Corrupción
Acusan a Arregui de intervenir en caso de despojo
Por Dianeth Pérez Arreola
Alejandro Arregui, secretario del Trabajo del estado, estaría protegiendo a su empleado Elí Oviedo Díaz, quien se apropió indebidamente de la propiedad de una mujer de la tercera edad, ubicada frente al mar en la zona de El Sauzal en Ensenada, valuada en 150 mil dólares.
El abogado César Romeo Santos, explicó que obtuvieron un orden del juez para la restitución del inmueble desde mediados del 2021, pero que bajo diversos argumentos y argucias legales no se llevó a cabo, debido a la influencia del miembro del gabinete estatal en este delito de despojo.
Oviedo Díaz fue secretario particular de Alejandro Arregui como fue delegado de Infonavit en el periodo de Enrique Peña Nieto, y actualmente labora como Director de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior del Estado.
La denuncia tiene el número único de caso 201/2021/09552 y al obtener la resolución del juez, Fiscalía General del Estado se negó a cumplimentarla, por lo que acusan también al fiscal Ricardo Iván Carpio de estar obstaculizando la entrega del inmueble y protegiendo al empleado de Arregui.
Este próximo lunes a mediodía, acudirán a pedir nuevamente la restitución del inmueble a Ensenada, y temen que sigan las trabas para que la víctima, Guadalupe Garmiño, recupere su casa.
El abogado Marco Antonio Flores, agregó que les dijeron que por órdenes de Rafael Orozco no podían hacer nada para hacer avanzar el expediente. El magistrado para entorpecer el caso retrasó el tiempo para sacar la resolución a un año, cuando el periodo oscila entre 6 y 8 meses.
Tenemos conocimiento de que el administrador de juicios orales en materia penal está actuando a favor de Eli Oviedo Díaz, ya que están solicitando el cambio de juez, por lo que decidieron hacer público este caso y exponer este intento de despojo.
Corrupción
Son controles de alcoholemia en Tijuana fuente de corrupción
El gobierno municipal de Ismael Burgueño empezó con las prácticas que heredó de la administración de Montserrat Caballero, donde personas encargadas de los controles de alcohol y los depósitos municipales, hacían su agosto.
El viernes primero de noviembre, un hombre a quien llamaremos Víctor, iba de regreso a su casa tras una cena con amigos, donde consumieron bebidas alcohólicas.
Por una de las vialidades de Tijuana se encontró con un control de alcoholemia, donde estaban realizado las pruebas a todos los automovilistas. Víctor sobrepasó el límite permitido por punto cero uno.
Pidió que lo dejaran retirarse, pues su hogar estaba a pocas cuadras del lugar. Le dijeron que no, pero le pidieron su teléfono y le indicaron que tomara la multa que le habían dado, que se fuera a su casa y que esperara una llamada a las siete de la mañana.
El sábado 2 de noviembre recibió puntual la llamada. Le dijeron que estuviera en el estacionamiento del Calimax Fundadores a las 11 de la mañana, con 17 mil pesos en efectivo.
Ese supermercado está convenientemente ubicado justo enfrente del corralón a donde se llevan los vehículos que detienen en los alcoholímetros.
Fue al lugar que le indicaron y él y otras personas se encontraron en los varios cajeros automáticos de la zona sacando dinero para recuperar su vehículo y ahorrarse los cerca de 30 mil pesos que cuesta realizar ese trámite de manera oficial.
Se acercó a la persona con la que había hablado el día anterior cuando lo vio aparecer frente al supermercado. Les indicaron a cada uno que sacaran copia de su licencia de manejo y de su tarjeta de circulación.
El único lugar donde pueden hacer eso en esa zona es la Farmacia Venus, junto al estacionamiento del mercado. Una vez con las copias y el dinero listos, la persona de contacto llama a alguien, quien llega a los pocos minutos manejando el vehículo retenido. Se sube el dueño al lugar del copiloto, entrega documentos y efectivo, tras lo cual se baja para ocupar el lugar del conductor y se retira sin que haya quedado registro ni de la multa ni de la retención de la unidad.
El sábado pasado, el dependiente del negocio comentó a esta reportera que efectivamente llegaba mucha gente a sacar copias de su licencia y de la tarjeta de circulación, a pesar de que no hay oficinas de gobierno en esa área.
Ese sábado, el 9 de noviembre, una semana después de los hechos, se pudo observar que tanto patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional llegaron a hacer rondines al estacionamiento y permanecieron ahí por varios minutos.
Cabe destacar que un medio de comunicación publicó después del sábado 2, una nota sobre este mecanismo ilegal de los empleados del Ayuntamiento, lo que pudo ocasionar que empleados del corralón dejaran de usar ese punto como lugar del intercambio. O solo esperar a que se enfriara el asunto.
