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Política

Ariel Lizárraga, el oscuro personaje detrás de la estrategia de comunicación estatal

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Mediante diversos testimonios de funcionarios que han trabajado cerca de Ariel Alejandro Lizárraga Montero, se reconstruye la línea de tiempo del asesor, servidor público, comunicador y empresario que, ahora protegido por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y su marido, Carlos Torres Torres, opera la estrategia de medios en Baja California

Por Dianeth Pérez Arreola

PRIMERA PARTE

Ariel Alejandro Lizárraga Montero estudió la licenciatura en Comunicación, aunque no existe cédula profesional a su nombre. Su actividad profesional ha sido la comunicación institucional y la asesoría política. Ha sido secretario particular y asesor de políticos, director de comunicación social del Congreso local y empresario.

Llegó al PAN en los años 90’s de la mano de su mamá. Miguel Ángel Bernal, delegado en Tijuana de Comunicación de Héctor Terán en Gobierno del Estado, fue el encargado de su primera formación. Sin embargo, rompieron lazos y esa ruptura terminó en una amenaza a mano armada por parte de Ariel.

Entre 1998 y 2001 fue secretario particular del panista Francisco Vega de Lamadrid, quien años más tarde fuera gobernador del estado.

De 2001 a 2003 continuó en el Ayuntamiento de Tijuana, ahora con Jesús González Reyes como alcalde. En esta época integra un equipo de colaboradores entre los que estaban Jorge Cornejo (hoy Regina), Maricarmen Viera, Néstor Cruz, Roberto Karlo López y Abraham Salcido.

En 2004 deja a los panistas, pero no la alcaldía de Tijuana. Trabaja en el gobierno municipal del priísta Jorge Hank Rhon como subdirector de Gobierno. Su entonces protector, Fernando Castro Trenti fungía como secretario de Gobierno. Al líder panista de la época, Salvador Morales Riubí -hoy Morenista-, no le hizo gracia que “un panista” colaborara con Hank.

En los tiempos de la administración hankista, Roberto Carrillo y Ariel Lizárraga “fueron constante y anónimamente señalados por estos ‘cobros de piso’, incluso salieron a relucir nombres de algunos reporteros de diarios locales como cobradores”, indica una nota del Semanario Zeta del 7 de marzo del 2014.

De acuerdo con fuentes entrevistadas, Lizárraga Montero fue el artífice de la candidatura del comunicador Fernando del Monte para la presidencia municipal de Tijuana en las elecciones de 2007 y que ésta siguiera en manos del PRI. Pero el periodista de Televisa Tijuana pierde por poco margen y Lizárraga Montero se va a trabajar con el ganador de la contienda, el panista Jorge Ramos, como su asesor.

Información proporcionada por un exfuncionario precisa que en la administración de Ramos, Lizárraga Montero era el encargado de recolectar el dinero de los ‘aguajes’, con lo que “financiaban” a periodistas aliados y se quedaba con un porcentaje de esos recursos.

El 2 de octubre del 2010 se aprueba por unanimidad su entrada como titular de Comunicación en el Congreso del Estado. Cabe destacar que la XX Legislatura es la que más dinero ha dispuesto para Comunicación y la menos transparente con el destino de los recursos. Fue con él que empiezan los presupuestos millonarios para contratos con medios de comunicación, pues hasta la XIX legislatura se disponía de una cantidad mínima que se utilizaba para esquelas, felicitaciones y otras publicaciones que no tenían nada que ver con contratos de publicidad en medios.

Según algunos entrevistados para este reportaje, la cantidad de la que dispuso Lizárraga Montero ronda los 200 millones de pesos, la que más presupuesto ha tenido hasta la fecha. Una nota del semanario Zeta cuenta sobre los acuerdos con varios medios y periodistas a su servicio. Su salario en el congreso era de 87 mil 619 pesos al mes, más el porcentaje que “pellizcaba” a los contratos de publicidad.

