sido resentido por médicos y residentes, asegura el doctor Duarte Moller: “Hay una sensación de pérdida, de desánimo. Cuando iniciaron las demoliciones hubo un ambiente de ansiedad, de no saber qué va a suceder”. 

La barda que para las autoridades significó seguridad y cuidado a la integridad física, en los pacientes y personal generó incertidumbre: en el que fue considerado el mejor hospital psiquiátrico del noroeste del país, ahora todo es nostalgia y carencias. 

En algunos no se había perdido la esperanza de que todo volviera a ser como una vez fue —con ganado, cultivos y talleres de oficios—, pero la construcción del NHGE acabó por completo con esa posibilidad.

La barda blanca que divide al hospital psiquiátrico del Nuevo Hospital General de Especialidades, evidencia el cercenamiento de gran parte de lo que fue el terreno de recreación y Antiguo pabellón de pacientes, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Fotos: tomadas del video / Libera Radio

La Historia

A inicios de los 60, la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación del gobierno federal inició la descentralización de los servicios de psiquiatría. Cuando se cerró el manicomio La Castañeda, se abrieron dos grandes hospitales, la Cruz del Sur, en Oaxaca, y la Cruz del Norte, en Hermosillo.

El Hospital Campestre Cruz del Norte se planeó originalmente como un hospital granja, donde los pacientes pudieran sembrar frutos y hortalizas, criar ganado, aprender y ejercer algunos oficios como zapatería y panadería, todo esto como un sistema de rehabilitación psiquiátrico que ha caído en desuso. 

En 1964, cuando se inauguró, el hospital y su vasto terreno se encontraban en las afueras de la ciudad. Con el paso del tiempo eso ha cambiado, pero no sólo eso. De tener quirófano, sala de rayos X, laboratorio y cuatro pabellones para 200 pacientes, hoy quedan tres pabellones para 80 pacientes. De todo lo demás, incluido el terreno, queda la nostalgia de lo que fue y el deterioro de lo que hay.

En junio de 2001, el Gobierno del Estado donó a Servicios de Salud de Sonora un terreno de 9.1 hectáreas al poniente de Hermosillo. Eran los terrenos y los pabellones del Hospital Psiquiátrico, las oficinas de la Dirección de Salud Mental (DSM), canchas de basquetbol y un gran “lote baldío” que, sin ser ya una granja, representaba aún la posibilidad de recreación para los pacientes.

Hoy, el hospital cuenta con ocho consultorios, alrededor de 55 pacientes entre internados temporales y crónicos, y realiza un promedio de mil consultas externas al mes. Tiene nueve psiquiatras y 14 médicos residentes, cuerpo de enfermería, médicos generales y personal de trabajo social.

En agosto de 2021, una persona internada le costaba al hospital aproximadamente mil 935 pesos diarios —dato proporcionado por la DSM—, lo que supondría un costo anual total de 39 millones de pesos, sólo por internamientos.


Aspecto del Hospital General en su primera etapa, en el año 69.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hasta el 17% de las personas en México presentan al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá por lo menos una vez en su vida. Desde hace algunos años, la OMS vaticinaba que la depresión sería la segunda causa de discapacidad en México, pronóstico que se cumplió. Sin embargo, sólo una de cada cinco personas con enfermedad mental busca y recibe tratamiento médico. 

Según un reportaje del medio digital Animal Político, del total del presupuesto anual en el sector salud, la salud mental recibe apenas el 2%, cuando lo recomendable está entre el 5% y el 10%.

Por su parte, el ex director de Salud Mental asegura que en Sonora existen 3.3 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, lejos de la recomendación de la OMS que ronda los nueve. En resumen, tenemos pocos especialistas y mal distribuidos, el recurso público es limitado, mientras los padecimientos siguen en aumento.

Peor que con Padrés

Igual que con el terreno, al psiquiátrico se le fueron reduciendo paulatinamente el presupuesto y las fuentes de financiamiento conforme pasaron los años. Al indagar cómo afectó la pérdida de terreno en la salud de los pacientes, nos encontramos con que el olvido y el despojo han sido históricos, realidad que se manifiesta también en una manera de administrar los recursos que rara vez lo beneficia.

“Ya en tiempos de (Guillermo) Padrés las camas se hicieron pedazos, era una tristeza ver a los pacientes dormir sobre los resortes”, dice el doctor Duarte Moller. La limitación de recursos empeoró con Claudia Pavlovich, al grado de que los pacientes han tenido un sólo uniforme. 

El doctor Alfredo asegura que, al no haber toallas, hubo un tiempo en el que se secaban con el uniforme sucio. Aún más, el hospital no provee ropa interior nueva, y quien no tiene un familiar pendiente de sus necesidades se ve obligado a utilizar ropa interior usada procedente de donaciones.

