Reportaje
Quitan terreno al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte
La construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades de Sonora (NHGE) quitó al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte más de la mitad de la propiedad, dejándolo sin áreas de esparcimiento, con reducción de pabellones, menos cupo para pacientes y limitaciones en los programas, alterando, según expertos, la rehabilitación de los enfermos mentales
Por Ericka Llaguno e Ismael Meza / Libera Radio
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
En el verano de 2017, el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, en Sonora, perdió más de la mitad de su terreno por la construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades (NHGE). Se dividió el terreno desalojando y demoliendo pabellones y, a pesar de que se construyeron otros para sustituirlos, se perdió capacidad y espacio.
Esta reducción dejó a los pacientes sin áreas al aire libre donde pudieran tener actividades físicas y de esparcimiento. El Hospital Psiquiátrico atiende a pacientes con cuadros de enfermedades mentales como psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y adicciones.
Los doctores expertos consultados para esta investigación explican que la falta de una terapia recreativa retrasa el proceso de recuperación y la privación de contacto con el medio externo hizo más lento el progreso en los pacientes, pues perdieron individualidad y un sitio donde hacer actividades que les brindaban sensación de bienestar.
Además, el “Hospital de Día”, una sala que brindaba servicio de estancia y terapia a unos 12 pacientes diariamente, fue afectado con la construcción del NHGE. El programa se siguió brindando en espacios improvisados y terminó por desaparecer en 2020, durante la pandemia.
El psiquiátrico tiene un presupuesto anual de 560 mil pesos para gastos operativos y recibe financiamiento de las secretarías de Salud Estatal y Federal para otros servicios, sueldos y medicinas. Los cuidados médicos prestados por el sanatorio generan en cuotas, internamientos y consultas hasta 10 millones de pesos anuales, pero, de acuerdo con todos los médicos entrevistados, esos recursos terminan en una cuenta concentradora y no se reinvierten en su totalidad en el hospital.
Este equipo de investigación encontró que el sanatorio está trabajando pese a varias carencias en alimentación, ropa hospitalaria, clima artificial, equipos de cómputo, medicamentos y hasta de personal médico.
Por su parte, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, de quien depende el Hospital Psiquiátrico, tiene contratos con empresas privadas para la alimentación, limpieza, basura común, residuos peligrosos y vigilancia. Casi todos ellos ostentan montos de cientos de miles de pesos, pero, según nuestras fuentes, los servicios son limitados e irregulares.
Hace dos años, el sanatorio fue incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados afirman que llevaron camas para la foto, retirándolas inmediatamente después; que está pintado y adornado por fuera, pero que por dentro está en el abandono.
Hasta el momento, ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora han publicado alguna observación sobre el centro y la aplicación de su presupuesto.
“Llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones”
En la historia del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte hay un suceso que se repite como deja vú. Un día cualquiera un funcionario decide utilizar parte de su terreno para otros fines y mutila su organismo.
Ocurrió en 1993, cuando se dividió el área para levantar el colegio privado “Vanguardia” y ocurrió otra vez en el 2017. En el verano de ese año, el Gobierno del estado decidió que la ubicación para la construcción del NHGE serían los terrenos del Hospital Cruz del Norte.
En un principio, el NHGE se construiría cerca del Estadio Sonora, fuera del casco urbano de Hermosillo, pero decidieron hacerlo en los terrenos del Hospital Psiquiátrico. Con ello no sólo cercenaron sus instalaciones, sino que la habitual falta de recursos se acentuó considerablemente.
“No avisaron a nadie, llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones y a dividir el terreno”, dice el psiquiatra Jesús Adrián Duarte Moller, quien en ese momento fungía como director del hospital.
“Los cortes de terreno eran súbitos, un día llegabas y ya no estaban”, confirma en grabación un médico en activo del sanatorio, a quien por motivos de seguridad nombraremos Esteban.
Ante esto, el titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (DSM), el psiquiatra Juan Manuel Tong Payán asegura en entrevista que hubo los avisos correspondientes: “Todo se hizo a través de oficios”. Tong Payán nos recibe con cordialidad en su oficina semi vacía, a unos días de dejarla por el cambio de gobierno.
Para los psiquiatras entrevistados la percepción es que el NHGE “se tragó” al Cruz del Norte. En realidad, el área despojada fue del 70 por ciento. El hospital actual y sus accesos ocupan 6.5 hectáreas de las 9.1 originales, es decir, se demolieron tres pabellones, se perdieron las canchas deportivas y un gran terreno donde alguna vez hubo labores de siembra y pozos de agua.
Lo que para el Director de Salud Mental era un terreno que no se usaba para nada, a decir de los médicos interrogados en realidad significaba un área con la que contaban los pacientes para su rehabilitación.
“Al paciente psiquiátrico le hace falta espacio, le hace falta jugar. La terapia recreativa es increíblemente buena”, dice el doctor Duarte Moller, con 45 años de experiencia en el Hospital y dos veces director del mismo, la segunda ocasión hasta enero del 2021. Y agrega, “nos dejaron un pedacito muy chiquito, estábamos como en un campo de concentración”.
Pérdida de terreno del Hospital Cruz del Norte. En 2001 eran 16.7 hectáreas. Con los sucesivos cortes, actualmente le quedan 2.5 hectáreas. Imágen: Libera Radio.
“El aislamiento del medio externo hace que se retrase la evolución del paciente. Es como una persona encarcelada, cuando sale no sabe ni qué hacer, pierde contacto con el exterior. Puede aplicar el Síndrome de la privacidad sensorial, la falta de contacto profundiza el trastorno. Los mismos médicos veían que sus pacientes no evolucionaban”, refiere Duarte Moller.
Esto coincide con lo expresado por el doctor Esteban, quien comenta que el cambio fue un “impacto tremendo” para los pacientes, pues se sienten todavía más encerrados. “Si un paciente puede durar de 30 a 90 días en un ingreso, y con la pandemia no se permiten visitas, el paciente se siente recluido”.
Explica que esta afectación puede llevar a que el tratamiento sea menos efectivo, incluso “a recaídas, vienen cambios en su conducta, en sus emociones. Imagínate que entras con un síndrome depresivo con ideas suicidas, y que estés encerrado en una sala donde no puedes hacer llamadas telefónicas ni salir, sin visitas, ¿cómo te sentirías? Claro que repercute”, insiste Esteban.
Otro médico al que llamaremos Alfredo, quien también accedió a platicar a cambio del anonimato, asegura que, antes, los pacientes se sentían útiles realizando actividades que les daban sensación de bienestar. Ahora, dice, “es muy distinto estar en una sala sin nada que hacer, sin que te dé el sol, sin oportunidad de salir, ejercitarte un poco, respirar, sentir el aire”. Comenta que, en las nuevas salas, el espacio que tienen es mínimo, perdieron individualidad y sus condiciones son frustrantes.
Los que perdieron su entorno fueron los enfermos crónicos, de acuerdo con el doctor Esteban, estos son quienes viven de manera indefinida en el hospital —algunos por el abandono de su familia—. Al desaparecer su pabellón, fueron separados y repartidos entre hombres y mujeres.
Estos nuevos edificios fueron construidos con paneles de lámina desmontables y estructura metálica, lo que facilitaría su derribo en un momento dado. Estas y otras obras exteriores costaron un total de 19.8 millones de pesos, de acuerdo con el portal Tu Obra, del Gobierno del estado.
“El centro salió ganando”, argumenta el ex director de Salud Mental Tong Payán. Desde su perspectiva no se perdió nada en la operatividad del hospital, pues sigue teniendo las tres salas y se remodeló la consulta externa. Además, dice que se amplió una sala de urgencias que ahora cuenta con cuatro camas con la tecnología más novedosa. Sin embargo, Libera Radio tuvo acceso a ese lugar y pudo constatar que sólo hay tres camas y no hay tecnología.
