En el área de reforestación y reserva natural protegida de Pro Natura Noroeste, ubicada en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali, Baja California, se registraron múltiples hallazgos de fosas clandestinas a partir del 8 de enero de 2026. El mismo poblado ya había sido escenario de descubrimientos similares en el 2023, cuando encontraron 22 fosas con 22 cuerpos.

En este segundo predio, desde el 8 de enero a la fecha, se han descubierto 24 fosas y un par de hallazgos sobre el terreno, donde los restos fueron removidos por la fauna local, que suman 47 víctimas, las cuales nadie parece ver. No hay una indignación nacional como en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y los bajacalifornianos parecen estar acostumbrados ya al horror de ver una nota más detallando un nuevo hallazgo.

Las búsquedas se llevan a cabo por colectivos de familiares de desaparecidos, y son coordinadas por autoridades municipales, estatales -y a veces son acompañados por las federales-, incluyendo unidades K9, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Local de Búsqueda. Al principio eran protegidos por el Ejército, la Guardia Nacional y muy ocasionalmente por la Marina, pero el acompañamiento cesó hace meses.

Los primeros hallazgos ocurrieron el 8 de enero de 2026, cuando se localizaron dos fosas con restos óseos calcinados, casquillos percutidos, esposas y tiro de gracia. Para el 12 de enero, ya se habían descubierto cuatro fosas con un total de diez cuerpos. En una de ellas se encontró un cadáver parcialmente carbonizado, con extremidades cercenadas y cráneo abierto, junto a una considerable cantidad de madera quemada (mezquite local y tablones), un palo de golf, un celular dañado por el fuego, un rosario y otros objetos personales. El 21 de enero se reportó la octava fosa, que elevó el número de víctimas recuperadas a 18; los restos presentaban el patrón habitual de calcinación y cercenamiento.

El 26 de enero, en la décima fosa —detectada gracias a perros domésticos del lugar y alejada de las anteriores—, se recuperaron tres restos (víctimas 20, 21 y 22) junto a madera quemada. Para el 9 de febrero, con la apertura de la fosa 15 (que contenía tres cuerpos no carbonizados ni mutilados, encontrados a dos metros de profundidad), el total de restos recuperados ascendió a 32. Las excavaciones continuaron durante febrero y marzo, alcanzando más de 14 fosas y decenas de restos.

Entre las víctimas se encuentran mujeres y al menos un menor de edad, hecho que inicialmente fue negado por la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, quien en conferencia de prensa afirmó que todas las víctimas eran varones adultos, para luego tener que rectificar.

Hacia mayo de 2026, en la fosa número 22 —localizada en el borde de la zona de reforestación junto a un árbol y ramas secas—, se recuperaron tres víctimas más -números 40, 41 y 42-. En este sitio se encontró un casquillo de 9 milímetros. Para mediados de año, los reportes indicaban más de 22 fosas y más de 40 víctimas recuperadas en el predio de Pro Natura.

La mayoría de los cuerpos presentaban signos de calcinación y cercenamiento, con evidencia de ejecuciones en el lugar y casquillos de diferentes calibres. Algunas víctimas no fueron quemadas, lo que sugiere diferentes momentos o métodos utilizados por los grupos criminales. Los restos correspondían principalmente a personas desaparecidas del Valle de Mexicali y zonas aledañas. La propia FGE ha señalado a “Los Rusos”, brazo del cártel de “La Mayiza”, como los autores de ese cementerio clandestino. También, la misma FGE ha dicho que el líder de “Los Rusos”, Juan José Ponce Félix, no tiene antecedentes penales en Baja California, mientras que al cruzar la frontera, hay posters con su rostro en todas las garitas del estado, ofreciendo el gobierno de Estados Unidos una recompensa de 5 millones de dólares por datos que lleven a su captura.

