El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragoso, informó que entrarán gradualmente en el Nuevo Sistema de Justicia Oral, Civil y Familiar, que entrará de lleno en el 2027. Como parte de ese proceso, presentaron hoy 14 vehículos que serán para las actividades de los actuarios de Ensenada y Playas de Rosarito, que representó una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Las unidades cuentan con geolocalizador, y a los actuarios se les da una tableta en la que llenan los datos y ese mismo día se descarga el expediente, explicó el funcionario en una atención a medios.

En Tijuana a un año, van 43 mil notificaciones realizadas por los funcionarios ejecutores sin necesidad de que vayan los abogados, señaló y está proyectado que siga Mexicali para el 2026 en este nuevo sistema, dijo.

Sobre la infraestructura que necesitan recordó que en Playas de Rosarito están construyendo un edificio que lleva 60 por ciento de avance, mientras que en Mexicali están en pláticas con Gobierno del Estado analizando la posibilidad de irse a la zona centro de la ciudad para la materia familiar.

Corrupción en Tijuana

Fragoso declaró que fueron removidos “cuatro o cinco” actuarios en Tijuana -en todo el estado son cerca de 400-, contra los que oficiosamente iniciaron procedimientos, y el tipo de conducta inapropiada era que el actuario daba cita y los abogados les daban “propina”. El suelo de los actuarios es de unos 34 mil pesos al mes, agregó.

Transparencia

Sobre la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, apuntó que no se va a perder el derecho a la transparencia, solo van a pasar sus funcionaes a otras áreas. En el caso del Poder Judicial va a pasar a la contraloría, añadió.

“Ustedes van saber exactamente tal cual, dónde se gasta, cómo se gasta, solo les va a responder un órgano distinto”, opinó. ¿Las instancias de gobiernos serán juez y parte?, se le preguntó. “Probablemente se pueda interpretar de esa manera, sí”, respondió.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California justificó el gasto de casi medio millón de pesos para la renta de un palco en el estadio de beisbol “El Nido” como incentivo para los empleados.

“Hemos realizado algunos incentivos, les aumentamos 150 por ciento el bono de puntualidad, los hemos comisionado a alguna otra área, les hemos puesto un consultorio médico en cada edificio; no podemos subirle el sueldo a todos, somos 3 mil 380 empleados y hay que buscar incentivarlos de manera distinta”, comentó.

¿Cuántas personas caben en un palco?, se le cuestionó, a lo que respondió que caben 20, y que aunque él no es de Mexicali, “a la gente de Mexicali le gusta”.

Explicó que hicieron un rol para que les toque ir a todos los empleados administrativos sobre todo del tribunal, pues son unos 40 juegos, por lo que pueden acudir unas 800 personas en la temporada 2024-2025.

Como respuesta a la pregunta de si justificaba este gasto, dijo “totalmente; es para la ciudadanía, es para la gente que está trabajando… Este es un detalle para ellos, una motivación”.

Este 25 de noviembre, día para erradicar la violencia contra las mujeres, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Judicatura de Baja California y el Órgano Interno de Control del Poder Judicial por violencia institucional.

La activista Paulina Gutiérrez agregó que se ejerce contra las mujeres violencia vicaria, violencia de género, corrupción judicial, violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por personal del Poder Judicial.

También presentarán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado por la pérdida de expedientes y la falta de acciones en las carpetas de investigación, donde hay inacción en casos de feminicidio, violencia familiar, donde la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren peligro, manifestó.

En casos donde mujeres han sufrido tentativas de feminicidio, no se ha hecho la investigación, y cuando han ido instituciones como Inmujer, Atención a Víctimas o Sejum, lo único que han recibido es otra violencia más porque o no las atienden o les dicen que si faltan a una cita perdieron su derecho a ser atendidas, explicó, y eso se llama violencia institucional.

“El año pasado le presentamos escritos al congreso del estado, no tenemos respuesta, le hemos informado a la gobernadora y a todos los poderes pertinentes y no han tomado acciones contundentes”, declaró Gutiérrez.

La perspectiva de género no la hemos visto reflejada en ninguno de los poderes ni instituciones, aseguró. Estamos luchando por nuestros hijos, y los que están sufriendo más y son revictimizados, son ellos, dijo.

“Exigimos a las autoridades que se pongan en acción, que dejen de presumir resultados que no existen y que trabajen en los casos de corrupción de jueces y magistrados, que atiendan los expedientes que saben que tiene pausados al igual que las carpetas de investigación, que capaciten al personal, que les den suficiente material, que tengan unidades para hacer investigaciones y hay certificaciones oficial que tendrían que tener todos estos funcionarios que atienden temas de género”, concluyó.