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Justicia

Desaparecidos, la búsqueda incesante que duele y motiva a vivir

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Por Dianeth Pérez Arreola

Reportaje acreedor de una mención honorífica en el Premio de Periodismo 2022 Baja California, organizado por el San Diego Union Tribune y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego

En las faldas de la sierra, rumbo a la carretera a San Felipe, los vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE) dan tumbos en las veredas arenosas. Las temperaturas de Mexicali aun dan oportunidad de salir a realizar un operativo de búsqueda el 12 de mayo pasado.

Las integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes acompañan a las autoridades. Se apretujan en los pick ups oficiales, pues “la bimboneta”, como llaman a la furgoneta donde transportan a los civiles en los operativos, se quedaba atascada en la arena.

Entre los matorrales, que rozan con sus espinas la carrocería de los vehículos, buscan cualquier indicio que pudiera señalar la presencia de restos humanos. Encabeza el convoy el oficial Berenguer, de la Policía Municipal en una cuatrimoto y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Antes de esta ubicación, empezaron buscando en un terreno junto a las instalaciones de la Agrobaja. A las cinco madres buscadoras se les da una varilla que entierran cuando notan tierra removida, para después oler la punta en busca del olor a descomposición.

Ahí, el elemento de la fiscalía a cargo del perro “Iker”, se acerca a darle un abrazo a una de las madres. Sonríe y explica “cada que ella viene nos damos un abrazo, porque dice que me parezco a su hijo”. La foto impresa en la camiseta de ella, lo confirma. Las buscadoras llaman al equipo “una familia”.

Operativo de búsqueda el pasado jueves 12 de mayo.

Baja California, foco rojo

El total de desaparecidos en el estado de acuerdo con la organización de derechos humanos Elementa, es de 12 mil 759, de 2007 a la fecha, según datos de la propia fiscalía bajacaliforniana.

La explicación del por qué desaparecen personas en Baja California, la atribuyen a que es “una entidad fronteriza cuyo cruce es fundamental para el tráfico de drogas y de personas, que posibilita que la desaparición ocurra con fines de explotación laboral, pero también por motivos de disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Sumado a esto, las mujeres son un grupo vulnerable, tanto por la trata de personas como por la violencia de género”.

Tijuana es una de las ciudades más violentas del mundo, tiene el paso fronterizo más transitado también a nivel global, en ella habita la mitad de la población bajacaliforniana concentrada en el 2 por ciento de territorio y tiene la mayor incidencia de desapariciones, seguida de Mexicali. También el mayor número de colectivos de búsqueda: 14, contra solo 2 en la capital del estado.

Además de Tijuana, el municipio de Ensenada también está entre las ocho ciudades más violentas del mundo en el ranking de 2021, según la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la organización Seguridad, Justicia y Paz.

De hecho, en las 14 ediciones de este ranking anual, en ocho de ellos la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana. Según sus datos, Playas de Rosarito fue el municipio con el índice de violencia más alto de todo el país en 2019, y tiene la tasa más alta de desaparición de personas en el Estado, seguido por Tecate.

Crisis de casos

La crisis genética en el caso de las identificaciones tiene un proceso histórico que tiene que ver con la parte del equipamiento, las cargas de trabajo, la capacidad del personal, los cambios a veces institucionales, más el aumento generalizado del índice delictivo, comentó Rafael Hernández, de la Comisión local de búsqueda.

Los casos de desparecidos van en aumento y los casos no resueltos se convierten en casos de data vieja. Estos a su vez aumentan la estadística y van generando un acto de impunidad, dijo.

La comisión estatal de búsqueda nació hace tres años, sin estructura, sin personal y sin recursos, recordó. En el protocolo homologado de búsqueda y en la ley se establece la búsqueda como una prioridad, la detonación inmediata como parte de un proceso de búsqueda, urgente e inmediato.

Hernández explicó que hay dos tipos de búsqueda, la que hacen con colectivos y las institucionales, donde solo participan las autoridades. En Mexicali empezaron a conformar un equipo que se denomina CEBID (Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos). Ese equipo lo integran elementos del Sistema Municipal de Transporte, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del UNAPEP (Unidad de Atención a Personas en Estado de Vulnerabilidad), de la Fiscalía y de la Comisión local de búsqueda. Además del acompañamiento que les brinda Sedena.

