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Política

Ariel Lizárraga, el oscuro personaje detrás de la estrategia de comunicación estatal

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Mediante diversos testimonios de funcionarios que han trabajado cerca de Ariel Alejandro Lizárraga Montero, se reconstruye la línea de tiempo del asesor, servidor público, comunicador y empresario que, ahora protegido por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y su marido, Carlos Torres Torres, opera la estrategia de medios en Baja California

Por Dianeth Pérez Arreola

PRIMERA PARTE

Ariel Alejandro Lizárraga Montero estudió la licenciatura en Comunicación, aunque no existe cédula profesional a su nombre. Su actividad profesional ha sido la comunicación institucional y la asesoría política. Ha sido secretario particular y asesor de políticos, director de comunicación social del Congreso local y empresario.

Llegó al PAN en los años 90’s de la mano de su mamá. Miguel Ángel Bernal, delegado en Tijuana de Comunicación de Héctor Terán en Gobierno del Estado, fue el encargado de su primera formación. Sin embargo, rompieron lazos y esa ruptura terminó en una amenaza a mano armada por parte de Ariel.

Entre 1998 y 2001 fue secretario particular del panista Francisco Vega de Lamadrid, quien años más tarde fuera gobernador del estado.

De 2001 a 2003 continuó en el Ayuntamiento de Tijuana, ahora con Jesús González Reyes como alcalde. En esta época integra un equipo de colaboradores entre los que estaban Jorge Cornejo (hoy Regina), Maricarmen Viera, Néstor Cruz, Roberto Karlo López y Abraham Salcido.

En 2004 deja a los panistas, pero no la alcaldía de Tijuana. Trabaja en el gobierno municipal del priísta Jorge Hank Rhon como subdirector de Gobierno. Su entonces protector, Fernando Castro Trenti fungía como secretario de Gobierno. Al líder panista de la época, Salvador Morales Riubí -hoy Morenista-, no le hizo gracia que “un panista” colaborara con Hank.

En los tiempos de la administración hankista, Roberto Carrillo y Ariel Lizárraga “fueron constante y anónimamente señalados por estos ‘cobros de piso’, incluso salieron a relucir nombres de algunos reporteros de diarios locales como cobradores”, indica una nota del Semanario Zeta del 7 de marzo del 2014.

De acuerdo con fuentes entrevistadas, Lizárraga Montero fue el artífice de la candidatura del comunicador Fernando del Monte para la presidencia municipal de Tijuana en las elecciones de 2007 y que ésta siguiera en manos del PRI. Pero el periodista de Televisa Tijuana pierde por poco margen y Lizárraga Montero se va a trabajar con el ganador de la contienda, el panista Jorge Ramos, como su asesor.

Información proporcionada por un exfuncionario precisa que en la administración de Ramos, Lizárraga Montero era el encargado de recolectar el dinero de los ‘aguajes’, con lo que “financiaban” a periodistas aliados y se quedaba con un porcentaje de esos recursos.

El 2 de octubre del 2010 se aprueba por unanimidad su entrada como titular de Comunicación en el Congreso del Estado. Cabe destacar que la XX Legislatura es la que más dinero ha dispuesto para Comunicación y la menos transparente con el destino de los recursos. Fue con él que empiezan los presupuestos millonarios para contratos con medios de comunicación, pues hasta la XIX legislatura se disponía de una cantidad mínima que se utilizaba para esquelas, felicitaciones y otras publicaciones que no tenían nada que ver con contratos de publicidad en medios.

Según algunos entrevistados para este reportaje, la cantidad de la que dispuso Lizárraga Montero ronda los 200 millones de pesos, la que más presupuesto ha tenido hasta la fecha. Una nota del semanario Zeta cuenta sobre los acuerdos con varios medios y periodistas a su servicio. Su salario en el congreso era de 87 mil 619 pesos al mes, más el porcentaje que “pellizcaba” a los contratos de publicidad.

Es por las influencias del senador Fernando Castro Trenti que Lizárraga Montero asume el cargo de titular de Comunicación del Congreso, y utiliza el presupuesto de esa área como la caja chica para la campaña del “Diablo”, quien ya tenía claro su próximo paso en la política: la gubernatura.

Ariel Lizárraga junto a Néstor Cruz, viendo con el gabinete estatal un partido de futbol.