Otro de los programas importantes y que fue afectado es el “Hospital de Día”. En este se ofrecía tratamiento para personas que difícilmente lograrán una recuperación completa. Ahí los enfermos tenían la opción de pasar el día en el hospital, con terapias y medicación y regresar a dormir a sus hogares.
Con los cortes y demoliciones, el programa ya no tuvo lugar adecuado para atender a estos pacientes. La llegada de la pandemia terminó por desaparecer el programa en los hechos. Para suplir lo perdido, se mandaron remodelar las antiguas oficinas de la Dirección de Salud Mental.
El doctor Tong asegura que este programa está en funcionamiento, con instalaciones modernas donde se puede hacer deporte, aprender guitarra, cocina, etc. Pero el ex director se contradice al momento de mostrarnos un video con el avance de la remodelación, pues el edificio aún no se inaugura y los pacientes sólo están yendo por su medicamento y regresan a sus casas.
El nuevo estado de cosas ha sido resentido por médicos y residentes, asegura el doctor Duarte Moller: “Hay una sensación de pérdida, de desánimo. Cuando iniciaron las demoliciones hubo un ambiente de ansiedad, de no saber qué va a suceder”.
La barda que para las autoridades significó seguridad y cuidado a la integridad física, en los pacientes y personal generó incertidumbre: en el que fue considerado el mejor hospital psiquiátrico del noroeste del país, ahora todo es nostalgia y carencias.
En algunos no se había perdido la esperanza de que todo volviera a ser como una vez fue —con ganado, cultivos y talleres de oficios—, pero la construcción del NHGE acabó por completo con esa posibilidad.
La barda blanca que divide al hospital psiquiátrico del Nuevo Hospital General de Especialidades, evidencia el cercenamiento de gran parte de lo que fue el terreno de recreación y Antiguo pabellón de pacientes, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Fotos: tomadas del video / Libera Radio
La Historia
A inicios de los 60, la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación del gobierno federal inició la descentralización de los servicios de psiquiatría. Cuando se cerró el manicomio La Castañeda, se abrieron dos grandes hospitales, la Cruz del Sur, en Oaxaca, y la Cruz del Norte, en Hermosillo.
El Hospital Campestre Cruz del Norte se planeó originalmente como un hospital granja, donde los pacientes pudieran sembrar frutos y hortalizas, criar ganado, aprender y ejercer algunos oficios como zapatería y panadería, todo esto como un sistema de rehabilitación psiquiátrico que ha caído en desuso.
En 1964, cuando se inauguró, el hospital y su vasto terreno se encontraban en las afueras de la ciudad. Con el paso del tiempo eso ha cambiado, pero no sólo eso. De tener quirófano, sala de rayos X, laboratorio y cuatro pabellones para 200 pacientes, hoy quedan tres pabellones para 80 pacientes. De todo lo demás, incluido el terreno, queda la nostalgia de lo que fue y el deterioro de lo que hay.
En junio de 2001, el Gobierno del Estado donó a Servicios de Salud de Sonora un terreno de 9.1 hectáreas al poniente de Hermosillo. Eran los terrenos y los pabellones del Hospital Psiquiátrico, las oficinas de la Dirección de Salud Mental (DSM), canchas de basquetbol y un gran “lote baldío” que, sin ser ya una granja, representaba aún la posibilidad de recreación para los pacientes.
Hoy, el hospital cuenta con ocho consultorios, alrededor de 55 pacientes entre internados temporales y crónicos, y realiza un promedio de mil consultas externas al mes. Tiene nueve psiquiatras y 14 médicos residentes, cuerpo de enfermería, médicos generales y personal de trabajo social.
En agosto de 2021, una persona internada le costaba al hospital aproximadamente mil 935 pesos diarios —dato proporcionado por la DSM—, lo que supondría un costo anual total de 39 millones de pesos, sólo por internamientos.
Aspecto del Hospital General en su primera etapa, en el año 69.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hasta el 17% de las personas en México presentan al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá por lo menos una vez en su vida. Desde hace algunos años, la OMS vaticinaba que la depresión sería la segunda causa de discapacidad en México, pronóstico que se cumplió. Sin embargo, sólo una de cada cinco personas con enfermedad mental busca y recibe tratamiento médico.
Según un reportaje del medio digital Animal Político, del total del presupuesto anual en el sector salud, la salud mental recibe apenas el 2%, cuando lo recomendable está entre el 5% y el 10%.
Por su parte, el ex director de Salud Mental asegura que en Sonora existen 3.3 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, lejos de la recomendación de la OMS que ronda los nueve. En resumen, tenemos pocos especialistas y mal distribuidos, el recurso público es limitado, mientras los padecimientos siguen en aumento.
Peor que con Padrés
Igual que con el terreno, al psiquiátrico se le fueron reduciendo paulatinamente el presupuesto y las fuentes de financiamiento conforme pasaron los años. Al indagar cómo afectó la pérdida de terreno en la salud de los pacientes, nos encontramos con que el olvido y el despojo han sido históricos, realidad que se manifiesta también en una manera de administrar los recursos que rara vez lo beneficia.
“Ya en tiempos de (Guillermo) Padrés las camas se hicieron pedazos, era una tristeza ver a los pacientes dormir sobre los resortes”, dice el doctor Duarte Moller. La limitación de recursos empeoró con Claudia Pavlovich, al grado de que los pacientes han tenido un sólo uniforme.
El doctor Alfredo asegura que, al no haber toallas, hubo un tiempo en el que se secaban con el uniforme sucio. Aún más, el hospital no provee ropa interior nueva, y quien no tiene un familiar pendiente de sus necesidades se ve obligado a utilizar ropa interior usada procedente de donaciones.
Todos los entrevistados, incluido el ex director de Salud Mental de Sonora, coinciden en que el hospital necesita más psiquiatras. Sin embargo, algunas de estas plazas son ocupadas por médicos generales. La Norma Técnica Mexicana NOM-025-SSA2-2014 indica en su Artículo 5.3 que el prestador de servicio de atención médica psiquiátrica de tercer nivel debe tener los recursos humanos suficientes en número y capacidad técnica.
“Psiquiatras piratas”, dice el doctor Duarte. Ante esto el ex director de Salud Mental asegura que no se hacen pasar por especialistas, sino que son médicos con los conocimientos adquiridos pero que no firman como psiquiatras.
La realidad es que no hay psiquiatras en el turno vespertino. Los fines de semana cuentan con solo uno y la consulta externa con tres, los demás son residentes de primero a cuarto año, quienes al culminar sus estudios se van a otros centros de trabajo donde les pagan mejor.
Para el doctor Manuel Santillana Macedo, especialista en salud pública y profesor en la Coordinación de Enseñanza e Investigación del Hospital (residencias), al psiquiátrico “se le dejó caer igual que al 80% de los hospitales mexicanos. Hubo una política perversa de dejar caer el sistema de salud para privatizarlo”.
Santillana asegura que uno de los mayores problemas de los hospitales públicos es la burocracia, pues no se maneja dinero en efectivo para supuestamente evitar la corrupción, pero si se funde un foco, por ejemplo, el proceso para que se reemplace puede tardar semanas.
Los mismos 500 mil pesos , y otro poco a cuentagotas
Mientras que para la construcción del NHGE se han destinado hasta ahora más de mil millones de pesos, sin contar con el equipamiento, el Hospital Cruz del Norte sobrevive con un austero presupuesto para gastos operativos y, como veremos, cuenta con contratos especiales que son cubiertos directamente por Servicios de Salud, al igual que los sueldos del personal (algunos perciben pago federal).
Los medicamentos son suministrados por el INSABI, aunque el gobierno estatal ha tenido que comprarlos por su cuenta ante el rezago en el abastecimiento.
Desde hace tiempo, al hospital psiquiátrico se le ha congelado el presupuesto para gastos operativos en un monto de 560 mil 917 pesos anuales. Este no es definitivo, pues a través de “modificatorios”, la Dirección General Administrativa (DGA) permite una ampliación en los recursos, aunque estos difícilmente alcanzan para cubrir sus necesidades. Este año, por ejemplo, la suma ha llegado a un millón 190 mil pesos.