Es por las influencias del senador Fernando Castro Trenti que Lizárraga Montero asume el cargo de titular de Comunicación del Congreso, y utiliza el presupuesto de esa área como la caja chica para la campaña del “Diablo”, quien ya tenía claro su próximo paso en la política: la gubernatura.

Ariel Lizárraga junto a Néstor Cruz, viendo con el gabinete estatal un partido de futbol.

Edecanes y denuncias

Hay testimonios que relatan que Lizárraga Montero tenía a varias bellas edecanes trabajando para él en su etapa de director de Comunicación del Congreso del Estado; hay versiones que apuntan a que en ese tiempo tenía una agencia de modelos. Algunas de las jóvenes tenían prohibido salir de su oficina y nadie tenía claro qué funciones realizaban. “Si quieres putas, te las pagas tu”, lo enfrentó una funcionaria. Finalmente, y tras resistirse a la decisión, Ariel da de baja a las edecanes.

Una de esas jóvenes fue motivo de un pleito entre Lizárraga Montero y el diputado Elí Topete. El legislador la reasigna a su servicio, lo que molesta al director de comunicación y ocasiona pleitos y discusiones al interior del congreso. Topete termina casándose con ella.

En marzo del 2011 una joven psicóloga denuncia a Lizárraga Montero por hostigamiento sexual (Expediente 1838/11/311/AP). La conoce cuando entrevista a varias mujeres buscando una coordinadora de eventos para Castro Trenti, lo cual reafirma el hecho de que trabajaba para el Congreso y para el entonces senador. El acusado nunca se presenta a declarar; mediante diversas pruebas se asienta el daño psicológico a la víctima, quien nunca recibe justicia, pues tras más de tres años declaran extinguida la acción penal por haber trascurrido el tiempo legal.

El verano del 2012 sucede el caso penal más grave: la acusación de violación a una menor de 12 años (Expediente 1141/12/202/AP). Las pruebas psicológicas aplicadas a la joven víctima muestran que hay daño, sin embargo, hay fuertes indicadores de que se llegó a un acuerdo económico con la madre de la menor, y se busca otra persona que repita las pruebas y que determine que no hubo tal afectación.   

El acusado deja su cargo en el Congreso del Estado para “resolver” sus asuntos con la justicia, y deja de encargado de despacho a Fernando del Monte, el subdirector. La ruta de escape para evadir la justicia y asentarla como versión oficial, es que la víctima se desdice de la acusación; que todo fue un invento.

Según estudios sobre la retractación de menores de edad en casos de abuso sexual, es en esta etapa donde necesitan mayor atención por parte de jueces, fiscales, abogados y todos quienes participan en el sistema de justicia, pues “a menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella”, dice una investigación sobre abuso sexual infantil escrita por Romina Monteleone.

El depuesto funcionario se encarga entonces de anunciar que tiene una lista de quienes investigaron y publicaron sobre el caso, y que su venganza no se hará esperar.

Al año siguiente, el 19 de febrero de 2013 remueven del cargo de Director de Comunicación Social del Congreso del Estado de Baja California a Ariel, con 14 votos a favor y 5 en contra, según un documento de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso, aunque el mismo documento también menciona que se trató de una renuncia.

Unos días antes, Castro Trenti anuncia su participación en las elecciones de 2013, cuando es nombrado por el PRI como candidato a la gubernatura de Baja California, y Lizárraga Montero se va con él a la campaña.

Una nota de la época, narra los métodos de Lizárraga Montero para controlar a la prensa. Ante las críticas internas en el tricolor sobre la cercanía de Ariel y Castro Trenti y la dañada reputación del asesor tras el asunto de la menor de edad, el “Diablo” retira a su asesor de su círculo cercano.

Una columna de Infobaja de 2013, señala el ya conocido modus operandi de Lizárraga Montero: “Desde hacía tiempo que la presencia de Arielito le venía haciendo daño al aspirante a la gubernatura debido a su total carencia de tacto y querer arreglar todo a punta de billetes y amenazas”. Castro Trenti pierde ante el panista Francisco Vega de Lamadrid.