La cobertura realizada desde el sitio destaca la lentitud y las deficiencias en la respuesta institucional: retrasos frecuentes en la llegada de peritos de la FGE, falta de equipo adecuado como lámparas para trabajar de noche, baterías para maquinaria, viáticos o vehículos de doble tracción. A pesar de las promesas de mayor apoyo, los colectivos y equipos en terreno han señalado que las jornadas superan las 12 horas con recursos insuficientes, lo que ha complicado y alargado los trabajos de recuperación e identificación. Esto por supuesto, en datos “fuera de libreta” porque los integrantes de la FGE que participan en las búsquedas tienen prohibido dar declaraciones.

Este sitio se ha convertido en un claro ejemplo de un panteón clandestino masivo operado por el crimen organizado con aparente impunidad, en un contexto de omisión prolongada por parte de las autoridades estatales. Lejos de generar una indignación nacional comparable a otros casos emblemáticos en el país, en Baja California parece haberse normalizado el horror, reflejando una grave falla estructural del Estado para proteger a la población civil y garantizar justicia, elementos que fortalecen la posible calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

ESPECIAL/Por Aline Corpus

Martín, su esposa y cuatro hijos salieron de Guerrero con lo que traían puesto de ropa, en agosto del 2024, cuando el crimen organizado le exigió que, junto a su hijo de 16 años, se “sumaran a las fuerzas armadas (delincuenciales) o nadie sobreviviría”.

Pidiendo dinero prestado, la pareja y sus cuatro hijos menores de edad, llegaron a Tijuana, Baja California, con la esperanza de ingresar de manera documentada a Estados Unidos, pero su cita consular no se concretó cuando el Gobierno de ese país canceló el programa de asilo CBP One, en enero del 2025.

La violencia provocada por el crimen organizado en México obliga cada año a que cientos de familias, principalmente del centro y sur, sean desplazadas de sus lugares de origen, dejando atrás su única red de apoyo, pertenencias y trabajo.

Muchas de ellas se dirigen a estados fronterizos, como Baja California, donde esperan cruzar a Estados Unidos, pero con el tiempo terminan asentándose.

“Sabíamos que debíamos movernos del albergue de (apoyo a) migrantes porque temíamos que incluso ahí nos buscaran (miembros del crimen organizado)”, platicó el hombre que pidió anonimato por razones de seguridad, y en esta ocasión se le llamará Martín.

“Nos fuimos a una colonia que se llama Mariano Matamoros (al este de la ciudad), y empezamos vendiendo tamales el año pasado, pero nos encontramos con esto de que acá nos pedían dinero (una extorsión) para dejarnos vender en la esquina. También intenté hacer plomería y fue lo mismo.

“Recordamos las amenazas de allá (en Guerrero), el miedo, nos dio mucho temor y creo que para mi esposa fue hasta peor, porque creía que esa historia ya era del pasado”, contó.

Debido a esa situación, Martín decidió mudarse a Playas de Rosarito, a unos 20 kilómetros de Tijuana, cerca del Océano Pacífico, lo que significa que su familia ya ha vivido un doble desplazamiento forzado en su propio país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que en un desplazamiento forzado interno las personas son obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia, debido a conflictos armados o a la violencia generalizada.

También las violaciones a los derechos humanos y/o desastres provocados por fenómenos naturales o causados por los seres humanos provocan desplazamiento, todo ello sin haber cruzado una frontera internacional.

Pero ¿qué sucede cuando una familia considera a una ciudad su refugio y ahí vuelve a vivir lo mismo por lo que huyó en un principio?

Pese al sufrimiento y sacrificio que implica una primera movilidad forzada, la Organización Internacional para la Migración (OIM), autoridades de Baja California, académicos y activistas, han documentado que familias que huyen del centro y sur del país por la violencia, vuelven a sufrir circunstancias similares en las ciudades receptoras, como Tijuana.

En muchas ocasiones estas familias requieren desplazarse de nuevo.