Desde la perspectiva del doctor Tong, si la situación fuera realmente grave, “en lugar de recibir mensajes de felicitaciones se tendrían paros de labores”. Según él, hay carencias, pero se tiene lo suficiente para trabajar. Al menos cuatro de nuestras fuentes indican que el personal no se manifiesta por miedo a represalias.
Mientras tanto, la mitad de los consultorios no cuenta con aire acondicionado y la refrigeración central no se da abasto pues, además de obsoleto, el equipo no tiene el servicio adecuado. En temporada de verano, cuando en Hermosillo la sensación térmica alcanza una temperatura de más de 50 grados, las consultas pueden resultar un martirio: “Hace más calor adentro”, dice el doctor Alfredo.
Testimonios grabados por Libera Radio revelaron que, ante la inminente llegada de nuevos médicos residentes, sus compañeros tuvieron que aportar para la compra de un pequeño equipo de aire acondicionado (mini split) que cubriera el cuarto de descanso.
Las peticiones para obtener el equipo que se hicieron por la vía institucional fueron recibidas, pero nada más.
El carro de urgencias médicas, conocido como carro rojo, que debe tener los aditamentos, equipo y medicinas necesarias para atender cualquier eventualidad con los pacientes, está vacío, empolvado y con visibles telarañas.
Respuesta a la solicitud de información sobre los subcontratos del Hospital. Respuestas escuetas y ambiguas. Fuente: Libera Radio.
Por ley, cuando hay necesidad de hospitalización psiquiátrica las instituciones de salud pública que no cuentan con este servicio remiten sus pacientes a donde puedan ser tratados. Es un sistema de subrogación mediante el cual se atiende a pacientes del IMSS, ISSSTE, Hospital Militar, etc.
De acuerdo con los datos obtenidos, de 2015 a 2020 la subrogación generó 50.4 millones de pesos (mdp) para el Hospital Spiquiátrico, sólo por pacientes del IMSS y del ISSSTE, lo que significa un promedio de 8.4 mdp por año. También se obtuvieron 2.5 mdp anuales por cuotas de consulta externa.
Pero el hospital no tiene acceso a esos recursos, sino que, en conformidad con la ley, el dinero se va a una cuenta “concentradora” en la que se integra lo recaudado por varios servicios públicos (Centros de Salud, DIF, COESPRISSON, etc.).
Hubo un tiempo en que se invertía directamente, “pero eso terminó hace por lo menos 30 años”, dice el doctor Duarte Moller.
De lo generado, “hasta un 50% se podría devolver a Salud Mental, pero esas son decisiones que se toman en la DGA”, argumenta el doctor Tong, “además, hay unidades de salud que no tienen presupuesto y parte de ese dinero se destina a ellas”. Para el doctor Santillana, “ni los directivos saben a dónde va ese recurso”.
Un caso especial es el ISSSTESON. Sus conocidos deterioros y quiebra financiera se reflejan también en la subrogación al psiquiátrico: tiene varios años que dejó de pagar, tal es así que, alguna vez, hasta se le negó el servicio. Nuestras peticiones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para saber a cuánto asciende la deuda fueron ignoradas.
Un dato más: hasta hace poco el Hospital General de Sonora mandaba también pacientes por los que pagaba subrogación. Al cambiar de Seguro Popular a INSABI, este nuevo sistema no está obligado a pagar por los pacientes que atienden en el psiquiátrico. Ahora, el 80% de los pacientes internados provienen de ahí.
Respuesta a la solicitud de información sobre los montos por subrogación de pacientes. Nótese la falta de pago del ISSSTESON. Fuente: Libera Radio.
“Es un esfuerzo increíble”
La Dirección de Salud Mental y Adicciones respondió por la PNT que el contrato anual para la alimentación de los pacientes es de 5.68 mdp. Ese monto podría ser suficiente, pero nuestras fuentes manifiestan otra cosa.
“Mis respetos para los cocineros”, confiesa el doctor Alfredo, “no sé cómo se las arreglan para sacar la comida de la semana, a veces tienen que poner dinero de su bolsa, es un esfuerzo increíble”. A los enfermos sí se les brindan las tres comidas, pero aún así pasan hambre debido a que las medicinas producen mucho apetito y no alcanza para comidas entre horas.
De acuerdo con su dicho, la cocina y el comedor están en muy malas condiciones. No hay clima artificial y es sabido que la preparación de alimentos eleva la temperatura. Las mesas y sillas son muy antiguas, todo el edificio está maltrecho y estructuralmente débil.
La limpieza es otro de los aspectos importantes, cuya carencia impacta directamente en la calidad de vida de los internos. Por las características propias del lugar, se requiere personal de limpieza los tres turnos, algo que no hay.
La Dirección asegura que ahora hay suficiente recurso humano para la limpieza, pero el doctor Alfredo cuenta que es muy poco el personal de intendencia, pues vienen y van porque no se sienten cómodos de limpiar las salas de los pacientes. Hay tres o cuatro intendentes por turno y resultan insuficientes para todo el Hospital, pero incluso estos han denunciado problemas de pago.
Por medio de la PNT encontramos un contrato vigente de Servicios de intendencia por un millón 364 mil 363 pesos. Desconocemos el nombre de la empresa contratada, pues ni la Secretaría ni Servicios de Salud respondieron esa petición, a pesar de ser sujetos obligados.
Seguridad, basura y residuos biológicos, servicios pobres, cobro de ricos
Otros servicios subcontratados son la recolección de basura común, el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y la seguridad. Indagamos sobre su funcionamiento y esto fue lo que encontramos.
La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOLSSA1-2002 enuncia que los RPBI deben estar en contenedores especiales y con etiquetas visibles. La disposición de estos desechos debe realizarse por personal capacitado y con estrictos protocolos de higiene.
Este equipo de investigación tuvo oportunidad de visitar algunos espacios dentro del sanatorio y ser testigo de que no hay depósitos diferenciados, sólo algunos de color rojo que son usados solamente para las jeringas, pero ninguno de ellos tienen las bolsas adecuadas, confirmando lo dicho por los médicos entrevistados, quienes denuncian: “Los botes son comunes, no especializados, lo más grave es que todos los desechos —comunes y RPBI— se revuelven, realmente no se pueden cuantificar, todo se va en las mismas bolsas”.
Al cuestionarlo sobre este tema, el doctor Tong asegura que la empresa contratada lleva una bitácora y cobra en base a un periodo, que todo se realiza de acuerdo con la norma y que la basura se coloca en un área especial aislada tipo “jaula”.
Jaula de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y contenedor de basura común, en un área de escombro y equipo obsoleto. Se hace evidente que la jaula está en desuso. Foto: Libera Radio.
Pudimos observar el área aislada en un apartado semi abandonado, cerca de un contenedor de la empresa que dispone de la basura común. Por su aspecto, es dudoso que la “jaula” sea usada con frecuencia para depositar ahí temporalmente los RPBI.
Preguntamos por medio de la PNT cuánto paga el psiquiátrico al mes por el manejo de los RPBI y la respuesta fue ambigua: “se maneja precio por kilo de 36.21 variando cada mes dependiendo de la unidad, la cual ampara hasta 45 mil kilos mensuales, dando un aproximado mensual a $1,629,450.00”. Insistimos en cuánto se genera y paga en específico en esa unidad y obtuvimos las bitácoras de los últimos tres años de la empresa Lavandería Industrial Maypa, S.A. de C.V., de donde se aprecia que el promedio por mes es un manejo de 10 kilos.
Como seguimos sin respuesta del monto, le preguntamos al doctor José Luis Garibaldi Zamora, nuevo director de Salud Mental, quien tampoco tuvo la información, pues dijo que el pago lo hace la Dirección General y es por todas las unidades de la Secretaría de Salud.