“Aquí nos dimos a la tarea de formar un equipo institucional; de formar una estructura de búsqueda en Mexicali que no existía. La formación del grupo es la que impera y el objetivo es implementar este modelo de trabajo en los diferentes municipios, que las instituciones empiecen a sumarse de una manera integral y no solo el trabajo con colectivos, como en Tijuana”, precisó.

En el último reporte que abarca de noviembre a abril pasado, consta que hicieron unas 50 búsquedas de campo. Antes de febrero 2021 -el mes de incorporación de Hernández a la comisión- no existía la búsqueda en campo en Mexicali.

“Encontramos las zonas con mayor potencial de localización por características y por antecedentes, por los cuerpos que se localizan, además de la información proporcionada por elementos de la DSPM, Servicios Periciales y la propia fiscalía aportan información para poner atención a ciertas áreas”, informa.

Esas zonas son la reserva de Cucapah, donde han encontrado unos 4 cuerpos, la zona del valle -principalmente en las cercanías del aeropuerto, donde han encontrado 3 restos, y la Laguna Salada.

“Ahora estamos enfocados a una zona que no se había hecho búsqueda, que es el área de Los Algodones. Ya hemos hecho unas cuatro búsquedas. Falta prospectar y trabajar la zona Sur del Valle”, concluye.

895 desaparecidos de enero a abril 2022

Denisse Hernández Chacón, titular de la Unidad especializada de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición forzada entre particulares, informó que del 1 de enero al 25 de abril de este año hay 895 desaparecidos, de los cuales se han localizado 456. De ellos, 408 con vida y 48 sin vida.

La unidad tiene presencia en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. En la capital, su valle y San Felipe cuentan con 4 ministerios públicos, 2 auxiliares del ministerio público, un secretario de acuerdos y 12 agentes.

En Tijuana cuentan con 4 ministerios públicos, 2 auxiliares del ministerio público y 15 agentes. En Ensenada tienen un ministerio público, 3 auxiliares de ministerio público y 9 agentes. “Estas cifras se han ido aumentando, hay personas haciendo exámenes para ingresar y otros ya los aprobaron y están en espera de su asignación, en los tres municipios”, señaló.

La funcionaria destacó que actualmente tiene en fiscalía los datos de 6 mil perfiles genéticos como desconocidas y 2 mil perfiles de familiares de los cuales no hay resultados positivos al cruzar las bases de datos.

Precisó que obtener los perfiles es un proceso tardado para obtener el ADN, ya que depende de las condiciones en las que se localice el cuerpo, pero que se llegan a hacer hasta tres estudios genéticos en un solo cuerpo, hasta tener un perfil confiable.

Expresó que existe una propuesta federal para tener un banco de perfiles genéticos. Se analiza por el momento el lugar idóneo, pues tendría que incluir un cementerio temporal de restos localizados.

El área de análisis de contexto, para saber por qué desaparecen las personas, actualmente no existe en Baja California dentro de la fiscalía, pero se contempla la contratación de profesionales en Tijuana.

“Esa área de va a conformar en los próximos meses con criminólogos que nos puedan decir las causas generales de las desapariciones. Ya se buscan los perfiles, ya se tiene la autorización y el apoyo por parte del fiscal general para conformar esa área, se están haciendo los exámenes de control y confianza, y para fines de año estaría operando”, remarcó Hernández Chacón.

Enfatizó que las carpetas de desaparición no prescriben; son casos que siempre están activos por parte de la fiscalía y es precisamente la intención fortalecer el área para dar un seguimiento a los casos de muchos años.

Operativo de búsqueda el pasado 11 de mayo, en el antiguo edificio del Mercado Municipal en Mexicali.

Cuerpos sin identificar

El tema de los no identificados se ha manejado a nivel nacional como una emergencia forense. Tijuana es la ciudad que más cuerpos recibe en el Servicio Médico Forense (Semefo) en el país, incluso por encima de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, manifestó el doctor César Raúl González Vaca, Director estatal de Semefo en Baja California.

En promedio Tijuana recive hasta 20 cuerpos diarios, informó. “La capacidad de resguardar cadáveres refrigerados es de más de 300, pero tenemos 600. El problema no es la llegada de los 20 cuerpos, sino cuántos de ellos son identificados y reclamados; uno de cada cuatro no son reclamados”.

Agregó que también Tijuana tiene el no honroso primer lugar en envío de mil 200, mil 300 cuerpos por año a fosa común. Comparado con Mexicali, la cifra anda entre los 250, 300 cuerpos al año.