Sin documentación histórica

Este doble desplazamiento forzado de mexicanos en su propio país ha sido silencioso, debido a la dificultad para documentar los casos por la falta de confianza de las familias en las autoridades, la secrecía con la que se mueven y la necesidad de las personas de irse de manera inmediata a un nuevo lugar.

Un estudio exploratorio del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre desplazamiento forzado interno presentado en Tijuana en octubre del 2025 y llevado a cabo entre 2022 y 2023, indicó que las familias llegan a Tijuana, principalmente de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Guanajuato.

La investigación reveló que, haber recibido amenazas, miedo a la inseguridad y la extorsión o el cobro de piso, fueron las tres principales causas por las que las familias salieron de su lugar de origen, pero también el ser testigos de delitos, incluso de homicidios, desaparición de un familiar, violencia sexual o de pareja, entre muchos otros.

Óscar Rodríguez, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua, e integrante del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios en Ciudad Juárez-El Paso, Texas, señaló que el estudio del fenómeno de desplazamiento es relativamente nuevo.

Detalló que, a partir de 2007, tras la fallida guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, el fenómeno del desplazamiento forzado comenzó a presentarse en regiones del país.

“Tras el incremento de la inseguridad y la violencia, este fenómeno empezó a adquirir mayor notoriedad en algunas regiones, como en lo que se conoce como el triángulo dorado, entre la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y que se extendió a sus municipios y otras Entidades cercanas”, describió.

Por otro lado, también se vio un incremento sustancial de violencia en la región de Tierra Caliente, en municipios de Michoacán y Guerrero. 

Ambos fenómenos estuvieron asociados, dijo, a grupos criminales que buscaban apoderarse de territorios, rutas hacia Estados Unidos y que también se percibía en estados de la frontera norte.

“Esa estrategia fallida de Calderón derivó en la división de los grandes grupos criminales en pequeñas células que se empezaron a pelear y esto trajo otros focos rojos a nivel nacional”, explicó.

El fenómeno del sur se notó más en los últimos cinco años, puntualizó, ante la falta de seguridad de los Gobiernos.

“De Michoacán, Guerrero y estados del norte, había un mayor flujo de personas intentando ir hacia Estados Unidos”, recordó, “la propagación de la violencia comenzó a elevarse de tipo comunal, y se sumó la violencia criminal, y las personas se hicieron más vulnerables”.

Rodríguez precisó que el desplazamiento forzado interno no es inmediato y, en ocasiones, es repetitivo.

“El desplazamiento forzado no es un evento lineal”, refirió, “la realidad es que el desplazamiento es circular, pasan a alguna comunidad dentro de sus estados, con el tiempo llegan a la frontera norte.

“Pero puede ser un ‘ir y venir’, no es fácil estar meses o años en albergues, incluso hay hasta desintegración familiar ante la incapacidad de los procesos de asilo”, estableció.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, hay gran cantidad de desplazados internos, según lo documentado por el Colef, señaló el investigador.

“En Ciudad Juárez hemos visto que hay un número importante, particularmente de Michoacán, de Guerrero; en algunos años también de Zacatecas, Chiapas y Oaxaca. En Tijuana han identificado que viene un flujo igual, de los mismos estados”, detalló.

Rodríguez detalló que la gran mayoría de las personas desplazadas internas llegan al norte por una red existente de apoyo.

Históricamente, Tijuana ha sido un punto recurrente como ciudad de paso, debido a su cercanía con California, sin embargo, en el 2024, la organización World Population Review la situó como la más violenta dentro de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo, que midió los homicidios por cada 100 mil habitantes.

Los encargados de refugios o albergues de migrantes han conocido las historias de violencia por años.

En el 2025, dos familias que habían sido desplazadas por la violencia del sur del país y quienes ya residían en la periferia de Tijuana, volvieron a ser violentadas y buscaron apoyo en el Albergue Movimiento Juventud 2000, situado en la zona centro y es coordinado por el activista José María García Lara.