El Hospital paga otro contrato por el retiro de la basura común de 36 mil 200 pesos mensuales. A decir del doctor Esteban, ahí mismo también irían los RPBI, lo que convierte a todo el proceso en algo opaco y fuera de norma.
Los médicos también ponen el dedo en la llaga en el tema de seguridad. El personal enviado por la empresa contratada son adultos mayores. Para Esteban, la vigilancia es “una burla”, pues el nosocomio sólo cuenta con un guardia en la entrada, descuidando el resto de las áreas.
Este medio corroboró lo anterior en el sitio. Al platicar con un guardia nos dijo: “me acaban de mandar aquí porque no había nadie”. Aunque Servicios de Salud no respondió nuestra solicitud de información, sabemos por nuestras visitas al hospital que la empresa contratada es Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V.
En el aspecto tecnológico no hay cámaras de video en las entradas, mientras que el personal denuncia que el botón de pánico no sirve. En el Hospital sólo hay dos enfermeros psiquiátricos, es decir, los únicos con los conocimientos necesarios para enfrentar una eventual de crisis con los internos, lo que podría representar otra violación a los derechos de los pacientes, según la Guía Técnica para la Dotación de Recursos Humanos (2003) de la Secretaría de Salud.
La Dirección de Salud Mental asegura que tiene un contrato de seguridad privada por un millón 701 mil 700 pesos por 11 meses de servicio.
Bote de basura externo del hospital. De acuerdo con testimonios, los RPBI y la basura común se desechan en los mismos contenedores, sin bolsas ni sellos protocolarios. Foto: Libera Radio
“El Retrato de Dorian Gray”
El doctor Duarte cuenta que el nosocomio recibe ayuda de las acciones del “Voluntariado” de la Secretaría de Salud, grupo que ha realizado, entre otras, una colecta anual de pañales de niños y adultos para pacientes vulnerables. Curiosamente, el mismo Duarte y otros médicos intentaron realizar actividades y gestiones para hacerse de recursos y equipo, pero se encontraron con las trabas y el desdén de sus superiores.
A pesar de todas estas condiciones, el hospital está incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados insisten en que está bien “pintadito y adornado con piedritas” hacia afuera, pero por dentro en el abandono. Aseguran que han llevado mobiliario solo para la foto, luego las reubican en otro hospital. “El drenaje tiene 60 años”, advierte Duarte Moller.
Respecto al Reglamento Interno, todos confirmaron su existencia, pero nadie lo pudo proporcionar. Nuestras peticiones hechas a través de la PNT tuvieron como respuesta que era un documento apenas en desarrollo.
En este aspecto, en el papel existen figuras que debieran garantizar la atención adecuada observando las normas, pero ninguna parece funcionar.
Un documento que sí obtuvimos es el Manual de Organización elaborado por el doctor Duarte en 2017, que muestra el funcionamiento y atribuciones del personal. En él se contempla, además, la existencia de Comités Técnicos, mismos que deberían enfocarse en resolver problemáticas concretas (seguridad e higiene, protección civil, etc.).
En el reglamento de los Hospitales Psiquiátricos del Estado de México, por ejemplo, esa figura organizativa es de marcada relevancia, además de contemplar los Comités Ciudadanos de apoyo, que involucran especialistas externos.
El mismo doctor Duarte detuvo el funcionamiento de los Comités porque el personal se distraía de sus funciones prioritarias. Cuando preguntamos al doctor Tong, asegura que los Comités “tienen que existir (sic), si no, no tuviéramos al hospital acreditado”, pero en ningún momento afirmó estar seguro de su existencia.
Otros instrumentos de vigilancia previstos en el Reglamento de los Servicios de Salud son los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo —dependientes de la Secretaría de la Contraloría General— y el Comisario Público Ciudadano.
“Existen los Órganos de control, pero no hacen su trabajo, no sé que controlen”, responde Santillana Macedo. La respuesta de Duarte Moller es más sugerente: “puede ser que existan (sic), pero se quedan callados. Muchas cosas no salen a la luz”.
No hay quien audite al psiquiátrico, ni la ASF ni el ISAF han publicado algún informe sobre el mismo, sus condiciones o programas. Los informes de gasto de la Cuenta Pública Estatal no entran a detalle de las Unidades de Salud: cuánto entra y cuánto erogan sigue en buena medida en la opacidad.
Como parte de lo encontrado, queremos destacar que quien tiene funcionando al centro es la mayoría de su personal, que pese a los problemas trabaja con dedicación y entrega.
La Especialidad en Psiquiatría es una de las mejores del país, un reconocimiento que le han hecho a los egresados desde 2008, particularmente por lo bien estructurada que está la especialidad, por sus docentes (de las pocas del país donde se pagaba a los maestros), por la buena práctica clínica y por el buen ambiente laboral.
Todos los médicos entrevistados aseguran que el impacto del despojo del terreno tendrá repercusiones a largo plazo y tardará años en recuperarse.
Corrupción
Son controles de alcoholemia en Tijuana fuente de corrupción
El gobierno municipal de Ismael Burgueño empezó con las prácticas que heredó de la administración de Montserrat Caballero, donde personas encargadas de los controles de alcohol y los depósitos municipales, hacían su agosto.
El viernes primero de noviembre, un hombre a quien llamaremos Víctor, iba de regreso a su casa tras una cena con amigos, donde consumieron bebidas alcohólicas.
Por una de las vialidades de Tijuana se encontró con un control de alcoholemia, donde estaban realizado las pruebas a todos los automovilistas. Víctor sobrepasó el límite permitido por punto cero uno.
Pidió que lo dejaran retirarse, pues su hogar estaba a pocas cuadras del lugar. Le dijeron que no, pero le pidieron su teléfono y le indicaron que tomara la multa que le habían dado, que se fuera a su casa y que esperara una llamada a las siete de la mañana.
El sábado 2 de noviembre recibió puntual la llamada. Le dijeron que estuviera en el estacionamiento del Calimax Fundadores a las 11 de la mañana, con 17 mil pesos en efectivo.
Ese supermercado está convenientemente ubicado justo enfrente del corralón a donde se llevan los vehículos que detienen en los alcoholímetros.
Fue al lugar que le indicaron y él y otras personas se encontraron en los varios cajeros automáticos de la zona sacando dinero para recuperar su vehículo y ahorrarse los cerca de 30 mil pesos que cuesta realizar ese trámite de manera oficial.
Se acercó a la persona con la que había hablado el día anterior cuando lo vio aparecer frente al supermercado. Les indicaron a cada uno que sacaran copia de su licencia de manejo y de su tarjeta de circulación.
El único lugar donde pueden hacer eso en esa zona es la Farmacia Venus, junto al estacionamiento del mercado. Una vez con las copias y el dinero listos, la persona de contacto llama a alguien, quien llega a los pocos minutos manejando el vehículo retenido. Se sube el dueño al lugar del copiloto, entrega documentos y efectivo, tras lo cual se baja para ocupar el lugar del conductor y se retira sin que haya quedado registro ni de la multa ni de la retención de la unidad.
El sábado pasado, el dependiente del negocio comentó a esta reportera que efectivamente llegaba mucha gente a sacar copias de su licencia y de la tarjeta de circulación, a pesar de que no hay oficinas de gobierno en esa área.
Ese sábado, el 9 de noviembre, una semana después de los hechos, se pudo observar que tanto patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional llegaron a hacer rondines al estacionamiento y permanecieron ahí por varios minutos.
Cabe destacar que un medio de comunicación publicó después del sábado 2, una nota sobre este mecanismo ilegal de los empleados del Ayuntamiento, lo que pudo ocasionar que empleados del corralón dejaran de usar ese punto como lugar del intercambio. O solo esperar a que se enfriara el asunto.
Ya habíamos dado cuenta hace tres meses del mecanismo similar que operaba en la administración del hoy senador Armando Ayala en el gobierno municipal de Ensenada, donde la corrupción empieza desde el mismo punto de control de alcohol, donde un ejército de “coyotes” ofrecen amparos.