Edecanes y denuncias

Hay testimonios que relatan que Lizárraga Montero tenía a varias bellas edecanes trabajando para él en su etapa de director de Comunicación del Congreso del Estado; hay versiones que apuntan a que en ese tiempo tenía una agencia de modelos. Algunas de las jóvenes tenían prohibido salir de su oficina y nadie tenía claro qué funciones realizaban. “Si quieres putas, te las pagas tu”, lo enfrentó una funcionaria. Finalmente, y tras resistirse a la decisión, Ariel da de baja a las edecanes.

Una de esas jóvenes fue motivo de un pleito entre Lizárraga Montero y el diputado Elí Topete. El legislador la reasigna a su servicio, lo que molesta al director de comunicación y ocasiona pleitos y discusiones al interior del congreso. Topete termina casándose con ella.

En marzo del 2011 una joven psicóloga denuncia a Lizárraga Montero por hostigamiento sexual (Expediente 1838/11/311/AP). La conoce cuando entrevista a varias mujeres buscando una coordinadora de eventos para Castro Trenti, lo cual reafirma el hecho de que trabajaba para el Congreso y para el entonces senador. El acusado nunca se presenta a declarar; mediante diversas pruebas se asienta el daño psicológico a la víctima, quien nunca recibe justicia, pues tras más de tres años declaran extinguida la acción penal por haber trascurrido el tiempo legal.

El verano del 2012 sucede el caso penal más grave: la acusación de violación a una menor de 12 años (Expediente 1141/12/202/AP). Las pruebas psicológicas aplicadas a la joven víctima muestran que hay daño, sin embargo, hay fuertes indicadores de que se llegó a un acuerdo económico con la madre de la menor, y se busca otra persona que repita las pruebas y que determine que no hubo tal afectación.   

El acusado deja su cargo en el Congreso del Estado para “resolver” sus asuntos con la justicia, y deja de encargado de despacho a Fernando del Monte, el subdirector. La ruta de escape para evadir la justicia y asentarla como versión oficial, es que la víctima se desdice de la acusación; que todo fue un invento.

Según estudios sobre la retractación de menores de edad en casos de abuso sexual, es en esta etapa donde necesitan mayor atención por parte de jueces, fiscales, abogados y todos quienes participan en el sistema de justicia, pues “a menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella”, dice una investigación sobre abuso sexual infantil escrita por Romina Monteleone.

El depuesto funcionario se encarga entonces de anunciar que tiene una lista de quienes investigaron y publicaron sobre el caso, y que su venganza no se hará esperar.

Al año siguiente, el 19 de febrero de 2013 remueven del cargo de Director de Comunicación Social del Congreso del Estado de Baja California a Ariel, con 14 votos a favor y 5 en contra, según un documento de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso, aunque el mismo documento también menciona que se trató de una renuncia.

Unos días antes, Castro Trenti anuncia su participación en las elecciones de 2013, cuando es nombrado por el PRI como candidato a la gubernatura de Baja California, y Lizárraga Montero se va con él a la campaña.

Una nota de la época, narra los métodos de Lizárraga Montero para controlar a la prensa. Ante las críticas internas en el tricolor sobre la cercanía de Ariel y Castro Trenti y la dañada reputación del asesor tras el asunto de la menor de edad, el “Diablo” retira a su asesor de su círculo cercano.

Una columna de Infobaja de 2013, señala el ya conocido modus operandi de Lizárraga Montero: “Desde hacía tiempo que la presencia de Arielito le venía haciendo daño al aspirante a la gubernatura debido a su total carencia de tacto y querer arreglar todo a punta de billetes y amenazas”. Castro Trenti pierde ante el panista Francisco Vega de Lamadrid.

En 2015 Lizárraga Montero se encarga de la comunicación en la gestión de Chris López Alvarado como presidente del PRI en Baja California, quien es ahijado de Manlio Fabio Beltrones, en aquel momento presidente nacional del tricolor y entre cuyas lealtades estaba la de Fernando Castro Trenti.

Es en ese tiempo cuando se lleva a cabo la “Operación Safiro”, un desvío de 250 millones de pesos para las campañas políticas intermedias de 2015 y las estatales de 2016 del partido tricolor, a la que finalmente el Tribunal Electoral Federal le dio carpetazo a inicios de julio de 2023.

Esa cercanía e influencias en el tricolor le permite a Ariel maniobrar para lograr el nombramiento de otro comunicador de televisión, Antonio Magaña, como candidato a la alcaldía de Mexicali, a quien en aquel entonces le unía un lazo de amistad.

Según testimonios de algunos periodistas, Magaña se habría enterado tras perder las elecciones y distanciarse de Ariel, que los apoyos económicos enviados por él durante la campaña a algunos reporteros por medio de Lizárraga Montero, nunca llegaron.