Ya habíamos dado cuenta hace tres meses del mecanismo similar que operaba en la administración del hoy senador Armando Ayala en el gobierno municipal de Ensenada, donde la corrupción empieza desde el mismo punto de control de alcohol, donde un ejército de “coyotes” ofrecen amparos.
La promesa de Ismael Burgueño para hacer un gobierno transparente y honesto no va por buen camino. Y sobre austeridad, es lo que experimentan las arcas municipales al dejar de ingresar lo que va directo al bolsillo de sus funcionarios.
Corrupción
No aprueban cuenta pública de Armando Ayala del 2022; piden regidores que se revise y sancione
La cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al 2022, cuando el ahora senador Armando Ayala era alcalde, no se aprobó ayer en la comisión de fiscalización y gasto público en el Congreso del Estado.
Entre las irregularidades que encontró la Auditoría Superior del Estado, se observaron cobros de más en la determinación del impuesto debido a la aplicación incorrecta de la tarifa, incumplimiento de cláusulas del contrato por parte del concesionario del servicio de arrastre y almacenaje de vehículos, y falta de soporte documental de los amparos recibidos por el aumento del impuesto predial.
Otras observaciones fueron el timbrado de facturas de forma extemporánea, inconsistencias en el complimiento de requisitos y plazos en derechos cobrados por el departamento de alcoholes, comercio y espectáculos públicos, irregularidades en derechos cobrados por salones sociales, y falta de documentación que sustente pagos de liquidaciones de personal.
El pago a prestadores de servicio social, y la falta de expedición y entrega de los Comprobantes Fiscales (CFDI) fueron otras de los muchos señalamientos de la cuenta pública de la administración de Armando Ayala.
El informe consta de 43 páginas y contiene 50 observaciones, de las cuales 32 son recurrentes. Dado que el entonces alcalde, ahora es senador de la república, podría pasar lo mismo que con la cuenta pública de la CESPM del 2022, entonces a cargo del ahora diputado federal Armando Fernández Samaniego, que fue rechazada en comisión, pero una vez en el pleno, sí fue aprobada.
Los regidores de oposición del Ayuntamiento de Ensenada, Ana Daniela Salgado García, Isaías Bertín Sandoval, Armando Diaz Hoeflich y Adrián García García, pidieron hoy a Sindicatura que revise y sancione la cuenta pública de Ayala.
Corrupción
Aparece exsíndico como defensor de diputada involucrada en la desaparición de 3 millones de pesos
El exsíndico Israel Ceseña y el director jurídico, Salvador Martín Liera Gómez, ambos parte del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, son los dos abogados nombrados por la diputada Alejandra Ang para llevar el caso del robo de los 3 millones de pesos cuando era titular de Desarrollo Social Municipal, en la administración de la hoy gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
Los nombres de los funcionarios del primer mandato de la alcaldesa Norma Bustamante, aparecen en el documento de amparo entregado por Ang el pasado 4 de noviembre.
Abogados consultados sobre este hecho, mencionaron que Ceseña, al ser el síndico procurador desde el XXIII Ayuntamiento cuando sucedió el hecho, conocía del asunto al estar dentro de sus atribuciones como funcionario público, y ya que debió existir una investigación de responsabilidades en paralelo a la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, pudiera tratarse de un conflicto de interés aunque ya no esté dentro de la administración pública.
Al tener información de primera mano sobre el caso durante seis años, puede beneficiar a la servidora pública y afectar al otro trabajador involucrado, al usar información que obtuvo como síndico, para defender a la ahora diputada, agregaron.
Es importante recordar que en abril de 2023, Ceseña rechazó haber intervenido en el “acuerdo reparatorio” que obligaba a un trabajador al que culparon del robo a dar 36 abonos de 83 mil pesos mensuales.
Sin embargo, hay un documento con la firma del entonces síndico que confirma su intervención y autorización para llevar a cabo dicho acuerdo, el cual fue muy criticado por la oposición y la sociedad civil al conocerse los detalles y de cómo presionaron al trabajador para que aceptara el trato, del cual su situación económica solo le permitió dar un primer abono.
Según Ceseña, fueron los abogados de Bienestar Social Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, quienes impulsaron el acuerdo que fue avalado por un juez de Control, pero él como síndico tuvo que estar informado de los detalles.
Ahora, es cuestionable que quien debió investigar imparcialmente el paradero de los tres millones ocurrido en el XXIII Ayuntamiento, sea el defensor de la funcionaria, junto con otro exservidor público de la pasada administración.
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