La promesa de Ismael Burgueño para hacer un gobierno transparente y honesto no va por buen camino. Y sobre austeridad, es lo que experimentan las arcas municipales al dejar de ingresar lo que va directo al bolsillo de sus funcionarios.
Estatal
Da contratos millonarios el PAN estatal a empresas de dudosa reputación
El Partido Acción Nacional en Baja California facturó más de 5 millones de pesos en una empresa tijuanense propiedad de un amigo de Óscar Martínez Garza, tesorero desde hace varias administraciones de ese partido político.
Las empresas “Mundo de Impresión Quinsau” y “Consultoría y Asesoría Quinjob” pertenecen al conglomerado Corporativo Q, con sede en Tijuana y propiedad de Jonathan Alfonso Quintero Arévalo.
El grupo empresarial se promociona como despacho a cargo de obligaciones fiscales, contables, administrativas, financieras, presupuestales, técnicas y legales, sin embargo, los conceptos facturados fueron por “diseños de mensajes, cobertura de fotos, producción audiovisual para redes, manejo de redes, videos y administración de redes”.
La representante legal de Mundo de Impresión Quinsau, es Beatriz Sauceda Landavazo, y el de Consultoría y Asesoría Quinjob es Quintero Arévalo, quienes forman un matrimonio.
Los gastos ejercidos en “Comunicación y redes” fueron más significativos en el 2022, aunque hay registros desde el 2021, donde hay una factura por 432 mil pesos por “Asesoría en comunicación política, diseño de mensaje, diseño gráfico, cobertura de foto y video y producción audiovisual para redes”.
Los servicios facturados al PAN estatal
Quién es Jonathan Alfonso Quintero Arévalo
El representante legal de algunas empresas del Corporativo Q tiene dos cédulas registradas en el Registro Nacional de Profesionistas. La primera es como Profesional Técnico en Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Control Digital, en el Colegio Nacional de Educación profesional Técnica, de Ciudad de México en 2005. La segunda es con una Licenciatura en Administración de Empresas por el Centro Universitario de España y México, en el 2023.
Foto de las redes sociales de Quintero Arévalo, presumiendo un Rolex cuyo precio ronda los 400 mil pesos.
Las empresas también le facturaron a las administraciones morenistas de Tecate, con Darío Benitez, y de Tijuana, con Montserrat Caballero. También patrocinó eventos para la alcaldesa Zulema Adams a través de Consultora Pequisa, también propiedad de Quintero Arévalo, y del Sindicato Primero de Mayo, que forma parte del conglomerado de Corporativo Q.
El tesorero de Acción Nacional y exdiputado federal, Óscar Román Martínez Garza, se ha visto involucrado en varios escándalos. Uno es el procedimiento administrativo sancionador del INE por un asunto que se remonta a 2016: la retención de aportaciones al partido mediante descuentos vía nómina.
El otro es de cuando era el brazo ejecutor de Antonio Valladolid en la Sectetaría de Finanzas de Francisco “Kiko” Vega, y estuviera presuntamente involucrado en el entramado de “Hacking Team”, la firma italiana que ofreció servicios de proveeduría en Baja California, a través de la firma Elite by Carga.
El tesorero del PAN, Óscar Martínez y Kiki Méndez, amigos de Jonathan Quintero.
Las circunstancias
La campaña para definir quién dirigirá el PAN en Baja California empezó esta semana, y las contendientes son la exdiputada Amintha Briseño, quien representa la continuidad de la “élite” que ha tomado las decisiones en Acción Nacional desde hace varias dirigencias: Mario Osuna, Rubén Armenta, Cuauhtémoc Cardona, Kiki Méndez, Loreto Quintero, Juan Manuel Gastélum, Óscar Martínez, muchos de los cuales asistieron al registro de Briceño.
A la exdiputada también la apoya Luz Argelia Paniagua, quien había dicho se lanzaría en busca de la presidencia, pero trascendió que habría declinado al habérsele ofrecido una cartera en la administración de Amintha por 50 mil pesos al mes. Incluso le habría dado, sin consentimiento de sus seguidores, las firmas que le habían dado a ella, lo que tiene muy enojados a quienes la apoyaban.
Volviendo a quienes dirigen al PAN y quieren perpetuarse a través de la candidatura de Amintha, son quienes tienen cercanía con Carlos Torres, con Óscar Vega Marín, con Miguel Ángel Bujanda, y quienes juegan a ser oposición repartiéndose el dinero del partido en sueldos y beneficios, además de lo que parece un esquema de contratación de servicios no otorgados o entregados en parte, a precios elevados.
Reportaje
“Ley Transa” en Ciudad Juárez permite circular sin placas
Bajo un esquema alterno al oficial, la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con requisitos de ley para transitar, una actividad que se lleva a cabo en contubernio con vendedores de autos usados, a través de una tienda de abarrotes y souvenirs donde han entregado más de 100 mil permisos en los últimos 12 meses
Investigación: La Verdad Juárez
Con la complicidad de vendedores de automóviles usados, la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con el esquema oficial, en una actividad irregular que tan solo en el último año pudo haber generado unos 42.5 millones de pesos –más de 2.2 millones de dólares–.
La entrega de esos permisos temporales se realiza en un negocio denominado La Tiendita, en la avenida Teófilo Borunda, a unos 550 metros de la dependencia municipal, que funciona como oficina paralela a Seguridad Vial, también conocida como Tránsito.
En vez de ser rechazados, los propietarios de autos usados que no cumplen con los requisitos oficiales para conseguir de manera legal el permiso provisional para circular sin placas, son enviados por los propios funcionarios de Seguridad Vial a La Tiendita, un negocio con venta de botanas y souvenirs.
En ese lugar, los loteros, como son conocidos los vendedores de autos usados, cobran en efectivo por el permiso sin entregar a los dueños de los automóviles un recibo o ticket por el pago del trámite –en contra de las normativas fiscales–.
Además, esos documentos para circular sin matrícula son expedidos por Seguridad Vial a nombre de los vendedores de autos usados, y no del poseedor del automóvil, como se establece en las normas del municipio.
Ciudadanos en el exterior de la oficina de la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez, ubicada en la avenida Óscar Flores, casi Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández
Fachada de La Tiendita, ubicada en la avenida Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández
Esto ocurre pese a que no existe un sustento legal que permita que los loteros gestionen permisos para que sean usados en vehículos de los que no tienen la propiedad, de acuerdo con datos y documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información.
Si bien admiten que no existe una autorización explícita para la operación de este esquema, el dirigente de la Asociación de Loteros, Sergio Grijalva Domínguez, como el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, aseguran a La Verdad Juárez que dos disposiciones los amparan: por un lado, un oficio en el que las autoridades municipales conceden a los loteros un descuento en el trámite de los permisos y, por el otro, una carta poder que piden firmar a todas aquellas personas que acceden al documento por esta vía.
Sin embargo, esta investigación periodística pudo constatar que en el acuerdo entre el municipio y los loteros que ambas fuentes mencionan, identificado como el DGIC/034/2021 y firmado en octubre de 2021, no se hace referencia a ninguna autorización para que vendedores de autos gestionen permisos a nombre de terceros, ni para que usen sus nombres en permisos de vehículos de los que no tienen la propiedad, como tampoco para permitir que se expidan documentos a solicitantes que no cumplen con todos los requisitos de ley.
El documento se limita a indicar que “por disposición del Presidente Municipal (Cruz Pérez Cuéllar) se otorgará el 50% de descuento para todas las asociaciones” y se citan tres oficios previos –el 340/2021, 342/2021 y el 347/2021– en los que se detalla el nombre de las 15 agrupaciones de vendedores de autos usados beneficiarias de esa disposición.
