Francisco Rueda, líder municipal del PAN en Mexicali, expresó que las cosas en Baja California no van bien y “todos los sabemos”, por lo que aseguran ser una opción para un cambio de gobierno en el 2027.

“El gobierno de Morena en siete años está sumido en señalamientos de corrupción, señalamientos de asociación con el crimen organizado; como nunca en la vida había sucedido que a un gobernador en funciones le retiraran la visa; un gobierno extranjero no le quita la visa a un buen ciudadano”, indicó en clara referencia a la gobernadora y otros políticos morenistas a quienes les han retirado el privilegio de cruzar la frontera.

Los señalamientos de mal gobierno e insensibilidad llevan siete años en Baja California, declaró, y ante esa circunstancia el PAN hizo un llamado a los ciudadanos militantes o no para que participaran en un proceso de selección, que pronto tendrá definiciones.

“Yo reto a los gobiernos morenistas a que nos digan en dónde está esa transformación” si nos vamos a la inseguridad, Baja California está en los más altos índices de homicidios dolosos, en infraestructura, las calles llenas de baches por todos lados, las carreteras del valle están destrozadas, ¿dónde está la transformación?”, cuestionó.

Regidores ensenadenses de oposición de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Solidario de Baja California solicitaron una investigación formal sobre la actuación del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) en las colonias afectadas por la tormenta tropical Rachel, donde se reportaron nueve personas fallecidas, la búsqueda de un cuerpo aún sepultado bajo lodo y miles de familias que perdieron su patrimonio, situación que criticó también la diputada federal panista Eva María Vázquez.

La legisladora demandó una revisión integral de ese organismo. “El tema del INDIVI exige que sea una revisión integral. Sabemos que INDIVI efectivamente debe ser un ente dedicado a la regularización y, e incluso esta regularización tiene que ser en condiciones, por supuesto, de garantía de certeza pública para las personas, pero también de seguridad”, afirmó.

En conferencia este lunes, detalló que, cuando el instituto realiza labores de titulación en terrenos con terceros, esa regularización tiene que ir de la mano de una certeza, no solo en la parte pública, sino también en la de uso de suelo, condiciones adecuadas para el mismo.

Señaló que deben aplicarse todos los filtros de las autoridades catastrales, registrales y de protección civil, como podría ser con cualquier otro fraccionamiento del carácter privado, y que, por tratarse de un ente gubernamental, tendría que haber incluso mayores garantías.

“Lamentablemente, pues no lo vemos así. Vemos que no tomaron con responsabilidad este gobierno los reclamos, los señalamientos, no solamente de la gente que exigía la vinculación, sino también en condiciones de seguridad”, criticó Vázquez. Añadió que el dictamen sobre las condiciones internas de operación del instituto, sus recursos y facultades “nunca han sido tomadas con seriedad por parte de la propia gobernadora, que es su obligación, que es su facultad, por lo tanto, pues ahí vemos las consecuencias humanas. La improvisación y la actitud es familiar”.

Mientras tanto, los ediles se Ensenada Armando Díaz Hoeflich (MC), Brenda Mendoza Kawanishi (PESBC) y Adrián García García (PAN) anunciaron que pedirán la renuncia de los funcionarios responsables del instituto y presentarán una denuncia penal para que las autoridades competentes determinen si existieron omisiones o responsabilidades. Las colonias Durango, San Francisquito, Lomas de Mendoza y Oaxaca figuran entre las más dañadas y, según los regidores, fueron regularizadas por el organismo descentralizado del Gobierno del Estado.

Los regidores subrayaron que el tema debe tratarse de manera pública y no limitarse a inconformidades privadas, al considerar que existe un desdén del gobierno estatal hacia el municipal, rector del desarrollo urbano. Exigieron esclarecer el papel de INDIVI en el proceso de regularización de esas zonas y revisar si se garantizaron las condiciones de seguridad necesarias.

Un contrato definitivo de compraventa con reserva de dominio suscrito por INDIVI en el desarrollo habitacional Lomas de Mendoza, uno de los fraccionamientos afectados, confirma la participación del instituto en la regularización de predios en esa zona. El documento establece el compromiso de venta de lotes de terreno bajo condiciones de pagos mensuales y reserva de dominio a favor del organismo.

Los regidores de oposición y la diputada federal coinciden en que la investigación debe determinar el alcance de la intervención de INDIVI y si se omitieron las garantías de seguridad y uso de suelo que, según Vázquez, debieron acompañar cualquier proceso de regularización en las colonias golpeadas por Rachel.

Se solicitó una postura a Gobierno del Estado sobre los requisitos sobre protección civil para fraccionar y vender terrenos en una zona que podría quedar en riesgo en caso de lluvias extremas, como sucedió con la tormenta tropical.

Francisco Javier Molina Pérez, regidor, aparece registrado en el sistema penitenciario federal en el expediente 2008/3056. De acuerdo con los datos del sistema de consulta, el 7 de julio de 2008, a las 15:10 horas, se registró su ingreso con la clasificación jurídica de “indicado” y tipo de seguridad mediana. La causa penal corresponde al número 2008/146, derivada de la averiguación previa folio 1683 de 2008 de la Agencia Federal de Investigación.

El asunto se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, bajo el fuero federal. El delito imputado fue posesión conforme al artículo 195 del Código Penal Federal, en la modalidad de posesión con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento. En el sistema se conservan las fotografías de identificación del indicado, correspondientes a las vistas de frente, lado derecho y lado izquierdo.