Todos los entrevistados, incluido el ex director de Salud Mental de Sonora, coinciden en que el hospital necesita más psiquiatras. Sin embargo, algunas de estas plazas son ocupadas por médicos generales. La Norma Técnica Mexicana NOM-025-SSA2-2014 indica en su Artículo 5.3 que el prestador de servicio de atención médica psiquiátrica de tercer nivel debe tener los recursos humanos suficientes en número y capacidad técnica.

“Psiquiatras piratas”, dice el doctor Duarte. Ante esto el ex director de Salud Mental asegura que no se hacen pasar por especialistas, sino que son médicos con los conocimientos adquiridos pero que no firman como psiquiatras.

La realidad es que no hay psiquiatras en el turno vespertino. Los fines de semana cuentan con solo uno y la consulta externa con tres, los demás son residentes de primero a cuarto año, quienes al culminar sus estudios se van a otros centros de trabajo donde les pagan mejor.

Para el doctor Manuel Santillana Macedo, especialista en salud pública y profesor en la Coordinación de Enseñanza e Investigación del Hospital (residencias), al psiquiátrico “se le dejó caer igual que al 80% de los hospitales mexicanos. Hubo una política perversa de dejar caer el sistema de salud para privatizarlo”. 

Santillana asegura que uno de los mayores problemas de los hospitales públicos es la burocracia, pues no se maneja dinero en efectivo para supuestamente evitar la corrupción, pero si se funde un foco, por ejemplo, el proceso para que se reemplace puede tardar semanas.

Los mismos 500 mil pesos , y otro poco a cuentagotas

Mientras que para la construcción del NHGE se han destinado hasta ahora más de mil millones de pesos, sin contar con el equipamiento, el Hospital Cruz del Norte sobrevive con un austero presupuesto para gastos operativos y, como veremos, cuenta con contratos especiales que son cubiertos directamente por Servicios de Salud, al igual que los sueldos del personal (algunos perciben pago federal). 

Los medicamentos son suministrados por el INSABI, aunque el gobierno estatal ha tenido que comprarlos por su cuenta ante el rezago en el abastecimiento.

Desde hace tiempo, al hospital psiquiátrico se le ha congelado el presupuesto para gastos operativos en un monto de 560 mil 917 pesos anuales. Este no es definitivo, pues a través de “modificatorios”, la Dirección General Administrativa (DGA) permite una ampliación en los recursos, aunque estos difícilmente alcanzan para cubrir sus necesidades. Este año, por ejemplo, la suma ha llegado a un millón 190 mil pesos.

Desde la perspectiva del doctor Tong, si la situación fuera realmente grave, “en lugar de recibir mensajes de felicitaciones se tendrían paros de labores”. Según él, hay carencias, pero se tiene lo suficiente para trabajar. Al menos cuatro de nuestras fuentes indican que el personal no se manifiesta por miedo a represalias.

Mientras tanto, la mitad de los consultorios no cuenta con aire acondicionado y la refrigeración central no se da abasto pues, además de obsoleto, el equipo no tiene el servicio adecuado. En temporada de verano, cuando en Hermosillo la sensación térmica alcanza una temperatura de más de 50 grados, las consultas pueden resultar un martirio: “Hace más calor adentro”, dice el doctor Alfredo.

Testimonios grabados por Libera Radio revelaron que, ante la inminente llegada de nuevos médicos residentes, sus compañeros tuvieron que aportar para la compra de un pequeño equipo de aire acondicionado (mini split) que cubriera el cuarto de descanso. 

Las peticiones para obtener el equipo que se hicieron por la vía institucional fueron recibidas, pero nada más.

El carro de urgencias médicas, conocido como carro rojo, que debe tener los aditamentos, equipo y medicinas necesarias para atender cualquier eventualidad con los pacientes, está vacío, empolvado y con visibles telarañas.

Respuesta a la solicitud de información sobre los subcontratos del Hospital. Respuestas escuetas y ambiguas. Fuente: Libera Radio.

Por ley, cuando hay necesidad de hospitalización psiquiátrica las instituciones de salud pública que no cuentan con este servicio remiten sus pacientes a donde puedan ser tratados. Es un sistema de subrogación mediante el cual se atiende a pacientes del IMSS, ISSSTE, Hospital Militar, etc. 

De acuerdo con los datos obtenidos, de 2015 a 2020 la subrogación generó 50.4 millones de pesos (mdp) para el Hospital Spiquiátrico, sólo por pacientes del IMSS y del ISSSTE, lo que significa un promedio de 8.4 mdp por año. También se obtuvieron 2.5 mdp anuales por cuotas de consulta externa.