“Varía mucho el destino final porque son temas de panteones municipales. Lo que corresponde a Semefo es que ingresa el cuerpo en calidad de desconocido, se trabaja en él a petición del Ministerio Público (MP), se hace la necropsia y queda en resguardo hasta en tanto el MP no autorice que se entregue a alguien o que se lleve a fosa común; por ley son 15 días. Tras ese periodo le mando una lista al MP y ellos autorizan quién ya puede ir a fosa común. Luego, Semefo realiza una serie de trámites ante diversas instancias para poder hacer la inhumación. No pueden ser cremados porque estos cuerpos están dentro de una investigación”, explicó.

Todos los no identificados van en bolsas y con placas metálicas con información del número de caso y fechas. Semefo se queda con un archivo básico de identificación que son fotografías, huellas, odontología forense y estudios de genética, para una posible y futura identificación.

Si alguien reconoce en las fotos a algún familiar, le podemos decir en qué panteón, en que manzana, en qué gaveta está ubicado. La fiscalía otorga la ubicación y mediante la orden de un juez que permita la exhumación y una funeraria particular debe dar ese servicio, apuntó.

Los colectivos y las búsquedas

El miércoles 11 de mayo se realizó una búsqueda con el colectivo Unidos por Nuestros Desaparecidos en terrenos y propiedades del centro y periferia de la ciudad en Mexicali. En la zona centro las antenas registraron la señal del teléfono de Jhosue Romo Limón, desde el día de su secuestro el 3 de febrero de 2022, hasta el día 12 del mismo mes.

Se le buscó en ocho diferentes locaciones, con 15 integrantes del colectivo, autoridades de fiscalía, de la Comisión local de búsqueda, un canino y policía municipal, sin éxito.

Humberto Meza, coordinador del colectivo dijo hay unos 40 miembros activos y unos 70 voluntarios. Desde el inicio del 2022 hay localizado cuatro restos humanos en los operativos de búsqueda, que desafortunadamente no han coincidido con las personas a quienes ellos buscan.

Piden una base de datos donde puedan saber la identidad de los desparecidos y el estatus de la investigación, así como también que los datos de los registros telefónicos se den de manera rápida y sin tantos trámites.

Las buscadoras portan una llamativa camiseta con la foto de sus familiares desaparecidos: Edith Cruz porta la foto de Miguel Ángel Areyán Cruz, desaparecido del negocio las Micheladas de la Justo hace casi seis meses.

Cuando este año aparecieron las fosas clandestinas en San Luis Rio Colorado, se encontró con una pesadilla burocrática al querer ir a cerciorarse de que ninguno de los cuerpos encontrados era el de su hijo.

Le dijeron en fiscalía que tardarían cuatro meses en darle un oficio para que pudiera presentarse en aquella ciudad y solicitar una comparación de perfiles genéticos. Gracias a la intervención del colectivo de madres buscadoras de Sonora, pudo ir y ser atendida en poco tiempo.

También participó Verónica Rivera, madre de José Luis Méndez, desaparecido el 12 de enero de 2020 del fraccionamiento Las Torres. Dejó una niña de 12 años, la cual también perdió a su madre debido a la rickettsia, hace ya ocho años.

Verónica dice tomar muchos medicamentos para poder superar la ansiedad y la tristeza que le causa la ausencia de su hijo. También acude a las terapias psicológicas que le facilita la fiscalía.

Las madres buscadoras expresan que los amigos de sus hijos matan el recuerdo del desaparecido. Todos se alejan, nadie lo menciona, y las familias se desintegran al recriminarles a ellas toda la atención en el ausente.

Aquí, en las búsquedas, las madres mantienen vivo el recuerdo de sus desaparecidos. Aquí pueden compartir sus experiencias y sentimientos con otras personas que las entienden mejor que nadie, al sufrir la misma pérdida y vivir la misma desesperación. “Hasta encontrarlos”, gritan antes de marcharse, varilla en mano, a la tarea que ahora da sentido a su existencia.

Estatal

Pide madre buscadora mayor atención y recursos al tema de los desaparecidos

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Judith Valencia, fundadora del colectivo “Buscando a Kevin Jair”, acudió hoy al predio de Pro Natura, en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali, acompañada del equipo interdisciplinario de búsqueda, que sigue examinando el terreno donde han aparecido 42 víctimas en 22 fosas clandestinas.