Oficio del Gobierno Municipal sobre el acuerdo de los descuentos que se otorgan a loteros en la expedición de permisos de circulación, con fecha de octubre de 2021, obtenido por Transparencia
Bajo este esquema con loteros, del 25 de julio del 2023 al 25 julio del 2024 se otorgaron 105 mil 435 permisos, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP), corporación de la que forma parte la CGSV, en respuesta a una solicitud de información formulada para esta historia. Si se considera que los permisos se tramitan seis días a la semana, de lunes a sábado, se puede calcular que durante ese año se expidieron un promedio de 346 por día.
Pese al descuento del que, en el marco del acuerdo con el municipio, disponen los loteros, estos cobran completo a los ciudadanos el precio oficial de 425 pesos por un permiso de 30 días. Al tomar en cuenta que a ese monto ascendió el precio del documento en 2024 luego de que, en 2023, se pagaban 375.70 pesos, una sencilla multiplicación dará que los loteros recaudaron en el mismo período, por los más de 100 mil permisos provisionales expedidos, alrededor de 42 millones 543 mil 229 pesos.
La cifra es mayor que los 31 millones 992 mil 861 pesos que el propio municipio recibió durante ese plazo anual por concepto de la emisión regular de 90 mil 818 permisos.
Pero la duda razonable que queda es si esos fondos finalmente ingresaron a la Tesorería Municipal.
“Si hay un precio completo y no se está pagando (…) se trata de un daño importante a la hacienda pública, (serían recursos) que no están sirviendo para mejores parques, luminarias, calles”, dice en entrevista René Moreno, activista en materia anticorrupción.
Esta vía informal, hasta irregular, para obtener los permisos se puso en marcha en medio de la creciente circulación en la ciudad de vehículos sin placas, de los que se calcula hay en la actualidad unos 200 mil vehículos, así como ante la implementación del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, llamados chuecos, que arrancó el Gobierno Federal en febrero del 2022 para automóviles que ya estaban en en el país.
Este último es el programa al que alude el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, en su entrevista con La Verdad Juárez. Lo invoca para justificar la expedición de permisos bajo ese esquema con loteros. Asegura que el decreto federal alentó la importación de autos y rebasó todas sus expectativas.
Tráfico vehicular sobre la avenida Tecnológico en Ciudad Juárez. Fotografía: Alicia Fernández
“No había ni engomados ni placas y los ciudadanos querían circular”, dice. Según su versión, ante la presión de los usuarios, las autoridades habrían optado por otorgar los permisos por vías alternas, a fin de atender hasta a quienes incumplieran con los requisitos exigidos en la normativa.
De haber sido así, se trataría de un giro inexplicable para René Moreno, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Considera que la detección de dificultades para la expedición de un permiso debería ser motivo para la revisión del trámite, antes que una invitación a la ciudadanía para que burle el trámite y actúe en connivencia con una irregularidad que las propias autoridades alientan.
“Si realmente les interesara hacer los permisos bien, quitas el trámite del pedimento o dejas algo que sea cumplible, que sea legal. Si no lo hacen es porque evidentemente hay una mochada. ¿Para quiénes? Quién sabe. Se supone que los municipios tienen comités de mejora regulatoria, ¿qué están haciendo si están viendo que miles de personas no cumplen con el trámite?”, subraya.
El Coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez, no respondió a las solicitudes de entrevistas presentadas por La Verdad Juárez a través de Comunicación Social de la dependencia. Y, de hecho, la entrevista con el jefe de Permisos, Manuel Aguilar, se dio de manera imprevista o colateral. Se había concertado una entrevista con Sergio Grijalva Domínguez, dirigente de la Asociación de Loteros. El encuentro tuvo lugar en un local comercial, donde Grijalva se presentó en compañía de otro individuo, que luego intervino en la entrevista con algunas respuestas. Solo entonces reveló que era Aguilar, un alto funcionario de Seguridad Vial.
También se buscaron las versiones de varios de los loteros cuyos nombres aparecen en los permisos a los que La Verdad Juárez tuvo acceso y de representantes de agrupaciones de vendedores de autos usados, pero hasta la fecha no se había obtenido respuesta de ellos.
En Tránsito empieza el tráfico
El tráfico de permisos se inicia en la Coordinación de Seguridad Vial en contubernio con loteros y concluye en La Tiendita, a la vista de quien quiera comprobarlo.
De lunes a sábado, cada persona que acude a tramitar su permiso de circulación entra a las oficinas de la CGSV, ubicada en la avenida Óscar Flores, y entrega los documentos al personal de Seguridad Vial que revisa cada papel. Si todo está en regla, se emite la orden de pago y, cuando este se ha concretado, el solicitante recibe el permiso expedido a su nombre y de acuerdo a los días de vigencia que haya solicitado.
Pero cuando el personal de la dependencia vial detecta que, en realidad, falta algún requisito o, al menos, que existe una posibilidad de hacer creer al ciudadano que no cumple con lo estipulado para seguir con el trámite, se le ofrece una solución inesperada: ir a la cercana La Tiendita. Allá le ayudarán los loteros, para quienes deberá firmar una carta poder con la que buscan blindar la irregularidad.
Fue el caso de Ernesto (nombre ficticio), por ejemplo, quien accedió a conversar con La Verdad Juárez a cambio de que se reservara su identidad. “En la ventanilla de permisos [de Seguridad Vial], una chica que trabaja ahí me dijo: ‘Hay una manera de sacar el permiso cuando no cumples con los requisitos necesarios, la única diferencia es que el permiso no va a salir a tu nombre, va a salir a nombre de alguien más’”, cuenta. En esa oportunidad, Ernesto buscaba un permiso para una camioneta importada de Estados Unidos. Pero debió desviarse por el camino de los loteros cuando en Tránsito le hicieron notar que los documentos del vehículo no estaban a su nombre y, por lo tanto, no podía completar el trámite regular.
“Yo le pregunté ‘¿y esto me va a generar algún problema a mí, que el permiso no esté a mi nombre?’”, continúa Ernesto su relato. “Entonces ya me explicó: ‘no, tenemos un convenio con la Asociación de Loteros. El permiso sale a nombre de ellos, pero nosotros mantenemos un registro de quién es la persona que tramita el permiso, en este caso, aunque esté a nombre de otra persona, sí vamos a tener la información de que tú lo tramitaste’”.
Esta experiencia se repite en los testimonios de al menos una docena de las personas entrevistadas para esta investigación, que acudieron a Seguridad Vial a tramitar sus permisos como es debido. Los detalles coinciden en cada relato, aunque lo que suele cambiar es el pretexto que los funcionarios alegaron para remitirlos a La Tiendita: unos por la falta de engomado ecológico, otros por carecer de holograma del Registro Público Vehicular (REPUVE) o por no contar con documentos que acrediten la propiedad del vehículo.
El permiso de circulación se basa en el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en su artículo 9 fracción XVIII, que señala que el Coordinador de Seguridad Vial tiene la facultad de expedir permisos provisionales para circular sin placas.
Por la normativa, entre los requisitos y recaudos que deben cumplir quienes deseen obtener los permisos figuran: “Ser vehículo regularizado, ya sea nacional o importado nuevo por agencia vehicular, importado en calidad de usado por pedimento de importación o regularizado por decreto presidencial. Documentos que acrediten el registro y la propiedad del vehículo como lo son facturas, pedimento de importación, constancia de recepción de información en el Registro Público Vehicular (REPUVE) y holograma de REPUVE según sea el caso. Documentos de identificación del solicitante como son: identificación oficial con fotografía, licencia de conducir y comprobante de domicilio. En caso de ser vehículo de placas registradas con anterioridad, se solicita la baja de placas”.
Al momento de solicitar el trámite, los solicitantes deben presentar el vehículo al que el permiso corresponderá, de modo de permitir que las autoridades revisen algunos aspectos. Según informa la SSP en su respuesta 080155924000840, entonces se revisan los documentos en la Plataforma México para correr serie y verificar que no haya reporte de robo, además de que se hace una revisión física del vehículo. Una vez terminada esa revisión, se capturan los datos, se emite la orden de pago y luego se hace el mismo en Tesorería Municipal. Solo contra la entrega de la orden de pago y del comprobante correspondiente, el solicitante recibirá el permiso.