El regidor Francisco Javier Molina Pérez obtuvo recientemente dos constancias actualizadas, ambas fechadas el 15 de octubre de 2026. La primera, emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California mediante el oficio SSC/DAI/CAP/137675-2026, indica que, tras la revisión en el Sistema de Verificación de Antecedentes Penales, no se encuentra antecedente penal por delito de carácter doloso del fuero común relativo a su persona.

Esa secretaría, encargada de emitir las cartas de no antecedentes, solo dijo que “hasta donde se tuvo conocimiento y revisión de los antecedentes penales de la persona señalada, no se encontró nada en el ámbito que le compete a las autoridades estatales, motivo por el que se expidió el acta de no antecedentes penales sin registro alguno”.

¿Se le declaró inocente al final? ¿Le limpiaron los antecedentes como favor partidista? No lo sabemos y nadie sale a aclararlo, pero es grave que tenga antecedentes del fuero federal.

La segunda carta, expedida por la Dirección de Prevención y Reinserción Social con el folio CDAPF-2026-976132, señala que, después de una búsqueda exhaustiva en la Base de Datos del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, no existe registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal pronunciada en su contra.

La información obtenida por fuentes oficiales que piden su anonimato y capturas de pantalla de registros de seguridad, indican que el regidor estuvo preso en en 2008 por posesión y en 2015 por lesiones calificadas, más otro registro del 2012 por robo de vehículo.

A pesar de la existencia de estos documentos y del registro histórico del expediente 2008/3056, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General del Estado de Baja California han querido emitir una postura oficial sobre el tema. Ese silencio resulta sospechoso, pues deja sin una aclaración pública la relación entre esos tres antecedentes.

Aun sin sentencia, haberse visto involucrado en tres delitos como que nos dice que el regidor no es precisamente un angelito. El regidor no ha salido a decir nada, a pesar de que se lo pedimos a través de Edgar Covarrubias. También solicitamos una postura a Sindicatura Municipal, y no hemos recibido respuesta. El que nada debe, nada teme.

Un análisis serio de este caso tiene dos escenarios posibles: que el partido haya sabido del expediente 2008/3056 y haya decidido silenciarlo, o que simplemente no haya realizado una revisión adecuada de antecedentes al momento de postular o incorporar a Francisco Javier Molina Pérez.

Si Morena conocía el registro de 2008 (una consignación federal por posesión de narcóticos en el Juzgado Primero de Distrito de Mexicali) y optó por no transparentarlo, el costo político es alto. En un partido que se ha presentado como regeneración ética frente a la “vieja política”, tolerar o proteger a un militante o regidor con un antecedente de esa naturaleza debilita su discurso moral.

Genera la percepción de que la exigencia de honestidad se aplica de forma selectiva -cuestión que parece es el sello de la casa de Morena en Baja California-: se critica con dureza a adversarios, pero se relativiza cuando el involucrado es propio.

Eso alimenta la narrativa de hipocresía, erosiona la confianza de sectores de su base que valoran la coherencia y entrega a la oposición un argumento fácil y contundente para acusar de doble moral.

Además, el silencio institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado —autoridades que dependen del gobierno estatal— refuerza la sospecha de protección política, aunque no demuestre por sí solo una orden directa del partido.

El segundo escenario, quizá más frecuente en la práctica política mexicana, es el de una revisión deficiente o inexistente de antecedentes. Admitir o postular a alguien sin checar exhaustivamente su historial refleja debilidad institucional interna. En un sistema donde los partidos son responsables de la calidad de sus candidaturas, y una falla de este tipo proyecta improvisación, falta de filtros y priorización de lealtades o cuotas sobre la idoneidad.

Para un movimiento que ha crecido con el discurso de “primero los pobres” y de limpieza pública, incorporar perfiles sin el debido escrutinio debilita su legitimidad cuando esos perfiles llegan a cargos de representación, porque el daño no es solo reputacional: también genera riesgos legales y de gobernabilidad. Un regidor con un pasado judicial, aunque no tenga sentencia condenatoria irrevocable según las constancias recientes, queda expuesto a cuestionamientos permanentes sobre su idoneidad ética, lo que puede entorpecer su trabajo y arrastrar al partido en cada controversia local.

En ambos casos, el resultado práctico es similar: pérdida de capital moral. Y como están las cosas de Baja California, con los señalamientos de contubernio entre el crimen organizado y la clase política, este escenario de tapar o no checar antecedentes, es más grave de lo que parece y puede ser un hilo de donde empezar a tirar.

¿A quién más le han limpiado el expediente?, ¿Es por esto que cierto grupo criminal a pesar de mil señalamientos carecía hasta hace poco de una carpeta de investigación en la FGE? No olvidemos que hay otros casos, como el del magistrado acosador, donde es a la víctima a quien quieren reubicar en vez que separarlo a él del cargo mientras investigan; o donde solo se entiende la mano negra de un panista cercanísimo al Gobierno Estatal detrás de la protección al regidor de Tijuana acusado dos veces por violación para que fiscalía no avance en esos casos a pesar de tener evidencia; o que no le haya pasado nada al acosador sexual amigo y protegido del hoy secretario de salud.

Cubrir un antecedente conocido es una decisión deliberada que implica complicidad; no haberlo revisado es negligencia. En el contexto actual de Baja California y del país, donde la percepción de inseguridad y de captura de instituciones por intereses opacos es alta, cualquier sombra de tolerancia hacia perfiles vinculados a delitos federales de narcóticos tiene un peso simbólico importante.