En 2015 Lizárraga Montero se encarga de la comunicación en la gestión de Chris López Alvarado como presidente del PRI en Baja California, quien es ahijado de Manlio Fabio Beltrones, en aquel momento presidente nacional del tricolor y entre cuyas lealtades estaba la de Fernando Castro Trenti.

Es en ese tiempo cuando se lleva a cabo la “Operación Safiro”, un desvío de 250 millones de pesos para las campañas políticas intermedias de 2015 y las estatales de 2016 del partido tricolor, a la que finalmente el Tribunal Electoral Federal le dio carpetazo a inicios de julio de 2023.

Esa cercanía e influencias en el tricolor le permite a Ariel maniobrar para lograr el nombramiento de otro comunicador de televisión, Antonio Magaña, como candidato a la alcaldía de Mexicali, a quien en aquel entonces le unía un lazo de amistad.

Según testimonios de algunos periodistas, Magaña se habría enterado tras perder las elecciones y distanciarse de Ariel, que los apoyos económicos enviados por él durante la campaña a algunos reporteros por medio de Lizárraga Montero, nunca llegaron.

A inicios de 2019, Ariel se va a la campaña de Mario Escobedo Carignan para la alcaldía de Tijuana. Una columna de La Voz de la Frontera da cuenta del hecho. Carignan es muy amigo de Castro Trenti, y es él quien le arma el equipo de campaña, integrado además por Cornejo, René Molina y Daniel Romero Mejía. Lizárraga Montero también fue asesor del regidor Eligio Valencia hijo, en el Ayuntamiento de Tijuana.

Néstor Cruz trabajó con Ariel desde que tenía una pequeña boutique de vinos en el Valle de Guadalupe.

El empresario

Lizárraga Montero al parecer cuenta con una mansión en Tijuana que no aparece entre los bienes que pueden encontrarse a su nombre en el Registro Público de la Propiedad. Lo que sí aparece son tres propiedades en un fraccionamiento privado en Playas de Rosarito, 25 hectáreas en Valle Seco, en Ensenada, y una vinícola en el Valle de Guadalupe.

Algunos vinicultores de la zona recuerdan su pequeña boutique de vinos, en la que trabajaba Néstor Cruz, ahora director de Comunicación de Gobierno del Estado.

En el verano de 2018, una nota de AFN cuenta sobre los vinos de Hacienda Montero, servidos en una fiesta de cumpleaños de Eligio Valencia Roque, a la que acudieron Nancy Sánchez, Jaime Bonilla y Alejandro Arregui, entre otros. 

Incómoda se ha de haber sentido Nancy Sánchez al saber la procedencia del vino. Según un testimonio, en una de las posadas del Congreso en la XX Legislatura, cuando a Ariel se le pasaron las copas y empezó a decirle vulgaridades de tipo sexual por lo que se lo tuvieron que llevar del lugar y esto marcó un antes y un después en las simpatías de la entonces diputada, quien tiempo después es una de las que mete presión para que Lizárraga sea despedido de la campaña de Castro Trenti. 

Hacienda Montero ganó como “la vinícola del año en Baja California” en la novena edición del New York International Wine Competition en 2019. Coincidentemente, la cadena comercial Calimax comenzó a distribuir los vinos de la casa Montero cuando inicia la administración de Ávila Olmeda, en 2021.

Vitivinicultores del Valle de Guadalupe refieren que Lizárraga Montero es actualmente un elemento de división entre ellos y un obstáculo para llegar a la gobernadora.

Hay dos grupos en aquella zona; los grandes nombres, quienes son quien más tiempo tienen en el negocio, y los nuevos empresarios del vino. A este último pertenece Ariel porque nunca ha sido aceptado entre la élite vitivinícola. Por este motivo se ha encargado de bloquear la comunicación entre ellos y la titular del ejecutivo.

El 13 de agosto pasado la gobernadora tuvo una reunión con ellos, quienes están en Provino y habría una cena de acercamiento, pero al final al parecer solo acudió a la cena Carlos Torres Torres sin la gobernadora.

Reunión con miembros de Provino en el Valle de Guadalupe. Crédito: Gobierno del Estado.