Pero el hospital no tiene acceso a esos recursos, sino que, en conformidad con la ley, el dinero se va a una cuenta “concentradora” en la que se integra lo recaudado por varios servicios públicos (Centros de Salud, DIF, COESPRISSON, etc.).

Hubo un tiempo en que se invertía directamente, “pero eso terminó hace por lo menos 30 años”, dice el doctor Duarte Moller.

De lo generado, “hasta un 50% se podría devolver a Salud Mental, pero esas son decisiones que se toman en la DGA”, argumenta el doctor Tong, “además, hay unidades de salud que no tienen presupuesto y parte de ese dinero se destina a ellas”. Para el doctor Santillana, “ni los directivos saben a dónde va ese recurso”.

Un caso especial es el ISSSTESON. Sus conocidos deterioros y quiebra financiera se reflejan también en la subrogación al psiquiátrico: tiene varios años que dejó de pagar, tal es así que, alguna vez, hasta se le negó el servicio. Nuestras peticiones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para saber a cuánto asciende la deuda fueron ignoradas.

Un dato más: hasta hace poco el Hospital General de Sonora mandaba también pacientes por los que pagaba subrogación. Al cambiar de Seguro Popular a INSABI, este nuevo sistema no está obligado a pagar por los pacientes que atienden en el psiquiátrico. Ahora, el 80% de los pacientes internados provienen de ahí.

Respuesta a la solicitud de información sobre los montos por subrogación de pacientes. Nótese la falta de pago del ISSSTESON. Fuente: Libera Radio.

“Es un esfuerzo increíble”

La Dirección de Salud Mental y Adicciones respondió por la PNT que el contrato anual para la alimentación de los pacientes es de 5.68 mdp. Ese monto podría ser suficiente, pero nuestras fuentes manifiestan otra cosa.

“Mis respetos para los cocineros”, confiesa el doctor Alfredo, “no sé cómo se las arreglan para sacar la comida de la semana, a veces tienen que poner dinero de su bolsa, es un esfuerzo increíble”. A los enfermos sí se les brindan las tres comidas, pero aún así pasan hambre debido a que las medicinas producen mucho apetito y no alcanza para comidas entre horas.

De acuerdo con su dicho, la cocina y el comedor están en muy malas condiciones. No hay clima artificial y es sabido que la preparación de alimentos eleva la temperatura. Las mesas y sillas son muy antiguas, todo el edificio está maltrecho y estructuralmente débil.

La limpieza es otro de los aspectos importantes, cuya carencia impacta directamente en la calidad de vida de los internos. Por las características propias del lugar, se requiere personal de limpieza los tres turnos, algo que no hay.

La Dirección asegura que ahora hay suficiente recurso humano para la limpieza, pero el doctor Alfredo cuenta que es muy poco el personal de intendencia, pues vienen y van porque no se sienten cómodos de limpiar las salas de los pacientes. Hay tres o cuatro intendentes por turno y resultan insuficientes para todo el Hospital, pero incluso estos han denunciado problemas de pago.

Por medio de la PNT encontramos un contrato vigente de Servicios de intendencia por un millón 364 mil 363 pesos. Desconocemos el nombre de la empresa contratada, pues ni la Secretaría ni Servicios de Salud respondieron esa petición, a pesar de ser sujetos obligados.

Seguridad, basura y residuos biológicos, servicios pobres, cobro de ricos

Otros servicios subcontratados son la recolección de basura común, el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y la seguridad. Indagamos sobre su funcionamiento y esto fue lo que encontramos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOLSSA1-2002 enuncia que los RPBI deben estar en contenedores especiales y con etiquetas visibles. La disposición de estos desechos debe realizarse por personal capacitado y con estrictos protocolos de higiene. 

Este equipo de investigación tuvo oportunidad de visitar algunos espacios dentro del sanatorio y ser testigo de que no hay depósitos diferenciados, sólo algunos de color rojo que son usados solamente para las jeringas, pero ninguno de ellos tienen las bolsas adecuadas, confirmando lo dicho por los médicos entrevistados, quienes denuncian: “Los botes son comunes, no especializados, lo más grave es que todos los desechos —comunes y RPBI— se revuelven, realmente no se pueden cuantificar, todo se va en las mismas bolsas”. 

Al cuestionarlo sobre este tema, el doctor Tong asegura que la empresa contratada lleva una bitácora y cobra en base a un periodo, que todo se realiza de acuerdo con la norma y que la basura se coloca en un área especial aislada tipo “jaula”.

Jaula de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y contenedor de basura común, en un área de escombro y equipo obsoleto. Se hace evidente que la jaula está en desuso. Foto: Libera Radio.


Pudimos observar el área aislada en un apartado semi abandonado, cerca de un contenedor de la empresa que dispone de la basura común. Por su aspecto, es dudoso que la “jaula” sea usada con frecuencia para depositar ahí temporalmente los RPBI.