A inicios de 2019, Ariel se va a la campaña de Mario Escobedo Carignan para la alcaldía de Tijuana. Una columna de La Voz de la Frontera da cuenta del hecho. Carignan es muy amigo de Castro Trenti, y es él quien le arma el equipo de campaña, integrado además por Cornejo, René Molina y Daniel Romero Mejía. Lizárraga Montero también fue asesor del regidor Eligio Valencia hijo, en el Ayuntamiento de Tijuana.

Néstor Cruz trabajó con Ariel desde que tenía una pequeña boutique de vinos en el Valle de Guadalupe.

El empresario

Lizárraga Montero al parecer cuenta con una mansión en Tijuana que no aparece entre los bienes que pueden encontrarse a su nombre en el Registro Público de la Propiedad. Lo que sí aparece son tres propiedades en un fraccionamiento privado en Playas de Rosarito, 25 hectáreas en Valle Seco, en Ensenada, y una vinícola en el Valle de Guadalupe.

Algunos vinicultores de la zona recuerdan su pequeña boutique de vinos, en la que trabajaba Néstor Cruz, ahora director de Comunicación de Gobierno del Estado.

En el verano de 2018, una nota de AFN cuenta sobre los vinos de Hacienda Montero, servidos en una fiesta de cumpleaños de Eligio Valencia Roque, a la que acudieron Nancy Sánchez, Jaime Bonilla y Alejandro Arregui, entre otros. 

Incómoda se ha de haber sentido Nancy Sánchez al saber la procedencia del vino. Según un testimonio, en una de las posadas del Congreso en la XX Legislatura, cuando a Ariel se le pasaron las copas y empezó a decirle vulgaridades de tipo sexual por lo que se lo tuvieron que llevar del lugar y esto marcó un antes y un después en las simpatías de la entonces diputada, quien tiempo después es una de las que mete presión para que Lizárraga sea despedido de la campaña de Castro Trenti. 

Hacienda Montero ganó como “la vinícola del año en Baja California” en la novena edición del New York International Wine Competition en 2019. Coincidentemente, la cadena comercial Calimax comenzó a distribuir los vinos de la casa Montero cuando inicia la administración de Ávila Olmeda, en 2021.

Vitivinicultores del Valle de Guadalupe refieren que Lizárraga Montero es actualmente un elemento de división entre ellos y un obstáculo para llegar a la gobernadora.

Hay dos grupos en aquella zona; los grandes nombres, quienes son quien más tiempo tienen en el negocio, y los nuevos empresarios del vino. A este último pertenece Ariel porque nunca ha sido aceptado entre la élite vitivinícola. Por este motivo se ha encargado de bloquear la comunicación entre ellos y la titular del ejecutivo.

El 13 de agosto pasado la gobernadora tuvo una reunión con ellos, quienes están en Provino y habría una cena de acercamiento, pero al final al parecer solo acudió a la cena Carlos Torres Torres sin la gobernadora.

Reunión con miembros de Provino en el Valle de Guadalupe. Crédito: Gobierno del Estado.

Al amparo de Carlos Torres

Tras su regreso de Argentina, Suiza y Lichtenstein, donde fue embajador de México de 2014 a 2018, Castro Trenti cambia de colores y se va a trabajar como el principal asesor de Mario Delgado, diputado del Congreso de la Unión y luego dirigente nacional de Morena.  Delgado es también padrino político de Marina del Pilar Avila Olmeda, a quien debe su meteórica carrera en la política.

Lizárraga Montero se enquista en la campaña de Avila Olmeda a la gubernatura a invitación de Carlos Torres Torres, expanista hoy morenista que se casó con la gobernadora días antes de que asumiera la alcaldía de Mexicali.

La relación de Carlos Torres con Lizárraga Montero se originó en el gobierno municipal de Francisco Vega de Lamadrid, donde el esposo de la mandataria era entonces director del Programa Municipal de Juventud.

En marzo de 2021 trasciende la colaboración de Lizárraga Montero en la campaña de Avila Olmeda al circular una fotografía de Carlos Torres y Ariel Lizárraga juntos, en el evento de “despedida” de la alcaldía mexicalense, a donde fueron convocados medios de todo el estado.

Carlos Torres y Ariel Lizárraga en la despedida de Marina como alcaldesa.

