En el marco de la conmemoración del 89 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ex-trabajadores, jubilados y pensionados de la paraestatal se manifestaron este día en la capital de Baja California para alzar la voz contra lo que califican como una injusticia laboral y una vulneración a sus derechos adquiridos.

Con pancartas, mantas y consignas, la comunidad de jubilados se concentró para reclamar una vez más lo que consideran una injusticia al haberles aplicado la retroactividad de la ley.

La elección de llevar a cabo la movilización durante el aniversario de la CFE buscó visibilizar la indignación del sector ante las recientes afectaciones a sus condiciones de retiro y prestaciones.

Durante el encuentro, los voceros del movimiento agradecieron la respuesta y advirtieron que mantendrán la resistencia y la movilización hasta obtener una respuesta favorable a sus exigencias.

Con el objetivo de establecer criterios más estrictos para determinar custodias y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado local del PAN, Diego Echevarría Ibarra, presentó la iniciativa denominada “Ley Vicente”, una propuesta de reforma integral a los códigos Civil y Penal de Baja California.

La iniciativa busca modificar las reglas relacionadas con la custodia, patria potestad y convivencia familiar, así como establecer nuevas responsabilidades y sanciones cuando existan situaciones de negligencia, violencia o exposición de menores a condiciones de riesgo.

Echevarría Ibarra explicó que la propuesta lleva el nombre de “Ley Vicente” en memoria de un niño de tres años que perdió la vida en Mexicali luego de haber sido dejado por su madre en condiciones de riesgo.

Aunque el legislador externó que no se puede permitir que las custodias se definan por inercia o roles de género y que es necesario establecer parámetros objetivos para garantizar que las niñas y niños estén siempre en un entorno seguro, no hay que olvidar que el padre del niño enfrenta procesos judiciales por golpear a su entonces pareja, la madre del niño.

Entre los principales cambios planteados al Código Civil se encuentra el reconocimiento expreso del derecho a la coparentalidad, con el propósito de garantizar que ambos progenitores participen de manera equitativa en el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos.

La propuesta establece además la custodia compartida como presunción legal primaria, aunque su aplicación estaría condicionada a criterios de idoneidad parental, entre ellos oportuna y correcta evaluación de la estabilidad emocional, salud mental y ausencia de conductas que representen un riesgo para los menores.

Por lo anterior, uno de los puntos contempla es que las autoridades realicen evaluaciones clínicas y psicológicas de manera inmediata en los procedimientos familiares. También plantea reconocer dictámenes particulares emitidos por profesionales certificados, con la intención de agilizar los procesos judiciales y evitar que las demoras puedan colocar a los menores en situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa amplía, además, las causales para la pérdida o suspensión de la patria potestad, incorporando supuestos como negligencia grave, adicciones, violencia vicaria, alienación parental y violencia digital.

En una medida sin precedentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves recompensas por un total de hasta 102 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de ocho altos mandos y asociados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del continente.

La oferta, gestionada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas por Delincuencia Organizada Transnacional.

El Gobierno estadounidense recordó que el año pasado designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). La organización, responsable de la distribución de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en territorio estadounidense, es considerada una de las amenazas más graves a la seguridad pública del país.

Las recompensas más elevadas se centran en la nueva cúpula del cártel. Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, identificado como el sucesor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”) tras la muerte de este último, tiene ahora una recompensa de hasta 25 millones de dólares (antes era de 5 millones). Audias Flores Silva (“Jardinero”) pasa a tener una oferta de hasta 15 millones. La misma cantidad se ofrece por Gonzalo Mendoza Gaytán (“Sapo”) y por Julio Alberto Castillo Rodríguez (“Chorro”), yerno del fundador del CJNG.

Otras recompensas incluyen hasta 10 millones de dólares cada una por Ricardo Ruiz Velasco (“Tripa”), Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”), así como hasta 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 65 familiares y asociados cercanos de personas vinculadas al CJNG que ya estaban sancionadas. De ellos, 26 tenían visas vigentes que fueron revocadas. Desde que se anunció esta política en junio de 2025, se han cancelado 93 visas a familiares y colaboradores de traficantes de drogas relacionados con cárteles designados como organizaciones terroristas.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que estas medidas buscan impedir que operadores criminales y sus facilitadores entren al país. Las recompensas anunciadas este jueves se suman a la desclasificación de cargos penales contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela, dada a conocer por el Departamento de Justicia.