Preguntamos por medio de la PNT cuánto paga el psiquiátrico al mes por el manejo de los RPBI y la respuesta fue ambigua: “se maneja precio por kilo de 36.21 variando cada mes dependiendo de la unidad, la cual ampara hasta 45 mil kilos mensuales, dando un aproximado mensual a $1,629,450.00”. Insistimos en cuánto se genera y paga en específico en esa unidad y obtuvimos las bitácoras de los últimos tres años de la empresa Lavandería Industrial Maypa, S.A. de C.V., de donde se aprecia que el promedio por mes es un manejo de 10 kilos.

Como seguimos sin respuesta del monto, le preguntamos al doctor José Luis Garibaldi Zamora, nuevo director de Salud Mental, quien tampoco tuvo la información, pues dijo que el pago lo hace la Dirección General y es por todas las unidades de la Secretaría de Salud.

El Hospital paga otro contrato por el retiro de la basura común de 36 mil 200 pesos mensuales. A decir del doctor Esteban, ahí mismo también irían los RPBI, lo que convierte a todo el proceso en algo opaco y fuera de norma.

Los médicos también ponen el dedo en la llaga en el tema de seguridad. El personal enviado por la empresa contratada son adultos mayores. Para Esteban, la vigilancia es “una burla”, pues el nosocomio sólo cuenta con un guardia en la entrada, descuidando el resto de las áreas. 

Este medio corroboró lo anterior en el sitio. Al platicar con un guardia nos dijo: “me acaban de mandar aquí porque no había nadie”. Aunque Servicios de Salud no respondió nuestra solicitud de información, sabemos por nuestras visitas al hospital que la empresa contratada es Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V.

En el aspecto tecnológico no hay cámaras de video en las entradas, mientras que el personal denuncia que el botón de pánico no sirve. En el Hospital sólo hay dos enfermeros psiquiátricos, es decir, los únicos con los conocimientos necesarios para enfrentar una eventual de crisis con los internos, lo que podría representar otra violación a los derechos de los pacientes, según la Guía Técnica para la Dotación de Recursos Humanos (2003) de la Secretaría de Salud.

La Dirección de Salud Mental asegura que tiene un contrato de seguridad privada por un millón 701 mil 700 pesos por 11 meses de servicio.


Bote de basura externo del hospital. De acuerdo con testimonios, los RPBI y la basura común se desechan en los mismos contenedores, sin bolsas ni sellos protocolarios. Foto: Libera Radio

“El Retrato de Dorian Gray”

El doctor Duarte cuenta que el nosocomio recibe ayuda de las acciones del “Voluntariado” de la Secretaría de Salud, grupo que ha realizado, entre otras, una colecta anual de pañales de niños y adultos para pacientes vulnerables. Curiosamente, el mismo Duarte y otros médicos intentaron realizar actividades y gestiones para hacerse de recursos y equipo, pero se encontraron con las trabas y el desdén de sus superiores.

A pesar de todas estas condiciones, el hospital está incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados insisten en que está bien “pintadito y adornado con piedritas” hacia afuera, pero por dentro en el abandono. Aseguran que han llevado mobiliario solo para la foto, luego las reubican en otro hospital. “El drenaje tiene 60 años”, advierte Duarte Moller.

Respecto al Reglamento Interno, todos confirmaron su existencia, pero nadie lo pudo proporcionar. Nuestras peticiones hechas a través de la PNT tuvieron como respuesta que era un documento apenas en desarrollo.

En este aspecto, en el papel existen figuras que debieran garantizar la atención adecuada observando las normas, pero ninguna parece funcionar. 

Un documento que sí obtuvimos es el Manual de Organización elaborado por el doctor Duarte en 2017, que muestra el funcionamiento y atribuciones del personal. En él se contempla, además, la existencia de Comités Técnicos, mismos que deberían enfocarse en resolver problemáticas concretas (seguridad e higiene, protección civil, etc.). 

En el reglamento de los Hospitales Psiquiátricos del Estado de México, por ejemplo, esa figura organizativa es de marcada relevancia, además de contemplar los Comités Ciudadanos de apoyo, que involucran especialistas externos.

El mismo doctor Duarte detuvo el funcionamiento de los Comités porque el personal se distraía de sus funciones prioritarias. Cuando preguntamos al doctor Tong, asegura que los Comités “tienen que existir (sic), si no, no tuviéramos al hospital acreditado”,  pero en ningún momento afirmó estar seguro de su existencia.

Otros instrumentos de vigilancia previstos en el Reglamento de los Servicios de Salud son los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo —dependientes de la Secretaría de la Contraloría General— y el Comisario Público Ciudadano. 