“Fueron dos casos, pero solo pudimos documentar y presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque una de las familias se fue con premura del albergue y ya no estuvieron localizables”, recordó García Lara. 

La CNDH a su vez encargó el informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se denunció ante el Ministerio Público del Estado, en tanto, la familia se movió de la ciudad, porque los delincuentes les habían quitado sus propiedades.

“Venía papá, mamá y sus hijos. Fue algo que me sorprendió, incluso me pregunté ‘¿de verdad está pasando esto en Tijuana?’. No pudieron seguir en la ciudad y los movieron por seguridad”, refirió.

García Lara recordó cómo intentó ser un puente entre los gobiernos del sur y del norte.

“(Las autoridades) no pusieron mucha atención (para medir el fenómeno en ese entonces). Nuestra organización promovió que el gobierno de Michoacán hiciera un acercamiento con el gobierno de Baja California, para hacer un módulo en la frontera e identificar sus problemas.

“Insistíamos en documentar los robos o saqueos de sus propiedades, ranchos, casas, autos, para que pudieran retornar y pudieran recuperarlas. Se firmaron acuerdos con los Gobiernos, pero después ya no se supo nada”, lamentó.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Jorge Ochoa Orduño, coincidió en que los desplazados internos en ocasiones no solo se enfrentan a problemáticas derivadas de los grupos delincuenciales. En ocasiones también fallan las propias autoridades, apuntó, por ejemplo, que el Ministerio Público no quiera recibir denuncias.

“Por eso, desde la CEDH estamos visitando distintos albergues para ver sus necesidades. La estadística de queja de personas en contexto de movilidad se ha reducido, pero seguimos poniendo módulos en los lugares de concentración de estas personas”, señaló.

Entre los casos de agresión que ha documentado la CEDH está el de una mujer indígena mixteca de 34 años, originaria de Guerrero. 

La joven relató a la autoridad que el 22 de enero del 2024 acudió al bar “Las Pulgas”, en plena zona centro de Tijuana, y en la madrugada del siguiente día abordó un taxi libre color blanco, sin embargo, en lugar de llevarla a su domicilio, la condujo a otro lugar y la agredió sexualmente.

Al intentar huir, la mujer subió una barda, cuando llegó la policía municipal, lejos de ayudarla, la amenazaron, esposaron y la abandonaron a su suerte semidesnuda en un bulevar de alta velocidad denominado Libramiento Sur.

Incluso, la CEDH documentó la actitud agresiva, sin profesionalismo, de una agente estatal de investigación, al poner en duda la veracidad del testimonio de la mujer indígena y, por el contrario, insinuar una responsabilidad de ella en los hechos.

Este trato hostil de la autoridad dio origen a las recomendaciones 2/2025 y 3/2025 por violaciones a los derechos humanos de una mujer indígena por parte de diversas autoridades, incluyendo corporaciones policiales y de investigación.

Anuncian guías para atender a desplazados

Cuando el Colef y la OIM realizaron el estudio en Tijuana sobre el desplazamiento forzado interno, las personas encuestadas refirieron que su mayor necesidad era la orientación jurídica, después le seguían la atención psicológica y la médica.

Las personas desplazadas solicitan más apoyo directamente de las organizaciones de la sociedad civil, pero los gobiernos en los estados de la República también han reflexionado sobre el fenómeno, consideró Yolice Quero Moraur, Oficial Nacional de Protección de la OIM.

Prueba de ello son los protocolos desarrollados en Michoacán y Chihuahua, y la consulta sobre el proyecto de ley de desplazamiento realizada con las comunidades indígenas y afroamericanas en Oaxaca.

“En las reuniones que hemos tenido, particularmente en Baja California, tanto con autoridades estatales como municipales, recordamos que ya estamos a un año del cierre del Programa CBP One.