Al amparo de Carlos Torres

Tras su regreso de Argentina, Suiza y Lichtenstein, donde fue embajador de México de 2014 a 2018, Castro Trenti cambia de colores y se va a trabajar como el principal asesor de Mario Delgado, diputado del Congreso de la Unión y luego dirigente nacional de Morena.  Delgado es también padrino político de Marina del Pilar Avila Olmeda, a quien debe su meteórica carrera en la política.

Lizárraga Montero se enquista en la campaña de Avila Olmeda a la gubernatura a invitación de Carlos Torres Torres, expanista hoy morenista que se casó con la gobernadora días antes de que asumiera la alcaldía de Mexicali.

La relación de Carlos Torres con Lizárraga Montero se originó en el gobierno municipal de Francisco Vega de Lamadrid, donde el esposo de la mandataria era entonces director del Programa Municipal de Juventud.

En marzo de 2021 trasciende la colaboración de Lizárraga Montero en la campaña de Avila Olmeda al circular una fotografía de Carlos Torres y Ariel Lizárraga juntos, en el evento de “despedida” de la alcaldía mexicalense, a donde fueron convocados medios de todo el estado.

Carlos Torres y Ariel Lizárraga en la despedida de Marina como alcaldesa.

Para julio de ese año, se hablaba de una guerra interna por quedarse con el área de Comunicación de Gobierno del Estado. Por un lado la dupla Nestor Cruz/Ariel Lizárraga y por el otro, Edgar Covarrubias, quien era el favorito al haber acompañado a Avila Olmeda en Comunicación en el Ayuntamiento de Mexicali. Mediante acusaciones de orquestar campañas negras en su contra, Lizárraga Montero quita de en medio a Covarrubias y éste es enviado a apoyar a la próxima alcaldesa, Norma Bustamante.

Había obvias razones para no nombrar a Lizárraga Montero como director de Comunicación Social en el gobierno marinista. La reputación por el asunto del abuso sexual y la oscura manera en que opera los medios, lo mantienen en las sombras. El titular del cargo es su pupilo Néstor Cruz, pero el que da las órdenes es él.

En los primeros días de la presente administración hubo varios desencuentros entre periodistas y los nóveles funcionarios, como el impedir tomar fotografías a los reporteros gráficos.

A casi dos años de gobierno, son comunes las preguntas sembradas a los reporteros aliados, las amenazas para con quien tienen contratos de publicidad y las campañas negras a quienes les resultan incómodos.

Por ejemplo, en el reciente desalojo de los productores de trigo del Centro Cívico de Mexicali, Néstor Cruz mediante varias llamadas telefónicas pidió a algunos reporteros “no hacer más grande la nota”. Los trigueros fueron desalojados con la fuerza pública, previo engaño relativo a la presencia de una bomba en el Poder Ejecutivo.

La lista de periodistas aliados de Néstor y Ariel es larga. Desde el área de Comunicación y en ocasiones ordenando se haga vía Congreso del Estado se apoya con sumas mensuales a varios comunicadores incondicionales, a quienes también les pasan la cuenta del porcentaje de rigor que se lleva Ariel.

Es el caso del contrato publicitario con el difusor de contenido Víctor Lagunas, personaje repudiado por el gremio que cuenta con antecedentes penales y repetidos actos donde muestra prepotencia y falta de ética, pero que a su protector Carlos Torres y a la gobernadora poco les interesa mientras sirva a sus fines. 

Lagunas llegó a un acuerdo con Carlos Torres en la campaña por la suma de 600 mil pesos. Torres se los mandó con Ariel, pero solo le llegaron 400 mil. Tras quejarse con el esposo de la gobernadora, Ariel tuvo que regresarle los 200 mil de “comisión”. Lagunas todavía tiene un acuerdo publicitario, del cual no se conocen detalles al no consignar esta información en el portal de transparencia, como es obligación, ni contestar las solicitudes enviadas, pues solo respondieron enviando una parte de los contratos.