“Existen los Órganos de control, pero no hacen su trabajo, no sé que controlen”, responde Santillana Macedo. La respuesta de Duarte Moller es más sugerente: “puede ser que existan (sic), pero se quedan callados. Muchas cosas no salen a la luz”.

No hay quien audite al psiquiátrico, ni la ASF ni el ISAF han publicado algún informe sobre el mismo, sus condiciones o programas. Los informes de gasto de la Cuenta Pública Estatal no entran a detalle de las Unidades de Salud: cuánto entra y cuánto erogan sigue en buena medida en la opacidad.

Como parte de lo encontrado, queremos destacar que quien tiene funcionando al centro es la mayoría de su personal, que pese a los problemas trabaja con dedicación y entrega.

La Especialidad en Psiquiatría es una de las mejores del  país, un reconocimiento que le han hecho a los egresados desde 2008, particularmente por lo bien estructurada que está la especialidad, por sus docentes (de las pocas del país donde se pagaba a los maestros), por la buena práctica clínica y por el buen ambiente laboral.

Todos los médicos entrevistados aseguran que el impacto del despojo del terreno tendrá repercusiones a largo plazo y tardará años en recuperarse.

Educación

Se apuntan unos a otros, en el caso de la compra de uniformes no entregados

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En la trama del contrato de los uniformes pagados y no entregados, todos los involucrados apuntan a otro como el responsable del desfalco. Lo cierto es que hay varias irregularidades que involucran a funcionarios de la administración de Bonilla que permanecen hasta hoy.

Las autoridades emitieron orden de aprehensión contra Iván López Báez y cinco funcionarios más, por destinar 31 millones de pesos del Fondo Nacional de Nómina Educativa y Gasto Operativo a la compra de los uniformes cuando los alumnos aún estaban tomando clase en línea y a distancia debido a la pandemia. Por ese motivo está interpuesta la denuncia tanto en la Fiscalía General del Estado, como en la General de la República, al estar involucrados fondos federales.

Todo empezó el 8 de abril de 2021, cuando se emitió un fallo sobre la licitación OM-ISEP-072-2021. Se analizó la propuesta de Magdalena Mercado Jabalera/Comercializadora Jaba, que ascendía a 29 millones 499 mil 364 pesos. El comité de adquisiciones procedió a declarar desierto el proceso de licitación al haber una discrepancia entre los solicitado y lo ofertado, en específico sobre la falda escolar.

Apenas el día anterior, el 7 de abril, había tenido verificativo el acto de presentación y apertura de proposiciones en su segunda etapa, en el que se dio a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas que fueron aceptadas en la primera etapa.

Firman el fallo quienes integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de Gobierno de Baja California, Lino Fernando Limón Félix , jefe del departamento de invitaciones y licitaciones, en suplencia del Oficial Mayor, Israel Clemente González.

Cabe destacar que Limón Félix fue basificado sin cumplir los requisitos. Fue dado de alta en su cargo en febrero de 2020 y le dieron una plaza en octubre de ese mismo año. Al menos otros 10 empleados de Oficialía Mayor fueron basificados durante la administración del gobernador Jaime Bonilla y colocados en puestos estratégicos donde se manejaban y autorizaban recursos.

Los otros funcionarios que integraban el comité, son Ernesto Alonso Hernández Unzón, coordinador de servicios; Carlos Rodríguez García, en suplencia del titular del ISEP, Iván López Báez; José Isaí Torres Márquez, coordinador fiscal, en suplencia del titular de la Secretaría de Hacienda, Adalberto González Higuera -quien fue Oficial Mayor antes de Clemente González-; y tres representantes del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP).

Trece días después, el 21 de abril de 2021, se emite el contrato por adjudicación directa DAD-ADQ-ISEO-34-21 que beneficia a Mercado Jabalera, por la misma cantidad que había propuesto en el procedimiento anterior, más del 8 por ciento de IVA. Total: 31 millones 859 mil 313 pesos con doce centavos.

El documento señala que la proveedora tiene como actividad empresarial el comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina; otros intermediarios de comercio al por mayor y comercio al por menor de artículos para la limpieza.

En el apartado segundo, punto número 5, dice que “Que cuenta con la capacidad técnica y con los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir con las obligaciones que contrae en virtud de este contrato”.

El contrato involucraba la entrega de 35 mil 500 uniformes de niño, que incluían suéter, camisa tipo polo y pantalón escolar y 33 mil 289 uniformes de niña, consistentes en suéter, blusa tipo polo y falda escolar, para ambos sexos en 20 tallas diferentes y a entregarse en los almacenes de ISEP de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

El contrato está firmado por Iván López Báez, apoderado legal de ISEP, a quien el entonces secretario de Educación, Catalino Zavala, había otorgado un poder general para actos de administración, según consta en escritura pública con fecha del 29 de octubre de 2020, registrado ante la Notaría 15 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 6 de noviembre de 2020.