Ventanillas de permisos en la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez. Fotografía: Gobierno de Ciudad Juárez
Pero nada de eso ocurre en La Tiendita, pues ¿para qué? No en vano, para allá encaminan los funcionarios de Seguridad Vial a quienes justamente no cumplen los requisitos.
“No llevé tampoco el vehículo presencial porque me dijeron que, cuando vas a hacer el trámite de manera correcta, sí te piden que lleves el vehículo, inclusive la inspección en el número de serie y algunas otras cosas, pero de esta manera (cuando se hace el trámite irregular) no se hace inspección alguna de vehículo, entonces no llevé este vehículo”, dice una de las personas entrevistadas.
Otro de esos entrevistados dice: “Cuando te falta algún documento, en mi caso (…) el engomado ecológico, (el permiso) se da por medio de un lotero”.
Y otro más recuerda: “Nos dijeron en voz alta que el permiso no iba a salir a nuestro nombre, que iba a salir a nombre de alguien de la Asociación de Loteros, que aún así, nosotros teníamos la responsabilidad de no cometer infracciones, porque sí tenían nuestra información y nuestra información estaba ligada al número de permiso a pesar de que no tuviera nuestro nombre”.
En efecto, cuando las personas aceptan esta opción, se les pasa a un jardín que está dentro de las instalaciones de Seguridad Vial, donde se les informa que, debido a un convenio existente entre el Municipio de Juárez y la Asociación de Loteros, es posible expedir los permisos de circulación sin placas a nombre de comerciantes de vehículos usados.
Y de allí salen a continuar el trámite con los loteros en La Tiendita.
Personas formadas en fila en el exterior de La Tiendita, donde se mantienen a la espera de ser llamados para pasar por el permiso para circular para su vehículo; 11 de julio a las 11:30 horas. Fotografía: Rocío Gallegos
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En La Tiendita lo consigues todo
La Tiendita es un comercio de venta de botanas, refrescos, souvenirs y artículos básicos de higiene. También ofrece algunos productos y servicios de papelería. Una suerte de tienda de conveniencia. Se encuentra a unos pasos de la Central Camionera de Ciudad Juárez, sobre la avenida Teófilo Borunda, y comparte estacionamiento con el Hotel Central y con el restaurante Rincón del Refugio. Todos estos locales quedan muy cerca de la sede de la Coordinación General de Seguridad Vial de Ciudad Juárez.
Por lo general, alrededor de las 10:30 horas llegan al local las personas que desde las oficinas de Seguridad Vial envían a tramitar el permiso de circulación. Apenas minutos antes, al lugar habrá arribado un hombre que porta un folder.
Al fondo del comercio comienza a hacerse una fila de personas que el hombre pronto se encarga de atender. Según constató La Verdad Juárez en un par de visitas, este individuo cobra el canon correspondiente (algunos testimonios indicaron que el pago fue de 25 pesos más que el precio oficial) y entrega el permiso a cada uno de los solicitantes. Del pago a la emisión del documento, con una vigencia de hasta 30 días, pasan apenas un par de minutos.
Por el procedimiento se atiende a unas 30 personas por turno, con cinco turnos al día; así podría llegar la cuenta a 150 personas por jornada. El reciente 30 de julio, La Verdad Juárez pudo constatar que 93 personas obtuvieron su permiso, mientras que 127 lo hicieron al día siguiente. El permiso es el trofeo con el que todos quieren marcharse tras la rápida gestión. Aunque observen un detalle que por sí solo sugiere que algo irregular ocurre: a nadie le entregan un comprobante del pago.
Un hombre identificado como el encargado de entregar en La Tiendita los permisos de circulación a los propietarios de los vehículos que incumplen con el esquema oficial. Fotografías: Anabel Rojas.
En la entrada al local, del lado derecho, hay un mostrador en el que la cajera y su ayudante sacan copias y enmican los permisos, en caso de que alguien lo requiera. Ambas organizan también el acceso al comercio cuando aumenta el flujo de personas en la fila.
A veces es tan grande la cantidad de personas que acuden a La Tiendita para pagar el permiso de circulación, que se hacen filas afuera del comercio, visibles a los ojos de los transeúntes, incluso ante los ojos de elementos de policía.
El pasado 31 de julio, por ejemplo, La Verdad Juárez fue testigo de cómo dos sujetos con armas y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación llegaron al comercio en un vehículo oficial y saludaron a uno de los gestores encargados de entregar los permisos. Después de permanecer dos horas en el local, los policías se retiraron mientras seguía sin sobresaltos la operación de pago y entrega del documento oficial.
En semanas recientes se instaló dentro de La Tiendita, al fondo, un módulo especialmente dedicado a la entrega de los permisos. En la pared de esa especie de módulo están pegados siete escritos que distintos loteros dirigen a Manuel Aguilar Romero, el Jefe de Permisos de la CGSV, por los que autorizan a terceros para actuar en representación de ellos en la entrega y recepción de los permisos vehiculares.
Los firmantes de los diferentes oficios son Ciro Alberto Rivera Gutiérrez, representante del lote La Curva; Carlos Lozoya Mendoza, de CLM Automotriz; Fátima Alondra Lomelí Luján, de Sam-Lom Car´s; Edgar René Gallegos Nájera, de Unión de Vendedores de Autos Ejército Nacional; César Ibarra Soto, de Grupo Cislot INMEX AC; Carlos Antonio Lechuga Ávila, de la Asociación de Vendedores de Autos Usados; y Miguel Francisco Rojo Balderrama, de Autos Rojo.
En una de las visitas realizadas al comercio fue posible hablar con Carlos Baray, quien se ostenta como propietario de La Tiendita.
El hombre asegura que él solo se encarga de rentar el espacio a la Asociación de Loteros, pero se negó a identificar a las personas a cargo del negocio que tratan con él, así como a dar detalles sobre la operación del lugar, con el argumento de que se trata de un negocio privado.
Alega además que en el lugar están a la vista documentos en los que aparecen los nombres de los loteros autorizados para hacer los trámites, y que ahí solo se entrega el permiso de circulación, porque la gestión se hace en Vialidad.
Baray asegura que el módulo opera de manera irregular, porque “de repente van y vienen” y a la fecha tendría solo un par de meses ofreciendo ese servicio en La Tiendita. “Son como dos meses, de repente como que agarran otro módulo de entrega, dependiendo, y se vienen otra vez para acá, dependiendo las necesidades de ellos”, dice.
Sin embargo, La Verdad Juárez pudo confirmar que el módulo funciona al menos desde enero de este año. Por su lado, el propio individuo que renta el lugar, Sergio Grijalva, de la Asociación de Loteros, refiere que llevan ahí como un año y medio, algo que contrasta con lo que Baray afirma.
Baray descarta que se trate de una actividad ilícita. Se basa en su propia experiencia como lotero, actividad a la que, según revela, alguna vez se dedicó; por lo tanto, conoce de lo que habla. Recalca que nunca ha tenido problemas con Vialidad.
Sin embargo, este negocio no está autorizado para procesar pago alguno del Municipio, como confirmó la Tesorería de Juárez en varias respuestas a solicitudes de información.
En la actualidad, precisa la Tesorería, la administración que encabeza el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar tiene convenios con el supermercado Smart y con las cadenas de autoservicio Del Río y Oxxo para permitir el pago en sus sucursales “única y exclusivamente del Impuesto Predial y de infracciones de vialidad”.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública detalla, también en respuesta a una petición de información, que el trámite completo solo puede realizarse en las oficinas públicas de la CGSV.
Ciudadanos al salir de La Tiendita luego de recibir el permiso de circulación para sus vehículos. Fotografías: Anabel Rojas
“Se informa que todos los trámites de permisos provisionales para circular sin placas se realizan ante el Departamento de Permisos de la Coordinación General de Seguridad Vial y todos los pagos se efectúan por parte del titular del permiso ante las cajas de Tesorería Municipal”, dice la dependencia municipal en otra respuesta.