Su hijo, Kevin Jair, desapareció el 2 de julio del 2023 en Victoria Residencial en Mexicali. Al momento de su desaparición se realizaron dos cateos, uno en ese fraccionamiento y otro en el Buganvilias y a casi tres años no han tenido noticias de su caso.

Comentó que cuando descubrieron las primeras fosas, sintió mucha tristeza, preocupación e incertidumbre, porque no sabe dónde está su hijo, ni dónde lo va a encontrar. “Es algo muy doloroso por lo que estamos pasando todas las que tenemos un hijo desaparecido. Sufrimos mucho, la verdad, al no saber qué ha sido de nuestros hijos, de nuestros seres queridos”, dijo.

Sobre la respuesta de la federación como del estado al problema de los desaparecidos, apuntó que es un tema difícil y complicado porque faltan los recursos, la empatía y las herramientas para darle seguimiento a cada uno de los casos.

“Es muy difícil confiar en las autoridades, la verdad, con todo lo que está pasando; se siente uno tan impotente porque no sabemos a dónde dirigirnos… Buscamos apoyo en gobierno, pero al ver todo lo que está pasando y todo lo que va saliendo, el cómo a veces el mismo gobierno está involucrado en tantas cosas que pasan, como ahorita el tema de los desaparecidos, es complicado”, manifestó.

La madre de Kevin Jair calificó el sitio como un panteón clandestino, que además se supone que es un área protegida. “¿Cómo puede ser posible que esto esté pasando? No quiero encontrar aquí a mi hijo, quiero encontrarlo bien.

A la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, las invitó a prestar un poquito más de atención a esa zona de fosas. “Que volteen a ver la situación que estamos viviendo, que estamos pasando, que vengan y se arrimen también, que se pongan a buscar con la pala y la pica… si las invito para que vengan a este lugar y que hagan el recorrido aquí”, concluyó.

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Estatal

Quieren jubilados de Issstecali la no afectación de sus derechos

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Integrantes del movimiento Unidos por la Defensa de ISSSTECALI (UDIS), sostuvieron esta tarde una reunión con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para asegurar la no afectación de los ingresos de jubilados y pensionados.

Analizan técnicamente cómo adaptar las leyes locales para que el magisterio y la burocracia queden totalmente excluidos del tope federal del artículo 127, por eso hoy participaron en una primera mesa de trabajo para definir la estrategia parlamentaria con los pasos a seguir.

Los jubilados y pensionados exigen claridad absoluta por parte de ISSSTECALI. “No permitiremos vacíos legales; el futuro de los trabajadores y pensionados se debe garantizar con seguridad jurídica. Este es un movimiento legítimo hecho por y para los trabajadores y pensionados”, señalaron.

Los integrantes del grupo UDIS quieren asegurar la continuidad de la pensión dinámica y que no se les aplique retroactividad que pudiera afectar sus ingresos, como sucedió con los jubilados y pensionados de diversas instancias federales.

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Estatal

Exigen abogadas justicia por crímenes contra menores

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Los recientes hechos ocurridos en el municipio de Tecate, en los que menores han sido víctimas de actos de extrema violencia, han generado indignación, dolor y preocupación en la sociedad por lo que la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco a través de su presidenta, Lic. Estefanía Campos García consideró que toda víctima de la violencia merece justicia.

Cuando quienes resultan afectados son niñas, niños y adolescentes, el impacto social y humano es aún más profundo, pues se trata de personas que, por su condición de vulnerabilidad, deben encontrarse bajo la máxima protección de la familia, la sociedad y el Estado, indicó al recordar el caso del cuerpo atado de un menor contrado en dentro de una maleta.

“Lo ocurrido en Tecate es una línea que jamás debió cruzarse. Estos hechos obligan a una reflexión seria sobre la realidad que enfrenta Baja California en materia de seguridad y sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y protección de la infancia. La violencia contra niñas y niños no puede verse como una estadística más; representa una señal de alarma que exige respuestas inmediatas y acciones concretas”, apuntó.

Por ello, desde la Barra de Abogadas hicieron un llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones se conduzcan con absoluto profesionalismo, objetividad y transparencia, se esclarezcan plenamente los hechos, se capture a todas las personas responsables y se aplique todo el peso de la ley, toda vez que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad y las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia.

Asimismo, manifestó que es indispensable fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, ya que el interés superior de la niñez no puede limitarse a un principio jurídico; debe traducirse en acciones efectivas que garanticen entornos seguros para nuestras infancias.

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