La supervisión y seguimiento del contrato se establece en el documento; nombran a Manuel Ramírez Estrada, coordinador general de Educación Básica de ISEP “o por quien este determine”

Magdalena Mercado Jabalera es una empleada del Sistema Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Tiene cargo de recepcionista y percibe un sueldo mensual neto de 15 mil pesos más 5 mil pesos de compensación. Su domicilio está ubicado en una colonia popular, la Flores Magón.

Ella es empleada de base desde el 30 de julio de 2021. La fecha de ingreso y de base, es el mismo día, como muchos otros durante la administración de Jaime Bonilla. En esa fecha era oficial mayor Israel Clemente, quien tenía una relación sentimental con Thanya Diaz de León, funcionaria que se enquistó en Oficialía Mayor y que pesar de haberse evidenciado que era aviadora, sigue trabajando para la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda. Fue basificada también durante el periodo de Bonilla, con la ayuda del entonces líder del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero.

Una fuente que pide el anonimato cuenta una anécdota que no fue confirmada ni desmentida por la ahora fiscal María Elena Andrade. El informante refiere que al salir a la luz el nombre de Magdalena Mercado Jabalera como la proveedora de los uniformes, la entonces titular del Sistema Penitenciario mandó llamar a la recepcionista y cuestionó su participación en el contrato.

Mercado Jabalera le habría confesado que en realidad ella era prestanombres del primer oficial mayor, Jesús Núñez Camacho. Este servidor público duró 31 días en el cargo por salir involucrado en el asunto de los “moches”, al principio de la administración de Bonilla. Después fue reubicado como titular, nada menos que en el sistema penitenciario, y con fecha de abril del 2021.

Es significativo que fuera precisamente en esa dependencia donde se le otorgara a la proveedora una base, y que Núñez tomara posesión como comisionado a días que se concretara el contrato de los uniformes.

Cuestionado sobre el tema en aquel entonces, Núñez Camacho dijo desconocer el caso y se desligó del contrato en cuestión.

Por su parte, Israel Clemente insistió que no podían otorgar contratos sin la aprobación de la dependencia correspondiente, en este caso ISEP/Secretaría de Educación, porque según él, tienen facultad jurídica y cada una decide cómo y con quién se maneja su presupuesto. Subrayó que Oficialía Mayor recibía las propuestas de las dependencias, luego presentan las propuestas de proveedores y solo firman si las aprueban o no.

También preguntado en 2023 sobre el tema, el exsecretario General de Gobierno de la presente administración y secretario de Educación en la administración pasada, Catalino Zavala, declaró lo contrario. Dijo que quien solicita, no elige proveedores, y que existe un procedimiento administrativo a través de los comités de adquisiciones que involucra a contraloría, a Oficialía Mayor, a Compras y que la parte que solicita no decide.

Recordó que en esa época él salió de la administración a coordinar la campaña de Marina del Pilar para gobernadora. Dijo entonces que no daban a conocer más información -por ejemplo quiénes son los otros funcionarios que están señalados en la denuncia de Gobierno aparte de Iván López Báez- para seguir el debido proceso y no entorpecer las investigaciones.

El exsecretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, manifestó que en caso del contrato de los uniformes, solo saben que se pagó un servicio y no se entregó, por lo que dieron vista a los órganos internos de control. Ese es el protocolo que les corresponde, y la denuncia ya le corresponde a otras instancias, subrayó.

Sobre el proceso de compras y adjudicaciones, explicó que hay una ruta. Que se manifiesta la necesidad de un producto o servicio y que Oficialía Mayor es quien decide, no la dependencia. En esto coincide con Zavala y contradice lo dicho por Israel Clemente.

Jaime Bonilla.

Por su parte, el exgobernador Jaime Bonilla, apuntó que no tiene ninguna notificación de esa denuncia por el contrato incumplido de los uniformes. Resaltó que se enteró del caso por la prensa al darse a conocer la denuncia, no durante su gestión.

Achacó la responsabilidad del incumplimiento a su entonces secretario de Educación, Catalino Zavala, de quien dijo lo está protegiendo el gobierno de Marina del Pilar, pues “es el que dio la instrucción”.

Añadió que tras la pandemia hubo un cambio de prioridades y que se desvió la atención de esos temas, pues pensó que al estar en contingencia sanitaria se había suspendido la compra de uniformes.

Sobre el papel de Oficialía Mayor durante su gestión, comentó en entrevista el año pasado que nunca le gustó la idea de que los funcionarios echaran raíces en esa dependencia, por eso la continua rotación -hubo 7 oficiales mayores en dos años de gestión-, y reafirmó que era esa instancia la que marcaba la pauta en las adjudicaciones.