Para julio de ese año, se hablaba de una guerra interna por quedarse con el área de Comunicación de Gobierno del Estado. Por un lado la dupla Nestor Cruz/Ariel Lizárraga y por el otro, Edgar Covarrubias, quien era el favorito al haber acompañado a Avila Olmeda en Comunicación en el Ayuntamiento de Mexicali. Mediante acusaciones de orquestar campañas negras en su contra, Lizárraga Montero quita de en medio a Covarrubias y éste es enviado a apoyar a la próxima alcaldesa, Norma Bustamante.

Había obvias razones para no nombrar a Lizárraga Montero como director de Comunicación Social en el gobierno marinista. La reputación por el asunto del abuso sexual y la oscura manera en que opera los medios, lo mantienen en las sombras. El titular del cargo es su pupilo Néstor Cruz, pero el que da las órdenes es él.

En los primeros días de la presente administración hubo varios desencuentros entre periodistas y los nóveles funcionarios, como el impedir tomar fotografías a los reporteros gráficos.

A casi dos años de gobierno, son comunes las preguntas sembradas a los reporteros aliados, las amenazas para con quien tienen contratos de publicidad y las campañas negras a quienes les resultan incómodos.

Por ejemplo, en el reciente desalojo de los productores de trigo del Centro Cívico de Mexicali, Néstor Cruz mediante varias llamadas telefónicas pidió a algunos reporteros “no hacer más grande la nota”. Los trigueros fueron desalojados con la fuerza pública, previo engaño relativo a la presencia de una bomba en el Poder Ejecutivo.

La lista de periodistas aliados de Néstor y Ariel es larga. Desde el área de Comunicación y en ocasiones ordenando se haga vía Congreso del Estado se apoya con sumas mensuales a varios comunicadores incondicionales, a quienes también les pasan la cuenta del porcentaje de rigor que se lleva Ariel.

Es el caso del contrato publicitario con el difusor de contenido Víctor Lagunas, personaje repudiado por el gremio que cuenta con antecedentes penales y repetidos actos donde muestra prepotencia y falta de ética, pero que a su protector Carlos Torres y a la gobernadora poco les interesa mientras sirva a sus fines. 

Lagunas llegó a un acuerdo con Carlos Torres en la campaña por la suma de 600 mil pesos. Torres se los mandó con Ariel, pero solo le llegaron 400 mil. Tras quejarse con el esposo de la gobernadora, Ariel tuvo que regresarle los 200 mil de “comisión”. Lagunas todavía tiene un acuerdo publicitario, del cual no se conocen detalles al no consignar esta información en el portal de transparencia, como es obligación, ni contestar las solicitudes enviadas, pues solo respondieron enviando una parte de los contratos.

En un ejemplo más reciente, de acuerdo con un testimonio anónimo, los propietarios de empresas radiodifusoras se quejaron de la “comisión” que les quitaba Ariel de sus contratos. Decidieron quejarse con la gobernadora, quien ordenó atender el asunto. Lizárraga Montero “regañó” a los empresarios por exhibirlo, y al final nada cambió. El enojo de Avila Olmeda fue actuado o Ariel actúa por la libre.

Esta reportera realizó una solicitud de transparencia (folio 021177321000036) pidiendo información sobre el cargo, responsabilidades y salario de Lizárraga Montero, la cual fue contestada pero no respondida, por lo que se interpuso una queja. Solo se proporciona una liga a una página general de la Plataforma de Transparencia.

Estatal

PAN propone hasta 140 años de prisión para “narcopolíticos”

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La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.

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Estatal

Pide CCE traducir compromisos del 2do informe en beneficios reales

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Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.

El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.

A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.

Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.

Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.

También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.

En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.

Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.

Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.

La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.

“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.

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Estatal

PRI acusa al IEEBC de retrasar investigación contra Julieta y favorecer a Morena

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Esta mañana el representante jurídico del CDE del PRI, Joel Blas, cuestionó la actuación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ante el retraso en la atención de una denuncia relacionada con presuntos actos anticipados de campaña por parte de la senadora con licencia Julieta Ramírez.

Señaló que la denuncia fue presentada desde el pasado 9 de abril y que fue hasta ayer 1 de septiembre cuando el organismo electoral abordó el tema de las medidas cautelares, casi cinco meses después.

Explicó que dichas medidas contemplan el retiro de mantas, bardas y contenidos de algunos sitios de internet, pero responsabilizó al IEEBC de no haber actuado oportunamente; aseguró que el instituto comenzó a atender el caso luego de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado lo obligara a hacerlo, determinación que, dijo, fue ratificada por la Sala Guadalajara.
Para concluir Joel Blas adelantó que el partido está a la espera de ser notificados con respecto a las medidas cautelares y como sospechan que Morena impugnara la decisión, por lo que estarán al pendiente.

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