Sergio Grijalva Domínguez, líder del tianguis de autos Chavira Jilotepec y de la Asociación de Loteros de Ciudad Juárez que opera en La Tiendita, asegura que el esquema “es un trato especial” que las autoridades dan a los vendedores de vehículos usados a raíz del creciente número de carros que circulan sin placas en la localidad.
Al tiempo que asegura que ese privilegio no es nuevo, dice que desde hace un año y medio empezó la expedición de los permisos bajo esta modalidad. En cambio, el jefe de Permisos de Seguridad Vial, Manuel Aguilar, menciona que iniciaron bajo este esquema desde octubre de 2022, a unos meses de la implementación del programa de regularización de autos chuecos.
“Los permisos salen a nuestros nombres, es para el vehículo, pero es responsabilidad de la persona que usa la unidad”, explica Grijalva Domínguez y añade que es Seguridad Vial quien así lo autoriza. “En Tránsito revisan todo y ellos determinan si se autoriza o no el permiso”.
Cuestionado sobre por qué no se entrega un recibo por el pago del servicio a los ciudadanos, el líder lotero dice: “Nosotros pagamos el permiso, el comprobante se nos entrega a nosotros”, pero se niega a mostrar al menos uno de esos tickets, que permita confirmar su versión.
Seguridad a la venta y con descuento
En Ciudad Juárez, una comunidad de más de un millón y medio de habitantes, circulan casi un millón de vehículos.
De esa cantidad, 730 mil lo hacen de manera legal, es decir, cuentan con una placa metálica oficial, de acuerdo con datos a julio de este año reportados por Recaudación de Rentas, instancia estatal encargada de expedir y canjear placas vehiculares.
Al mismo tiempo son más de 200 mil los vehículos chuecos, es decir, sin placas oficiales, según estimaciones de Seguridad Vial del Municipio de Juárez. Esta cifra ofrece una dimensión del mercado de los permisos provisionales para circular, que en una importante porción se atiende a través del esquema paralelo con los loteros.
Con el argumento de resguardar la seguridad pública, el Gobierno Municipal de Juárez comenzó en 2006 a emitir un permiso provisional para circular sin placas, de manera que hubiera forma de identificar a los carros chuecos.
Pero la ironía es que permisos como los entregados en La Tiendita vulneran esa previsión de seguridad, pues llevan impresos nombres diferentes a los de los propietarios reales de los vehículos.
Ya en 2017, un doble homicidio puso en evidencia las consecuencias de esa contradicción.
En aquella ocasión, dos hombres fueron acribillados en el estacionamiento de un restaurante. La camioneta desde la que les dispararon portaba un permiso de circulación sin placas a nombre de un tal Alberto Rivera, quien resultó un líder de vendedores de autos que no era el dueño efectivo de la unidad involucrada en el asesinato. Al circular con un permiso expedido a nombre del vendedor de autos, no se pudo conocer la identidad del dueño de inmediato.
El mismo año del crimen las autoridades aceptaron que había un convenio para que vendedores de autos tramitaran permisos a su nombre y luego los vendieran a terceros. Así, en esta frontera binacional, circulaban y circulan todavía vehículos de los que no se sabe quiénes son los dueños, gracias a un sistema que funciona al amparo de la propia corporación encargada de conservar la seguridad vial en las calles.
Con el mismo propósito de reforzamiento de la seguridad se implementaría luego el decreto que permitió la regularización en todo el país de los llamados vehículos chuecos.
Según las autoridades federales, “el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera irregular en México y que existe una considerable cantidad de éstos en el territorio de las entidades federativas de la frontera norte”, como se indica en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
El permiso que actualmente expide la CGSV de Juárez está impreso a color y exhibe un holograma, el sello de la corporación, número de folio, fecha de expedición, número de días de vigencia del permiso, fecha de vencimiento, el escudo del Ayuntamiento de Juárez, la imagen institucional del Gobierno Municipal, y debe llevar la firma del coordinador general de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez.
Sin embargo, en una decena de permisos entregados en La Tiendita, y a los que tuvo acceso La Verdad Juárez, se aprecian algunos vacíos, como la falta de holograma o del número de días que se puede circular. Además, se aprecian al menos tres firmas distintas.
En los permisos que La Verdad Juárez revisó se repiten unos cuatro nombres: Carlos Lechuga, Alfonso Surita Rosas, Alberto Rivera Gutiérrez y Miguel Francisco Rojo Balderrama. Son líderes del gremio de vendedores de autos usados.
El oficio DGIC/034/2021 detalla que las organizaciones beneficiadas con un descuento del 50 por ciento en el costo del permiso de circulación son: GRUPO CISLOT INMEX, AC, Renacimiento La Curva, Autos X, Lote Chavira II, Turys Car, Lote Troncoso, Tetos Cars, Autos Chavira Jilotepec, UIVAC, Venta de Autos Ejército Nacional, La Curva Perimetral, Autos Rojos SA de CV y SERVIGON Servicios Aduanales, Agencia de Importación Vehicular.
El descuento otorgado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar se ampara en la autorización para “condonar derechos y aprovechamientos de tipo corriente” de la que dispone ese cargo, según lo establecido en el artículo 88-A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua y en el 126 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
Antes de esa disposición, el Municipio de Juárez ya había firmado al menos tres autorizaciones (correspondientes a los oficios TM/CJT/3034/2021, TM/CJT/3037/2021 y TM/CJT/3136/2021), en las que se comprometía a otorgar descuentos de entre 30 a 40 por ciento a diferentes agrupaciones de loteros, con el argumento de que los vehículos importados pudieran circular debidamente identificados “al momento de su reparación o pruebas de manejo”.
Pero en ninguno de estos acuerdos se menciona la autorización para que los loteros revendan o gestionen permisos a nombre de terceros, o para que presten sus nombres para la expedición de documentos.
Manuel Aguilar, jefe del Departamento de Permisos, comenta que este mecanismo operado por loteros es una forma de brindar “apoyo” y “facilidad” a la ciudadanía que no cumple con los requisitos para tramitar el permiso, lo que así prevendría el tráfico y la compra de permisos falsos.
Además, Aguilar recuerda que las autoridades han llegado a detectar la expedición de permisos falsos. Pero que, al final, presentados ante la Fiscalía General del Estado, los casos quedaron cerrados, pues el Ministerio Público terminó acreditándolos como compras de buena fe.
El funcionario explica que la puesta en marcha del mecanismo con loteros obedeció a una instrucción dada “desde Presidencia”: “Nos dijeron que buscáramos la forma de que se cubriera el objetivo primordial, que teníamos que pensarla, y el procedimiento se ha ido puliendo a lo largo de este tiempo”, proceso que sintetiza con un refrán: “La carga echa a andar el burro”.
Pero a la vez dice que no recuerda el nombre de la persona que dio la orden; solo sabe que ocurrió en una reunión en la que participaron los representantes jurídicos de varias áreas. En cambio, sí está en posición de confirmar que quien quiera que haya dado la orden no fue ni su jefa inmediata, a quien identificó como Carolina Hermosillo, Jefa Administrativa de CGSV; ni tampoco César Tapia, el Coordinador General.
“Estuvimos buscando cómo hacerle y se llegó a un acuerdo con los líderes de loteros (…) el primordial propósito es la seguridad. Es primordial que el vehículo tenga una identificación (…) que el ciudadano ande bien, que circule sin exponerse a multas excesivas o que se cometan ilícitos con vehículos no identificados”, insiste Aguilar.
***
Créditos:
Coordinación:
Rocío Gallegos
Gabriela Minjáres
Investigación:
Anabel Rojas
Rocío Gallegos
Gabriela Minjares
Itzel Ramírez
Fotografías:
Anabel Rojas
Alicia Fernández
***
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Aquí puedes consultar la publicación en La Verdad Juárez.
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