Comentó también que se le ha criticado mucho por la cantidad de adjudicaciones directas en su gobierno, pero que el actual a multiplicado por cinco esta cifra.

El exoficial mayor Israel Clemente apunta a la dependencia solicitante como responsable; el exsecretario de educación, Catalino Zavala, apunta a Oficialía Mayor; sobre la proveedora todo parece indicar que apunta a una red de corrupción que operaba dentro de Oficialía, y que involucra a los oficiales mayores Clemente y Núñez, y a quien tiene tiempo decidiendo a los proveedores de gobierno: Thanya Diaz de León.

Con la causa penal 08382/2023, hubo una audiencia el pasado 27 de enero, para prórroga del plazo de investigación. El delito por el que se le acusa a Iván López Báez -inocente hasta que se demuestre lo contrario- es el uso de documentos falsos (para obtener un beneficio). Como resultado de esa audiencia, se tuvo que a petición del fiscal y con la conformidad de los intervinientes, se decreta prórroga de plazo para cierre de investigación de cuatro meses, el cual termina hoy 15 de febrero de 2025, aunque falta el periodo para fijar una nueva audiencia.

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Reportaje

Faltan en Calexico oportunidades laborales y educativas

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Por Juan Montesló

La incesable crisis económica que vive la ciudad de Calexico, California, viene acompañada de dos grandes factores, uno es la escaza oferta educativa, y el otro, la creciente tasa de desempleo, que desde el año 2020 a la fecha ha rondado entre el 25 y 30%.

Según un estudio realizado por la Corporación de Desarrollo Económico del Valle Imperial la demanda de talento en el año 2024 se centró en tres áreas: negocios, informática e ingeniería, y esperan cerrar la brecha que existe entre los ciudadanos, estudiantes y las empresas contratistas que buscan tener un talento verdaderamente preparado y capacitado. Una realidad que al día de hoy, parece no existir.

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Corrupción

Península Doce, empresa favorecida del gobierno estatal

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Por Jaime Delgado/Periodismo Negro

Península Doce es una empresa que ha logrado obtener numerosos contratos en un periodo de 4 años, entre los gobiernos de Jaime Bonilla y Marina del Pilar Avila, y que sobresale tanto por el número de obras hechas en el sector educativo, como por su indisciplina en la ejecución de las mismas, y que a pesar de eso sigue siendo favorecida por autoridades emanadas de Morena.

La más reciente sin duda fueron los baños del estado de beisbol Nido de Los Águilas, una obra que fue una erogación de 13 millones de pesos, pero de igual forma el gobierno estatal contrató a la empresas para construir módulos de venta de mercancías y comida dentro del inmueble que alberga la Serie del Caribe 2025.

Un empresario hizo llegar los primeros documentos para denunciar que en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), a través de Javier Urbalejo Cinco -ex alcalde priista de Tecate y hoy flamante subsecretario de Inversión del gobierno del Marina del Pilar- se está favoreciendo a esa empresa.

Península Doce es una Sociedad de Responsabilidad Limitada en modalidad de Capital Variable. Es propiedad Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, quien ha utilizado la estrategia de licitar bajo otros nombres: el de su cuñada Mónica León Meza y el de su esposa Kenya León Meza.

“Tal pareciera que ser licitante es la mejor opción para poder hacerse millonario, siempre y cuando uno se moche con la autoridad, en esta ocasión el INIFE BC ha sido múltiples veces denunciado por casos contundentes de corrupción sin que a la fecha haya habido alguna consecuencia, soy licitante y estoy plenamente consciente de las dificultades que una persona de a pie sufre para poder ingresar a licitar a una institución de estas”, indicó el denunciante.

Sin embargo, los procesos están sumamente amañados y distan de ser transparentes. En este caso el INIFE es fiel partícipe de estos incidentes, otorgando licitaciones millonarias a familias que se han enriquecido gracias al erario y al uso de empresas fantasmas, comentó.

En este caso sus dueños son esposo, esposa y cuñada; esta triada participa en los mismos procesos donde se supone debería de haber participación de muchas empresas, no obstante han optado por hacer adjudicaciones directas e invitaciones para saltarse los procesos de licitación ya que estos sí son públicos, dijo.

Los nombres de los licitantes son Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, la esposo de Kenya León Meza, quien lícita como Península Doce, hermana de Mónica León Meza, quien a su vez es su contadora, todos con el mismo domicilio fiscal; existen procesos en los cuales los 3 participan generando ganancias millonarias, y claro dando su respectivo diezmo a las autoridades presentes en dichos eventos, señaló.

