La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.

Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.

El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.

A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.

Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.

Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.

También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.

En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.

Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.

Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.

La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.

“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.

Esta mañana el representante jurídico del CDE del PRI, Joel Blas, cuestionó la actuación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ante el retraso en la atención de una denuncia relacionada con presuntos actos anticipados de campaña por parte de la senadora con licencia Julieta Ramírez.

Señaló que la denuncia fue presentada desde el pasado 9 de abril y que fue hasta ayer 1 de septiembre cuando el organismo electoral abordó el tema de las medidas cautelares, casi cinco meses después.

Explicó que dichas medidas contemplan el retiro de mantas, bardas y contenidos de algunos sitios de internet, pero responsabilizó al IEEBC de no haber actuado oportunamente; aseguró que el instituto comenzó a atender el caso luego de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado lo obligara a hacerlo, determinación que, dijo, fue ratificada por la Sala Guadalajara.
Para concluir Joel Blas adelantó que el partido está a la espera de ser notificados con respecto a las medidas cautelares y como sospechan que Morena impugnara la decisión, por lo que estarán al pendiente.