“Y creo que ha sido un cambio muy importante, porque antes la respuesta era humanitaria: la entrada al albergue, la comida, la orientación inmediata, mientras las personas estaban intentando una cita de CBP One, pero cuando esta figura ya no existe, ahora el gobierno tiene que reflexionar sobre qué tipo de servicios habrá, más allá de una primera fase humanitaria de respuesta”, detalló Quero Moraur.

Habrá que ver si se pueden brindar algunas soluciones a estas personas desplazadas internas, destacó, como posibles servicios, una integración a la sociedad o, incluso, su reubicación por razones de seguridad.

“Hicimos grupos focales en Tijuana sobre desplazamiento interno”, recordó Quero Moraur.

“Puede ser que se dé un segundo desplazamiento, y lo hay, ha sido difícil poderlo detectar, pero se da. Este segundo movimiento es voluntario, dependiendo de cada caso, por no encontrar soluciones o acceso a una integración al lugar del primer desplazamiento”, añadió.

Dio a conocer que la OIM está colaborando con autoridades del Gobierno de Baja California en el desarrollo de una guía operativa de atención a personas desplazadas, tanto por violencia como por un tema de desastres.

El especialista precisó que el trabajo ha sido junto a la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios del Estado, la Dirección Municipal de Atención al Migrante y el Consejo de Asuntos Migratorios.

“Las autoridades de Baja California están conscientes del fenómeno y sí tienen una preocupación por dar respuesta al mismo, por eso se trabaja con ellos unas primeras guías operativas.

“El trabajo tendrá que ser con las diferentes dependencias para sensibilizarlas sobre la población. Hay una situación de xenofobia entre la población general y, por otro lado, de una constante búsqueda de trabajo (por parte de los desplazados), es decir, los desplazados requieren insertarse en la sociedad”, explicó la directiva de OIM. 

Dentro de las mesas de trabajo en Baja California, hay una especializada en el acceso a la justicia.

La OIM considera que este trabajo piloto de Baja California podría replicarse en otros estados, tomando en cuenta la tarea que ya se ha hecho en algunas otras regiones de la República.

“Sería interesante, ya estamos documentando todo el proceso con Baja California: la metodología, el desglose de información, las entrevistas con enfoque diferenciado. Queremos publicar parte de los hallazgos de los grupos focales y mesas, mientras que haya voluntad política”, determinó la directiva.

La OIM trabaja en guías operativas para que las autoridades, municipales y estatales, sepan cómo reaccionar ante las necesidades de la población desplazada.

“Creemos que hace falta construir de abajo hacia arriba, y que haya un trabajo local, estatal, municipal, en este momento estamos colaborando con ellos para el desarrollo de unos lineamientos, de una guía operativa de cómo responder según la causa de desplazamiento”, anunció.

Y es que hacen falta herramientas de capacitación a servidores públicos, y reconocer que no solo la inseguridad es relevante como causal de desplazamiento, sino también los desastres, como los deslizamientos de tierra que ocurren en Tijuana.

“Así garantizamos que haya un acompañamiento distinto, un ejercicio de consulta para temas de reubicación. Los actores son distintos también dependiendo del tipo de desplazamiento interno”, detalló.

En México no hay una ley federal sobre desplazamiento interno, acotó Quero Moraur. Hay leyes a nivel estatal en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, pero más estados podrían trabajar en ella.

Pese a que Martín se encuentra un poco más estable económicamente, el miedo de contratar por equivocación a miembros de la delincuencia organizada sigue presente. Prefiere trabajar solo, dijo, pues ya que no confía en nadie.

“Más vale tener segura a mi familia, aunque gane menos (dinero) sin empleados”, sostuvo. Por seguridad, su esposa lo acompaña a trabajos de plomería y albañilería en las colonias, pero no entra en las casas, lo espera afuera, pues temen a las estafas y extorsiones de Tijuana.

Desde la entrada de Armando Carrazco a la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) han administrado la paraestatal con dispendio, favoritismos y fines electorales.