Cómo funciona la empresa

La relación que existe entre los participantes a las convocatorias de obra de infraestructura educativa, así como las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas que han ejecutado, les han dado los recursos para echar a andar más negocios. Por ejemplo, usan la misma maquinaria para licitar los tres, registran el mismo domicilio fiscal en los procesos, y a veces para evitar que sea demasiado evidente, participan unos por otros, por ejemplo ha participado la esposa como Península Doce, quien hace tiempo tuvo de representante legal a Salvador Díaz Gutiérrez, y ha participado como proveedora y contratista la hermana y cuñada Mónica León.

La empresa como tal surge el 24 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mexicali, está registrada en el padrón de contratistas en el Gobierno del Estado bajo el número PC-BC-MXL-M-15-3433, sin que se le haya aplicado algunas de las causas para cancelación de acuerdo con la Ley de Obras de Baja California.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la empresa fue registrada hasta el 2019, con Notario Público, y con el objeto de hacer obras y diseños de proyectos, entre otras actividades.

Los dueños son Kenya León Meza con la posición mayoritaria por el número de acciones sobre el socio Jesús Francisco Rodríguez Rodríguez, quien funge como gerente de la empresa.

Las licitaciones por invitación

La empresa Península Doce y Mónica León, quienes comparten la misma dirección , que aparece como ubicada en la colonia Maestros Federales -aunque en realidad está en la Ex-ejido Coahuila-, recibieron 16 invitaciones para obtener contratos de obras, además de participar en 6 adjudicaciones directas y en 9 licitaciones públicas.

En total se habla de al menos 31 contratos localizados desde 2020 a 2024, sumando más de 70 millones de pesos, desde el 2020 hasta el 12 de agosto de 2024.

Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron.

Esta empresa maneja prácticamente un 10 por ciento del presupuesto anual del Instituto encargado de construir infraestructura educativa en Baja California. Cabe destacar que el INIFE es un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo, y esto es importante porque Javier Urbalejo Cinco, quien fue director del INIFE al inicio de la presente administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, a pesar de una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado, no lo despiden; le dan una subsecretaría en SIDURT.

Acoso a Abogada

Una abogada que prefiere conservar el anonimato, relató que Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez la acosa a raíz de una petición de información que hiciera vía transparencia, y desde donde hubo una fuga de información a través del Instituto de Infraestructura Física y Educativa (INIFE) , que enteró a Díaz Gutiérrez de dicha petición.

Refiere que se dedicaba a ser contacto de licitaciones, por lo que hizo una única petición de información que involucraba al constructor y su empresa en 2022. Díaz Gutiérrez obtuvo una captura de pantalla con los datos personales de la abogada, mostrándosela, y desde entonces cada que alguien solicita información sobre él o Península Doce, le llama a ella para amenazarla, o a alguno de sus familiares.

La abogada ha reclamado al INIFE esta fuga de información institucional. Le informaron que se reunió el Comité de Transparencia para tratar sobre su caso y que el resultado fue que “nadie fue”.

También acudió ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para contarles sobre lo sucedido con su solicitud. Llenó un formato de queja a mano, pero le manifestaron que no podían hacer nada.

Las observaciones de la ASE al INIFE sobre las obras de la empresa

En el contrato CP-INIFE-BC-MXL-FAM-20-07, de Salvador Alejandro Diaz Gutiérrez, se observó que durante el proceso de auditoría, las propuestas presentadas por los concursantes excedieron el techo financiero, por lo que la obra fue contratada por un monto de 8 millones 991 mil 750 y el mismo día de la firma del contrato se redujeron las metas de la obra mediante convenio modificatorio por 1 millón 491 mil 750 para quedar en 7 millones y medio, por lo que se observa una mala planeación y presupuestación de los alcances reales  de la obra.

En el contrato CP-INIFE-MXL-FAM-22-12, “Rehabilitación de cubiertas de aulas y fosa séptica para la escuela Justo Sierra, sustitución de cubierta en módulo de 3 aulas y módulo sanitario para la escuela Saltillo, construcción de módulo sanitario para la E.S.T. #4 construcción de pozo de absorción y by pass para la escuela Melchor Ocampo, en el municipio de Mexicali”, la auditoría señala que falta todo el documento de bitácora de obra.

Además se observó la falta de boquilla de remate en acceso a baño de hombres y que las losetas en acceso están despegadas y quebradas, en la Escuela Secundaria Técnica 4. En la primaria Melchor Ocampo  se observó una filtración pluvial en cubierta, en área de comedor y cooperativa, así como el plafón y pintura dañados por filtraciones de humedad.

Arturo Espinosa Jaramillo, titular de SIDURT, declaró en entrevista que todas las empresas se deben boletinar y aplicar las sanciones correspondientes si algún funcionario no está siguiendo las observaciones del Orfis o de la propia transparencia interna. No comentó nada sobre la colocación de Urbalejo Cinco en una subsecretaría a su cargo.

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