La presidenta estatal del PAN en Baja California, Liz Mata, acompañada de los diputados panista en el congreso local, presentó hoy una solicitud de juicio político contra los exalcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala Robles y Darío Benitez, respectivamente por el caso de las cuotas retenidas y no entregadas a Issstecali.

Mata declaró que en el caso del senador Ayala Robles no es solo del orden administrativo, sino del orden penal, pues aunque diga que ha pagado la realidad es otra, Ensenada es el municipio que más tiene adeudo con Issstecali y eso es un robo a todos los trabajadores del estado.

Sobre la mayoría morenista del congreso, pidió responsabilidad y congruencia, pues las cuentas públicas del senador no están aprobadas y en ese sentido que sean valientes y acepten la procedencia de este juicio.

Pidió que el congreso local lo cite, y advirtió que si no avanza el caso aquí, acudirán a la Cámara de Diputados federal, al Congreso de la Unión, para pedir que se le quite el fuero.

El diputado panista Diego Echevarría, manifestó que quieren que Ayala Robles sea inhabilitado y que la Comisión de Reforma de Estado determine la procedencia del juicio político y citen al senador para que explique el adeudo de 3 mil 600 millones de pesos. Darío Benitez dejó una deuda de 1 mil 500 millones de pesos, agregó.

La dirigente estatal del blanquiazul apuntó que la peor crisis de salud del estado también se deriva de estos actos de corrupción, además que todas las instituciones de salud del estado están en crisis.

“Es increíble que la propia presidenta Claudia Sheinbaum vaya y visite un nuevo hospital en Ensenada cuando el resto está devastado, porque esa es la palabra y además corren a los directivos que señalan las ausencias como fue el caso del Hospital General de Ensenada”, indicó.

José Ramón López, exdirector de Bisom, de donde se transfirieron 390 mil pesos argumentando un fraude telefónico, tiene comprobado el delito de falsedad de declaraciones y la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene congelado el caso, informó Joel Blas Ramos, jurídico del PRI en Baja California.

La Sindicatura determinó que se presume una falta administrativa grave que se le atribuye al presunto responsable por abuso de funciones, y esto tumba los comentarios del síndico procurador, quien dice que muchos funcionarios tienen investigaciones, pero José Ramón tiene ya una resolución y de su propio órgano, explicó.

Óscar Vega, titular de sindicatura, tiene incluso facultades para remitir a la Fiscalía General del Estado el caso de José Ramón López. La pena de falsedad de declaraciones tiene una pena de hasta 10 años de prisión, comentó.

El abogado del tricolor recordó que a la fiscalía se le entregó una carpeta con toda la información, y el exdirector de Bisom cometió el delito de falsedad de declaraciones de la autoridad cuando era regidor, porque mintió sobre la relación de los beneficiados con apoyos sociales y mintió sobre sus percepciones mensuales. López entregó apoyos sociales a dos de sus colaboradores cercanos, quienes ya percibían sueldos de 40 mil y 45 mil pesos al mes como sus asesores.

Fiscalía  se niega a dejarles ver la carpeta de investigación alegando que Blas Ramos no es el directamente afectado, que solo hizo valer su derecho constitucional de presentar la denuncia. Por ese motivo presentarán un amparo, pues esta carpeta tiene ya dos años y el tema está congelado, subrayó.

Álvaro Aldrete, presidente estatal del PRI, comentó que es imposible que el tema de José Ramón no se politice, como partido político de oposición tienen la obligación de denunciar las irregularidades y buscan que la carpeta se judicialice. El tricolor fue de los primeros que denunció las corruptelas de este joven desde que fue regidor, dijo.

“En esta renuncia no debe acabar el tema, si creen que porque ya no está vamos a quitar el dedo del renglón están muy equivocados..  Para nada fue un acto generoso ni responsable. Lo responsable sería que regresaran el dinero”, externó.

Los regidores del PAN del XXV Ayuntamiento de Mexicali denunciaron irregularidades en la denuncia interpuesta por las transferencias hechas por Bienestar Social Municipal a cuentas de presuntos estafadores.

Manuel Rude García comentó que en primer lugar hay una diferencia en el monto reportado, pues mientras el síndico Óscar Vega habló la semana pasada de más de 390 mil pesos, en la denuncia se reportaron 3 transferencias que suman 275 mil 523 pesos.

En segundo lugar se hizo por el delito de fraude y debió hacerse por  ejercicio ilícito del servicio público y por peculado, explicó.

El edil subrayó que cuando se transfirieron los 3 millones de pesos en la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, se reclasificó el delito y eso impidió que hubiera prision preventiva como medida cautelar.

Sandra Cota por su parte, manifesto que hay explicaciones pendientes como qué calidad tenían las personas a las que se les transfirió el dinero, ya que tenían que estar dados de alta con sus cuentas en Bisom.

Gustavo Magallanes externó que algo está podrido en Bisom, y que al estar involucrado recurso público no se trata de fraude, sino de peculado.

Remarcó que los regidores panistas están pidiendo la separación del cargo del director de Bisom y los funcionarios involucrados en la cadena de mando.