En el año 2024, cada semana durante la campaña de Erick Morales se trasladaba personal de confianza de Carrazco por órdenes de Carlos Torres Torres, a entregar un maletín de dinero para inyectarle a la campaña, así como personal en funciones que fue desplazado a la ciudad de Tijuana, cobrando aun en Mexicali, informan empleados de la CESPM que piden su anonimato.

En cuestiones laborales, fuentes de la sección Mexicali del Sindicato de Burócratas, señalan que Carrazco no ha basificado a ni un solo empleado por parte del organismo sindical; sin embargo, sí lo ha hecho con sus funcionarios.

También hay muchos empleados en nómina pero que no trabajan, los denominados “aviadores”, así como el otorgamiento de bases a amigos y familiares de Carrazco y su director administrativo, Víctor Manuel Picos Ramírez.

La mano de Carlos Torres  

Fuentes internas de la CESPM precisan que este esquema de corrupción y favoritismo se remonta a la administración de Armando Samaniego, por instrucciones de Carlos Torres, para usar la paraestatal como caja chica de Gobierno del Estado, financiadora de campañas políticas y lugar donde acomodar a su gente con cargo al erario.

A Samaniego le permitieron disponer de personal cuando lo cambiaron a la Comisión Estatal del Agua, y otorgaron bases en acuerdo con el entonces dirigente Manuel Guerrero, dicen los empleados.

Desde perfiles de trabajadores, hasta aviadores, hay quienes siguen en nómina, pero a disposición de las funciones del diputado Samaniego, declaran fuentes del organismo del agua.

Citan como ejemplo a Luis A. Valdivia, quien, según los últimos datos, está en la nómina de Zona comercial 2 en los Santorales; o Mario Gerardo Tejeda, quien está comisionado al Sindicato que dirige Guillermo Aldrete, pero nadie sabe dónde están y qué hacen, pero sí cobran.

Armando Samaniego, comenta que él asumió la dirección de la CESPM con 12 millones de pesos en caja, y la dejó con 400 millones. Además, que a su llegada la nómina representaba el 65 por ciento del presupuesto y a su salida quedó en 35 por ciento.

“La gravedad del deterioro ya no permite simulaciones: la responsable de adquisiciones, Lucia Janet Sing, utiliza al personal en horas laborales para hacer trabajos en su vivienda con cargo al organismo. O el jefe del taller mecánico, Francisco José Gómez Arce, que insulta y llama pendejos a los trabajadores a su cargo”, mencionan los empleados.

Precios inflados

Esta administración se ha caracterizado por ausencia operativa, uso político del cargo, corrupción, tráfico de influencias y un manejo en opacidad los recursos públicos.

La CESPM compró un sistema de cámaras de seguridad y equipos tecnológicos muy por arriba de precios de mercado, instalados en los edificios en acuerdo entre el subdirector administrativo, Víctor Manuel Picos Ramírez y el jefe del Área de Sistemas Tecnológicos, Francisco Javier Gallegos Báez, a través de la empresa GYO La Nube Proyectos Estratégicos, propiedad del propio Báez y del administrador del congreso, Antonio Olivas Arredondo (GYO es por Gallegos y Olivas).

Esta empresa fue acusada de fraude por 16 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Ensenada.

Una publicación del Semanario Zeta, de septiembre de 2017, da cuenta de la historia de José Antonio Olivas Arredondo, quien en aquel entonces formaba parte del comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mexicali como coordinador de redes. La nota añade que estuvo casado con Lourdes Celeste Jiménez Ruiz, y que el padre de ésta, José Carlos Jiménez Payán, era director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE), donde Olivas Arredondo se desempeñó como jefe del Departamento de Programación y Evaluación de 2002 a 2009, pero salió de ese cargo debido a una denuncia por desvío de casi 50 millones de pesos que recayó sobre Jiménez Payán, quien fue detenido y liberado gracias a un amparo.