En un ejemplo más reciente, de acuerdo con un testimonio anónimo, los propietarios de empresas radiodifusoras se quejaron de la “comisión” que les quitaba Ariel de sus contratos. Decidieron quejarse con la gobernadora, quien ordenó atender el asunto. Lizárraga Montero “regañó” a los empresarios por exhibirlo, y al final nada cambió. El enojo de Avila Olmeda fue actuado o Ariel actúa por la libre.

Esta reportera realizó una solicitud de transparencia (folio 021177321000036) pidiendo información sobre el cargo, responsabilidades y salario de Lizárraga Montero, la cual fue contestada pero no respondida, por lo que se interpuso una queja. Solo se proporciona una liga a una página general de la Plataforma de Transparencia.

Estatal

Familia Thompson se deslinda de huachicol y señala a Ruffo y Valdez

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A través de un posicionamiento público difundido en redes sociales, Haru Thompson Navarro aseguró que su familia enfrenta una situación “muy difícil” derivada de las investigaciones relacionadas con el caso de presunto huachicol fiscal, en el que recientemente fue detenido su hermano y se giró una orden de aprehensión contra su padre.

En el mensaje, Thompson Navarro señaló que durante años consideró al exgobernador Ernesto Ruffo Appel como “una buena persona”, aunque afirmó que con el tiempo esa percepción cambió. Explicó que fue su padre quien buscó a Ruffo para desarrollar un nuevo proyecto empresarial y que éste los puso en contacto con José Merino Valdez Cuervo. A partir de esa reunión, dijo, se constituyó una empresa a la que posteriormente se incorporó Ruffo Appel como socio.

De acuerdo con su versión, tiempo después su padre y su hermano fueron despojados de sus acciones dentro de la empresa y, además, el objeto social de la compañía fue modificado sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que realmente ocurría.

Haru Thompson afirmó que su familia intentó emprender acciones legales; sin embargo, desistieron debido a que el costo económico y el tiempo que implicaba un litigio eran prácticamente inalcanzables.

Agregó que hace dos años, cuando salió a la luz pública el caso del presunto huachicol fiscal, apareció el nombre de INGEMAR, lo que, según dijo, provocó afectaciones a las empresas de su familia y los obligó a realizar un largo proceso para demostrar que no tenían relación con las actividades investigadas.

En el posicionamiento sostuvo que la situación derivó en la detención de su hermano y en una orden de aprehensión contra su padre. Aseguró que ninguno de los integrantes de su familia ha participado en el negocio investigado y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia, permitirá la liberación de su hermano y dejará sin efecto la orden de captura contra su padre.

Asimismo, manifestó que desea que la ley se aplique contra quienes resulten responsables, mencionando específicamente a Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, “si las autoridades determinan que así corresponde”.

Finalmente, recordó que su familia llegó a Ensenada en 1986 y que durante décadas construyó su patrimonio mediante el trabajo y el esfuerzo. Señaló que ese patrimonio se ha visto afectado por decisiones ajenas a ellos y reiteró su confianza en que los hechos terminarán por esclarecerse conforme avancen las investigaciones.

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Columna

Algo cada día: El teatro del absurdo

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COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.

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Estatal

Dictan prisión preventiva a Ruffo tras kilométrica audiencia

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Luego de una audiencia que se prolongó por más de un día y concluyó este domingo, un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, así como a otros siete imputados, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de importación ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.

Tras diversos recesos y un debate que se extendió por más de 24 horas, el juez determinó imponer prisión preventiva a Ernesto “N”, exmandatario bajacaliforniano, así como a Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.

En tanto, José María “N” y Guillermo “N” enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Al concluir la etapa inicial de la audiencia, las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.

De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La autoridad federal sostiene que la red investigada habría operado mediante un esquema de contrabando de hidrocarburos, consistente en introducir combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes a los realmente transportados o declarando los cargamentos como productos distintos para evadir el pago de impuestos.

Según la Fiscalía, este tipo de operaciones ocasiona un daño económico al erario y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

La FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal únicamente podrá determinarse mediante una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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