“Al salir de CECYTE, Olivas Arredondo se acomodó en el gobierno del priista Francisco Pérez Tejada, de 2010 a 2013, como jefe del Departamento de Innovación Gubernamental”, destaca el semanario, lo que explicaría cómo llegó al cargo que hoy ostenta.

La Nube

El jefe de Tecnologías de la información, Francisco Javier Gallegos Baez se autovendió un sistema innecesario con un costo de 20 millones de pesos para la CESPM.

A través de GYO La Nube Proyectos Estratégicos y Tecnológicos de Baja California, adquirieron un programa informático que no se necesitaba, ya que actualmente existe uno funcionando que se puede mejorar y actualizar por los empleados programadores del área, informan trabajadores de la CESPM.

El nuevo y caro sistema, ni siquiera lo han podido echar a andar. Explican las fuentes anónimas que se trata de un sistema que se pretende utilizar en las oficinas recaudadoras, con funciones de cobro y facturación.

“Son varios módulos; lo compraron en agosto del año pasado se pagó la mitad (10 millones de pesos) y este año en mayo, será el pago de la otra mitad. Además, este señor es proveedor de la App de CESPM, la cual vendió por casi 1millon de pesos y le sigue haciendo modificaciones a través de su empresa y obvio cobra bastante por esos cambios”, declaran.

La empresa se llama IMEXSOFT con sede en la Ciudad de México, por cerca de 20 millones de pesos para la adquisición de un sistema de gestión comercial para organismos operadores de agua, impulsado por el actual jefe de tecnologías de la paraestatal, quien teniendo un equipo de trabajo de 20 personas en su departamento, entre quienes están desarrolladores de software, ingenieros y licenciados en sistemas, además de un sistema comercial ya existente y funcional, cobró millones por algo que aún no funciona. 071-CS-43/25 este es el número de contrato de la compra de la licencia.

El sistema actual se ha ido desarrollando y adaptando a través de años, de acuerdo con la información proporcionada, está muy completo e incluye módulos como cobros de trámites y facturas, aclaraciones, convenios, instalaciones, registro de ingresos, etc.

Gallegos Báez ha contratado personal que no se requiere en el departamento y que a su vez son trabajadores de su empresa, GYO proyectos Estratégicos y tecnológicos del noroeste de Baja California.

Gallegos Báez, con la anuencia de Carrazco, ha conseguido la contratación de su cuñada Anabell Robles Maldonado quien labora en el área de recursos humanos y su amigo Roberto Ruiz, coordinador administrativo en el Departamento de Agua y Saneamiento. También de Gisela Flores Baltazar, Gabriel Rivera Bañuelos y David Montiel, adscritos al Departamento de Tecnologías de la información.

Los basificados

La opacidad es la norma en la CESPM. No se ha rendido cuenta alguna del estado financiero ni administrativo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a pesar de múltiples solicitudes internas y ciudadanas.

Lo más grave es la estructura paralela de poder, ya que se han otorgado bases a jefaturas y subdirectores, volviéndose sindicalizados y contraviniendo con ello lo establecido en la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y del Servicio Público. Subdirectores y jefes de departamento han sido nombrados y beneficiados con base, sobre el personal operativo, en clara complicidad con el Sindicato de Burócratas, minando la legalidad y la imparcialidad en la administración. Aquí algunos ejemplos.

Laura Lizeth Velazquez Castrejon es hermana del Jefe del de Obras Ángel Salvador Velazquez Castrejon, le acaban de dar su base con 3 años de servicio cuando hay trabajadores todavía sin base con 20 o 30 años de servicio.

Josué Alejandro Gallardo Peña, subrecaudador de rentas de la oficina recaudadora zona 6 de González Ortega, le dieron su base en abril del 2025; igual a Jesús Alfredo López Villegas Jefe de la oficina de potabilización; también a Carlos Alberto Pérez Encinas Jefe de redes de Zona 9 Ciudad Morelos; y a María de Jesús Moedano, coordinadora Administrativa de la Subdirección comercial.

El subdirector Administrativo, Víctor Manuel Picos, le consiguió base a José Herrera Ruiz, jefe de la oficina de control presupuestal; y a su muy cercana Leticia Barboza Pérez, coordinadora administrativa en la Subdirección Administrativa, con apenas 1 año de servicio.

Otros basificados con poco tiempo de servicio, gracias a favores de Picos son Luis Antonio Hernández Maldonado, subdirector Técnico y David Alejandro Aguilar, supervisor de la Subdirección Administrativa.

“Hay muchos, y no hay sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, declaran los empleados.

Martha Carolina Vázquez con 3 años de servicio obtuvo su base en febrero de 2025, gracias a su amistad con Carrazco, al igual que Megan Nicole Barojas Buruel y Manuela Nazaria Tellez, quienes ya fueron basificadas.

“El sindicato tiene una lista de hijos de jubilados qué según el contrato colectivo tienen derecho a formar una bolsa de trabajo, pero el director no la respeta y simplemente la ignora a pesar de que los trabajadores presionan al sindicato, sin embargo, cada mes el director contrata a mucha gente que son los que le ayudan en sus jornadas de campaña, y los hijos de jubilados no se toman en cuenta, el sindicato está vendido es pura simulación”, dicen los trabajadores del organismo del agua.

Agregan, con razón, que el Sindicato estaría obligado a suspender los derechos sindicales a todos estos jefes durante el tiempo que duren en el cargo, ya que ellos no lo solicitaron cuando obtuvieron su puesto siendo de base y la cual no debieron otorgarles siendo jefes o teniendo personal a su cargo, ya que ellos representan al patrón y existe un conflicto de intereses.

Caos y desorganización

Con las preocupaciones que tiene Carrazco por sus amenazas del crimen organizado, quien toma las decisiones en la CESPM es Arturo César Alonso Navarro, quien hace cambios de personal, dispone de recursos, y toma decisiones a sus anchas, señalan fuentes internas.

En la subdirección técnica, hace lo mismo Ángel Salvador Velázquez Castrejón, quien ha desplazado a los ingenieros de carrera, debilitando la autoridad técnica real en la institución, que fue tomada como rehén por Carlos Torres Torres, tomando decisiones y disponiendo de sus recursos, con el pleno conocimiento de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien ha defendido la permanencia de Carrazco al frente la caja chica de Gobierno del Estado.

“El mismo director ha contratado a muchísima gente y primero los contratan como asimilados sin seguridad social, con sueldos muy bajos y los trae a todos en sus jornadas de servicio que la realidad es que es campaña política para su imagen; van a colonias, instalan funciones de cine para niños, limpian terrenos baldíos y todo eso está bien pero utiliza recursos para funciones que le corresponden al municipio y no a CESPM qué tiene tantos temas que arreglar”.

A todos esos que contrata y los trae en campaña de sus jornadas los tiene con promesas qué los va a contratar y a veces duran hasta 2 años en esa situación, remarcan las fuentes; dicen que ha inflado la nómina de gente que no se ocupa pero que ya le estuvo ayudando en sus jornadas y le siguen sirviendo.

“La CESPM, que en otras administraciones logró sostener niveles aceptables de operación y servicio, hoy se encuentra erosionada en su estructura, su credibilidad y su capacidad de respuesta. Lo que debería ser un organismo técnico y eficiente, ha sido utilizado como trampolín político, bolsa de empleos parásitos, para aliados y caja chica para gastos poco claros y electoreros”, subrayan los trabajadores.

Para dejar clara la situación financiera y el manejo de los recursos de la CESPM piden una auditoría financiera y administrativa integral; la sanción y remoción inmediata de los funcionarios involucrados; la intervención del Congreso y del Gobierno del Estado, para corregir el rumbo institucional y la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia.